‘El remedio del Gobierno no tiene en cuenta la enfermedad’

‘El remedio del Gobierno no tiene en cuenta la enfermedad’

Expertos en drogadicción dicen que cualquier solución que se plantee para combatirla podría fracasar

Proponen crear una escuela contra la drogadicción en Antioquia

De acuerdo con la Corporación Nuevos Rumbos, solo uno de cada diez consumidores de marihuana genera dependencia.

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Esneyder Gutiérrez / Archivo EL TIEMPO

08 de septiembre 2018 , 10:47 p.m.

La propuesta de decreto presentada por el Gobierno para controlar la tenencia de las dosis mínimas y otras cantidades de droga volvió a encender el debate. Pero más allá de las voces a favor o en contra, el tema pone sobre la mesa los vacíos que, en el campo de la salud, se tienen respecto del consumo abusivo de sustancias ilícitas.

Rodrigo Córdoba, director del Departamento de Psiquiatría del Rosario y consultor de varios gobiernos, advierte que se está desconociendo que detrás de esta situación hay enfermedades mentales.

Para Augusto Pérez, director de la Corporación Nuevos Rumbos y una de las voces más autorizadas sobre el tema en el continente, es urgente separar el concepto de uso recreativo de estas sustancias de los consumos en niños y otros usos problemáticos, que conllevan a adicción y dependencia.

Es claro que el primero está mediado por la voluntad de un adulto en armonía con su personalidad; los otros son una tragedia que exige acciones integrales de prevención y tratamiento, que en este país prácticamente no existen”, considera. De ahí que la Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP) insista en reconocer que la adicción a las drogas es un trastorno mental y no un acto voluntario y vicioso, como lo han evidenciado las investigaciones científicas.

De acuerdo con este gremio, existen procesos neurobiológicos y medioambientales involucrados en el comportamiento de la adicción y la dependencia que las configuran como enfermedades autónomas. “Sin embargo, estos conceptos son desconocidos e incluso cuestionados por autoridades a la hora de elaborar políticas”, señala el psiquiatra Alexie Vallejo, miembro de la ACP.

El problema, de acuerdo con Rodrigo Córdoba, es que este concepto de adicción como trastorno de la mente y el cerebro desafía valores profundamente arraigados en la opinión pública, según los cuales el uso de drogas por las personas adictas es un acto voluntario y hedonista. Equivocadamente, esto ubica al paciente como responsable de conductas viciosas que merecen ser castigadas.

Desafortunadamente, algunos gobernantes y legisladores consideran que pensar lo contrario es antipopular

“Desafortunadamente, algunos gobernantes y legisladores consideran que pensar lo contrario es antipopular. Por eso proponen medidas de corte policivo para frenar estas conductas y separar a los adictos de la sociedad, en un desconocimiento pleno de que se trata de enfermos y no de antisociales”, reflexiona el psiquiatra.

No todos son adictos

Augusto Pérez insiste en que el país debe centrar sus políticas en prevenir y tratar la dependencia y la adicción a las drogas. Para eso se requiere de un sector salud sólido. “Lamentablemente, se evidencia que los planes de salud que se ofrecen en Colombia están de espaldas a esta problemática”, remata Pérez.

Para que alguien se convierta en adicto a las drogas, explica, se requieren tres condiciones: la existencia de una sustancia que module de manera específica el sistema nervioso central, unas condiciones biológicas de la persona que la predispongan a reaccionar de manera específica ante dichas sustancias y unos factores determinantes que faciliten la interacción de la persona con las sustancias.

Como se requiere que estos elementos actúen de manera simultánea, eso explica por qué no todos los que consumen son enfermos”, dice Pérez, quien agrega que solo el 10 por ciento de los consumidores de marihuana generan dependencia; en el caso de la cocaína es el 20, y en el de la heroína, el 25 por ciento.

Córdoba ratifica que, al no existir políticas claras en salud mental, es prácticamente nula la posibilidad de detectar de manera temprana (incluso desde la niñez) rasgos indicadores de potenciales consumidores y adictos, como bajo rendimiento escolar, agresividad y depresión, entre otros.

Y lo mismo ocurre por el lado de los determinantes socioambientales: la violencia intrafamiliar, la falta de oportunidades, la descomposición familiar, la carencia de referentes, la desesperanza y la no pertenencia a un grupo social son, entre otros, factores desencadenantes de enfermedad mental cuando una persona susceptible está inmersa en ellos.

En este contexto de integralidad, el debate de la dosis mínima es marginal, porque solo toma un elemento del problema: la sustancia. Córdoba dice que dentro de un marco de dignidad para el drogadicto y bajo la premisa de que este es un enfermo, la dosis mínima forma parte del tratamiento, por lo cual confiscarla es un error. Y Pérez insiste en que la prohibición de la dosis mínima, o su confiscación, es un bumerán que atenta precisamente contra lo que se está buscando.

Según los expertos consultados, mientras el país no tenga claro que la drogadicción es una enfermedad, que debe tratarse desde lo sanitario y no desde lo policivo, las cifras pueden seguir aumentando, así esté prohibido portar la dosis mínima. “Es urgente que en el alto Gobierno y en el Legislativo se involucre al sector de la salud como un componente infaltable a la hora de tomar cualquier decisión”, remata Córdoba.

CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ
Asesor médico de EL TIEMPO
En Twitter: @SaludET

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