Condena fiscal a interventores de Saludcoop por desviación de recursos

Condena fiscal a interventores de Saludcoop por desviación de recursos

Contraloría culpa a exsuperintendentes y agentes interventores por desvío de 100.000 millones.

Caso Saludcoop: sin ningún responsable

Saludcoop llegó a ser la EPS más grande del país, pero malos manejos llevaron a su disolución.

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Archivo / EL TIEMPO

Por: Redacción Salud
22 de mayo 2019 , 07:27 p.m.

En un fallo de primera instancia, la Contraloría General de la República responsabilizó a los exsuperintendentes de Salud Conrado Adolfo Gómez Vélez y Gustavo Enrique Morales Cobo y a los agentes interventores Wilson Sánchez, Mauricio Castro y Guillermo Grosso Sandoval, al igual que a la EPS Saludcoop en liquidación, por el desvío de cerca de 100.000 millones de pesos durante el proceso de intervención y liquidación de dicha aseguradora.

Según el ente de control fiscal, estos exfuncionarios utilizaron recursos del sistema general de seguridad social que debían destinarse a la salud de los afiliados de la EPS Saludcoop en gastos diferentes y a pagos de contratos orientados a fortalecer la infraestructura de su propia red en actos que violan la norma.

En un comunicado, la Contraloría ratifica que la práctica irregular de gastar los dineros parafiscales en conceptos ajenos a su destinación constitucional específica (la salud de las personas) “ya había sido cuestionada por la Superintendencia de Salud y por la propia Contraloría antes de la intervención de la EPS Saludcoop y sin embargo persistió en esta nueva etapa”.

“Todos los declarados responsables fiscales en este acto administrativo son objeto de embargos de bienes inmuebles y cuentas bancarias”, puntualiza la Contraloría.

De manera específica se aclara que la cuantía inicial del fallo de responsabilidad de estos desvíos era de 69.000 millones de pesos, que traídos a valor presente se convirtieron 91.133 millones de pesos.

Este monto es repartido para su recuperación de manera individual así: Saludcoop EPS en liquidación, la cuantía total del fallo, 91.133 millones de pesos; Wilson Sánchez Hernández, $ 40.291 millones; Mauricio Castro Forero, $ 34.901 millones; Guillermo Grosso, 15.940 millones; Conrado Gómez, $ 9.900 millones; y Gustavo Morales, 21.590 millones.

En el caso de los tres agentes interventores declarados responsables, la Contraloría les atribuyó conducta gravemente culposa, y a los superintendentes se les agregó la conducta omisiva grave por no emitir órdenes para corregir dichas irregularidades.

En cualquier caso, se advierte que proceden recursos de reposición.

Reacciones de los implicados

Conrado Gómez, quien como superintendente ordenó la intervención de Saludcoop, le dijo a este diario que toma con sorpresa esta decisión y es claro en señalar que en ningún momento se han perdido recursos del sistema.

Explicó que la decisión de la Contraloría, que se sustenta en un supuesto desvío de recursos, no tiene en cuenta que se realizaron pagos específicos para el arriendo de equipos e instalaciones para garantizar la atención de miles de personas, tal como debía hacer la entidad.

Por otro lado, algunos equipos que se adquirieron a través de leasing hoy están en manos de la liquidadora, cumpliendo la misión de velar por la salud de los afiliados.

“La Contraloría dice que en lugar de pagar el arriendo de esos equipos donde se atendía a la gente era necesario pagar deudas antiguas. Pero no era posible poner en riesgo la vida de millones de personas que eran atendidas en Saludcooop, no se podía dar la orden de bajar a los pacientes de las camillas y colapsar el sistema de salud”, argumenta.

“Espero que el contralor general revise y rectifique esa decisión y si no lo hace acudiré al contencioso administrativo”, remata.

Gustavo Morales, también ex superintendente, coincide con esa explicación y le aseguró a EL TIEMPO que “no hubo desviación de recursos de la salud. Las clínicas y los equipos estaban allí, prestando un servicio todo este tiempo. Y un superintendente no puede ordenar de buenas a primeras que se incumplan contratos que se firmaron años atrás y que nadie cuestionó al momento de su firma y durante toda su ejecución. Según esa teoría, la Contraloria debería entonces responder por los errores de cualquier entidad pública vigilada por ella”.

Mientras tanto, Mauricio Castro calificó la decisión como arbitraria y dijo que confía que en la segunda instancia se falle en derecho.

REDACCIÓN SALUD

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