Así se prepara Latinoamérica para pasar de joven a vieja

Así se prepara Latinoamérica para pasar de joven a vieja

Después de la mitad del siglo, la mayoría de la población de la región tendrá más de 60 años.

Censo de Soacha

100 millones de personas en edad productiva serán remplazadas por mayores de 60 en el año 2052.

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Mauricio León

Por: Ronny Suárez
17 de agosto 2018 , 09:05 p.m.

En el año 2050, América Latina y el Caribe serán otros. Serán más los viejos. Simple. Aunque llegar a ese escenario ha sido y será un proceso demográfico complejo.

Todo comenzó a mediados del siglo pasado, cuando el aumento de la esperanza de vida y las altas tasas de fecundidad incrementaron el segmento de la fuerza productiva, aquella del grupo de 20 a 39 años. Surgió entonces un fenómeno llamado bono demográfico, por el cual el volumen de la población en edad de trabajar es mayor al de la gente dependiente (niños y ancianos). Y el efecto fue uno solo: sociedades latinoamericanas cada vez más jóvenes.

Pero, con la llegada de los anticonceptivos, entre otras cosas, las tasas de fecundidad y de mortalidad cambiaron. No así la expectativa de vida, que sigue en aumento. Lo que se traducirá en una población que se envejece con pocos hijos.

De hecho, en el 2023, los menores de 20 años dejarán de ser los más importantes en términos demográficos, pues ese cambio radical en la estructura de edades seguirá pronunciándose, según las proyecciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).

En el 2052, el grupo de los mayores de 60 años será el más grande y el único que va a estar creciendo. Y se perderán más de 100 millones de personas en la que es considerada la edad productiva.

¿Y entonces?

Seremos más los viejos. Esta situación plantea, por supuesto, innumerables retos y oportunidades que los países latinoamericanos y del Caribe están en camino de resolver para proyectar sociedades más saludables, mejor protegidas y más preparadas para un panorama laboral diferente, afirma Pablo Salazar, asesor técnico regional de población y desarrollo para América Latina y el Caribe del Unfpa.

La buena noticia, dice el experto, es que ya hay una hoja de ruta para ese cambio en la forma como los Estados plantean sus políticas públicas. Se trata del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, aprobado por los representantes oficiales de 38 países en agosto del 2013.

En esencia, sus acuerdos trazan un mapa para el diseño de políticas públicas hacia el futuro en la región. Dicho pacto, valga decir, va de la mano con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y en él y por él, los países de la región se comprometieron a tomar decisiones en materia de desarrollo económico y humano, derechos humanos, respeto del medio ambiente, salud sexual y reproductiva; niñez, adolescencia y juventud; igualdad de género, migración internacional; desigualdad, inclusión de pueblos indígenas y población afrodescendiente. Y, claro, envejecimiento de la población.

De hecho, al cierre de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, realizada del 7 al 9 de agosto en Lima (Perú), Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto de la Cepal, subrayó que “veintitrés países han dado cuenta de los avances realizados en los distintos ámbitos temáticos del Consenso. Y si bien los informes revelan avances importantes, persiste una gran heterogeneidad entre los países y dentro de ellos”.

En la capital peruana se presentaron los informes, país a país, de lo que se ha hecho para redundar en el bienestar futuro de unas 650 millones de personas, especialmente de aquellas en condiciones de mayor rezago y vulnerabilidad social.

“Nuestra responsabilidad moral, capturada en el núcleo del Consenso de Montevideo, es no dejar a nadie atrás, y para lograrlo primero debemos llegar más lejos. Las personas lo exigen, tienen derecho a él, el desarrollo sostenible depende de él”, manifestó, por su parte, Dereje Wordofa, director ejecutivo adjunto de Unfpa.

Las personas lo exigen, tienen derecho a él, el desarrollo sostenible depende de él

Retos inminentes

Aunque durante la clausura de la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe los países reafirmaron el Consenso de Montevideo como su hoja de ruta integral para la acción nacional y regional, son varios los desafíos por afrontar.

De acuerdo con Salazar, el primer gran reto es ajustar el paradigma laboral y pensional, comenzando por las mujeres.

Según cifras de Cepal, en Colombia, el 65 por ciento de los hombres de más de 65 años tienen una pensión, mientras que entre las mujeres ese porcentaje solo llega al 25. En Brasil, esa proporción es de 75 puntos para los hombres y 19 para las mujeres.

“La mayoría de las mujeres de la región no tienen hoy respaldo suficiente para su pensión. Es un tema grave, teniendo en cuenta que las mujeres viven más tiempo que los hombres”, explica Salazar.

Ante este panorama, el especialista indicó que el sistema de seguridad social debe cambiar su enfoque y volcarse en áreas como la salud a la promoción y prevención, en aras de poblaciones más fuertes, sanas y saludables.

Y en ese sentido habrá que cambiar hasta el entrenamiento de los médicos. Con más viejos no se necesitarán gerontólogos sino médicos generales que puedan atender a los adultos mayores, concluye.

La mayoría de las mujeres de la región no tienen hoy respaldo suficiente para su pensión

¿Cómo estamos?

De acuerdo con el proyecto de primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, gran parte de las personas mayores en Latinoamérica no tienen acceso a pensiones y se observa una adaptación lenta de los sistemas de salud a los cambios de la población, lo que se traduce en un incremento de costos y gastos. Además, la cobertura sanitaria es desigual y aún son pocos los países que cumplen sus obligaciones relacionadas con los estándares internacionales de derechos humanos.

Para Natalia Kanem, directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), estos desafíos implican acabar con las inversiones inequitativas y la discriminación.

Pablo Salazar se muestra optimista y asegura que “los países están tomando cada vez más conciencia sobre el cambio en la estructura de edades y la necesidad de adaptarse”.

El primer informe también destaca que la cobertura en los sistemas de seguridad social de la mayoría de los países, especialmente en Ecuador, Perú, México, Colombia y Paraguay, ha aumentado.

No obstante, lamenta que en naciones centroamericanas y del Caribe como Guatemala, Honduras y República Dominicana, el crecimiento no esté siendo suficientemente rápido para salir del 15 por ciento actual.

Y en cuanto al tema pensional, el debate ya está abierto en varios países y busca resolver a futuro no solo la sostenibilidad fiscal de los sistemas,
sino los modelos que más funcionen.

“Estamos ad portas de resolver el que puede ser quizás el acuerdo social más importante del siglo, el de la reforma pensional. El ideal es impulsar mercados formales en los que la gente contribuya con impuestos y el Estado se encargue de financiar pensiones”, asegura Salazar.

Las medidas de Colombia para afrontar el cambio generacional

De acuerdo con Laura Lozano Ruiza, exasesora de la Coordinación de Asuntos Sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores, “para Colombia, el Consenso de Montevideo es la meta por alcanzar en los próximos años debido a que este además de ser el acuerdo más progresista de la región, obliga a Lationamérica a hablar de aquellos temas de los que nadie quiere hablar”.

Lozano fue la encargada de comunicar los avances de Colombia en cuanto al cumplimiento de los objetivos del Consenso de Montevideo, durante la tercera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe la semana pasada.

Según el informe presentado por Colombia, en el 2007 se formuló la política nacional de envejecimiento y vejez, proyectada al 2019 y actualizada entre 2014 y 2015. Y por eso, según se rescata en el documento, ya hay vigentes varias normas que preparan el país para el escenario descrito.

Para promover la garantía de los derechos humanos de los ancianos, por ejemplo, hay leyes que van desde el establecimiento de beneficios en educación, entretenimiento, transporte, creación de centros vida e instituciones donde se ofrece atención integral hasta directrices con enfoque diferencial para adultos mayores víctimas de desplazamiento.

En materia de seguridad de ingresos, el programa conocido como Colombia Mayor hoy beneficia a más de 1’400.000 personas en condición de vulnerabilidad a través de la entrega de subsidios bimestrales destinados a financiar sus necesidades, destaca el informe nacional. La idea, señala, es que este programa llegue a la cobertura universal dentro de los próximos cinco años.

Ese objetivo ya está por cumplirse por el lado de la afiliación al sistema general de seguridad social, pues hoy cubre a más de 5,3 millones de personas de 60 años o más, una cobertura cercana al 96 por ciento. De esas, el 48,7 por ciento pertenece al régimen subsidiado; el 47,9 por ciento, al contributivo de salud y el 3,2 por ciento, a regímenes de excepción.

Cabe resaltar que el Dane determina que la expectativa de vida en Colombia es de 75,4 años para los hombres y de 81,1 años para las mujeres. Y al ritmo acelerado de envejecimiento de la población, se pronostica que antes del 2020 habrá más de 6,5 millones de personas mayores de 65 años.

Finalmente, el informe colombiano resalta los esfuerzos del Gobierno para recolectar información que permita entender la situación de esas personas mayores. En ese sentido, destaca la Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento (Sabe 2015) que 8 de cada 10 ancianos viven en zona urbana y que 70 por ciento reportó haber recibido dinero el último mes, entre otros indicadores.

RONNY SUÁREZ
EL TIEMPO@RonnySuarez_

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