Como resultado de seis misiones humanitarias realizadas a lo largo de este año en 11 municipios del Chocó y del occidente de Antioquia, la Iglesia católica junto con otras instituciones religiosas, organizaciones étnico-territoriales, la comunidad internacional e instituciones y organizaciones sociales presentaron un informe que evidencia la grave y compleja crisis humanitaria que se vive en esta parte del territorio nacional.

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Según el documento, “en las misiones pudo observarse que la crisis de derechos humanos y humanitaria que viven estas poblaciones tiene hoy el carácter de una emergencia compleja que desborda la capacidad de respuesta de los organismos humanitarios nacionales e internacionales, y ante la cual el Estado colombiano y el gobierno actual permanecen indiferentes y sin empatía social”.

Control territorial hecho por los grupos armados ilegales, asesinatos selectivos, limitación de la movilidad y la productividad, violación de la autonomía territorial de las autoridades étnicas, desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos, violencia sexual basada en género, reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, suicidios —especialmente en contextos de comunidades indígenas—, instalación de minas antipersona en caminos, cultivos de pancoger y en algunos casos dentro de las mismas zonas pobladas, además del enfrentamiento entre actores armados como el Eln y el ‘clan del Golfo’ son solo algunas de las problemáticas constantes que afectan a la zona y que fueron evidenciadas por las misiones de la Iglesia.

Para monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de la diócesis del Chocó, esas intervenciones permitieron recoger lo que las comunidades expresan acerca de la realidad que están viviendo como consecuencia de la reconfiguración del conflicto armado y con el constante abandono estatal.

“Eso ha ocasionado que haya reclutamiento de menores, amenazas a líderes y comunidades, desplazamientos, confinamientos, y que, en general, haya una crisis humanitaria y de derechos humanos, especialmente en las comunidades afrodescendientes e indígenas de los dos departamentos”.

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Además, dentro del informe se destaca que en las poblaciones visitadas el Estado colombiano no garantiza derechos básicos en materia de acceso a la salud; educación, formal e informal; condiciones de trabajo digno, seguridad social, vivienda culturalmente apropiada, productividad, comercialización, recreación y deporte, seguridad alimentaria y servicios públicos, en particular en materia de conectividad digital. “En esta perspectiva, se puede afirmar que el Estado es el principal victimario en estos territorios”, dice.

Frente a esta crisis, las organizaciones que participaron del informe hacen varias solicitudes urgentes, pero entre ellas monseñor Barreto destaca la necesidad de un discurso de empatía social con la situación que están viviendo las comunidades.

“Generalmente se presentan como si las situaciones ya estuvieran resueltas o se estuvieran atendiendo convenientemente, cuando realmente lo que se ve en el territorio es que no hay una acción suficiente por parte del Estado para devolver la tranquilidad y garantizar los derechos a las comunidades”.

También destacan la necesidad de cumplir con lo pactado en el acuerdo de paz firmado con las Farc en el 2016 de manera más contundente y piden abrir espacios de diálogo para seguir apostando por la solución negociada al conflicto, pues afirman que la persistente solución militarista se ha manifestado históricamente ineficaz y con un alto costo a nivel de vidas humanas y de inversión económica.

“La solución militar ha fracasado y las comunidades lo que quieren es poder realmente gozar de sus territorios, viviendo en paz. Por eso se pide que se reactive la mesa de diálogo con el Eln, exigiéndole también a este grupo armado que respete el derecho internacional humanitario y que no tenga un discurso que no es coherente con lo que realmente está pasando en el territorio”, señala monseñor Barreto, quien además plantea la posibilidad de abrir espacios de diálogo con otros actores armados porque tienen claro que si persiste la solución militar al conflicto, esta incrementará el nivel de la guerra en estos territorios.

“Simplemente se ha pedido que se asuma el acuerdo humanitario ya para el Chocó, que permite todos estos alivios y en el cual tienen que responder los actores armados y el Gobierno Nacional. Que se hagan también zonas humanitarias que le permitan a la gente tener una mayor tranquilidad y que estas medidas logren aclimatar el ambiente para unos mejores diálogos de paz”, dice monseñor.

Las organizaciones, además, piden al Presidente de la República que convoque lo más pronto posible a la Comisión Intersectorial para el Departamento del Chocó.

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Respecto a lo revelado por la Iglesia y las demás organizaciones, EL TIEMPO consultó al consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien asegura que el Gobierno está acompañando al Chocó y a Antioquia en todos los temas, especialmente en la implementación a través de la política de paz con legalidad y trabajando con las víctimas.

“Solo en el Chocó hay más de 39.000 millones de pesos en inversiones, más de 1.500 indemnizaciones”, señaló, además del acompañamiento a los excombatientes.

Por parte del Ministerio de Defensa, el equipo de comunicaciones del ministro Diego Molano señaló que considera que las afirmaciones son muy delicadas, por lo que prefieren analizar el tema antes de emitir una respuesta.

REDACCIÓN VIDA DE HOY

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