“Mi cuerpo es mío, sobre mi cuerpo decido yo, gritábamos en las calles de Bogotá en los años 80, tal vez desde finales de los 70”, recuerda la escritora y activista Florence Thomas sobre esos primeros años de reinvindicaciones feministas. Frases que aun hoy resumen la lucha que desde ese momento mantuvieron las mujeres colombianas por la despenalización del aborto, y ahora por la reivindicación de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho para todas.
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No hay duda de que el 2006 fue el año que partió en dos por primera vez esa historia. El 10 de mayo, la Corte Constitucional informó el resultado de la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 122, 123, 124 y el numeral 7 de la Ley 599 de 2000 del Código Penal, que penalizaban el aborto en todos los casos, presentada por la abogada Mónica Roa, entre otras ciudadanas.
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Desde ese día y hasta el lunes 21 de febrero de 2022, en Colombia la interrupción voluntaria del embarazo fue legal, de acuerdo con la sentencia C-355, solo en tres excepciones: cuando el embarazo era producto de una violación o inseminación no consentida, en caso de malformación grave del feto y en caso de riesgo para la salud de la mujer.
Pero antes de llegar a eso, el tema fue ganando poco a poco un espacio en el debate público desde los convulsionados años 70. Para Thomas, quizá los hechos que sirvieron como detonantes para que las ideas de liberalización del aborto comenzaran a tener un lugar en el país pueden haber sido la mezcla y evolución de varios factores, como las repercusiones de aquellas protestas de mayo del 68 en Francia, el surgimiento de los debates en relación con la contracultura, el movimiento hippie, la revolución sexual y la legalización del aborto en Francia en 1975, momentos que impulsan un discurso feminista que empieza a nacer en el país entre los 70 y los 80.
Tendríamos que ir hasta 1800 y 1600, porque siempre hubo mujeres que disputaron estas cosas que nosotras seguimos disputando.
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—“Claro que hay antecedentes más viejos”—, reflexiona la médica Ana Cristina González, pionera del movimiento Causa Justa y cofundadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, —“pero tendríamos que ir hasta 1800 y 1600, porque siempre hubo mujeres que disputaron estas cosas que nosotras seguimos disputando”—. Porque, como bien lo expresa la misma Florence Thomas en el libro en que relata su propia experiencia con el aborto, Había que decirlo, reflexionar en torno a este acto implica dedicarle un pensamiento a la historia de las mujeres y a su sexualidad. A lo que tuvieron que experimentar aquellas que nos precedieron, sobre las que a veces nos preguntamos cómo le hicieron para vivir antes de que la modernidad trajera, no solo los métodos anticonceptivos, sino hasta el derecho al voto y al divorcio.
Antes del 2006, de acuerdo con La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, se discutieron en el país seis proyectos de ley a favor de la despenalización del aborto que, en general, privilegiaban el modelo de causales con plazos en cuanto a la edad gestacional (doce semanas) excepto en circunstancias como el aborto terapéutico y la malformación fetal.
En Colombia, la primera vez que se intentó despenalizar parcialmente el aborto por vía legislativa fue en 1975. El senador del Partido Liberal, Iván Lopez Botero impulsó una propuesta siempre y cuando el embarazo no superara las 12 semanas, la madre corriera peligro o el niño sufriera una lesión o enfermedad genética incurable. Las mujeres que lo solicitaran (menores de 45 años y mayores de 15) además necesitarían la autorización de un juez o de su cónyuge, y, si estaban solteras, de quien tuviera su custodia. Sin embargo la propuesta no prosperó.
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A esta iniciativa le siguió en 1979 el proyecto de ley “Por el cual protegen la salud y la vida de las mujeres que habitan en Colombia”, de Consuelo Lleras Samper, que señalaba también las 12 semanas como tiempo límite para la interrupción y proponía la despenalización en casos de embarazo como consecuencia de acceso carnal violento o abusivo, aquellos que presentaran peligro para la vida de la mujer o para su salud física y mental o hubiere malformación o procesos patológicos en el feto. Al igual que en el 75, las mujeres debían presentar la solicitud con aprobación de su marido o representante legal, y a pesar de que fue respaldado por noventa parlamentarios, también como cuatro años atrás, tampoco fue aprobado.
Con el pasar de los años se sucedieron propuestas que buscaban un lugar de incidencia en el Congreso como el proyecto de ley presentado por el senador liberal Emilio Urrea en 1989 “por el cual se reconoce el derecho de toda mujer embarazada a interrumpir el proceso de gestación voluntariamente, hasta los primeros 90 días del embarazo”; dos intentos en 1993 de la mano de los proyectos presentados por Ana Pechthalt y Vera Grabe y por último, en 1995, una propuesta expuesta por la senadora Piedad Córdoba “por medio del cual se dictan normas sobre salud reproductiva”.
Intentos que no prosperaron. “Lo ensayamos, durante 30 y 40 años, nos dimos cuenta de que era imposible porque el congreso es ante todo un ente político terriblemente conservador por el poderío de la religión, por todos estos estereotipos de mujer igual mamá. Es decir, para que construyéramos mujer igual sujeto de derechos fue un trabajo enorme de los aportes del feminismo, asegura Thomas. Una enseñanza que llevó a los movimientos de mujeres a plantear escenarios alternativos para continuar con la discusión.
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Barreras tan fuertes que llevan a que menos del 10 por ciento de los abortos en Colombia sean legales, usando las mejores estadísticas.
“Vino un segundo momento de estrategias mixtas, no solo en el Congreso sino de empezar a pensar otras formas de transformación y ahí apareció la demanda de inconstitucionalidad del año 2006, que fue presentada por Women’s Link y apoyada por los grupos y organizaciones de mujeres que después nos hicimos cargo de que eso se hiciera realidad y se implementara, esa demanda que creó el modelo de causales”, recuerda González.
Un logro al que le siguieron 15 años de aprendizaje en los que, según explica la experta en asuntos de género, el aborto en Colombia tuvo una existencia dual: por un lado era un derecho humano fundamental reconocido por la Corte Constitucional en tres circunstancias, a la vez que un delito cuando se practicara por fuera de estas condiciones.
Dualidad que ha generado muchas disfunciones en la práctica, tanto en el ámbito judicial como en el de la salud: “barreras tan fuertes que llevan a que menos del 10 por ciento de los abortos en Colombia sean legales, usando las mejores estadísticas, o sea que la mayoría de los abortos siguen siendo clandestinos, muchos de ellos inseguros. De hecho el aborto sigue siendo responsable de al menos 70 muertes totalmente prevenibles cada año, y no solo de eso, sino de complicaciones que afectan en más del 50 por ciento exclusivamente a mujeres rurales, y además hemos visto como la criminalización creció”, detalla González.
El del 2006 fue un gran paso para el movimiento feminista, a partir de cual se desencadenó un proceso de transformación cultural y pedagógico que puso la conversación sobre la interrupción voluntaria del embarazo en el escenario público. “15 años de tres causales fueron muy importantes porque abrieron una compuerta, nosotras decidimos jugar con esas reglas que nos propuso la Corte Constitucional, hacer todos los esfuerzos por que se implementara, pero también ese acompañamiento nos permitió ver que las barreras para acceder al aborto que enfrentan las mujeres son múltiples y crecientes”.
Por eso, de nuevo ante la Corte Constitucional el movimiento de mujeres pidió eliminar completamente al aborto del Código Penal colombiano. Y aunque no se consiguió completamente esta meta, Colombia hoy es un país donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal antes de las 24 semanas de gestación, un derecho que espera garantizar que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos, porque como gritaban en las calles al celebrar la decisión de la corte, ahora “la maternidad será deseada o no será”.
REDACCIÓN VIDA DE HOY
EL TIEMPO
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