A propósito de la aprobación de una ley que prohíbe el castigo físico a los menores en Francia, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Juliana Pungiluppi, dijo que ese tipo de represión ya no debería ser un método de crianza en Colombia y le contó a EL TIEMPO que busca radicar, junto con más organizaciones de la sociedad civil, un proyecto de ley que prohíba ese tipo de maltrato en el país.
Según ya le había anunciado Pungiluppi a EL TIEMPO en días pasados, el proyecto de ley que radicaría en la próxima legislatura, le apunta a reformar un artículo del Código Civil, el 262, en el que se les da el aval a los padres o tutores de un niño de "vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos moderadamente".
De acuerdo con la directora, el proyecto no tiene espíritu punitivo ni sancionatorio y explicó que parte de la base científica de la propuesta es que hay implicaciones irreversibles del maltrato físico en el desarrollo cognitivo y psicoafectivo de los niños. “Uno de los objetivos de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes es que la sociedad rompa el vínculo en el que se ha naturalizado el castigo físico y humillante como forma de corrección de conductas de los menores de edad. En otras palabras, se genera miedo, pero no corrección”.
Pungiluppi añadió que se debe "acabar con la normalización del castigo físico porque no modula la conducta de niños y, por el contrario, genera miedo y rompe vínculo de confianza. Las leyes deben ser de carácter pedagógico y venir acompañadas de una transformación cultural".
De acuerdo con Pungiluppi, en el país se registran 303,8 casos de violencia intrafamiliar, interpersonal y sexual por cada 100.000 a personas entre los 0 y 18 años, por lo que la meta de la administración actual, plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo, es que esa tasa disminuya.
"En el Plan nos propusimos reducir en 43,6 puntos la tasa de violencias contra niñas, niños y adolescentes antes que finalice esta administración en 2022", añadió.
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