Arriba, en la cima de todas las violencias contra las niñas y adolescentes venezolanas migrantes y refugiadas en Colombia, Ecuador y Perú están las basadas en la condición de género.
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Ellas lo saben porque lo padecen a diario. Por esa razón, cerca de la mitad se sienten inseguras en las calles y solo se atreven a salir acompañadas por un familiar o un conocido.
Este es uno de los hallazgos del estudio de la ONG Plan International ‘Niñas venezolanas: voces de la migración’, llevado a cabo en estos tres países, que se cuentan entre los principales receptores de la diáspora venezolana.
El informe cita datos de la Plataforma Regional de Refugiados y Migrantes de Venezuela, con corte a abril de este año, según los cuales 5’642.960 personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo de ese país han sido registradas, y 4,5 millones se encuentran en América Latina y el Caribe, principalmente en Colombia, con 1’742.927 personas (49 por ciento mujeres y 51 por ciento hombres); Perú, con 1’049.970; Chile, 457.300; Ecuador, 431.207, y Brasil, 261.441.
El estudio de Plan partió de la aplicación, entre octubre de 2020 y febrero de 2021, de 452 encuestas a niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años de edad, residentes en los tres países de referencia, y evidencia cómo ser niña y migrante exacerba la Violencia Basada en Género (VBG), que se suma a la xenofobia, generando riesgos más altos de lo habitual para ellas.
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De acuerdo con los investigadores, las violaciones, el abuso, el acoso y la explotación sexual comercial infantil se encuentran entre las principales vulneraciones expresadas por las encuestadas.
Amalia Alarcón, responsable regional de programas transformadores de género e influencia de la oficina regional de Plan Internacional para las Américas, advierte que “ser mujeres y niñas exacerba el impacto de la xenofobia que sufren, porque los estereotipos con los que se las señala las hipersexualizan aun siendo niñas, provocando que se las asocie con estar sexualmente disponibles para otros constantemente. Tenemos ejemplos de cómo son perseguidas en carro con ofertas falsas para ser modelos o se les ofrece dinero a sus cuidadores y madres para abusar de ellas. Son tratadas como objetos sexuales”.
Aunque en las encuestas solo el 3 por ciento de ellas reportaron haber sido testigos de formas de acoso, en las entrevistas los investigadores constataron un alto riesgo de acoso sexual y miedo a enfrentar la explotación sexual. Por eso, y como mecanismo de defensa, la mayoría opta por no salir a la calle o hacerlo lo menos posible.
De hecho, la gran mayoría identifica su hogar como un lugar seguro, pero de nuevo el análisis de las entrevistas muestra que los lugares donde se encuentran sus viviendas son espacios en los que enfrentan violencia sexual y de género, de manera recurrente.
Vale decir que el 21 por ciento de las participantes han presenciado situaciones de violencia o abuso; es más, el 13 por ciento ha atestiguado agresiones verbales en contra de otras niñas y adolescentes.
Según el estudio, el hecho de ser mujeres exacerba el impacto de la xenofobia en espacios públicos, como la escuela, y en las redes sociales. “Este factor se convierte en un obstáculo para su acceso pleno a derechos como vivir libres de violencias, acceder a vivienda y educación, así como a integrarse en el país de acogida y a tejer redes sociales e institucionales”.
Débora Cóbar, directora ejecutiva para América y Patrocinio Global de Plan Internacional, lo resume en una frase: “Hay una combinación perversa de xenofobia y violencia sexual que las humilla, sexualiza, excluye y violenta”.
“Cuando entré por primera vez (al colegio) me llamaban ‘veneca’, me hacían bullying, que porque era ‘veneca’, que era una muerta de hambre...”.
Este extracto de una entrevista hecha a una adolescente venezolana de 15 años que vive en Soledad, Atlántico, es una muestra de la discriminación y la xenofobia que padece esta población, y que dificultan su permanencia en el sistema educativo.
El estudio halló que a menudo las entrevistadas se encuentran con barreras de acceso, de permanencia, de culminación de procesos y de tránsito efectivo a la educación superior. Valga decir que el 28 por ciento de las encuestadas reportaron no estar estudiando.
Entre los problemas de acceso señalados por ellas se cuentan la falta de documentos para cumplir con los requisitos de registro y matrícula, la falta de cupos o tener hijos, un factor que dificulta la asistencia escolar.
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Cabe señalar que, de manera generalizada, todas las consultadas manifestaron su deseo de continuar con sus procesos de aprendizaje en diferentes niveles, pues reconocen en la educación una oportunidad para formarse, cualificarse y lograr mejores oportunidades laborales. En esencia, consideran que el entorno educativo es protector y garante de sus derechos.
Verónica Zambrano, directora regional para Suramérica de Plan Internacional, señala que “el derecho a la educación de las niñas implica que el sistema las reciba, garantice su permanencia y la conclusión exitosa de sus estudios... Una sola niña por fuera del sistema educativo debería considerarse un problema de la nación”.
La investigación encontró que cuatro de cada diez encuestadas no tienen acceso a servicios de salud; estos, según el informe, tienden a ser limitados y de calidad y aceptabilidad deficientes.
“Si bien el 33 por ciento de las niñas y adolescentes reportaron no haber necesitado servicio médico, las otras niñas señalaron que cuando lo han requerido, han enfrentado muchas dificultades para recibir la atención médica de manera oportuna”, señala el estudio.
Entre dichas dificultades están, principalmente, la exigencia de documentación de la que carecen (29 por ciento), no estar afiliadas a los sistemas nacionales de salud (19 por ciento) y los costos de los servicios médicos (8 por ciento). “Pero incluso –añade el documento– también refieren episodios de discriminación”.
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Este es el panorama que enfrentan, pese a que el 72 por ciento de las niñas y adolescentes entrevistadas aseguraron que, en el último año, sufrieron afectaciones de salud como desnutrición (44 por ciento), enfermedades respiratorias (17 por ciento) y males gastrointestinales (11 por ciento). Todas, valga decirlo, son prevenibles.
En términos de salud mental, además, el 13 por ciento señaló que presenta cuadros de tristeza, por factores como la fragmentación familiar, su condición socioeconómica, la limitación del derecho a la educación y su vulnerabilidad frente a distintas formas de violencia.
De los países analizados, Colombia y Perú resultaron ser los que mayores barreras de acceso a servicios de salud imponen a estas migrantes (47 por ciento cada uno), en comparación con Ecuador (25 por ciento).
Preocupa el impacto que este factor pueda tener en la salud sexual y reproductiva de esta población, que enfrenta grandes riesgos por sus condiciones.
No es un asunto menor. El informe señala, por ejemplo, que los datos consolidados para los tres países indican que el 10 por ciento de las niñas ya han experimentado embarazos tempranos. En Perú esa cifra sube al 13 por ciento, en comparación con el 8 por ciento de las encuestadas asentadas en Colombia y Ecuador.
De los 14 a los 19 años de edad, la tasa de las que afirman estar o haber estado embarazadas de manera temprana se dispara al 19 por ciento.
La edad promedio en la que las participantes enfrentan un embarazo es de 16 años, lo que contrasta con la edad que consideran apropiada para tener hijos: 25 años. Se trata de una diferencia de nueve años que repercute en la pérdida de oportunidades durante la adolescencia y la migración.
Finalmente, Plan señala otros datos preocupantes del estudio sobre la salud alimentaria y el derecho de esta población a la nutrición: el 52 por ciento de las entrevistadas manifestaron que a veces se han sentido preocupadas por no tener comida, y el 44 por ciento reportó que se ha acostado alguna vez con hambre. Algunas reconocen que han recurrido a la mendicidad o a pedir alimentos desechados.
Débora Cóbar, directora ejecutiva para América y Patrocinio Global, de Plan International, señala, a manera de recomendación para los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú: “Hacer ajustes en las políticas públicas, de protección legal y sistemas de restablecimiento de derechos, con el fin de que, como suscriptores de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, logren proteger integralmente a cada niña, sin distinción de nacionalidad, género, raza o condición migratoria”.
En su informe, la ONG indica que cuando se esté ante casos de carencia de documentos que permitan regularizar la permanencia en cada país, “los sistemas educativo, de salud, de justicia y de protección deben atender sin dilación, apoyar y guiar hacia la ruta de regularización de niñas y adolescentes. Mientras eso pasa, se les debe permitir el goce pleno de sus derechos”.
REDACCIÓN VIDA - EL TIEMPO
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