La lucha contra el calentamiento global y las medidas en favor del medioambiente salen mal paradas en el primer proyecto de presupuesto de Donald Trump, que recorta casi un tercio los fondos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
En el documento presentado el jueves al Congreso, que tiene la última palabra en materia presupuestaria, la Casa Blanca busca reducir el presupuesto de la EPA a 2.600 millones de dólares de los 8.300 millones actuales. Unos 3.200 puestos de trabajo, la mitad de sus efectivos, serían eliminados.
Este recorte llevaría el presupuesto de la agencia a su cifra más baja desde hace 40 años, eliminando los fondos para la investigación sobre el cambio climático, los programas de protección ambiental de los estados y proyectos como la iniciativa de recuperación de los Grandes Lagos y de la Bahía de Chesapeake, que se benefician de un apoyo bipartito.
Así, el presupuesto de 100 millones de dólares dedicado a la ejecución del ‘Clean Power Plan’ (Plan de energía limpia), decretado por el expresidente Barack Obama para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas de carbón, queda simplemente eliminado.
Trump también pretende reducir la dotación otorgada por Estados Unidos a las Naciones Unidas para luchar contra el cambio climático y pide además suprimir cuatro programas de la Nasa dedicados a la ciencia del clima, entre ellos el del satélite Observatory-3, que tenía como objetivo vigilar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera.
La recuperación de la Chesapeake Bay también quedaría sin recursos para su ejecución.
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La administración Trump también quiere eliminar un programa de 250 millones de dólares dedicado a la protección de ecosistemas costeros gestionado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).
Los recortes propuestos para la EPA son bastante mayores que los defendidos por los republicanos en el Congreso, muchos de los cuales ven con malos ojos regulaciones de la agencia que consideran obstáculos para la actividad económica.
Para el 2017, la comisión del Congreso responsable de las asignaciones presupuestarias había propuesto destinar 8.000 millones de dólares para la EPA, reduciendo únicamente 291 millones respecto de la cantidad sugerida por el presidente Obama.
Scott Pruitt, exfiscal general de Oklahoma hostil a las regulaciones de la agencia, instó a una reducción menos drástica.
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Según el diario 'The New York Times', que cita fuentes cercanas a los preparativos del proyecto de presupuesto, incluso el administrador de la EPA, Scott Pruitt, exfiscal general de Oklahoma hostil a las regulaciones de la agencia, instó a una reducción menos drástica, a 7.000 millones (-1.300 millones), pero sin éxito.
Además de la EPA, que es la más afectada por los planes de recortes, la Casa Blanca propone reducir 18 por ciento la partida para los Institutos Nacionales de Salud (NIH), el principal motor de la investigación médica en Estados Unidos.
Como era de esperarse, las propuestas presupuestarias sobre el clima y el medioambiente han sido fuertemente criticadas por los ecologistas y los científicos.
“Estados Unidos tiene la responsabilidad moral de proteger a los que resultan más afectados por el cambio climático y este proyecto de presupuesto ignora ese hecho”, reaccionó Tina Johnson, una directiva de la ONG US Climate Action Network.
"Sabemos que el costo de la lucha contra el calentamiento es solo una ínfima parte del presupuesto federal estadounidense, con 0,04 por ciento de 2010 a 2015", señaló.
Para Greenpeace, "la administración Trump considera claramente a los grupos industriales como su verdadero electorado, no al pueblo estadounidense".
"Este plan de presupuesto revela la corrupción, el cinismo y la estrechez de miras de la Casa Blanca", agregó el portavoz de la organización, Travis Nichols.
El director general del World Resources Institute, Manish Bapna, dijo por su parte que "la administración Trump debería respetar la ciencia y continuar actuando frente al creciente impacto del cambio climático, cuyos riesgos han entendido bien los sectores científicos y militares".
El experto citó el aumento de las sequías, la escasez de alimentos y los movimientos migratorios. "Ahora es el Congreso el que debe decidir", agregó.
AFP
