En las últimas décadas, el sector minero energético ha adquirido gran importancia en el país como generador de ingresos y fuente de crecimiento económico, alcanzando participaciones superiores al 8% en el PIB nacional (FND, 2022).
La fuerza de este sector está en las regiones, donde se explota y se extraen los recursos naturales, pero en donde también quedan los pasivos ambientales y sociales de esta actividad.
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El desgaste económico, ambiental y social en las regiones es la razón para exigir que toda política minera parta de la visión y de la realidad territorial, con un enfoque claro para garantizar entornos seguros y sostenibles. Esta política necesita parámetros y rutas de acción viables y concretas por parte de la nación, particularmente en tres campos: transición energética, masificación de servicios públicos y minería sostenible.
Necesitamos que la energía renovable sea un objetivo nacional. A pesar que la humanidad ya conoce cómo aplicar tecnologías limpias, cerca del 81% de la energía consumida en el mundo proviene de fuentes fósiles, mientras que el 19% restante proviene de fuentes renovables (Banco Mundial, 2021).
En Colombia, a 2018, la energía hidráulica generaba entre el 65% y el 70% de toda la energía eléctrica del país. Las políticas de transición energética deben ser aterrizadas al plano regional y local para que esta se adopte de manera ordenada y eficaz. En el presente, las entidades territoriales se ven aisladas de las oportunidades para acceder a energías más económicas, eficientes y menos contaminantes; estas representaban menos del 1% de la matriz eléctrica nacional (Cárdenas y Planas, 2019).
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Según estimaciones del Ministerio de Minas y Energía, hay posibilidades para la generación de energía alternativa en Sucre, el sur de los departamentos de Bolívar, Casanare y Guaviare, en el Magdalena Medio, y en la región del Valle de Tenza en Boyacá.
Por otro lado, en Colombia, uno de los sectores con más emisiones de CO2 es el de transporte, donde el 96 % del consumo energético corresponde a combustibles líquidos derivados del petróleo, siendo el responsable del 12,5% de las emisiones de gases con efecto invernadero (UPME, 2021). Para transformar verdaderamente nuestra economía, proteger nuestra seguridad y salvar a nuestro planeta de los estragos del cambio climático, necesitamos, de manera urgente, hacer práctica, aplicable y rentable la energía limpia y renovable; de hecho fue ese uno de los postulados de los pronunciamientos del presidente Obama en 2016. Las naciones que lideren las energías renovables pasarán a ser las que mayor aporte brinden a la subsistencia de la especie en las próximas décadas.
En lo que concierne a la masificación de servicios públicos de energía y gas se identifica una grave problemática que se pronuncia aún más en los territorios más apartados del centro del país: la cobertura de la prestación del servicio de energía en el nivel rural es del 12% mientras que en las cabeceras es cercana al 80%.
Las brechas de desigualdad entre lo rural y lo urbano son insólitas. Según la Asociación Colombiana de Gas Natural, cerca de 1,2 millones de colombianos aún cocinan con leña y 4 millones con carbón (Salazar, 2022). A 2022, según el Conpes 4075 de 2022, el sector público presenta bajos niveles de gestión energética, aproximadamente 20%, y los recursos que invierte son escasos para implementar medidas que cubran las amplias necesidades de la nación.
A pesar que la República de Colombia se apoda Estado de Derecho, son muchos los colombianos cuyos derechos fundamentales aún están por respetarse y cumplirse. Somos el segundo país más desigual de América Latina; la miseria y la precariedad también están determinadas por la falta de acceso a los beneficios de un sistema energético que dinamice proyectos productivos y complete unas mejores condiciones de vida. Una transición energética decidida y responsable le permitirá al Estado aumentar la cobertura de los servicios básicos de energía y gas.
La minería, uno de los principales renglones de nuestra economía, debe ser sostenible y darse en condiciones reales de preservación ambiental. Es de vital importancia la unificación de la normatividad para tener criterios claros frente al funcionamiento de la actividad minera. La articulación entre lo ambiental y lo minero sigue siendo una utopía. Adicionalmente, hay trámites de expedición de títulos que pueden tardar más de siete años para obtener los requisitos ambientales y mineros, en muchos de los casos por falta de claridad en los tiempos de respuesta de las entidades responsables (FND, 2022). La hiperburocratización del Estado duerme de un escritorio a otro los procesos de licenciamiento ambiental. La falta de agilidad y eficiencia en los procesos ambientales fortalece la ilegalidad, acelera la degradación ecológica y aumenta los pasivos ambientales de las regiones.
Para generar soluciones reales a las problemáticas particulares, el gobierno debe crear un fondo de cofinanciación de proyectos para la transición energética territorial y el acceso a energías fotovoltaicas y renovables en zonas aisladas y no interconectadas. Adicional a ello, debe crear un programa nacional de descontaminación a nivel local, y un estricto control a las emisiones generadas por la industria y por las fuentes móviles, en especial el transporte público. Asimismo, debe crear un programa de masificación de energías alternativas en infraestructura pública; escuelas, hospitales, centros administrativos gubernamentales, etc. En ese orden de ideas, debe el Congreso trabajar de la mano con el presidente de la república para unificar la normatividad existente en materia ambiental y minera y tener, así, un marco claro para la expedición de permisos, trámites y tiempos de respuesta.
La energía nuclear y los combustibles fósiles son las opciones del pasado. Las energías renovables son la elección del futuro que está aquí hoy. Las dos formas más abundantes de energía en la tierra son la energía solar y eólica, y cada vez son más económicas. Al aprovechar directamente el poder del sol y del viento, estamos tomando la energía que Dios nos dio, la energía más renovable que jamás veremos, para reemplazar nuestros suministros menguantes de combustibles fósiles. La energía renovable no es más cara que el combustible fósil cuando se tienen en cuenta los costos del ciclo de vida. Pasar a una energía 100% renovable significa que ya no podemos justificar las guerras por el petróleo. Las energías renovables son una apuesta por la paz mundial.
¿Podrán entender las naciones nuestra necesidad como especie de realizar una transición eficaz a las energías renovables?
Pablo Jaramillo Arango
*Candidato a Doctor en Estudios Políticos y Jurídicos
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