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Medio Ambiente

¿Se debilitan las medidas de protección ambiental en esta emergencia?

Deforestación

Deforestación

Foto:Tatiana Rojas Hernández

Mientras las disidencias impulsan la deforestación, la minería ilegal tampoco da tregua. 

Mientras en las ciudades disfrutamos del avistamiento de algunos animales silvestres, en las zonas apartadas y biodiversas del país, sufren los efectos indirectos de esta emergencia sanitaria en el medioambiente. Hoy, la minería ilegal sigue sin restricciones, incluso en áreas protegidas y las disidencias de las Farc amenazas a familias que protegen el bosque y los incitan a deforestar.
Desde que inició la cuarentena, Parques Nacionales Naturales ha informado que, pese a la emergencia, se desarrollaron actividades de minería ilegal en el Parque Natural Farallones de Cali. En dos operativos fueron capturadas ocho personas en menos de un mes, gracias a la presencia del Ejército y la Policía Nacional. 
Además de que esta actividad ilegal generó importantes afectaciones sobre los ecosistemas y los servicios ambientales del área protegida; estos mineros, en su mayoría provenientes del departamento del Cauca y Antioquia, ponían en riesgo las comunidades locales, debido a que su tránsito en el territorio nacional puede llegar a ocasionar afectaciones a la salud por la propagación del virus.
Lo mismo ha pasado en algunos territorios indígenas. El pasado 30 de abril, la comunidad indígena Wiwa, que se encuentra ubicada en el corregimiento La Punta de los Remedios, departamento de La Guajira, denunció que mineros ilegales siguen entrando a su territorio, a pesar de la emergencia sanitaria provocada por el nuevo coronavirus.
Aseguraron que son alrededor de 100 mineros que extraen el oro con dinamita, pese a que a sus viviendas están muy cerca de las minas. Por ahora, no ha habido ninguna intervención institucional en esta comunidad.

La orden es deforestar

Hace menos de un mes, las disidencias de las Farc hicieron llegar un panfleto a comunidades del Guaviare y del Cauca, amenazando a quienes se interpongan contra los que usan el fuego y la motosierra para acabar con el bosque. En el documento, firmado por la unidad Jhon Linares del frente comandante Jorge Briceño, dice que pueden cultivar en los terrenos ya talados y quemados, pero, que además, también tienen su permiso de seguir deforestando.
Quienes estén en contra de estas medidas, serán declarados objetivo militar, dice el anuncio publicado por Ariel Ávila, periodista y subdirector de la fundación Paz y Reconciliación.
Además, en el comunicado, las disidencias también incita a las comunidades a abandonar los proyectos de entidades públicas y de cooperación internacional que tienen incidencia en la zona para frenar la deforestación por medio del pago de servicios ambientales. Entre ellas, mencionan a la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (Usaid), Visión Amazonía, Instituto Amazónico de Investigación Científica Sinchi, Corporación para el Desarrollo de la Amazonia (CDA), Cormacarena y Parques Nacionales.
Para Ole Reider Bergum, consejero de Clima y Bosques de la Embajada de Noruega en Colombia, uno de los países que aportan recursos para frenar la deforestación en el país, asegura que hoy la situación es muy preocupante. “Hay casos de amenazas dirigidas específicamente a comunidades indígenas en la Amazonía — por ejemplo en Putumayo entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo—. La situación de seguridad, o más bien inseguridad, en resguardos fuera del bioma amazónico es incluso más crítico”.
Ante la situación, la directora del Ideam, Yolanda González, aseguró que "la prioridad para el presidente Iván Duque siempre ha sido la vida de las personas, por eso se ha redoblado las acciones de protección a todas personas y a los programas de Visión Amazonia que trabaja con las comunidades". 
Hay que recordar que a principios de año, Carlos Castaño, exjefe de Parques Nacionales denunció que las disidencias de las Farc les dieron 48 horas a 10 funcionarios de Parques Nacionales para que salieran de las áreas protegidas de la Amazonia. Hoy, los guardaparques siguen refugiándose en Bogotá.

Audiencias públicas virtuales

Con la idea de seguir algunos procesos y trámites para poner en marcha programas y proyectos económicos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), dio pie para que los líderes de estas propuestas realicen audiencias públicas virtuales con las comunidades directamente afectadas.
Es el caso de la audiencia pública virtual que se citó para el 27 de mayo con las comunidades que se verían afectadas por el regreso de la fumigación aérea con glifosato. Sin embargo, lo que han dicho algunas organizaciones, como Dejusticia, es que no garantiza la participación de las comunidades. “A la Anla se le olvida que tiene una tercera opción: suspender el trámite hasta que haya garantías para desarrollar la diligencia, respetando los estándares constitucionales sobre derecho a la participación”, dije Dejustica.
Así mismo, la Procuraduría General de la Nación, también se ha manifestado en contra de este procedimiento y le solicitó a la Anla reconsiderar este trámite en este momento. El Ministerio Público indicó que en el país existen grandes dificultades de conectividad en las zonas rurales, lo que no permite garantizar las condiciones mínimas para que las comunidades étnicas, urbanas y campesinas ejerzan su derecho a la participación en esa audiencia virtual, programada para el próximo 27 de mayo.
Si conoce otras acciones que estén atentando contra el medioambiente y la participación de comunidades en trámites ambientales, por favor escriba su denuncia al correo leyroj@eltiempo.com 
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