La Operación Artemisa, la estrategia militar que está implementando el gobierno de Iván Duque para proteger los parques nacionales de la deforestación y de la presencia de grupos armados ilegales, ha logrado la recuperación de 14.620.897 hectáreas, según informó hoy el presidente Iván Duque desde Mapiripán, Meta.
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El objetivo principal de esta campaña, que inició el 28 de abril de 2019, se centra en llevar a cabo operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales en áreas estratégicas ambientales, para el control a la deforestación, y demás crímenes ambientales.
Es liderada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía y el acompañamiento del Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales Naturales y el Ideam.
Según el presidente, la Fuerza Pública ha dispuesto 22.300 hombres, que, desde sus respectivas unidades militares y policiales, protegen las áreas protegidas del territorio nacional.
"Tenemos que extinguir el dominio de las reses de los criminales que han acabado con el bosque. Pero necesitamos también que las sanciones de este tipo de delitos sean más fuertes, por eso estaremos presentando en el Congreso un proyecto de ley para endurecer las penas de estas conductas y por esa vía, dejar claro que no serán delitos excarcelables", señaló el mandatario desde Mapiripán.
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Las unidades comprometidas por parte las FFMM en el desarrollo de esta campaña son 10 batallones de alta montaña (páramos), una brigada contra el narcotráfico, una brigada contra la minería ilegal, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, así como unidades de guardacostas y de infantería de marina, señaló el mandatario.
Primera operación: "543 hectáreas recuperadas del 13 al 20 de abril de 2019 en el Parque Nacional Natural Chiribiquete, departamento del Guaviare".
Segunda operación: "776 hectáreas recuperadas del 24 al 27 de junio de 2019 en el Parque Nacional Natural Chiribiquete, departamento del Caquetá".
Tercera operación: "1.434 hectáreas recuperadas del 19 al 23 de agosto de 2019 en el Parque Nacional Natural Chiribiquete, departamento del Caquetá".
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Cuarta operación: "1.932 hectáreas recuperadas el 21 de febrero de 2020 en el Parque Nacional Natural Tinigua y Parque Nacional Natural Picachos, departamento del Meta".
Quinta operación: "1.232 hectáreas recuperadas del 15 al 20 de octubre de 2019 en el Parque Nacional Natural La Paya, departamento del Putumayo".
Sexta operación: "248,9 hectáreas recuperadas del 01 al 04 de septiembre de 2020 en el Parque Nacional Natural La Macarena, departamento del Meta".
Séptima operación: "1.461 hectáreas recuperadas del 07 al 09 de octubre de 2020 en la zona de reserva forestal de la Amazonia, departamento del Caquetá".
Octava operación: "1.625 hectáreas recuperadas el 26 de noviembre de 2020 en ciudad Yari, del municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá".
Novena operación: "3.107 hectáreas controladas y recuperadas entre el 15 y 19 de febrero en San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, Caquetá, veredas La Primavera (zona de reserva forestal ley segunda de 1959), ciudad Yarí, El Camuya, Altagracia y áreas del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete".
En un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), ‘Fuerzas Militares y la protección del ambiente: roles, riesgos y oportunidades’, publicado en septiembre del 2020, se llegóa la conclusión de que esta campaña es poco efectiva y muy costosa.
Específicamente el informe de la FIP advierte que el balance costo-beneficio de estas intervenciones es desfavorable para el Estado. “Algunas estimaciones señalan que un solo despliegue de la Operación Artemisa tuvo un costo de 800 millones de pesos –señala la FIP–, dejando como balance 17 capturas de personas que en la mayoría de los casos fueron dejadas en libertad”.
En total se han invertido 3.000 millones de pesos, según le dijo a EL TIEMPO el Ministerio de Defensa el año pasado.
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Lo inusual en esto, según Juan Carlos Garzón, director del área de Dinámicas del Conflicto de la FIP, es que “distintas versiones de la Fuerza Pública sostienen que la mayoría de esas personas capturadas no terminan en la cárcel”. “Hay argumentos cruzados, porque desde la Fiscalía se dice que no hay suficiente material probatorio para sostener esas capturas, mientras que la Fuerza Pública dice que no hay capacidad para avanzar en la judicialización en los delitos ambientales”, explica Garzón.
En efecto, EL TIEMPO habló con algunos de los capturados en distintas operaciones de la Campaña Artemisa y dicen que han regresado a los Parques Nacionales a continuar con sus actividades agrícolas y ganaderas, actividades que son ilegales en áreas protegidas.
Para Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, el país no ha recuperado ninguna hectáreas deforestada. "Recuperar sería cuando la vegetación natural se empieza a regenerar cuando menos, pero muchas de las áreas que se han intervenido no solo no han recuperado su cobertura natural, sino que han empeorado. Tampoco se están restaurando y no hay una estrategia de manejo", señaló.
A esto se suma, de acuerdo con Garzón, “que estas operaciones también están poniendo en riesgo a funcionarios e instituciones que trabajan contra la deforestación”. Ya que son ellos los que permanecen en estas áreas y representan al Estado.
REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE
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