A veinticinco años de la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el 9 de mayo de 1992, el mundo todavía tiene pendiente implementar un tratado que aborde de manera efectiva el grave problema del calentamiento global. Y, luego del sonado abandono del presidente estadounidense, Donald Trump, del Acuerdo climático de París, es hora de investigar más en detalle las fuerzas que le hacen lastre.
A lo largo de los años 90, el Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés), el mayor grupo de presión y asociación en los ámbitos del petróleo y el gas de Estados Unidos, se basó reiteradamente en modelos económicos creados por dos economistas, Paul Bernstein y W. David Montgomery, para argumentar que seguir políticas que protegieran el clima sería devastadoramente costoso.
El API logró la postergación de las medidas para hacer frente al cambio climático usando proyecciones de Bernstein y Montgomery para afirmar que la pérdida de empleos y los costos económicos serían superiores a los beneficios ambientales.
Estos argumentos se usaron en 1991 para atacar la idea de implementar controles de dióxido de carbono; en 1993, contra el impuesto BTU propuesto por el gobierno de Clinton (un recargo energético que habría cobrado a las fuentes según su contenido de carbono y capacidad calorífica); en 1996, contra los objetivos de la Conferencia de la ONU de las Partes en Ginebra (COP2); en 1997, contra los objetivos de la Conferencia de la ONU de las Partes en Kioto (COP3); y en 1998, contra la implementación del Protocolo de Kioto.
El plan de presión del API era repetitivo, ya que funcionaba. Y en múltiples oportunidades, empresas del petróleo y el gas también utilizaron los informes elaborados por Bernstein, exempleado de la Compañía Eléctrica Hawaiana, y Montgomery, exvicesecretario asistente de políticas en el Departamento Estadounidense de Energía, como factuales, independientes y contundentes.
Por ejemplo, en vísperas del encuentro de 1997 en Kioto (Japón), la petrolera Mobil afirmó, en un anuncio publicado en ‘The Wall Street Journal’ y ‘The New York Times’, que “el costo de limitar las emisiones podría variar entre 200 y 580 dólares por tonelada de carbono”, apoyándose en “un estudio recién dado a conocer por Charles River Associates”. Mobil no mencionó ni a los autores del informe de CRA (Bernstein y Montgomery) ni a quién lo financió (el API).
¿Tenía realmente errores el análisis de Bernstein y Montgomery? Solo basta con señalar que pasaron por alto los costos del cambio climático y sugirieron que la energía limpia no podría competir en precios con los combustibles fósiles, lo cual sencillamente no es cierto.
De este modo, es decir, abusando de la confianza pública, los sectores del petróleo y el gas cosecharon grandes beneficios y los estadounidenses acabaron eligiendo a un presidente,
Trump anunció que el Acuerdo de París devastaría la economía de Estados Unidos y para el 2025 le costaría cerca de 2,7 millones de empleos
Dieciséis años después, Trump anunció con igual sofismo desde el Jardín de las Rosas, de la Casa Blanca, que el Acuerdo de París devastaría la economía de Estados Unidos y para el 2025 le costaría cerca de 2,7 millones de empleos, principalmente en la industria de la construcción. Las cuentas que Trump citó “correspondían a National Economic Research Associates”.
En caso de que se lo estén preguntando, los primeros dos autores del informe citado por Trump (publicado en marzo de este año) son Bernstein y Montgomery.
Esta vez, por encargo del American Council for Capital Formation, un centro de estudios y grupo de presión con sede en Washington D. C., con un historial de encargar estudios profundamente sesgados para desafiar el cambio climático.
A lo largo de los años 90, la industria del petróleo y el gas y sus aliados perfeccionaron el arte de bloquear el apoyo de Estados Unidos a iniciativas claves contra el cambio climático. Ahora parece que los maestros están de vuelta, pero la verdad es que nunca se fueron y su repertorio no ha cambiado.
Además de encargar estudios que afirmaban que las políticas climáticas dañarían la economía de Estados Unidos, este sector también afirma reiteradamente que los esfuerzos para abordar el calentamiento global no reducirían los riesgos y podrían impedir la lucha contra la pobreza. Estos tres argumentos adicionales también están presentes en el anuncio de Trump sobre el Acuerdo de París.
Cuando una tortuga está en lo alto de un poste, uno sabe que no llegó allí sola. La reaparición de los mismos argumentos desarrollados hace un cuarto de siglo por una industria que se beneficia con la postergación de las políticas climáticas se parece mucho a las cuatro patitas de la tortuga, moviéndose en el aire.
No debemos permitir que se siga obstruyendo la lucha contra el cambio climático, lo que significa seguir la pista del dinero que financia la pseudociencia de la postergación y poner al descubierto a los académicos cooptados que dan al público una falsa impresión de que exista un debate real. Por el bien de la humanidad, no debemos dejarles ganar de nuevo.
BENJAMIN FRANTA
Exinvestigador del Centro Belfer de Ciencia y Asuntos Internacionales de Harvard Kennedy School of Government y estudiante de doctorado en historia de la ciencia en la Universidad de Stanford, donde su investigación se centra en la política climática y la manipulación de la ciencia.
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