¿Qué pasa con el plan de sustitución de cultivos ilícitos en parques?

¿Qué pasa con el plan de sustitución de cultivos ilícitos en parques?

Ante la falta de coordinación institucional, muchos campesinos sustituyeron la coca por ganadería.

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Los campesinos dicen que están sustituyendo la coca por la ganadería ilegal en los parques nacionales, ya que no recibieron ningún proyecto productivo que les prometieron del Pnis.

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EFE

Por: Juan David Olmos* 
10 de marzo 2020 , 10:53 a.m.

Cerca de 7.000 campesinos habitantes de los parques nacionales Tinigua y Picachos y sus alrededores siguen movilizados en San Vicente del Caguán y San Juan de Lozada a la espera de una solución de su problema socioambiental. Sienten que no pueden más ante las presiones que les imponen, de un lado, los grupos ilegales que quieren apoderarse de la zona –las disidencias de ‘Gentil Duarte’ – y, de otro, el Gobierno, que desplegó la operación Artemisa para frenar la deforestación en la región.

En opinión de los campesinos, buena parte del problema radica en el incumplimiento del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), acordado en el proceso de paz de La Habana. Aunque desde el 2016 se erradicaron 765,7 hectáreas de coca del Área de Manejo Especial de La Macarena (parques Tinigua, Los Picachos y La Macarena) como parte del programa de sustitución voluntaria, los campesinos dicen que el Estado colombiano no está cumpliendo con su parte.

En contraprestación, al acabar con sus cultivos, las familias cultivadoras de coca debían recibir a partir del 2016 la suma de 12 millones de asistencia alimentaria inmediata, 1’800.000 para una huerta casera de autosostenimiento y 19 millones para proyectos productivos. Pero a la fecha, solo les han entrado los pagos de los 12 millones iniciales (y no a todos en su totalidad). Los proyectos productivos –con los que debían sustituir a largo y mediano plazo el ingreso que dejaban de percibir por concepto de la hoja de coca– no se ven por ningún lado.

Recibimos los pagos de asistencia alimentaria, pero los proyectos productivos, que debían darse de manera simultánea, no arrancaron. Como estamos dentro de parques nacionales, está prohibida cualquier actividad agropecuaria. Ahora Parques Nacionales, para poder acceder a los proyectos productivos, nos exige una recuperación ecológica que no tenemos cómo financiar. Y no es que no estemos de acuerdo con reforestar, pero eso vale dinero”, cuenta uno de los líderes campesinos de la zona, quien prefirió guardar anonimato por motivos de seguridad.

El problema es que el programa no contempló un proceso diferencial en las zonas protegidas. El acuerdo de La Habana habla de una atención priorizada del Pnis para cultivadores en parques naturales, pero, a la hora de firmar pactos con la población de estos territorios, no se tuvieron en cuenta la restauración y protección del bosque.

En agosto, Parques Nacionales emitió un documento guía en el que solo sugiere el ecoturismo como proyecto productivo en el marco de la sustitución. Y exige, como es lógico en territorio protegido, que estos conduzcan a un proceso restaurativo del ecosistema. Pero eso no fue lo que se les prometió inicialmente a los campesinos.

Estos no ven en las líneas productivas que les ofrecen, como el turismo o la apicultura, una opción de sostenimiento rentable. Al final, son las mismas familias las que deben decidir con qué van a sustituir la coca.

Lo más grave es que a raíz de estos problemas ya hay una desconfianza generalizada de los habitantes de Tinigua y Los Picachos con el proceso. “Desafortunadamente, no se está respondiendo a las necesidades de subsistencia de la gente. No digo que la gente esté motivada a descumbrar solo por eso, pero sí es una presión, porque tiene que resolver lo de su comida cotidiana”, agrega el líder social.

No ven en las líneas productivas que les ofrecen una opción de sostenimiento rentable. Al final, son las mismas familias las que deben decidir con qué van a sustituir la coca

Al no entrar los proyectos productivos, “muchos campesinos han optado por cambiar la coca por ganado, porque es una economía que se parece más a la cocalera, a la que están acostumbrados”, explica Rigoberto Abello, miembro de la secretaría técnica de la Coordinadora de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas de Caquetá.
A diferencia de otras líneas de producción más sostenibles, la tenencia de vacas no necesita tanta tecnificación, no tiene un mercado tan volátil como el agro ni requiere mejores carreteras para competir a buen precio.

En esas zonas apartadas del país, pocos cultivos son negocio, pero el ganado cuenta con buena asistencia técnica y financiera, hasta en los territorios más aislados. “No llegan las vacunas para los niños, y por eso se mueren en los resguardos, pero para vacunar vacas sí llegan hasta el último rincón del país”, señala Pedro Arenas, director del Observatorio de la Corporación Viso Mutop.

Por estas razones, en todo el país muchos beneficiarios del Pnis están optando por proyectos productivos pecuarios, aunque muchos están ubicados en la frontera agrícola y en zonas de reserva forestal. Según el último informe de avances del Pnis, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), el 57,3 % de las líneas productivas concertadas con los beneficiarios hasta octubre del año pasado eran de producción pecuaria.

Lenta la sustitución

Las quejas no son solo en La Macarena. El 21 de febrero, los campesinos de 40 veredas marcharon en el llamado ‘laboratorio de la paz’ en Briceño, Antioquia, por incumplimientos del programa. Tres días después hubo enfrentamientos entre la comunidad y la policía en San Miguel, Putumayo, por el mismo motivo. Y una semana después, otro grupo se movilizó en Cartagena del Chairá, El Doncello y Puerto Rico, en Caquetá.

En todo el país, de las 99.097 familias inscritas, “solo 476, en Briceño, han recibido proyectos productivos”, afirma Pedro Arenas. Según el informe de la Unodc, la sustitución voluntaria ha sido un éxito en erradicación (40.506 hectáreas limpiadas con una resiembra de solo el 0,4%), pero, hasta ahora, solo 34.000 familias tienen huertas caseras y 8.000, planes de inversión para sus proyectos productivos.

En la elaboración de este reportaje se consultó repetidamente por estas denuncias a la Consejería Presidencial para la Estabilización, pero no hubo respuesta de su parte.
Otro problema es que al menos la mitad de cultivadores de coca, según los cálculos del Observatorio de la Corporación Viso Mutop, se quedaron por fuera de los acuerdos. Por ejemplo, “porque no tenían tierra. Estos migraron a las ciudades, algunos, y otros, a baldíos y parques nacionales”, explica Arenas. Como Tinigua, donde antes vivían unas 1.000 personas y ahora han llegado unos 500 nuevos colonos.

El 21 de febrero, los campesinos de 40 veredas marcharon en el llamado ‘laboratorio de la paz’ en Briceño, Antioquia, por incumplimientos del programa

Por otro lado, Francisco Gutiérrez Sanín, director del Observatorio de Restitución de Tierras, quien lideró el año pasado una evaluación de la Universidad Nacional sobre el Pnis, dice que campesinos se están quedando por fuera por temas burocráticos.

Todo esto, más la impresión de que el Gobierno prioriza otras formas de erradicación, como la aspersión de glifosato, que “no discrimina entre cultivos buenos o malos”, agrega Gutiérrez, tiene muy molesta a la comunidad. Con casi 100.000 familias inscritas en el país, el problema se le podría convertir al gobierno de Duque en una erupción social si no encuentra una pronta solución.

JUAN DAVID OLMOS
Para EL TIEMPO@ElTiempoVerde

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