En septiembre del 2014, la Declaración de Nueva York sobre los Bosques trazó diez objetivos que buscan proteger, conservar y mejorar el estado de salud de los bosques naturales del planeta. Gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y comunidades indígenas se comprometieron, de manera ambiciosa, a reducir la deforestación a la mitad para el año 2020, y a cero para 2030.
Se planteó la necesidad de reforestar más de 350 millones de hectáreas de bosques y tierras de cultivo que están degradadas –una superficie mayor que la India–, lo que supondría eliminar la emisión de entre 4.500 y 8.800 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera anualmente, si se cumple al pie de la letra la hoja de ruta.
Pero alcanzar estas metas no ha sido sencillo, más cuando un factor sigue retumbando y generando tanta controversia: la plata. Las metas 8 y 9 de la Declaración tienen que ver precisamente con las estrategias de financiación y los incentivos económicos para aquellos países que demuestren resultados sustanciales que ayuden a reducir las emisiones del sector forestal. Si bien hay avances prometedores, estos ecosistemas parecen no ser, todavía, lo suficientemente importantes en la lucha contra el cambio climático.
La financiación total para estos dos objetivos ha sido de aproximadamente 20.000 millones de dólares desde el 2010, una cantidad marginal si se la compara con los 777.000 millones de dólares que le han llegado al sector de la tierra –principalmente a la ganadería y cultivos de soja y aceite de palma–, que puede o no tener resultados positivos sobre los bosques. Así lo advierte el último informe de Climate Focus, presentado a finales del año pasado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP23), en Alemania.
“Este dinero es insuficiente y no refleja la importancia de los bosques como parte de la solución climática para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, dice la compañía, especializada en proyectos de mitigación y adaptación ante el cambio climático. “Para tener al menos un 50 por ciento de posibilidades de limitar el calentamiento global a 1,5 °C, como se planteó en el Acuerdo de París, las emisiones del sector de la tierra deben ser cero para 2050. Para lograrlo, la deforestación, actualmente responsable de 2.270 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (MtonCO2) por año, deberá detenerse tan pronto como sea posible”.
El principal desafío, plantean los investigadores, consiste en transferir los miles de millones de dólares que le llegan al sector agrícola –que en gran medida impulsa la deforestación y degradación de los ecosistemas– a la silvicultura sostenible, amigable con la naturaleza. ¿El reto? A los primeros les llega 40 veces más dinero internacional que a los segundos.
“Estos valores verdes (los que tienen como destino la protección de los bosques y el clima) se ven pequeños al lado del financiamiento gris (donde no se tiene un objetivo declarado de impacto positivo en los bosques) que apoya los sectores que impulsan la deforestación. La agricultura representa entre el 53 y el 80 por ciento de la deforestación mundial, mientras que cuatro productos básicos (aceite de palma, soja, carne de res y maderas) contribuyen con el 40 por ciento”, advierte el documento.
“El costo de no hacer nada contra la deforestación y la degradación de la tierra es alto y crece”
Para hacer la evaluación, el equipo de expertos analizó el apoyo financiero que se está movilizando desde diferentes frentes para reducir las emisiones de GEI y lograr un desarrollo sostenible con el buen manejo de los suelos –no sin desconocer la importancia de las capacitaciones, el fortalecimiento institucional o el uso de nuevas tecnologías–. Prestaron particular atención a los países con alta deforestación, con más de 30.000 hectáreas arrasadas entre 2010 y 2015.
Los datos sugieren que los bosques en países con alta deforestación reciben una suma desproporcional en relación con su potencial de mitigación: tan solo el 2 por ciento de lo que se invierte a escala global. La financiación forestal internacional sigue siendo escasa.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), entre 2010 y 2015, los países desarrollados y las instituciones multilaterales –particularmente Francia, Japón, Alemania, el Reino Unido, Finlandia, el Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF)– entregaron 167.000 millones de dólares en financiamiento relacionado con mitigación, de los cuales 3.600 millones fueron para el sector forestal. La gran mayoría de esa cifra –el 65 por ciento– llegó a los países que más número de hectáreas perdieron durante ese periodo de tiempo, pero no necesariamente donde la pérdida de cobertura boscosa ocurrió más rápido.
“El costo de no hacer nada contra la deforestación y la degradación de la tierra es alto y crece”, le dice a EL TIEMPO Charlotte Streck, directora de Climate Focus. “El costo por los cambios en el uso del suelo y la degradación de la cobertura boscosa se estima en alrededor de 231.000 millones de dólares por año. El costo anual de la pérdida de bosques tropicales y selvas tropicales es de aproximadamente 43.000 a 65.000 millones de dólares”, remata la experta.
Durante los últimos años, Colombia pasó de generar el 0,37 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales a producir el 0,42 por ciento, lo que nos ubica en el puesto 40 entre 184 países que son monitoreados por el Instituto Mundial de Recursos del Banco Mundial.
Aunque la cifra parece minúscula, lo cierto es que rápidamente estamos arrasando con la cobertura forestal del país. En 2016 no solo perdimos cerca de 179.000 hectáreas de bosque natural, sino que en menos de dos años el país transformó casi 1’500.000 hectáreas de ecosistemas. Las principales fuentes de emisiones son el sector forestal (36 por ciento) y el agropecuario (26 por ciento).
Para Juan Pablo Castro, gerente para América Latina de Climate Focus, el financiamiento verde queda opacado por el financiamiento gris dado que “los bosques y el uso sostenible del suelo tienen una trayectoria de inversión a largo plazo, y esto lo hace poco atractivo para inversionistas con aspiraciones de retornos rápidos”.
“La agricultura sigue siendo el principal impulsor de la deforestación a nivel global y continúa expandiéndose hacia áreas con bosque. Cualquier cambio requerirá la combinación correcta de voluntad política, desarrollo de capacidades para la implementación y apoyo financiero”, afirma Castro, quien cree que en Colombia la pata floja de la silla sigue siendo la falta de coordinación y coherencia entre las políticas públicas de diferentes sectores para lograr objetivos comunes.
Pese a los tropiezos y la falta de voluntad política para ciertos temas, el país ya cuenta con un Sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) del Financiamiento Climático. Según la herramienta, entre 2010 y 2015 se han movilizado 16,2 billones de pesos para programas de mitigación y adaptación. El mayor porcentaje de los recursos proviene del financiamiento internacional, que llega principalmente a Bogotá, Caquetá y Nariño.
“Se nota la voluntad política a través de pronunciamientos sobre planes ambiciosos, pero se menoscaba cuando estos no tienen piso y las palabras no se llevan a la acción”, comenta Castro sobre el panorama nacional.
Ad portas de las elecciones presidenciales vale la pena tener una discusión de país sobre el futuro ambiental de Colombia. Al fin y al cabo, todos los municipios tienen algún grado de riesgo por el cambio climático.
TATIANA PARDO IBARRA
EL TIEMPO
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