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Proponen que JEP reconozca como víctimas a parques y sus funcionarios
La Macarena

En el parque La Macarena se afectaron cerca de 3.500 hectáreas en este comienzo de año debido a los incendios forestales en la región. También es de los PNN donde más coca hay.

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EL TIEMPO

Proponen que JEP reconozca como víctimas a parques y sus funcionarios

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Que áreas protegidas y guardabosques sean considerados víctimas de la guerra y sujetos de derechos.

En una noche de enero de 2004, la entonces directora del Parque Nacional Natural (PNN) Tayrona, Martha Lucía Hernández Turriago, abrió la puerta de su casa y se encontró con la muerte. Hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) le dispararon siete veces a quemarropa. Diez años atrás, el jefe de esta misma área, el biólogo marino Héctor Vargas Torres, también había sido asesinado. 

No fueron los únicos. Al otro lado del país, en la serranía de La Macarena, las Farc consolidaron por años una de sus principales retaguardias estratégicas, a la que incluso convirtieron en el corazón de la zona de Despeje del fallido proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana. En ese y otros parques del suroriente del país, la densidad de las selvas le permitió a esa guerrilla mantener secuestrados por años a los uniformados y políticos que buscaba canjear por sus integrantes presos.

Son muchos los casos para relatar y entretejer. Las áreas protegidas —por la escasa presencia estatal, el difícil acceso o la abundancia de recursos naturales— se convirtieron en botín y escenario de la más cruda guerra. En 2013 se registró la presencia de grupos armados al margen de la ley en al menos 23 de los 57 parques naturales del país.

Por eso, para entender mejor el rol que juega el medioambiente en la construcción de la paz —que ahora supone enormes retos e incertidumbre tras la firma del acuerdo en 2016—, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), junto con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) proponen que “todos los parques nacionales naturales del país, dados sus valores excepcionales para el patrimonio natural de la nación y como lugares de altísima biodiversidad, sean reconocidos como entidades sujeto de derechos y tratados como víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”. Así lo señala la abogada Eugenia Ponce de León, quien lidera la idea. 

Si bien se ha hablado mucho acerca del conflicto armado en Colombia, no es suficiente lo que se conoce en cuanto a las afectaciones causadas a los ecosistemas por la voladura de oleoductos, la aspersión con glifosato, los cultivos de uso ilícito, la extracción ilegal de maderas, la minería ilegal, los bombardeos, la caza de animales, el asentamiento de campamentos o las trochas abiertas en medio de la selva.

Pero también están los guardianes que custodian esas extensas áreas, en condiciones adversas y de zozobra, en el tercer país más peligroso del mundo para hacerlo. Según datos de Global Witness, el año pasado fueron asesinadas 207 personas en el mundo por defender el ambiente y el territorio (el 60 por ciento en América Latina). Brasil (57 muertes), Filipinas (48) y Colombia (24) ranquean la lista; son los países en donde el apetito voraz por los recursos naturales se lleva por delante más vidas.

“Todo esto exige que se incrementen por el Estado las acciones requeridas para garantizarles a los funcionarios de PNN sus derechos a la vida y la integridad personal, a la seguridad, al trabajo, a la libertad de asociación y expresión y el derecho a la justicia. El Estado tiene el deber de investigar y castigar a los responsables de las amenazas y actos violentos, y los funcionarios tienen el derecho a denunciar sin temor, y a exigir responsabilidades”, asegura Ponce.

Como estudio de caso se trabajó en el Área de Manejo Especial de la Macarena (Amem), una zona de 3’871.790 hectáreas que corresponde al 2,5 % del área total continental del país. En esta zona no solo se fusionan y conectan los biomas andinos, amazónicos y orinocenses, sino que cuenta con cuatro parques naturales nacionales (Macarena, Picachos, Sumapaz y Tinigua), tres distritos de manejo integrado, una serie de reservas forestales protectoras, resguardos indígenas y zonas de reserva campesina.

Que todos los PNN del país sean reconocidos como entidades sujeto de derechos y tratados como víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

Durante los talleres realizados para esta investigación, los funcionarios de parques denunciaron amenazas relacionadas con la libre movilidad dentro de sus áreas de trabajo, la existencia de minas antipersonales y municiones sin explotar, toques de queda, desplazamiento forzado, detenciones, secuestros, amenazas, decomisos y robos, limitación para reunirse con las comunidades aledañas dado que podrían ser tachados de auxiliadores de alguno de los grupos ilegales o como informantes del Ejército.

Bajo ese escenario, Ponce propone aprovechar las instancias que ofrece la JEP, en particular la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Sala de Reconocimiento de Verdad, para que ni las áreas protegidas ni sus funcionarios pasen inadvertidos. En la primera, la idea es presentar un informe detallado sobre los daños que el conflicto infringió sobre ellos, con el fin de que “ante los horrores de la guerra vivida, los daños ambientales no se minimicen sino, por el contrario, se les confiera el espacio y la importancia requerida para presentarlos públicamente ante el país”.

En el segundo escenario, que ya tiene carácter judicial, la abogada recomienda llevar unos casos emblemáticos de daños a los PNN o de crímenes contra ciertos funcionarios, “para que sean juzgados, sancionados y exigida su reparación por la JEP”. También, que las sanciones que se impongan prioricen las actividades de reforestación, sustitución de cultivos de uso ilícito o en programas de limpieza y descontaminación de los territorios con minas antipersonal.

Decir que todos los PNN son víctimas de la guerra es apresurado y simplista, sin desconocer, por supuesto, los graves daños ambientales

Pero la propuesta tiene sus matices. Para algunos de los abogados e investigadores consultados por EL TIEMPO, tratar los 57 PNN de Colombia como víctimas del conflicto armado y sujetos de derechos plantea temas complejos, como desconocer que la misma presencia de grupos armados ilegales pudo, irónicamente, contribuir a su alto estado de conservación, o que estas figuras pudieron, en algún capítulo de la historia, ser los victimarios.

También, que no todas las áreas protegidas sufrieron los embates de la guerra de la misma manera (por lo que no se pueden echar todas en el mismo canasto), o que la violación de derechos a funcionarios también puede corresponder a la misma estructura del Estado que los deja en un alto nivel de indefensión y vulnerabilidad en un escenario hostil.

Para Diana Rodríguez, abogada en Dejusticia, la propuesta es interesante para introducir la perspectiva ambiental en la JEP y ampliar el lente de la discusión a actores que también vivieron entre el fuego cruzado, siempre y cuando se maneje con pinzas. “Estoy de acuerdo en que lo primero que hay que hacer, que es muy viable, es crear un informe para el reconocimiento de la verdad y no repetición, pero desde una perspectiva de múltiples actores y múltiples causas. Decir que los PNN son víctimas de la guerra es apresurado y simplista, sin desconocer, por supuesto, los graves daños ambientales”.

Para la experta, hay que mirar con cuidado el rol que jugó cada área protegida, “pues no es lo mismo islas del Rosario que La Macarena, Tinigua o Picachos; y no siempre hay una relación inmediata de víctima-conflicto armado. Lo otro es que hay que aprender a usar el concepto de ‘sujeto de derechos’”, por lo que sería más “responsable analizar bien los casos y luego sí reconocer zonas exactas dentro de los PNN, como ríos o bosques que pueden ser considerados víctimas por causas comprobables”.

Actividades que los acorralan

El análisis considera siete variables: deforestación, accesos terrestres, cultivos de uso ilícito, incendios, proyectos de hidrocarburos, minería (títulos y solicitudes) y minas antipersonal. De acuerdo con Harold Andrés Ospino, de la FCDS, solo en la Amazonia, los PNN Sierra de La Macarena, Tinigua y Cordillera de Los Picachos tienen en su interior cerca de 2.800 kilómetros de construcción vial. En cuanto a solicitudes mineras, de los “183 títulos y 577 solicitudes que hay en la región”, los PNN Apaporis y Churumbelos son los más afectados.

La motosierra también hace de las suyas desconectando los ecosistemas. El año pasado, de acuerdo con el Ideam, la deforestación se duplicó en la Amazonia (pasando de 70.074 ha en el 2016 a 144.147 ha en 2017). La pérdida de bosque natural en el Sistema de Parques representó el 5 por ciento del total nacional, concentrándose en seis áreas protegidas: sierra de La Macarena, Tinigua, Paramillo, cordillera de Los Picachos, La Paya y Nukak. En esas zonas, que se supone están salvaguardadas, desaparecieron más de 11.000 hectáreas. Los sobrevuelos hechos hasta el momento y las alertas tempranas indican que en el 2018 la cifra será peor.

A este coctel hay que sumarle un ingrediente más: la coca. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU, en 16 PNN de Colombia hay 8.301 hectáreas sembradas. Las víctimas coinciden otra vez: la serranía de La Macarena, Paramillo y Nukak padecen el mayor flagelo.

TATIANA PARDO IBARRA
Twitter. @Tatipardo2
tatpar@eltiempo.com

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