Procuraduría ha recibido denuncias sobre fumigaciones con glifosato

Procuraduría ha recibido denuncias sobre fumigaciones con glifosato

Según el personero municipal del Medio Baudó, Chocó, persiste la fumigación terrestre con glifosato.

Cultivos dañados por glifosato

Imagen de referencia. Campesinos que perdieorn sus cultivos a causa de las fumigaciones con glifosato.

Foto:

Archivo / EL TIEMPO

Por: Medioambiente
28 de abril 2020 , 04:00 p.m.

Según Carlos Fernando Trujillo, procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, le han llegado algunas denuncias sobre posibles fumigaciones en algunos territorios del país como en Chocó y Nariño. “Sin embargo, no hemos podido establecer quién está detrás de esas operaciones, porque al no tener un decreto reglamentario que las autorice, son completamente ilegales”, dijo Trujillo.

En efecto, Manuel Socorro Rodríguez, personero municipal de Medio Baudó en el Chocó, envió una carta al procurador delegado de asuntos étnicos en la que asegura que, “desde el 16 de abril, un destacamento de la Policía Antinarcóticos arribó a las comunidades negras de Puerto Elacio, Bellavista y Almendró, en el río Berre Berre y procedieron de manera unilateral a asperjar con glifosato cultivos de uso ilícito que se encuentran en medio de plantaciones lícitas”.


Una acción que para Socorro, desconoce el Acuerdo Colectivo de Sustitución Voluntaria suscrito por el Gobierno Nacional y las comunidades negras del municipio en mención en diciembre del 2016. Además, a esta denuncia se suma la de otros funcionarios público en el Alto Baudó, en donde las comunidades afro e indígenas temen por sus cultivos de pancoger y su salud, si se retoma la aspersión aérea con glifosato.


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Hay que recordar que el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato a los cultivos ilícitos desde el primer semestre de 2015, basándose en una decisión de la Corte Constitucional y atendiendo los requerimientos de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC), la cual hace parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y clasificó el herbicida como “probablemente carcinogénicos para humanos”.

Audiencias públicas virtuales 

Un grupo de organizaciones sociales le ha solicitado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que modifique la fecha en la que se tiene previsto realizar una audiencia pública virtual para el próximo 27 de mayo, con el fin de evaluar la puesta en marcha del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida glifosato, a cargo de la Policía Nacional. Aducen que no garantiza el acceso, inscripción y sobre todo la participación efectiva de la población eventualmente afectada por el proyecto.


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“El viernes radicamos un recursos de reposición pidiendo que se fije una nueva fecha, porque es necesario que esta audiencia se haga de manera presencial, teniendo en cuenta que las regiones en donde se planea hacer las fumigación, en us mayoría no tienen acceso a internet y no todos tienen acceso a medios de comunicación como la radio”, dijo Pedro Arenas, miembro de la Corporación Viso Mutop.

Pese a que estas organizaciones, Dejusticia (Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad), Elementa, consultoría en Derechos, Acción Técnica Social y la Corporación Viso Mutop, con la coadyuvancia de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, fueron las que solicitaron el año pasado una audiencia pública para que las comunidades afectadas participen en este proceso, aseguran que la Anla se aprovechó de la emergencia sanitaria para citarla en un momento en que no podrán participar.

“La ANLA se escuda en la emergencia económica, social y ecológica derivada de la propagación del SARS-CoV-2 para optar por la audiencia pública virtual. Sin embargo, parte de una falsa dicotomía: que debe escoger entre hacer la audiencia pública de forma virtual -no presencial- o de forma presencial. En cambio, se olvida que tiene una tercera opción: suspender el trámite hasta que haya garantías para desarrollar la diligencia, respetando los estándares constitucionales sobre derecho a la participación”, explicó Dejusticia.

Medioambiente

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