Por petición de la Procuraduría, no habrán consultas previas virtuales

Por petición de la Procuraduría, no habrán consultas previas virtuales

Ante la polémica que sucitó la medida entre ambientalistas, la medida fue derogada.

Indígenas Sierra Nevada

Los pueblos wiwas, arhuacos, koguis y kankuamos esperan que el Gobierno escuche sus peticiones.

Foto:

Nicolás Galeano / Presidencia.

Por: Medioambiente
21 de abril 2020 , 08:50 p.m.

Debido a los reclamos de los ambientalistas, comunidades indígenas y la Procuraduría, la ministra del Interior, Alicia Arango, derogó la circular  que informaba sobre el uso de mecanismos virtuales para la legalización de consultas previas, por ser abiertamente contraria a la Constitución. 

Ayer fue emitida una nueva circular firmada por la ministra Arango en la que asegura que "dada la relevancia social que ha generado la recomendación (de hacer consultar previas virtuales por la situación sanitaria que atrevesamos), y el ánimo permanente de concertación con las comunidades étnicas, se encuentra procedente derogar la circular externa CIR2020-29-DMI-1000 del 27 de marzo del 2020", se lee en el documento.

En efecto, el pasado 16 de abril, la Procuraduría le solicitó a la ministra Arango revocar la medida, puesto que "no es un procedimiento pertinente y adecuado para llegar a un acuerdo con las autoridades representativas de los pueblos y las comunidades, que en cada caso puede ser diferente”, manifestó el ente de control.

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Como respuesta, el Ministerio del Interior le dijo a EL TIEMPO que la medida nació de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC), quienes le solicitaron que "definieran mecanismos flexibles y tecnológicos, que a la vez garanticen la participación y el derecho fundamental de la Consulta a los Pueblos Indígenas, para obtener los recursos que les corresponden de las regalías".

No obstante, la MPC, aseguró que solo lo habían solicitado para el proceso de regalías, no para otro tipo de trámites

Y es que, para  muchos ambientalistas y abogados, la decisión que tomó la ministra Arango es inconstitucional, porque desconoce un derecho fundamental y algo igual de obvio: la falta de servicio de internet. 

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“Desconoce que la mayoría de los pueblos étnicos habitan en territorios y regiones que presenta los peores indicadores en materia de desarrollo humano y social, así como las más altas tasas de pobreza en Colombia, a la que se suma las enormes dificultades en materia de conectividad, cobertura y acceso a las tecnologías de la información”, se lee en un comunicado enviado por Richard Moreno Rodríguez, procuardor delegado de Asuntos Étnico.

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