Meses atrás, este diario reveló los enredos en los que se encontraba el dinero recaudado por el impuesto nacional al carbono. Son varios miles de millones de pesos que deben distribuirse de la siguiente manera: un 25 por ciento para temas de erosión costera, conservación de ecosistemas estratégicos y cuidado de fuentes hídricas; un 5 por ciento, a fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) y el 70 por ciento restante para el posconflicto “con criterios de sostenibilidad ambiental”.
EL TIEMPO habló con la viceministra de Ambiente, María Claudia García, sobre este asunto y otros relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que actualmente se está discutiendo en el Congreso.
¿Cuál es la prioridad ambiental de este gobierno?
La deforestación, la sostenibilidad de los sectores, particularmente con temas de economía circular, y la reducción de los conflictos ambientales.
¿Qué meta proponen para reducir la deforestación en el PND?
Tenemos la meta de detener el crecimiento de la deforestación en el 2022. Venimos con un crecimiento exponencial que tiene que ver con dos cosas: lo primero es que la deforestación en Colombia se explica, principalmente, por actividades ilícitas y, segundo, estamos en un periodo de ajuste tras la firma del Acuerdo de Paz, donde tratamos de consolidar territorio con los problemas de seguridad que todavía hay.
Entonces, cuando metes en los modelos ese efecto acumulativo, nos da una línea roja que muestra la tendencia de la deforestación, con las políticas actuales y su grado de efectividad, o sea poco. Lo que muestra es que la deforestación se empezará a estabilizar hasta el año 2030. Nuestra meta de detener la deforestación significa que vamos a quebrar el crecimiento exponencial y correr el punto de inflexión al 2022.
¿Entonces la meta es mantener la cifra actual, mejor dicho, que cada año se siga deforestando máximo 220.000 hectáreas de bosque, como ocurre hoy en día?
Sí, así es. Eso significa detener la deforestación. Cuando tienes una tendencia de crecimiento de por lo menos 20 y 25 por ciento anual, significa prevenir, reducir la deforestación.
¿No es poco ambicioso decir ‘cumplimos la meta si seguimos así como vamos’?
No, porque lo que intento explicar es que la línea no se va a quedar quieta, sino que tiene un crecimiento exponencial. Entre 2015 y 2016 el aumento fue de 16 por ciento, entre 2016 y 2017 fue de 23 por ciento, entre 2017 y 2018, el aumento será de 25 por ciento. Esa cifra sí o sí va a seguir aumentando. El grado de ambición que tiene detener el crecimiento exponencial es brutal.
Si la línea roja está disparada, con las políticas actuales y su grado de efectividad, ¿no deberían cambiar las políticas para, precisamente, no llegar a ese tope que me muestra?
¿Por debajo de cuánto?
Yo no soy la que hace las políticas aquí ni monitorea el bosque. Parece una meta de mantener, más no de reducir...
La tendencia muestra que en 2022 la deforestación llegará a casi 350.000 hectáreas. Entonces, pasar de 350.000 a 220.000 hectáreas significa que vamos a evitar que 150.000 hectáreas se pierdan. ¿Eso no es ambicioso? Estos 3 años son críticos para cambiar la tendencia a mediano plazo y el futuro de los bosques de este país. Es súper clave lo que hacemos.
La gente dice: ‘¿cómo es posible que se tumben 220.000 hectáreas de bosque al año y nadie haga nada?’. Pues estos temas implican una intervención integral. Hay que hacer cumplir la ley
El PND también habla del Consejo de la Lucha Contra los Crímenes Ambientales y la Deforestación ¿Qué rol tiene?
Es para la coordinación en la defensa del patrimonio natural, que es de todos. Se sientan las ramas ejecutiva y judicial para compartir información y así aumentar la efectividad de las intervenciones.
Algunos piensan que son unidades para militarizar la protección de la biodiversidad. ¿Es así?
Hay que tener algo claro. Estamos en un país donde la protección de los derechos está puesta en unos organismos que son nuestra Fuerza Pública. La protección de los derechos al medioambiente hace parte de las obligaciones y deberes que estos cuerpos tienen.
Militarizar la conservación es un contrasentido. Es como si la conservación y protección ambiental no debieran estar en manos de las fuerzas públicas como están los demás derechos. Lo que hace el Consejo es coordinar y hacer más efectivas las acciones de intervención en unas situaciones donde se están cometiendo ilegalidades. La gente dice “¿cómo es posible que se tumben 220.000 hectáreas de bosque al año y nadie haga nada?”, pues estos temas implican una intervención integral, eso significa que hay que hacer cumplir la ley, pero también hay que darle alternativas a la gente.
Hablemos del impuesto nacional al carbono. ¿Cuánta plata han recaudado?
El último reporte que leí decía que 900.000 millones, pero fue hace un par de meses.
¿Entonces la cifra exacta cuál es?
Quien dice el dato exacto es la Dian y en este momento no lo sé. Pero sí le puedo contar que asignamos 750.000 millones para este año.
Pero ustedes deberían saber cuánta plata hay... Son los más interesados en esta destinación específica.
No me sé los números de memoria. Ya pasamos una solicitud de plan operativo para este 2019. Para el 25 por ciento, corresponden 72.000 millones, y para el 5 por ciento, 14.700 millones. Todo se ejecuta a través del Fondo Colombia en Paz.
¿Y el 70 por ciento restante?
No se ha asignado todo. Esa plata va para tres subcuentas: a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, a los Planes de Acción de Transformación Regional y al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
María Claudia García, viceministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Minambiente
¿Ya tienen claro qué significa ‘proyectos con criterios de sostenibilidad ambiental’ en el marco del posconflicto?
Los criterios son generales. La sostenibilidad ambiental no depende de que sea o no posconflicto, sino de que la intervención sea sostenible y eso tiene que ver con la forma como se diseñan los proyectos específicos.
El criterio que se le pone a una construcción de infraestructura no es el mismo que tiene una actividad agropecuaria, entonces creemos que lo mejor no es sacar una reglamentación diciendo que un criterio de sostenibilidad es esto o aquello, algo específico, sino más bien tener un manual que nos permita evaluar los criterios para cada intervención que se vaya a hacer. Ya tenemos unos borradores para proyectos agropecuarios, de turismo y de infraestructura.
Entiendo que había la idea de que el Ministerio de Ambiente debía sacar una reglamentación, como un decreto o resolución, pero no será así.
¿El manual es suficiente para garantizar que se cumplan estos criterios?
Sí. Cuando se maneja plata pública, despegarse del manual operativo de inversión, de cómo se aprueban los proyectos, es gravísimo. El manual no es voluntario, es vinculante. Además, el primer criterio para aprobarse algún proyecto es que cumpla la normatividad de control y manejo ambiental asociada a su respectiva actividad.
Desglosemos bien los 750.000 millones. ¿Cuáles temas van a priorizar dentro del paquete que corresponde al 25 por ciento?
Nosotros hemos priorizado las intervenciones estratégicas como están dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que son: Ciénaga Grande de Santa Marta, río Atrato, el bajo Cauca antioqueño, Catatumbo, el Área de Manejo Especial La Macarena, Tumaco, el sur de Bolívar y Putumayo.
También vamos a destinar 10.500 millones a restauración de Parques Nacionales Naturales afectados por cultivos de coca, y otro porcentaje a restauración de manglares, sobre todo en el Distrito de Manejo Integrado Cabo Manglares.
¿Cuáles son los parques?
La Macarena, Tinigua, Nukak, Catatumbo-Barí y Picachos.
¿Solamente para temas relacionados con cultivos ilícitos?
Pues la puerta de entrada es esto, pero la intervención en parques tiene que ser integral. Va más allá de arrancar la coca e irnos. Se trata de llegar con un esquema que no permita la resiembra y eso implica que hay que entrar con acciones de restauración, alternativas productivas y educación ambiental.
¿Y en deforestación qué van a hacer? Hay compromisos nacionales e internacionales que deben cumplir...
Vamos a trabajar en tres líneas: primero, en las acciones de control a la deforestación, en conjunto con las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y la Policía, en puntos de alta deforestación asociados a economías ilícitas. En la segunda línea queremos brindar alternativas productivas, eso significa apoyar proyectos de manejo forestal sostenible comunitario, agroforestales, silvopastoriles, formalización de la propiedad y turismo.
Y, por último, hay que fortalecer nuestros sistemas de monitoreo a través del Ideam y empezar a cruzar información con otras bases de datos de otros sectores, especialmente el agropecuario, con el fin de tener información predictiva y lograr una intervención integral.
Este 5 de marzo, los accionantes de la tutela de cambio climático y generaciones futuras se unieron con expertos y organizaciones de la sociedad civil para radicar una carta ante los ponentes del PND para pedirle al Congreso de la República que modifique la meta de deforestación.
"La meta actual no busca reducir el número de hectáreas deforestadas sino mantenerlo constante durante los próximos cuatro años. Si se conserva el ritmo actual de deforestación, Colombia perdería más de 800.000 hectáreas de bosques durante este tiempo: aproximadamente seis veces el tamaño de Bogotá", dice el documento.
TATIANA PARDO IBARRA
Twitter: @Tatipardo2
tatpar@eltiempo.com
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