El 22 de abril será la tan esperada Cumbre de Líderes del Clima convocada por la administración de Joe Biden. Colombia hace parte de los invitados, y gracias a la nueva meta de reducción de emisiones, el mundo ve al país como un líder de la acción climática. Sin embargo, ¿qué tan coherentes son las políticas energéticas del gobierno Duque con esas metas?
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En diciembre del 2020 Colombia anunció la actualización de la contribución nacionalmente determinada de cambio climático (NDC por sus siglas en inglés). Esta incluyó la nueva y ambiciosa meta de reducir en un 51 % las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a 2030 (cerca de 176,4 millones de toneladas de CO2 equivalente) y reiteró el compromiso del país de ser carbono neutral en 2050.
Cumplir estas metas requiere una acción firme y decidida de parte de todos los sectores de la economía, y sobre todo de los que generan mayores emisiones y que en el caso de Colombia son la agricultura, silvicultura y cambios de uso de la tierra, y el sector energético, este último responsable de cerca del 40 % de las emisiones totales del país.
La meta del sector energético es disminuir 11,2 millones de toneladas de dióxido de carbono a 2030. Esta reducción equivale al 6 % de la meta total que Colombia anunció como compromiso nacional en diciembre pasado. Es preciso reconocer los avances que el sector ha hecho en términos de instrumentos de política pública incluyendo, entre otros, gestionar subastas de contratos de compraventa de energía renovable a largo plazo, fortalecer los marcos regulatorios, y adoptar herramientas técnicas para integrar adecuadamente las fuentes no convencionales de energía renovable de donde provendrían, para 2022, aproximadamente 2.400 megavatios que son más del 12 % del total de la matriz energética nacional (en 2018 era de menos del 1 %).(También: 710 millones de niños podrían sufrir el impacto del cambio climático)
Es urgente que Colombia armonice la política nacional con los compromisos de política exterior que marcan el rumbo para que el país pueda mantener una economía competitiva
Sin embargo, aunque dichos esfuerzos son necesarios y bien encaminados, por el otro lado el país sigue apostándole a generar energía a partir de termoeléctricas que usan carbón.
Según la base de datos de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), actualmente existen por lo menos 12 proyectos de este tipo que podrían ser implementados en los próximos años, esto sin contar los de generación con base en gas.
Preocupa que esta infraestructura se construya, pues tendrá una vida útil no menor a 50 años y las metas climáticas a las que se comprometió Colombia vencen en diez y treinta años. Lo que más sorprende es que ambas metas, a los ojos del gobierno, puedan coexistir en un balance imposible.
Los esfuerzos son insuficientes a la luz de las metas nacionales si se considera no solo el reto de la matriz energética sino también la dependencia económica asociada a la extracción, uso y exportación de combustibles fósiles incluyendo carbón y petróleo, ante la cual no existe ningún plan de transición adoptado por el gobierno.
Mientras la Unión Europea y otros países hacen anuncios y avances por eliminar la participación de estos combustibles en sus economías, el nuestro sigue apostando y dependiendo de sus exportaciones, lo cual nos deja en una clara desventaja frente a economías que desde ya se están preparando para una modernización basada en productos y servicios compatibles con el cumplimiento del Acuerdo de París.
Colombia es el sexto exportador de carbón más grande del mundo con todo y que, según datos del DANE, en 2020 las exportaciones de carbón cayeron un 44 % (con relación a 2018).
Aunque se espera que los precios suban y el mercado remonte, el gobierno colombiano es consciente de que este no será un cambio sostenible, o que incluso no suceda del todo. Para el documento de exposición de motivos del presupuesto del Sistema General de Regalías 2021-2022 se corrió un modelo que evidencia que el carbón podría continuar disminuyendo su participación en las exportaciones, llegando a una disminución incluso del 40% al año 2030.(Recomendado: En los próximos 20 años los edificios pesarán más que los árboles)
Es, por tanto, inconcebible que el Conpes de Reactivación frente al Covid-19 insista en que los sectores de hidrocarburos y minería son prioritarios para la reactivación debido a sus aportes en materia de regalías, impuestos, inversión extranjera directa y contraprestaciones económicas a favor de la nación, sin hablar de planes de transición.
Seguir pensando que el petróleo, el carbón y el gas son la salvación frente a la crisis económica por la que atraviesa el país, o la base de la economía del futuro, es un riesgo que tendrá consecuencias desastrosas a nivel social y climático. Colombia sí puede ser un líder climático y a la región le vendría bien ese liderazgo, pero no es sostenible con anuncios que no están respaldados por medidas contundentes y, peor aún, la falta de coherencia entre los anuncios internacionales y las apuestas nacionales del país.
El liderazgo de Colombia y la posibilidad de cumplir las metas propuestas depende no solo de las inversiones en medidas y acciones alineadas con objetivos de cambio climático, sino de asegurar que el grueso de las prioridades de la economía estén también alineados con los mismos objetivos.
Un estudio realizado sobre la consistencia entre flujos financieros públicos en Colombia y ambición climática, encontró que en incentivos para energías renovables se invierte 11,5 millones de dólares anuales versus 6 mil millones de dólares anuales para subsidios a combustibles fósiles. Es diez veces más lo que invertimos en seguir por un camino que ya sabemos que no es sostenible, que lo que estamos asignando para un futuro viable.
Es urgente que Colombia armonice la política nacional con los compromisos de política exterior que marcan el rumbo para que el país pueda mantener una economía competitiva y unas condiciones habilitantes para el bienestar de la población.
Se deben concertar y adoptar planes para que los municipios y personas que actualmente dependen de los combustibles fósiles, cada día menos atractivos para los compradores, puedan diversificar sus fuentes de ingresos; continuar los esfuerzos para las subastas de energías renovables no convencionales, dándoles la prioridad que requieren; y aumentar la inversión e incentivos en este tipo de proyectos.
También es imperativo que a corto plazo el impuesto al carbono incluya al carbón, y su precio aumente hasta ser compatible con el cumplimiento de NDC, precio que está muy por encima del actual.
(*) María Laura Rojas Vallejo
Directora ejecutiva de Transforma
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