A finales de junio España cerró cerca de la mitad de las plantas generadoras de electricidad con carbón. Gran Bretaña entre abril y junio no quemó carbón para generar electricidad. Acciones que no están aisladas si se tiene en cuenta que, en 2019, la Unión Europea por primera vez generó más electricidad con fuentes de energía solar y eólica que con carbón, según un informe del think-tank Ember.
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En contraste, según un artículo publicado en Portafolio, en Colombia se planea aumentar la generación de electricidad con carbón. A la fecha la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) registra 41 proyectos carboeléctricos de los cuales 20 estarían planeando su entrada en operación a partir de 2020.
Si bien la Upme afirma que el Plan de Expansión en generación es indicativo y el Registro de Proyectos de Generación no otorga derechos y responsabilidades para nuevos proyectos, éste sirve para identificar las intenciones de desarrollo así como las oportunidades de expansión.
Pero garantizar el suministro confiable de electricidad con tecnologías contaminantes y que perpetúan el uso de combustibles fósiles hace parte de un modelo anacrónico que cada vez más países desechan por sus altos costos e impactos que se extienden durante décadas y son casi imposibles de revertir, como explica un artículo de la revista Annual Review of Environment and Resources.
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Frente a la generación de electricidad con carbón hay muchos mitos. Aquí algunas realidades:
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Proyectos carboeléctricos registrados ante la UPME con entrada en operación planeada a partir de 2020 en adelante. Fuente: Elaboración de los autores con base en el Informe de registro de proyectos de generación Semana 30 de 2020.
No existe el “carbón limpio”Sobre las carboeléctricas se argumenta que el uso de nuevas tecnologías (supercrítica y ultrasupercrítica) reduce las emisiones hasta casi cero. Eso no es cierto. Incluso la tecnología más avanzada sigue emitiendo dióxido de carbono (CO2) y, según un estudio del Australia Institute, tan sólo lo reduce entre 10% y 30%. Esto es insuficiente para limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados en línea con los objetivos del Acuerdo de París.
Su uso tampoco elimina las emisiones de otros tipos de contaminantes que afectan la salud. Independientemente de la tecnología o de la calidad del mineral, la generación eléctrica con carbón emite considerablemente más CO2 que las alternativas renovables e implica continuar indefinidamente con la minería de carbón cuyos impactos a perpetuidad ha documentado la Fundación Heinrich Böll.(Vea: Video: impactos de la fumigación aérea con glifosato)
Los proyectos carboeléctricos serán un mal negocio para Colombia a largo plazo. La Agencia Internacional de Energía estima que, por su complejidad, estos proyectos requieren aproximadamente cuatro años antes de poder generar electricidad. En contraste, proyectos descentralizados de energía solar o eólica pueden hacerlo en la mitad de este tiempo e incluso menos.
La electricidad que producirían nuevas carboeléctricas tampoco será la más barata. A partir de información obtenida en el aplicativo GeoLCOE de la Upme, la Central La Luna ubicada en El Paso, Cesar, generaría electricidad a más de 10 centavos de dólar por kWh, y sus costos de inversión ascenderían a casi 1,4 millones de dólares por MWp.
Por su parte, las fuentes solar y eólica ya ofrecen precios cuatro veces más baratos que las carboeléctricas con un promedio de hasta 2,5 centavos de dólar por kWh, según los resultados de la subasta de energías renovables de 2019.
Además, la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena) estima que los costos de inversión para proyectos con energía solar fotovoltaica distribuida se proyectan en 0,75 millones de dólares por MWp en 2025, casi la mitad de lo que costaría la Central La Luna.
Matt Gray, director de la iniciativa Carbon Tracker, resalta que "La sustitución del carbón por alternativas de menor costo no sólo ahorrará dinero a los consumidores y contribuyentes, sino que también podría desempeñar un papel importante en la recuperación económica".
El funcionamiento del sistema eléctrico ante eventos climáticos cada vez más extremos y frecuentes requiere ampliaciones de infraestructura y mejoras tecnológicas para prestar un servicio que garantice la seguridad energética del país. Así como las hidroeléctricas, las carboeléctricas dependen de flujos de agua sin los cuales serían ineficientes u obsoletas.
Además, las carboeléctricas requieren grandes volúmenes constantes de agua para su operación que generan competencia con otras actividades económicas y de subsistencia, sobre todo en regiones con escasez de agua como La Guajira y Cesar. En este sentido, las estrategias de adaptación al cambio climático del sistema eléctrico no pueden ser una opción que exacerbe la crisis climática como lo es la quema de carbón.
A ésta se le atribuye el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) anuales a nivel mundial, según el Global Carbon Budget. Como fue reportado en un reciente artículo de la revista Nature Climate Change: "la urgencia de la acción sobre el cambio climático exige que el mundo reduzca rápidamente el uso de carbón ..., y que deje de usarlo en las próximas décadas". Hacerlo, argumenta el artículo, requerirá un proceso de planificación para una transición justa a través de una combinación de instrumentos de política y la integración efectiva de los actores interesados y afectados en el proceso.
Si bien Colombia en las últimas décadas ha exportado más del 90% de su carbón, las experiencias de otros países que han expandido su parque carboeléctrico ofrecen reflexiones sobre los impactos que se pueden anticipar.
En Turquía, por ejemplo, el mayor importador de carbón colombiano, han sido denunciados impactos como días laborales perdidos, enfermedades respiratorias, aparición de cáncer por dispersión de cenizas, pérdida de cultivos tradicionales debido a lluvia ácida y aumento de las temperaturas superficiales.
La Alianza de Salud y Medio Ambiente Europea estimó en 2014 que los costos por impactos en la salud asociados a la combustión de carbón alcanzan los 42.800 millones de euros por año, sumados a las más de 18.200 muertes prematuras, alrededor de 8.500 casos de bronquitis crónica y más de 4 millones de días laborales perdidos cada año.
La Union of Concerned Scientists reconoce en varios estudios que la quema de carbón además de generar impactos graves en la salud, tiene consecuencias ecológicas negativas por la contaminación de fuentes de agua poniendo en riesgo el sustento de comunidades alrededor.
La capacidad de generación adicional que ofrecerían las carboeléctricas se queda corta ante el aumento esperado de la demanda de electricidad, reduciendo su aporte a la confiabilidad. Además, sin una directriz clara sobre cómo las redes de transmisión colombianas van a dar abasto para sostener la entrada de nuevas instalaciones para que la electricidad llegue a los centros de consumo, las carboeléctricas frenarán la llegada de energías renovables.
Cada peso invertido en éstas compite directamente con las inversiones necesarias para descarbonizar la matriz energética y cada kWh proveniente del carbón congestionará las redes de transmisión.
Colombia, y el mundo reclaman una transición a un sistema energético justo y que tenga en cuenta la salud humana y planetaria. Estas consideraciones son relevantes en el contexto de la recuperación económica post covid-19 pues es fundamental asegurar que el dinero invertido acerque a un futuro con energías limpias.
Como afirmó el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres: "no existe ninguna buena razón...para que ningún país incluya el carbón en sus planes de recuperación del covid-19. Este es el momento de invertir en fuentes de energía que no contaminen, que no causen emisiones, que generen buenos empleos y que ahorren dinero".
Escrito por:
Dra. Andrea Cardoso, Profesora Universidad del Magdalena
Andrés Ángel, Asesor científico (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente - AIDA)
Claudia Strambo, Investigadora asociada (Instituto de Ambiente de Estocolmo - SEI)
Dra. Elisa Arond, Investigadora asociada (Instituto de Ambiente de Estocolmo - SEI)
Felipe Corral, Investigador doctoral (Universidad Tecnológica de Berlín)
Lina Puerto, Asociada (Transforma), Asistente de Investigación (MCC Berlin)
Rosa Peña, Abogada becaria (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente - AIDA)
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