El pasado 24 de septiembre, EL TIEMPO publicó un reportaje titulado ‘El precio que se paga por defender el río Cauca’, en el que el medio aliado Mongabay Latam contó la historia de la líder Milena Flórez, vicepresidenta del movimiento Ríos Vivos, quien tuvo que huir de su casa por oponerse, según ella, al proyecto Hidroituango. La líder denunciaba que estas amenazas provienen de la empresa de seguridad de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Ante las acusaciones, EL TIEMPO habló con Robinson Miranda, director ambiental y social del proyecto Hidroituango, sobre el tema.
Desde el 2012, una vez el movimiento se conformó, se estableció contacto directo, lastimosamente, ni los diálogos ni las verificaciones que se hicieron en conjunto con la Defensoría del Pueblo se consideraron suficientes por parte del movimiento.
EPM respeta plenamente los ejercicios de la acción social colectiva y las opiniones que emite el movimiento. La relación y confianza entre la empresa y las comunidades del proyecto importa, por eso preocupa que se vinculen insatisfacciones con el proyecto con hechos que en nada se relacionan con el quehacer empresarial. Hacemos un llamado para que, bajo elementos objetivos e información verídica, se proceda a elevar las denuncia
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Desde el momento en que se implementa la vigilancia privada del proyecto no se ha recibido queja, reclamo o información alguna, y tampoco se conoce de denuncias ante autoridades competentes. Es importante recalcar que la vigilancia es preventiva y disuasiva, por lo tanto, el personal no está entrenado ni tiene orden de actuar contra las personas. Otro aspecto para considerar es que la vigilancia no porta ninguna clase de arma de fuego ni de defensa.
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Se identificaron las familias que se podrían ver impactadas, cuya atención se da desde el programa Restitución de Condiciones de Vida. En la actualidad se ha concertado con el 97 por ciento de las familias identificadas como impactadas.
Con relación a la gestión social derivada de la contingencia, EPM avanza en la implementación de las diferentes líneas de atención en los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, por los eventos presentados desde el 28 de abril de 2018 en el proyecto, los cuales generaron un nivel de riesgo a las poblaciones ribereñas del río Cauca.
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REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE
