Este viernes se cumple un año desde que la Corte Suprema de Justicia declaró a la Amazonia colombiana como sujeto de derechos; es decir que esa vasta región –así como algunos ríos (el Ganges en India, el Whanganui en Nueva Zelanda y el Atrato en Chocó) y ciertos ecosistemas (como el parque Te Urewera y el páramo de Pisba)– es una entidad natural a la que todos los ciudadanos podemos exigir su protección. Pese a la decisión histórica, los 25 niños, niñas y jóvenes que interpusieron la acción de tutela para frenar la deforestación y sus consecuencias sobre el cambio climático, aún no ven avances en el cumplimiento de la sentencia.
Según su representante legal, el cofundador de Dejusticia, César Rodríguez, el balance es “heterogéneo”. Por un lado, la sentencia ha tenido un “efecto simbólico importante”, al lograr avivar un debate público alrededor de la pérdida galopante de bosque natural en Colombia. Sin embargo, al abogado le preocupa “la falta de voluntad política” de este nuevo gobierno y la inacción de algunos funcionarios y entidades.
“Hay una distancia grande entre que le hagan un saludo simbólico al fallo y que tomen las medidas y las conductas necesarias para avanzar realmente”, le dice a EL TIEMPO.
De hecho, las imágenes aéreas de la densa selva mordisqueada, con focos de incendios, vacas, palma africana, cultivos ilícitos, minas y carreteras serpenteándola cada vez se vuelven más aterradoras. Esa mancha verde que actualmente cubre el 52 por ciento del territorio nacional está desapareciendo frente a los ojos de todos.
El último informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señala que en 2017 Colombia perdió cerca de 220.000 hectáreas de bosque, eso equivale a 25 hectáreas –con una gran diversidad– que desaparecen cada hora.
En la sentencia 4360 de 2018, la Corte le ordena a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Agricultura, en coordinación con el Sistema Nacional Ambiental (Sina) y la participación de los accionantes, las comunidades afectadas y la población interesada, que en un plazo de cuatro meses (que venció en agosto pasado) se elabore un Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano (PIVAC), cuyo propósito es adoptar medidas encaminadas a “reducir la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera”.
La tarea de proteger los derechos de las generaciones futuras, al agua, a un ambiente sano, a la salud y a la vida, quedó frenada. Según Dejusticia, el Ministerio de Ambiente pidió una prórroga de 10 meses apelando a que quería tener un proceso participativo para construir el documento, pero en los últimos 8 meses los accionantes no han sido convocados a ninguna reunión. “Presentó un cronograma pero no determinó ni los tiempos, ni los responsables, ni el presupuesto”, asegura el colectivo.
La otra orden que dio la Corte está dirigida particularmente a los municipios de la Amazonia colombiana, que deben actualizar e implementar sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Aunque los niños y jóvenes demandaron 14 municipios, el alto tribunal se dirigió a los 81 que conforman la región.
De acuerdo con el monitoreo que ha hecho Dejusticia, debían hacerlo durante los cinco meses siguientes a la sentencia, pero “ninguno ha cumplido”, lo que se traduce en que no cuentan con estrategias claras para adaptarse al cambio climático y evitar que se arrase el bosque.
De igual manera, las corporaciones autónomas regionales (CAR) que tienen jurisdicción en la Amazonia (o sea Corpoamazonia, la CDA y Cormacarena) deben construir planes, que incluyan medidas policivas, judiciales o administrativas, para también frenar la deforestación en sus respectivas áreas de incidencia. Dejusticia indica que “si bien las tres autoridades ambientales afirman estar cumpliendo, en realidad no han presentado ante la Corte una hoja de ruta para la formulación del plan de acción que se les exige”.
Lo que sí alcanzó a hacer el anterior gobierno fue convocar cinco talleres regionales, realizados entre julio y agosto, para dialogar con las comunidades locales. De esos encuentros salieron insumos para elaborar la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques –‘Bosques Territorios de Vida’– el corazón del plan de acción para cumplir con las órdenes a corto, mediano y largo plazo de la sentencia.
“Adicionalmente se firmó el 6 de agosto de 2018 la directiva presidencial donde se definían responsabilidades y roles concretos para cada una de las carteras ministeriales y entidades de orden nacional”, asegura el exministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo.
El Instituto von Humboldt desarrolló un algoritmo que calcula la riqueza continental de especies estimada para los departamentos del país. Solo en Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta, correspondientes a la región amazónica, con excepción del último, habrían 42.965 especies que podríamos jamás conocer si la motosierra sigue avanzando en la extensa selva. De las más de 13.400 especies identificadas para la región, al menos 4.300 corren el riesgo de desaparecer en 2030, entre jaguares, dantas, tigrillos, monos, ranas, serpientes y demás.
“Una sola hectárea de bosque tropical en la Amazonia puede albergar al menos 450 especies de árboles y, cada árbol, tiene mínimo 50 relaciones ecológicas con otros organismos ”, afirma Carlos Rodríguez, director de Tropenbos. “Nos están quemando vivos a todos, incluido el conocimiento indígena”.
EL TIEMPO habló con el cofundador e investigador de Dejusticia, César Rodríguez, quien también es el representante de los 25 jóvenes y niños tutelantes.
César Rodríguez, cofundador de Dejusticia e investigador.
Dejusticia
¿Hay voluntad política para cumplir la sentencia?
Hay dos signos que para mí ya son falta de voluntad política inequívoca. Lo primero es que con la meta planteada en el Plan Nacional de Desarrollo, las cuentas no cuadran. No se trata solo de omisión sino de incumplimiento por acción. Esa cifra (deforestar máximo 220.000 hectáreas al año) implica aceptar el statu quo del aumento.
Y, segundo, la respuesta de que estos compromisos fueron adquiridos por el anterior gobierno, como lo suelen decir con frecuencia, no tiene presentación. Frenar la deforestación es un compromiso internacional que ata y vincula a los gobiernos posteriores. Se trata de una política de Estado, no de gobierno.
La deforestación es un problema heterogéneo marcado por la ilegalidad, ¿el Estado tiene la capacidad de frenarla?
Creo que el Estado no tiene la capacidad de limitarla al nivel que muchos quisiéramos, pero tampoco se puede correr la cerca cada vez más. Es un sinsentido.
En derecho existe el principio de que no puedes alegar tu propia negligencia. O sea, decir ‘es que me ha faltado tener más interés, organizarme mejor o distribuir correctamente los recursos’ no son excusas para incumplir. Las órdenes que dio la Corte no son irrazonables.
...Pide ponerles acelerador a los compromisos y programas que incluso ya se tenían, ¿es así?
Exacto. Tú puedes alegar o excusarte cuando los impedimentos son súbitos o impredecibles, pero este no es el caso. Cualquier planeador competente habría previsto que iba a aumentar la presión sobre la frontera agrícola con el posconflicto. Se lo dijimos, y para eso era la plata y la cooperación internacional.
¿Qué viene ahora?
Hay tres escenarios: el primero era el de cooperación, pero por falta de voluntad política no se dio. El segundo, que es uno intermedio en el que espero nos logremos mantener, consiste en un mecanismo de seguimiento eficaz. Lo ideal es que haya momentos públicos de transparencia y rendición de cuentas para que los compromisos se traduzcan realmente en acciones, con la moderación del tribunal. Y el último, el más crítico, es el desacato, que es indeseable porque consiste en sancionar a una persona por no cumplir. No se soluciona el problema estructural.
¿Cuáles actores han mostrado mayor interés y cuáles no?
Resaltaría la labor del Ideam y de la Procuraduría Ambiental, que han empujado y tomado la sentencia con seriedad. El Ministerio de Ambiente es tibio y, últimamente, echándose para atrás, y la Fiscalía ha sido un actor contraproducente y negativo.
¿Por qué lo dice?
No hace lo que tiene que hacer, que es tomar los casos graves de quema o ampliación de la frontera en la Amazonia y, en cambio, sí alega la sentencia para criminalizar a pequeños campesinos. Le echa la culpa a la sentencia de algo que están haciendo por su cuenta.
Según la Fiscalía, no son pequeños campesinos indefensos…
Eso lo tienen que demostrar. Si estuvieran siendo eficaces en la lucha contra la deforestación, estarían atacando a los patrones. La gente en el territorio sabe perfectamente quiénes son. ¿Por qué no los están arrestando? ¿Cuántas cabezas grandes y poderosas tienen? ¿Cuándo han dado un golpe contundente a una cadena de producción que está deforestando masivamente la región? Hay un círculo vicioso en el que se tiran la pelota unos con otros.
TATIANA PARDO IBARRA
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