Ante la polémica que desató la circular emitida por el Ministerio del Interior de hacer consultas previas virtuales, pues según expertos e incluso la misma Procuraduría delegada para Asuntos Étnicos, la medida es anticonstitucional, el Ministerio del Interior le respondió a EL TIEMPO que la medida nació de una organización indígena.
En un comunicado enviado por la entidad, la entidad manifiesta que el pasado 23 de marzo recibió una carta de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC) solicitando que definieran mecanismos flexibles y tecnológicos, que a la vez garanticen la participación y el derecho fundamental de la Consulta a los Pueblos Indígenas, para obtener los recursos que les corresponden de las regalías.
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De ahí que, "el Ministerio del Interior, mediante la Circular Externa CIR2020-29-DMI-1000 del 27 de marzo, en su numeral ii) recomendó que se promoviera y permitiera el uso de herramientas tecnológicas y canales virtuales mientras dure el aislamiento preventivo obligatorio", le aseguraron a este diario.
También explicaron que desde el 27 de marzo, fecha en la que se expidió la circular, no se ha realizado ninguna reunión de consulta previa. "Tampoco existe un cronograma para su realización, pues su definición y adopción dependerá de la petición y consentimiento de las comunidades".
Ante la pregunta que muchos se han hecho sobre cómo van a garantizar la participación de estas comunidades cuando muchas no cuentan con conectividad, el Ministerio del Interior respondió: "El Ministerio del Interior y el ejecutor de un POA o una entidad pública proponente de una medida legislativa o administrativa aplicarán mecanismos flexibles y tecnológicos para realizar algunas o parte de las etapas definidas en las rutas metodológicas de las consultas previas, garantizando que cuenten con las condiciones que permitan su plena participación y decisión, cuando se llegare a acuerdo y fuera posible".
Para Rodrigo Negrette, abogado ambientalistas, que una organización indígena haya pedido esa medida, no exime de la responsabilidad del Estado por proteger los derechos fundamentales de todas las comunidades indígenas y afro.
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"Esa petición se puede hacer, pero no significa que se pueda materializar, porque hay unos derechos que están por encima, hay mandatos constitucionales que prevalecen. Lo primero que tuvieron que hacer era reconocer si esa organización representa a todas comunidades indígenas y afro, si el mecanismo era factible, si la Constitución permite eso", explicó Negrette.
Por ahora se desconoce si el Ministerio del Interior va a retirar la medida de hacer consultas previas virtuales en territorios en donde es casi nula la conectividad.
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