Salento y proyectos señalados de afectar el medioambiente en Colombia
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EL TIEMPO

Varios proyectos que se pretenden instaurar o se han consolidado en Colombia son señalados en la agenda pública por las posibles consecuencias ambientales negativas que pueden tener. La mayoría de gestiones se realizan en torno a la explotación minera o a la construcción de estructuras que alteran la biodiversidad y los ecosistemas de diferentes zonas del país.

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John Jairo Bonilla / EL TIEMPO

La última gran controversia proviene de Salento, un municipio de Quindío que, desde febrero de este año, creó un acuerdo municipal desde el Concejo con el fin de frenar los proyectos mineros en su territorio. “Queremos proteger el territorio a través del Concejo Municipal. Lo que queremos es un desarrollo sostenible, protección del agua, de los habitantes, del medioambiente”, aseguró Orfa Correa, concejal del municipio. Se pretendía realizar una consulta popular en Salento con el fin de conocer la postura de los habitantes ante la práctica, sin embargo, no se pudo hacer por falta de recursos.

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John Jairo Bonilla / EL TIEMPO

Y la discusión aumentó cuando una sentencia del Tribunal Administrativo invalidó el acuerdo 1 del 27 de febrero de este año, el cual busca proteger el medioambiente municipal sobre las actividades mineras. “En el caso del Acuerdo de Salento, y teniendo en cuenta la sentencia de unificación 095 de 2018 de la Corte Constitucional sobre las facultades de los entes territoriales alrededor de los recursos naturales no renovables, se decidió enviar dicho Acuerdo al Tribunal para que este decidiera si el acto del Concejo contrariaba o no la Constitución y la ley”, aseguró Víctor Vélez, secretario Jurídico de Quindío. Ambientalistas que han estado al tanto del proceso alzaron su voz tras conocer la anulación.

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Archivo EL TIEMPO

Uno de los proyectos más controversiales ha sido el de Cerro Matoso, en Córdoba, sitio en donde se instauró una mina de níquel a cielo abierto. Una de las denuncias principales es la cercanía del sitio de explotación con las comunidades indígenas zenú, las cuales se han visto damnificadas por los efectos de esta actividad extractiva en la salud. Un reportaje de la Unidad de Datos de EL TIEMPO recogió testimonios de personas afectadas por su cercanía a la mina–trabajadores y pobladores, principalmente-. Además, en 2018 la Corte Constitucional le solicitó a la mina la renovación de su licencia ambiental para que “ampare de forma integral las actividades de explotación que se desarrollan”.

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Cortesía EPM - Guillermo Ossa / EL TIEMPO

La emergencia en la hidroeléctrica Hidroituango evidenció los peligros ambientales del proyecto. Entre otras cosas, hubo una sequía en el río Cauca que dejó al descubierto miles de especies acuáticas que perecieron. La Contraloría reveló, mediante una auditoria, “graves errores en el proceso de licenciamiento ambiental (…) por la falta de estudios detallados, a lo largo de la ejecución, Empresas Públicas de Medellín tomó decisiones sin el sustento técnico suficiente". Si bien la emergencia se ha reducido, la Contraloría aseguró que Hidroituango no contaba con estudios precisos para la estimación de factores de riesgo por fallas geológicas como la que sucedió.

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Mauricio Dueñas / EFE

Desde hace unos años autoridades ambientales señalan a la refinería Reficar como uno de los proyectos que tiene consecuencias negativas en el medio ambiente y en los ecosistemas por su manejo de hidrocarburos. En 2016 la Procuraduría solicitó a la ANLA –Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- la modificación del permiso ambiental de la refinería, dado que “no es de recibo considerar una modificación al transporte del petcoke –el coque de petróleo- a un sistema que supone impactos adicionales no previstos en el trámite original”.

Además, en 2018 un artículo de este diario dio a conocer las solicitudes de la Contraloría después de auditar a Reficar entre 2008 y 2017. Entre las observaciones se señalaba la pronta actualización de las licencias ambientales de la planta.

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Archivo EL TIEMPO

El fracking ha sido una práctica controversial en el mundo y la discusión más reciente en Colombia sobre este tema se dio a raíz del Plan Nacional de Desarrollo. El pasado 2 de mayo se presentó un debate en la Cámara de Representantes que buscaba sacar el fracking de las bases del PND, sin embargo, este no prosperó. "En el Congreso de la República hay actualmente dos proyectos de ley que discuten el tema, donde pueden convocar expertos, y conocedores de la temática. Con eso pueden hacer un debate más calmado, y no esta colcha de retazos en que se ha convertido los Planes Nacionales de Desarrollo”, señaló el abogado ambiental Rodrigo Negrete.

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istock

En su momento Katherine Miranda, representante a la cámara por el Partido Verde, afirmo: “pedí a la Plenaria de la Cámara que sacáramos de las bases del Plan de Desarrollo la posibilidad de explorar y explotar a través del fracking. Fui derrotada, pero seguiré luchando por la vida, el agua y el medio ambiente”. Juan Pablo Ruiz, de la comisión de expertos en fracking, dijo: “si el Gobierno acoge las recomendaciones de la Comisión lo máximo que se haría durante el periodo Duque serían los proyectos pilotos de investigación. El análisis de resultados y la determinación sería para el siguiente período presidencial”.

Al ser un tema tan polémico la Comisión Independiente de expertos, designada por el Gobierno, sugirió avanzar en la implementación de los planes piloto de investigación y, sobretodo, informar de manera precisa a la opinión pública sobre esta técnica de fracturación hidráulica de roca para extraer petróleo.

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Twitter: @asociacionminga

En el municipio de San Lorenzo, en Nariño, mediante una consulta popular la población le dijo ‘No’ a los proyectos mineros. Esta consulta, llevada a cabo en noviembre de 2018, fue la primera sobre las actividades extractivas en el país. Robert Delgado, uno de los líderes de la comunidad de San Lorenzo, aseguró que allí se producen “cafés de alta calidad y frutas”, por lo tanto “aquí no existe la vocación minera”.

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Archivo EL TIEMPO

La Procuraduría alertó sobre el posible riesgo ambiental que traería la construcción de un puerto marítimo en el Golfo de Tribugá, en Chocó. La entidad pidió a la ANLA evaluar la pertinencia de abstenerse a otorgar autorizaciones o permisos hasta que no se lleve a cabo un riguroso estudio científico. En esta zona se da la presencia de especies en peligro de extinción como las tortugas marinas y los tiburones martillo, además, es un punto caracterizado por el avistamiento de ballenas.

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Paola Benjumea / EL TIEMPO

La construcción de un muelle de gráneles líquidos en Santa Marta se ha convertido en un tema controversial. En 2018 la ANLA aprobó la modificación de la licencia ambiental solicitada por la Sociedad Portuaria de Las Américas con el fin de construir un muelle de carga y descarga de aceites vegetales y biocombustibles en el norte de Santa Marta. Los primeros en pronunciarse al respecto fueron los habitantes y comerciantes del corregimiento de Taganga, quienes aseguraron que la construcción de dicho muelle afectaría negativamente las actividades pesqueras y turísticas al causar daños en los ecosistemas marinos.

Los debates en el Senado no logran establecer puntos en común, sin embargo Terlica, la empresa encargada, se comprometió a programar una socialización del proyecto con la comunidad. Un primer intento de socializar a los habitantes se canceló el pasado mes de abril y la empresa prometió una reprogramación.

Medio Ambiente 05 de junio de 2019 , 11:54 p.m.

Salento y proyectos señalados de afectar el medioambiente en Colombia

Las explotaciones mineras y las construcciones en territorios biodiversos dividen opiniones.

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