Colombia, el segundo país más peligroso para proteger el medioambiente

Colombia, el segundo país más peligroso para proteger el medioambiente

En el 2018 fueron asesinadas 164 personas en el mundo por defender los recursos naturales.

Filipinas

Una plantación de banano en Filipinas, el país más peligroso del mundo para los defensores del medioambiente.

Foto:

Global Witness / Jeoffrey Maitem

Por: Medioambiente
30 de julio 2019 , 10:18 a.m.

El 20 de octubre del 2018, hombres armados mataron a tiros a nueve productores de caña de azúcar y quemaron sus ranchos en la provincia de Negros, en Filipinas. El año pasado, esta isla desbancó a Brasil como el país más mortífero del mundo para quienes se dedican a la protección del medioambiente y el territorio.

El informe de Global Witness revela que 164 defensores de la naturaleza fueron asesinados en el 2018; menos que en el 2017, cuando la cifra fue de 201. Filipinas (con 30 muertes), Colombia (24), India (23) y Brasil (20) son los casos más críticos de todos; “aunque es probable que nuestros datos estén subestimados, dado que muchos asesinatos no se denuncian, documentan ni investigan, especialmente en las zonas rurales”, advierte la investigación.

“Los ataques despiadados contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente siguen ocurriendo, no obstante el creciente impulso detrás de los movimientos ambientales en todo el mundo. A medida que nos precipitamos hacia el colapso climático, nunca ha sido más importante apoyar a quienes intentan defender nuestro planeta de la destrucción imprudente impuesta por ricos y poderosos”, dice Alice Harrison, encargada de campañas de Global Witness.

Para este año, la minería fue la industria más letal (en 2017 fue la agroindustria), junto a una serie de ataques brutales vinculados a proyectos hidroeléctricos y madereros.

Por primera vez, el informe detalla cómo los gobiernos y las empresas están aumentando el uso de juicios, arrestos y campañas de desprestigio para silenciar a los activistas que ponen a tambalear sus intereses económicos.

“Esto no es algo fácil de definir o de monitorear. Por un lado, nadie está registrando sistemáticamente la criminalización de las y los activistas de la tierra y el medioambiente a nivel mundial. Al igual que lo que ocurre con los homicidios que no son documentados, la falta de atención sobre estas amenazas –que son más sutiles y traicioneras– alienta a empresas y gobiernos a silenciar a quienes deberían proteger”, se lee en el informe.

De acuerdo con Global Witness, muchos gobiernos están manipulando sus sistemas judiciales e intimidando a las personas defensoras, lo que “va de la mano de una retórica incendiaria que las califica como terroristas o criminales (…), es una ironía brutalmente salvaje: quienes destruyen la tierra y asesinan a las personas defensoras del medioambiente generalmente escapan al castigo”.

Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, señala que en marzo del 2018, el Gobierno de Filipinas la declaró terrorista.

“Esto fue una represalia por haber hablado en contra de las violaciones de los derechos indígenas en mi país de origen. Durante meses viví bajo amenaza y no podía regresar a casa con seguridad. Los funcionarios del Gobierno continúan lanzando falsas acusaciones en mi contra”, denuncia.

Fueron asesinadas más de tres personas por semana. La tolerancia de las autoridades a la protesta pacífica se está deteriorando rápido, mientras priorizan
los intereses a corto plazo.

El caso de Colombia

Durante el año pasado, según datos de Somos Defensores, se registraron 805 agresiones contra líderes sociales en el país, de los cuales 155 fueron asesinatos. Cauca, Antioquia y Norte de Santander fueron los departamentos más críticos. El abogado Leonardo Díaz, y coordinador del estudio, explica el escenario.

¿Cuáles eran las causas que defendían los líderes asesinados?

De los 155 asesinatos registrados durante el año 2018, 63 son líderes comunales (la mayoría involucrados en la defensa del punto 4 del acuerdo de paz, sobre restitución de cultivos ilícitos), 24 indígenas (la mayoría del departamento del Cauca) y 19 son campesinos (involucrados en temas de semillas nativas, el cuidado de los cuerpos de agua y la preservación de los bosques). De las agresiones, que incluyen atentados, amenazas, torturas, el 29 por ciento fueron contra mujeres.

¿Quiénes perpetraron los asesinatos y las agresiones?

Frente a la responsabilidad de los perpetradores, el 72 por ciento de los asesinatos es desconocido (111 casos). Allí puede haber una mezcla entre políticos de las regiones, caciques y empresarios que, en alianza con estructuras criminales, generan este concierto para delinquir. Por lo demás, 16 fueron por paramilitares, 12 por disidencias de las Farc, nueve por el Eln y siete por la Fuerza Pública. En cuanto a las agresiones, 447 son imputables a grupos paramilitares.

Pero es posible que haya un subregistro de información, ¿verdad?

Claro. Hay mucha gente que, ya en el territorio, sabe quién está detrás de los asesinatos pero no habla por temor. Para no caer en denuncias por falsos testimonios, preferimos hablar de presuntas responsabilidades y en algunos casos los denominamos ‘desconocidos’, a pesar de que en lo local no lo sean.

¿En dónde ocurre la mayoría de las agresiones?

En zonas que tienen presencia de cultivos de uso ilícito o son rutas del narcotráfico hay presencia de grupos paramilitares, son zonas militarizadas, existen procesos sociales fuertes, hay actividades extractivas como la minería, son áreas cercanas a las antiguas zonas transitorias de normalización o a los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (creados para concentrar a los miembros de las Farc durante el proceso de dejación de armas y de reincorporación), y que son regiones priorizadas para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial.

¿Qué tanto ha influido la implementación del acuerdo de paz en estas cifras?

Ha sido la indiferencia por parte del Estado y la mala implementación de los acuerdos de paz lo que ha detonado que las comunidades asuman estos riesgos. Se trata de una implementación inadecuada, tardía e imperfecta de los puntos 1 y 4 lo que estalla esta violencia. Están priorizando la militarización pero no han llegado con la oferta concertada en La Habana.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE
Twitter: @ElTiempoVerde

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