'No se conoce el 85 % del agua subterránea del país'

'No se conoce el 85 % del agua subterránea del país'

Comisión de expertos sobre fracking lanzó su informe sobre las posibles afectaciones de la técnica.

Fracking
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IStockPhoto

Por: Medioambiente
11 de abril 2019 , 05:19 p.m.

La semana pasada, Twitter volvió a ser un campo de batalla. Los hashtags #FrackingEsDesarrollo y #FrackingEsMuerte fueron tendencia en Colombia y nuevamente avivaron una discusión alrededor de esta controvertida técnica de extracción de petróleo. Pero más allá de los amores y odios que se suscitan desde lo virtual, la Contraloría General de la Nación lanzó un informe exhaustivo sobre la viabilidad que tiene realizar la exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales (YNC) en el país.

En 202 páginas la entidad concluye que el Estado no está preparado para hacerlo y advierte sobre las posibles afectaciones ambientales que traería consigo la actividad. Además, señala que, aunque hay avances significativos en la normatividad, “aún falta establecer condiciones adecuadas para el cumplimiento de los requisitos técnicos ambientales”.

Luego de hacer un paneo sobre las distintas experiencias internacionales que hay al respecto (en Estados Unidos, Argentina, Canadá y China), los investigadores llegan a 15 conclusiones, la mayoría de ellas alrededor de un tema crucial: el agua. El principal cuestionamiento empieza con que ni siquiera conocemos bien nuestro territorio. No existe información detallada sobre los sistemas acuíferos y la distribución de las aguas subterráneas del segundo país más biodiverso del mundo. “Hay deficiencias a nivel de conocimiento hidrogeológico”, sentencian.

Complementando la información, la Comisión de expertos sobre fracking publicó su informe de 173 páginas analizando los efectos potenciales de emplear la técnica en el territorio nacional. "Ambos estudios coinciden en la necesidad de tener una mayor capacidad institucional para el cumplimiento de la normatividad ambiental, así como una línea base que nos permita identificar los niveles de conocimiento que tenemos o no, y que son imprescindibles colectar antes de avanzar en la etapa de explotación de hidrocarburos en YNC", le dice a EL TIEMPO Juan Pablo Ruiz, vocero de la Comisión.

El experto aclara que antes de empezar cualquier proyecto piloto, es necesario avanzar en ocho temas: Ley de transparencia y acceso a la información pública, capacidad institucional para el seguimiento de los mismos, capacitación del personal local, identificación y divulgación de la tecnología (de mínimo impacto) que se pretende usar, ajustar la regulación a esas tecnologías, definir los mecanismos de participación y veeduría ciudadana para el proyecto piloto, acordar manejos de riesgo en salud para las poblaciones cercanas, y, finalmente, la construcción de una línea base en salud, economía y uso de recursos naturales (ecosistemas terrestres y acuáticos) para tener

Cinco temas claves sobre aspectos socioambientales que destacan la Contraloría y la Comisión:La participación ciudadana es débil
  • Existe una fuerte centralización en la toma de decisiones, lo cual limita la coordinación con las entidades locales y regionales.
  • Si bien hay mecanismos como la consulta previa, la consulta popular, las audiencias públicas ambientales y los programas de diálogo regional, estos "no hacen parte de una estrategia gubernamental integral" que de vincule a la ciudadanía en relación a la explotación de hidrocarburos.
  • La actividad petrolera en Colombia no cuenta con aceptación por parte de la comunidad, con lo que se denomina “licencia social”.
Transparencia, un enramado para acceder a la información
  • La sociedad tiene derecho a conocer toda la información relativa a las actividades que son de interés colectivo y, con mayor razón, de aquellas que pueden afectar sus modos de vida y su salud.
  • El libre acceso a la información es el fundamento de la construcción de confianza entre la población y las instituciones del Estado. Esto no está ocurriendo.
  • La información que manejan las comunidades locales sobre los procesos de extracción de hidrocarburos es deficiente y las instituciones públicas (ANLA, ANH, SGC) no la facilitan de una manera adecuada.
  • El monitoreo sobre los impactos a los recursos naturales debe estar disponible libremente en internet y, prioritariamente, en otros medios accesibles para las comunidades locales.
  • La información pública debe incluir una descripción completa y detallada de las actividades que se propone desarrollar durante la exploración y el plan piloto. 
La biodiversidad y el cumplimiento de los acuerdos internacionales
  • Hay desconocimiento del 85 % del agua subterránea y los indicadores de salud de atmósfera, océanos, suelos y ecosistemas terrestres y acuáticos exponen un deterioro progresivo y creciente.
  • La Comisión exhorta al Estado para que avance en el cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene frente a temas de cambio climático (Acuerdo de París), que haga realidad su plan de fomento de energías alternativas y renovables, y controle las emisiones de gases de efecto invernadero. 
  • El 63 % de los ecosistemas del país están amenazados y sus condiciones cuestionan su permanencia y la provisión de servicios ecosistémicos.
  • Para la Contraloría es “de especial interés” la situación que ocurre en los páramos de la Serranía de Los Yariguíes (rodeado por 3 bloques de YNC), el de Chingaza (por cuatro bloques), el de Pisba (que colinda con un bloque) y el de Sumapaz (que al oeste limita con un bloque). “Estas proximidades deben analizarse con precaución al momento de valorar la zonificación ambiental de uso”, señala.
Polítiquería merodeando 
  • La oposición a la exploración de YRG mediante el uso del fracking se ha convertido en parte esencial de la polarización ideológica con fines electorales, que ha dividido al país y está creando condiciones para inaugurar nuevos ciclos de violencia directa, estructural y simbólica.
Falta fortalecer la normatividad
  • La ANLA presenta grandes debilidades institucionales para liderar la gestión ambiental y exigir el cumplimento de la legislación por parte de los operadores.
  • La capacidad institucional actual no asegura la aplicación de las normas ambientales. El monitoreo y seguimiento a las licencias ambientales en los procesos de extracción de hidrocarburos en yacimientos convencionales es deficiente.
  • ANH, ANLA y las CAR no se han consolidado como instituciones estables, fuertes e independientes.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE
@ElTiempoVerde

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