Las otras luchas del abogado del oso Chucho

Las otras luchas del abogado del oso Chucho

Luis Gómez está detrás del caso del oso Chucho y la nulidad de las cuotas de aletas de tiburón.

Luis  Domingo  Gómez

Luis Gómez cursa una maestría en Derecho animal y sociedad en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Foto:

César Melgarejo. EL TIEMPO

Por: Tatiana Rojas*
24 de enero 2020 , 11:12 a.m.

Dice que es un abogado independiente y animalista. No es vegetariano, pero busca que los animales que llegan a su plato hayan tenido una vida larga y digna. Muchos aplauden su trabajo, otros, tanto ambientalistas como abogados, tienen sus reservas.

Se trata de Luis Domingo Gómez Maldonado, especialista en derecho constitucional y conflicto armado, conocido en 2017 por interponer el habeas corpus (mecanismo para reclamar la libertad de una persona) para exigir la libertad de un oso andino llamado Chucho.

En su momento, la historia de Chucho conmovió al país: fue donado al Zoológico de Barranquilla, luego de que la reserva del Río Blanco en Manizales no pudo seguir cuidándolo. Para Gómez fue inaceptable que las instituciones responsables de su cuidado lo enviaran a un lugar en el que estaría en cautiverio. Aunque en primera instancia la Corte Constitucional falló a su favor, ayer, la Corte dijo que los animales no eran sujetos de derechos. 

(Le puede interesar: Animales no son sujetos de derechos: Corte en caso de oso Chucho

Mientras el tema avanzaba, Gómez se hizo cargo de otros casos igual de polémicos: la cuota de aletas de tiburón, una medida que sacó el Ministerio de Agricultura en 2019 con la intención de controlar esta práctica. Sin embargo, la resolución 350 de 2020 impulsó lo contrario. Aunque los científicos reclamaron que se modificara, según Gómez, el Gobierno tomó acciones solo porque él instauró una acción tutela.

Su último triunfo en los tribunales judiciales a favor de los animales ocurrió esta semana. Logró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenara al Gobierno realizar estudios y definir una hoja de ruta para limitar o incluso prohibir el uso de insecticidas que afectan a las abejas. EL TIEMPO habló con él sobre su trabajo en defensa de los animales.

¿En qué va cada caso?

El caso que judicialmente ha llegado más lejos es el del Chucho, un oso andino que hoy debe tener cerca de 25 años. Nació en la Reserva de la Planada, ubicada en Ricaurte (Nariño). De allí fue donado a la reserva del Río Blanco en Manizales con su hermana Clarita. Ella, pocos años después murió por un cáncer de útero. Chucho queda solo, se deprime e inicia una tragedia para él, porque Aguas de Manizales y CorpoCaldas no se preocupan por cuidarlo y deciden donarlo al Zoológico de Barranquilla. Interpongo un habeas corpus para reclamar su libertad entendida como el derecho de vivir en su hábitat natural o similar y no en cautiverio como está hoy.

La Corte Suprema de Justicia, por medio del magistrado Luis Armando Tolosa decide concederlo. Sin embargo, el zoológico de Barranquilla interpone una acción de tutela en contra, bajo el argumento de que este mecanismo es solo para defender a los humanos, y lo deja sin efecto.

Ayer la Corte le negó el habeas corpus a Chucho. ¿Qué opina?

​La Corte Constitucional dio un paso en falso frente a la protección de los derechos de los animales. No supo entender las razones por las que mantener a un oso andino encerrado en el zoológico de Barranquilla era atentar contra su libertad. Tomó una decisión, pero no hubo justicia. Nunca pedí la libertad plena de Chucho, esperaba que lo regresaran a la reserva Río Blanco en Manizales. Pero para la presidenta de la Corte, eso era condenarlo a muerte. Sin embargo, esta historia no termina con este fallo, algo se me ocurrirá. 

Si la Corte hubiera fallado a favor, ¿qué hubiera decidido?

Primero, la Corte hubiera tenido que decir si los animales en el sistema jurídico colombiano son sujetos de derecho. Creía que le quedaba muy difícil decir que no, porque la misma Ley 1774 que es un punto de partida legal los reconoce como seres sintientes. Segundo, hubiera tenido que decir qué animales tienen derechos y qué tipo.

Tercero, debía resolver dos temas procesales, por ejemplo, si iba a permitir que se siga defendiendo a los animales con las acciones constitucionales como el habeas corpus, acciones populares o señalar otras. Y cuarto, también tendría que haberse pronunciado sobre quiénes están legitimados para defender los derechos de los animales, es decir, si cualquier ciudadano o solo las autoridades ambientales pueden hacerlo.

La Corte Suprema de Justicia tendrá que decir qué animales tienen derechos y qué tipo

Ante este caso sin precedentes, ¿qué criticas le hicieron sus colegas?

Muchos usaron la falacia estúpida de que con el precedente de Chucho se podría reclamar el habeas corpus para una gallina, pero resulta que ese no es mi propósito. A mi me encanta la carne, pero yo sí quiero saber que el bistec que me voy a comer proviene de una vaca que tuvo una vida amable.

Hoy nos damos cuenta de que la acción del Ejecutivo o Legislativo no es suficiente, porque de lo contrario no habría tanta gente buscando declarar un río y animales sujetos de derechos. Ahora, yo no estoy peleando para que el Presidente de la República le dé un subsidio familiar al oso Chucho, eso es una estupidez, yo busco herramientas para que los animales puedan defenderse del maltrato ante los tribunales judiciales.

¿Por qué cuando se declara un río sujeto de derechos no causa tanto revuelo como sí pasó en el caso del oso Chucho?


Porque hay una ligera conexión entre la declaratoria del río con los intereses humanos. Me explico, en el caso del río Atrato, a través de acciones de tutelas, se amarra los derechos fundamentales de la comunidad al ecosistema del río y como es una relación evidente, no hay tanto aspaviento con el tema.

También está a cargo del osezno de anteojos rescatado en Antioquia, ¿cuál es su historia?

Me entero de Remedios (osezno de anteojos) en la audiencia del oso Chucho en agosto de 2019. Remedios es un osezno que, al parecer, en una tala de bosques ilegal en el municipio de Remedios, Antioquia, estaba con su madre y sus dos hermanos. Al escuchar la caída estrepitosa de los árboles, Remedios se separa de su familia. Unos campesinos lo recogen y la entregan a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CorAntioquia).

Pero esta institución no lo regresó a su hábitat natural sino que lo envió al Zoológico Santa Fe de Medellín. Interpongo un habeas corpus ante el Tribunal Superior de Medellín y evidentemente me lo niegan. Llega a la Corte Constitucional y en segunda instancia, el magistrado Luis Armando Tolosa defiende la viabilidad de proteger la libertad de Remedios y a él se suma otro magistrado. Pero no pasó nada.

El pasado 13 de enero radiqué una solicitud de revisión. Tengo la esperanza de que la magistrada Fajardo lo incluya en el mismo expediente del oso Chucho. En el caso de Remedios es más sencillo que sea reincorporado a su hábitat porque solo tiene dos años. Pero en la medida que dejamos pasar el tiempo va perdiendo esa oportunidad. Hoy sigue en exhibición en un zoológico.

Oso Chucho

'Chucho' nació a mediados de los noventa en una reserva natural, en Nariño. Hoy vive en cautiverio en el zoológico de Barranquilla, a donde fue trasladado en el 2017 desde Manizales.

Foto:

Vanexa Romero / EL TIEMPO

¿Qué hizo en el polémico caso de las cuotas de aletas de tiburón?

Puse una acción de tutela que desembocó en la famosa medida cautelar en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dice al Gobierno que retire de la resolución 350 de 2020 las expresiones “aleta de tiburón”. Ya conocemos la polémica que suscitó, ya que al señalar que era posible comercializar 15,2 toneladas de aletas de tiburón, se creó el imaginario de que se autorizaba la práctica del aleteo, que está prohibida desde 2017. Entonces, la medida cautelar la notifican el 19 de noviembre de 2019, la damos a conocer y el Ministerio de Agricultura dice que no está notificado. Curiosamente en la nueva resolución que expidieron en diciembre retiran las dos expresiones.

Este tema generó indignación en redes sociales. Solo usted decidió llevarlo a los juzgados, ¿por qué?

Creo mucho en los movimientos sociales, pero también sé que si la protesta no va acompañada de acciones reales es muy difícil lograr algo. Yo podría quedarme en las calles protestando, pero he tenido la fortuna de acceder a estudios universitarios de hacer maestrías para usar otros mecanismos. Me he despojado de ese miedo que se siente al liderar este tipo de causas, porque en este país no es fácil asumirlas. Confío en la democracia y en los escenarios de diálogo de ideas y por eso acudo a la justicia. Sin embargo, no ha sido fácil, porque lo primero que aparecen son las descalificativos. Me dicen que soy un loco y que no tengo idea de nada.

¿Eso se lo dicen algunos ambientalistas que no están de acuerdo con algunas sus posiciones?

He recibido ataques de la directora del Zoológico de Barranquilla en donde está el oso Chucho. Sin embargo, no necesito hacer un doctorado en Ecología o Biología para entender lo que sucede con nuestra biodiversidad, es solo sentido común.

En su último caso logró que Colombia esté cada vez más cerca de proteger a las abejas, ¿qué argumentos presentó?

Instauré una acción popular ante el Tribunal de Cundinamarca por la muerte de las abejas en Colombia, porque resulta que la Unión Europea prohibió y limitó el uso de sustancias como Clothianidin, Thiamethoxan, Imidacloprid y Fipronil (que pertenecen a los Neonicotinoides), ya que científicamente está probada la relación entre su uso indiscriminado y el colapso de las colmenas.

El primer paso que di en esta acción popular fue pedir que se aplicaran los estándares europeos al uso de los Neonicotinoides en Colombia. Afortunadamente el resultado del fallo del Tribunal dice que si bien no hay pruebas contundentes en lo local, en el mundo sí hay muchas.

¿Qué acciones deberá tomar el Gobierno?

El magistrado evidencia que hay una desarticulación institucional muy grande. Entonces, ordena crear una mesa de trabajo con delegados de Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Sociedad de Agricultores de Colombia, la Fundación Natura (porque envió información científica) y yo.

También ordena profundizar en la investigación científica y en la valoración del estado actual de la ciencia en relación con el impacto de los Neonicotinoides en la mortandad de abejas y otros insecticidas. Es que hoy están tomando decisiones sin medir consecuencias más allá del marco de referencia que les da quien solicita la autorización.

Además, el Tribunal dice que, de encontrar evidencia suficiente, lo cual no implica certeza absoluta (principio de precaución), tendrán que avanzar en la disminución y una eliminación gradual del uso de tales sustancias en la práctica agrícola y buscar alternativas. Ahora, la mesa se conformará dentro del mes siguiente si el Gobierno no apela.

TATIANA ROJAS
PERIODISTA MEDIOAMBIENTE
@Fanzinerosa

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