‘La deforestación va a un ritmo exagerado con o sin pandemia’

‘La deforestación va a un ritmo exagerado con o sin pandemia’

Procuraduría delegada de asuntos ambientales solicitó crear un registro de zonas deforestadas.

Carretera ilegal en San José del Guaviare

Vía ilegal Calamar- Miraflores, en última fue legalizada. Por donde va la vía, se puede ver cómo también avanza la deforestación. 

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Tatiana Rojas Hernández

Por: Tatiana Rojas Hernández
27 de abril 2020 , 09:41 p.m.

Muchos están preocupados porque los acaparadores de tierras, las mafias y demás interesados en tumbar el bosque en la Amazonia, aprovechen la emergencia sanitaria que vive el país por la covid-19, para seguir quemando y tumbando sin ninguna restricción. Como está ocurriendo en la Amazonia brasilera (en lo que va del año la deforestación se incrementó en un 51 por ciento respecto al año pasado). 

Sin embargo, para el procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, Diego Fernando Trujillo, la pandemia no podrá ser una excusa, ya que este fenómeno ocurre con o sin crisis sanitaria.

De ahí que, Trujillo le ha solicitado al presidente Iván Duque, declarar la situación de emergencia ecológica y climática en el territorio nacional, con el fin de tomar medidas contundentes contra la deforestación y actividades conexas que degraden los recursos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad del país.  Además, le solicitó la creación de un registro nacional de zonas deforestadas para desincentivar esta práctica. 

En conversación con EL TIEMPO, Trujillo profundizó sobre los alcances de esta medida y de su posición frente a la audiencia públicas virtual para evaluar el regreso de la aspersión aérea con glifosato. 

Sí, hemos recibido denuncias de que ya hay fumigación en algunos territorios. Sin embargo, no hemos podido establecer quién está detrás de esas operaciones

Usted cree que por en medio de esta pandemia se va a incrementar la deforestación? ¿Les han llegado denuncias de tala y quema?

La deforestación en este país tiene un ritmo exagerado con o sin pandemia. Lo que puede ocurrir es que la mafia y la delincuencia, que se está apoderando de las zonas rurales, estén aprovechando que el Ejército se está dedicando a otras labores en esta emergencia, por lo tanto, puede haber menos personal disponible. Sin embargo, sabemos desde antes de la pandemia que el comercio ilegal de madera y deforestación está disparado, no solo en la Amazonas, también en Antioquia y Chocó. Hay que tener en cuenta que hoy está restringida la tala, pero eso no es inconveniente para las mafias que tienen complicidad en algunos territorios de algunas autoridades ambientales.

¿No es hora de que instituciones como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entreguen cifras de deforestación en tiempo real de lo que ocurre?

Claro que ya es justo que las autoridades ambientales, el Ministerio de Ambiente, el Ideam tengan las herramientas tecnológicas, que ya existen en el mundo, como el monitoreo en tiempo real por los satélites que detectan el calor en el suelo y toman fotografías con una resolución increíble. Solamente es usar los recursos de la cooperación internacional de países como Noruega, Alemania y Reino Unido que han aportado y siguen aportando recursos financieros a las instituciones que atacan la deforestación. Esto le permitiría al Ejército atacar a esos grupos cuando empiezan a quemar. Por otro lado, es necesario dotar al Ejército de un equipo distinto, porque hoy la guerra no en contra una subversión abierta, la lucha se debe encaminar a la defensa del medioambiente.

En la carta que envió al presidente Iván Duque, en la que le exigen declarar una emergencia ecológica y climática por la deforestación, le piden que ponga en marcha el registro nacional de zonas deforestadas. ¿cómo ayudaría a desincentivar esta práctica?

Este registro que proponemos ya está establecido en normas penales como el comiso y registro que se utiliza para cualquier tipo de delito. Los jueces y fiscales tienen la obligación de tomar decisiones con el bosque deforestado. Si yo ubico la zona, hago un catastro multipropósito, tendremos una georeferenciación de las zonas que son atacadas por delitos ambientales, se sacan del comercio y evitamos que la ilegalidad, disfrazada posteriormente de legalidad aparezca. Es decir, evitamos que empresas muy serias como las agroindustriales, petroleras, mineras, sigan usurpando un territorio que en principio tomaron por vía ilegal. Este registro nos ayudaría a sacar del comercio esos predios, y que nadie los pueda explotar.


Nos han dicho que la ilegalidad es la que está detrás de la deforestación, pero vemos que la legalidad también, como lo ocurrido con los alcaldes que promovieron la deforestación en el Guaviare para construir una carretera en medio de la selva. ¿Cómo terminan colaborando juntas?

El Estado tiene que tener mucho cuidado porque hay mucho presupuesto destinado a invertir en la ruralidad, pues uno de los puntos del Acuerdo de Paz es llevar presencia estatal, infraestructura y servicios, pero no podemos confundirnos, porque puede estar fomentando, construyendo vías que están incentivando la ilegalidad. Tenemos que tener cuidado de no estar construyendo carreteras para las hidroeléctricas ilegales que ya están invadiendo territorio, a la minería ilegal. El llamado de la Procuraduría es tener cuidado al planificar estas obras terciarias.

Además, las empresas que estén explotando un territorio, deben tener la certeza de que están en un territorio legal y que el Estado tiene permitido ese uso, de lo contrario, serán cómplices y deberán ser castigadas ejemplarmente. El día en que los empresarios colombianos no permitan que a sus canales de legalidad circulen bienes o dineros producto de la ilegalidad, este país será otro. Esto es un llamado a la banca, a los comercializadores de oro, de madera, de hidrocarburos. La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, dijo que casi el 85 por ciento de la minería de metales preciosos es ilegal, porque no les importa acabar con bosques y ríos, y porque no son castigados. Esto es preocupante, porque mientras el valor del petróleo cayó, el precio del oro está disparado.

Ustedes piden acompañar los operativos que se hacen para frenar la deforestación, tiene que ver con lo que ocurrió con la operación artemisa en parques nacionales?

Respecto a la operación que involucró a campesinos que, en a veces llevan muchos casos en estas zonas, hemos pedido a Parques Nacionales y a la Fiscalía que tengan mucho cuidado en la caracterización de los campesinos que están encontrando, porque algunos pueden probar que viven ahí antes de la declaratoria como área protegida. Campesinos que pueden convertirse en guardabosques y ayudar a la justicia. Porque criminalizar a estas personas no es el camino, es volver a activar la guerra por la tierra con gente que nunca ha tenido justicia rural y agraria. Ahora, no hemos visto aún resultados contra organizaciones criminales que están sembrando cultivos ilícitos, monocultivos, llevando ganado a áreas protegidas.

En relación a las audiencias públicas virtuales, en el caso del regreso de la fumigación aérea con glifosato, ¿qué posición tienen? Porque algunos líderes están denunciando que en zonas como Nariño y Chocó ya están haciendo esa fumigación.

Sí, hemos recibido denuncias de que ya hay fumigación en algunos territorios. Sin embargo, no hemos podido establecer quién está detrás de esas operaciones, porque al no tener un decreto reglamentario que las autorice, son completamente ilegales. Ahora, nuestra posición en ese sentido, trata de ser muy transparente y objetiva, porque tanto las consultas previas como las audiencias públicas, tienen que garantizar la participación de todas las comunidades afectadas. Por ejemplo, la fumigación con glifosato que afectará a más de 14 departamentos y más de 100 municipios. Como esa actividad puede llegar a afectar el agua y el suelo de esas comunidades, la Procuraduría ambiental está muy alerta de cómo se adelantan esos procesos.

¿Por qué la Procuraduría intercede para que no se lleven a cabo audiencias públicas para minería e infraestructura, pero el regreso de la fumigación aérea con glifosato sí lo están permitiendo?

Si la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la Policía Antinarcóticos creen tener la suficiente infraestructura técnica para realizar esa audiencia, bienvenidas, e incluso creemos que serán un experimento muy valioso. Pero, para la minería y proyectos de infraestructura no opera igual, porque las condiciones de inseguridad que rodean el narcotráfico y sus cultivos ilícitos, no es lo mismo que la pobreza que rodea los proyectos que han tenido que frenarse por la pandemia.

Redacción Medioambiente
leyroj@eltiempo.com

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