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La Cumbre del clima que le sirve a Colombia
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A la Cumbre de líderes climáticos asistieron 40 mandatarios, entre los cuales estuvo el presidente de Colombia, Iván Duque.

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La Cumbre del clima que le sirve a Colombia

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Colombia fue invitado a la cumbre del clima llevada a cabo el pasado 22 de abril.

Colombia se ha mostrado fuertemente comprometido en la lucha contra el cambio climático, por lo cual fue invitado a la cumbre del clima llevada a cabo el pasado 22 de abril, que dejó como conclusión los próximos compromisos mundiales.

Esta semana se llevó a cabo la Cumbre de líderes climáticos convocada por el presidente Joe Biden. Asistieron 40 mandatarios entre los cuales estuvo el presidente de Colombia. La invitación a este último se debió a que en diciembre de 2020 hizo un anuncio que a muchos sorprendió, pero que sugiere un liderazgo climático necesario en Latinoamérica, si tomamos en cuenta su evidente fragmentación que incide (cómo no) en las negociaciones climáticas.

El presidente Duque anunció la nueva meta de reducción de emisiones de carbono: reducir en 51 % sus emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a la proyección de emisiones para 2030, según el escenario de referencia calculado en el año 2020.

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Teniendo en cuenta esta meta el país bien podría liderar un proceso regional con miras a fortalecer su posición negociadora en la COP 26 de Glasgow. Ya el presidente Duque anunció su intención de negociar un canje de la deuda por los servicios ecosistémicos asociados a la conservación y restauración de nuestros bosques.

Este liderazgo podría extenderse a los países de la alianza ABU (Argentina, Brasil y Uruguay), pues el presidente de Argentina, Alberto Fernández, hizo idéntico anuncio de canje de deuda el pasado jueves. Así se fortalecería, igualmente, el grupo de AILAC (Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú). Todo esto le permitiría al país explorar este tipo de iniciativas de negociación innovadoras en el marco del artículo VI del Acuerdo de París, que actúa sobre mecanismos de mercado e intervenciones para reforzar la ambición climática.

La noticia esperada

La gran expectativa de la Cumbre que acabó el pasado viernes era la de conocer la nueva meta de los Estados Unidos. Y, por supuesto, la posición de China. Hay que recordar que este país se había retirado abruptamente del Acuerdo de París por iniciativa del presidente Donald Trump, quien inició el proceso de retiro en 2017, aunque este solo se hizo efectivo en 2020.

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Pues bien, uno de los primeros anuncios que hizo Joe Biden en su campaña fue que regresaría a su país al Acuerdo de París. Expidió una orden ejecutiva de gran alcance, que facilita los medios para que se hagan las transiciones para llevar a la economía de los Estados Unidos a la neutralidad en carbono antes de 2050 y al sector energético a esa misma neutralidad en 2035.

El presidente Biden anunció el pasado jueves que la nueva meta de su país oscilará entre el 50 % y el 52 % de reducción de emisiones de carbono. Es una meta que no alcanza a duplicar la anterior, aún distante de la de la Unión Europea que es de 55 %. Esta meta, para algunos analistas, no es suficiente para enfrentar la crisis.

Estados Unidos se había comprometido en el Acuerdo de París (2015) a reducir sus emisiones para 2025 entre el 26 y el 28 % respecto a los niveles de 2005. Después de promulgada la orden ejecutiva (OE) de J. Biden, la organización Climate Action Tracker (CAT) examinó la realidad climática de EE. UU. y del mundo, y concluyó que para que ese país contribuya con la meta del Acuerdo de París –limitar el aumento de las temperaturas globales a menos de 1,5 °C– debería reducir al menos un 57 % sus emisiones antes de 2030.

Otros especialistas creen que esta meta debía estar entre 57 y 63 %, teniendo en cuenta las emisiones de 2005. Autoridades de la Unión Europea y grupos activistas pidieron, días antes de la Cumbre, que EE. UU. se comprometiera a reducir sus emisiones al menos en un 50 % antes de que acabara esta década, bajo los niveles de 2005.

Para Colombia este nuevo liderazgo climático de los Estados Unidos representa una oportunidad. En efecto, la sección 102 de la Orden Ejecutiva Biden establece que EE. UU. comenzará a elaborar y desarrollar un plan de financiamiento climático internacional, mediante canales e instituciones multilaterales y bilaterales, orientado a ayudar a los países en desarrollo a implementar medidas ambiciosas de reducción de emisiones, proteger ecosistemas críticos, desarrollar resiliencia contra los impactos de la crisis climática, promover flujos de capitales hacia inversiones climáticas, y prescindir gradual, pero aceleradamente, de los negocios en combustibles fósiles. Ya el embajador de Estados Unidos en Colombia dio una señal positiva en esta dirección.

Un ‘pacto verde’

No será fácil cumplir la meta nacional del 51 %; pero si sumamos esfuerzos de manera coordinada –según sugieren analistas–, esta meta es posible. Y algo más: es necesaria para transformar nuestra economía y alinearla con la nueva tendencia global de las economías descarbonizadas. Algunos expertos han opinado que Colombia no está preparada para cumplir su meta de 51 % de reducción en sus emisiones.

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El compromiso que adquirió el país consiste en emitir, como máximo, 169,44 millones de tCO2eq en 2030 –actualmente se emiten cerca de 237 millones anuales– iniciando un decrecimiento en las emisiones entre 2027 y 2030 tendiente hacia la carbononeutralidad antes de 2050, como han anunciado que lo harán las grandes economías del mundo.

Esto implica una transformación a fondo de la economía.
Por eso, si la sociedad en su conjunto asume esta meta como propia y emprende la construcción de un pacto verde que agrupe a los sectores estratégicos de la descarbonización –tanto a nivel nacional como regional, incluyendo al sector privado, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil organizada, además (por supuesto) del Gobierno nacional y de los gobiernos locales–, podremos lograrlo.

Ahora bien, el ‘Segundo reporte bienal de actualización de Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el cambio climático (2018)’ del Ideam, indica que nuestro principal problema radica en el sector rural: el uso de la tierra, las malas prácticas agrícolas y ganaderas, y, por supuesto, la deforestación. Este sector (Afolu) aporta cerca del 55 % de nuestras emisiones. Un pacto verde colombiano debería empezar por el campo, por los problemas de la deforestación para llevarla a cero en el menor tiempo posible.

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No será fácil cumplir la meta nacional del 51 %... si la sociedad asume esta meta como propia y emprende la construcción de un ‘pacto verde’ que agrupe a los sectores estratégicos, podremos lograrlo.

El objetivo global de carbono cero antes de 2050 es alcanzable si se detiene la deforestación en los países tropicales, se cambian las prácticas agrícolas y ganaderas, se mejora la eficiencia en la generación eléctrica y en la transmisión y consumo de energía, se transforma el transporte público y se acelera la electrificación del transporte privado.

Todo ello necesita de una base educativa muy sólida: ampliar la formación universitaria para la acción climática, incorporar y educar masivamente sobre las tecnologías de ahorro y eficiencia energética en la construcción y rehabilitación de edificios, y desarrollar células fotovoltaicas y tecnologías eólicas más baratas, entre otras muchas asignaturas pendientes. Se sabe que todo ello representará grandes oportunidades de empleo, educación y gestión de una nueva cultura de la convivencia humana.

El objetivo de la legislación europea de garantizar un aumento notable de las energías renovables se ha estado impulsando a partir del Green New Deal. Los países deben armonizar sus políticas para actuar de una manera rápida, coordinada y eficiente.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) podría crear una instancia de coordinación de la descarbonización que aproxime una forma inédita de gobernanza climática global. Expertos aseguran que la necesidad de esta nueva instancia se justifica debido a que las NDC (contribuciones nacionalmente determinadas) que soportan el Acuerdo de París, son acciones voluntarias de los gobiernos no necesariamente ligadas a la descarbonización de las economías.

La Cumbre convocada por Joe Biden dejó al descubierto, al mismo tiempo, la fragilidad de las negociaciones y la fuerza de la acción climática de los grupos no estatales. Debido a ello, consideramos que esta nueva dinámica multilateral solo será posible si los ciudadanos exigen a los formuladores de políticas públicas una acción climática de nivel y alcance superiores capaz de acelerar los procesos y los cambios.

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Ahora bien, el diseño y la puesta en marcha de los ‘pactos verdes’, así como el avance de los grupos no estatales, pueden leerse, quizá, como el motor de una nueva gobernanza global. Asimismo, sin una cruzada educativa global y un programa internacional coordinado para enseñar las asignaturas de la descarbonización estaremos condenados al peor de los escenarios: la catástrofe anunciada por los científicos del IPCC en el Global Warming of 1,5 °C (2018).

Como referente del Pacto Verde colombiano podemos tener en cuenta algunos hechos recientes: primero, el pacto verde formulado por el Parlamento Europeo antes de la pandemia –que respondió al Informe 1,5 ºC del IPCC de 2018 y a la evolución de la crisis climática en 2019–; y segundo, la estructuración, el primer trimestre de 2021, de un paquete de recuperación económica en Europa, para atender la crisis pandémica a partir de estrategias de crecimiento verde.

Estas iniciativas pueden ser un buen marco de referencia para el Pacto Verde de Colombia, ya que contemplan acciones para una recuperación ecológica e inclusiva, las transiciones hacia una economía de bajas emisiones, y uso de las finanzas para una recuperación verde. Realizar seguimiento del progreso mediante datos pertinentes, comparables y oportunos.

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La Unión Europea anunció recientemente que el billón de euros que tenía destinado movilizar entre 2027 y 2030 los movilizará entre 2021 y 2030, para impulsar la transición hacia una economía verde y baja en carbono. Las inversiones verdes serán una de las claves de este fondo de reconstrucción. El Pacto Verde Europeo incluye energía limpia, industria sostenible, construcción y renovación urbanas sostenibles, movilidad sostenible, protección de la biodiversidad, producción y mercadeo agrícola local y control de la contaminación.

Por último, Colombia puede liderar en Latinoamérica una especie de club climático de la alta ambición, cuyos miembros apliquen medidas similares, como el ajuste en la frontera del carbono, la lucha contra la deforestación, la defensa del Amazonas y el bosque húmedo tropical, y la dotación de recursos de transición en la economía pospandemia.

Articular la acción climática con un nuevo marco de política exterior para el periodo 2021-2030, basado en el Pacto Verde. Responderíamos así a los retos geopolíticos de la descarbonización y aseguraríamos una eficaz hoja de ruta de nuestra meta del 51 % de reducción de emisiones.

(Lea también: Colombia prohíbe los productos con mercurio añadido)

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MANUEL GUZMÁN HENNESSEY* Y JUAN PABLO RUIZ**
PARA EL TIEMPO

(*) Manuel Guzmán Hennessey es profesor de la Universidad del Rosario, columnista de opinión, autor de numerosos libros sobre la crisis climática y director general de Klimaforum Latinoamérica Network KLN.

(**) Juan Pablo Ruiz es consultor, miembro del Foro Nacional Ambiental, profesor universitario y columnista de opinión.

REDACCIÓN DOMINGO

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