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Medio Ambiente

Contraloría cuestiona en qué se usa la plata de los impuestos verdes

Siete de cada 10 colombianos ya no usa bolsa plástica

Siete de cada 10 colombianos ya no usa bolsa plástica

Foto:Archivo / EL TIEMPO

Analiza el impuesto nacional al carbono y el de consumo de bolsas plásticas. 

En diciembre del año pasado, EL TIEMPO denunció el laberinto de trabas en el que se encuentran los más de $700.000 millones recaudados por el impuesto nacional al carbono entre 2017 y septiembre de 2018. El dinero, que se supone va para temas relacionados con medioambiente y posconflicto, no se ha usado y sigue quieto como Presupuesto General de la Nación, en el Ministerio de Hacienda.
Hoy la Contraloría General se pronunció al respecto e hizo un llamado sobre el “alto grado de incertidumbre en la eficiencia y efectividad de los incentivos tributarios para el medio ambiente”, refiriéndose no solo al impuesto al carbono sino al impuesto de bolsas plásticas y la “desafortunada destinación” que se la ha dado a los recursos.
En cuanto al primero, la entidad pide que se asegure que los recursos recaudados sean realmente direccionados al sector ambiental. Del monto, el 30 % se destina a temas medioambientales, mientras que el 70 % restante va a la implementación del Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc.
Para el caso del impuesto al consumo de bolsas plásticas, la Contraloría solicita vincular a otros agentes económicos que hoy no son responsables del tributo, pues hoy en día únicamente están obligados los responsables del IVA pertenecientes al régimen común, como supermercados, grandes superficies o almacenes de cadena.
De acuerdo con la DIAN, a 30 de junio de 2018 el recaudo de este impuesto asciende a $14.510 millones de pesos, aunque la entidad aclaró que no puede determinar con certeza el valor específico de dicho recaudo.
“El Estado no cuenta con adecuados sistemas de control y verificación que permitan valorar si los beneficios tributarios otorgados corresponden con los resultados ambientales esperados”, advierte. Por ejemplo, “si una persona o una empresa declara una inversión para la mejora en la calidad del aire, no se verifica si la misma está funcionando, si costó el valor declarado y, lo más importante, si se logró el beneficio ambiental”.
El estudio adelantado por la Contraloría Delegada para el Sector de Medio Ambiente abarcó también una evaluación de otros instrumentos de política para la gestión ambiental como son los subsidios directos y específicamente dos: el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) y el esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA).
De acuerdo a información reportada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, durante el período 2014-2017 se sembraron en el país 26.773 hectáreas a través del CIF, principalmente en los departamentos de Vichada, Antioquia y Meta, siendo 2015 el año en que más cantidad de hectáreas se sembraron.
Sin embargo, esta cifra no supera el 0,023 % del territorio nacional (114 millones de hectáreas) y las 4.966 hectáreas sembradas en 2016 no superan el 3 % de la tasa anual de deforestación de ese año, calculada en 178.148 hectáreas, según el Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (Ideam). 
Según reporta también Minagricultura, en el período 2014-2017 el Estado invirtió en el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) un total de $23.623 millones, de los cuales $16.841 millones se invirtieron en establecimientos de plantaciones y $6.782 millones en su mantenimiento.
“El seguimiento y monitoreo que se hace al CIF es muy juicioso, pero frente a la alta presión que se ejerce sobre los bosques naturales de Colombia, teniendo en cuenta el aumento en la deforestación que para el año 2017 llegó a 219.973 hectáreas, resulta ser un instrumento insuficiente para reducirla”, asegura la Contraloría. “Su efectividad para contribuir a reducir el impacto sobre los bosques naturales y el potencial para capturar los gases efecto invernadero (GEI) aún son muy bajos”, remata.
REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE
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