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Impunidad, el sello de las historias de líderes ambientales asesinados

Impunidad, el sello de las historias de líderes ambientales asesinados

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Conozca los casos de cinco colombianos a quienes mataron por defender la naturaleza en el país.
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A ellos los mataron por defender la naturaleza.

Las historias de vida, y muerte, de Luis Arango, Wilton Orrego, Javier Parra, Edwin Dagua Ipia y José Yimer Cartagena son desconocidas para casi todos los colombianos. Pero debían significar mucho. Aún más en momentos en los que los largamente anunciados estragos del cambio climático ya empiezan a sentirse, y a asustar, por todo el globo: desde la China inundada por las lluvias fuera de estación hasta la Europa y los Estados Unidos que marcan las más altas temperaturas desde que existen registros confiables.

Ellos decidieron, en un ambiente hostil, atravesarse en la ruta de los que están acabando con los ríos, selvas y páramos del país.

Pero Colombia, la segunda nación más biodiversa del mundo después de Brasil, es –como su gigante vecino– una tierra peligrosa para ejercer ese ‘liderazgo verde’. Y no de ahora, sino desde siempre.

A Melquisedec Fernández, una de las primeras voces que se alzaron en defensa de ese entorno mágico llamado Caño Cristales, en la Serranía de la Macarena, lo mataron en 1994 y aún se desconoce quiénes lo asesinaron. Lo cierto es que el grupo armado ilegal imperante en la zona eran las Farc. En su caso no solo no ha llegado la justicia: su familia completa 17 años viviendo en el exilio, en Canadá, por cuenta de las amenazas.

Mas de un cuarto de siglo después, la pasión por el río de los siete colores también le costó la vida a Javier Francisco Parra, coordinador de Cormacarena al que conocían como el ‘guardián de Caño Cristales’.

Lo asesinaron el 3 de diciembre del año pasado, año y 10 meses después de haber denunciado las amenazas de las disidencias del Frente 7 de las Farc. En la Macarena, las disidencias obtienen rentas ilegales no solo de la coca y la minería ilegal sino del tráfico de maderas finas.

Al otro lado del país, en la Sierra Nevada de Santa Marta, la misma lucha contra los depredadores ambientales de todos los pelambres también resultó mortal para Wilton Orrego. En enero del 2019 su nombre entró en la lista de 13 funcionarios de Parques Nacionales Naturales asesinados desde 1994, cuando los paramilitares de Hernán Giraldo mataron a Héctor Vargas, también en tierras del Tayrona.

Por años, con su familia, Wilton fue invasor y aserrador ilegal en la Sierra. Pero enfundado en el uniforme azul de Parques Nacionales se convirtió desde 2016 en el más acucioso defensor de un ecosistema amenazado principalmente por la presencia y los negocios de narcos y bandas criminales herederas de los viejos grupos ‘paras’. A él le disparó un gatillero de ‘Los Pachencas’ –la banda que hoy manda en la región– que fue capturado por otros crímenes, pero nada se ha avanzado en las autorías intelectuales.

“Ya mi hijo cumplió más de dos años de muerto y es la hora que no se sabe nada”, se duele su madre, doña María Etelvina León.

Los mataron por decirle ‘no’ a la coca

La oposición a los narcocultivos fue lo que desencadenó, según sus allegados, los crímenes de Edwin Dagua y José Yimer Cartagena.

Edwin fue acribillado por dos sicarios en moto el 7 de diciembre de 2018 en zona de resguardo nasa entre Caloto y Toribío, norte del Cauca. Tenía 28 años y era reconocido entre su comunidad por su labor social, la misma que lo llevó a denunciar y a oponerse a la expansión de los sembradíos de coca en los resguardos y al reclutamiento de menores indígenas perpetrados por la ‘Dagoberto Ramos’, la disidencia de las Farc que tiene azotada esa región. Entre el pueblo nasa nadie duda de que los asesinos y la orden de muerte vino de esa organización criminal.

A José Yimer lo mataron integrantes del ‘clan del Golfo’ el 11 de enero de 2017 en Carepa, Antioquia. Un día antes, fue secuestrado en Tierralta, Córdoba, su municipio. Lo torturaron y asesinaron por liderar los planes de sustitución de cultivos de coca que beneficiaron a centenares de familias del Nudo de Paramillo después de la firma del Acuerdo de La Habana y que hoy siguen en veremos.

El crimen de Luis Arango, en Barrancabermeja, es de los pocos de la lista de líderes ambientales asesinados en los que hay responsables intelectuales capturados. En el 2009, después de años dedicado a impulsar pactos por la pesca responsable y a proteger las siete ciénagas de Barrancabermeja y el río Sogamoso, en Santander, le dispararon sicarios de ‘los Rastrojos’. Lo señalaban de haber impulsado la presencia policial en las ciénagas y, de coletazo, afectar sus negocios ilegales. Héctor Bedoya, alias Trinche, quien ordenó su muerte, paga 20 años de prisión. Y el que apretó el gatillo, 43 años.

Han pasado 12 años y las ciénagas de Barranca agonizan. Y en enero pasado hubo un fallido intento de asesinato contra Yuli Velásquez, que decidió seguir levantando las banderas ambientales que defendió Luis Arango.

EL TIEMPO envió a sus reporteros a las regiones para que reconstruyeran estas cinco historias de quienes dieron su vida en defensa de la naturaleza. Son también las historias de sus dolientes: esos a los que nunca nadie les había dado voz. Madres, esposas, hijos y colegas que siguen resistiendo, que quedaron rotos por la ausencia y que siguen esperando que la justicia muestre la cara.

CONOCE CADA UNA DE LAS HISTORIAS

Líderes ambientales asesinados desde la firma del proceso de paz
Fuente: Indepaz
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12 de febrero del 2009

5:30 a. m.

Una mujer delata a Lucho Arango con el alias ‘El Trinche’, líder de Los Rastrojos en la zona. Esta persona le dijo que Luis le informó al Ejército y la Policía de su presencia, y deciden su asesinato.

12 de febrero del 2009

9:30 a. m.

‘El Trinche’ planea el homicidio con ‘Pipe’, ‘Brayan’ y ‘Jonathan’. Se reúnen en el billar La Libertad, en Barrancabermeja, para pactar cómo sería el asesinato. Se acordó que ‘Brayan’ iría a buscar a Luis a decirle que los líderes de Los Rastrojos lo necesitaban para que les contara sobre el acuerdo de pesca del río Sogamoso.

12 de febrero del 2009

10:30 a. m.

Lucho llega al restaurante Burbujas, en Barrancabermeja, para una reunión que sostendría con funcionarios de la secretaría de Educación y otros compañeros de Apall.

12 de febrero del 2009

11:00 a. m.

‘Brayan’ llega al restaurante Burbujas, donde está Lucho. Allí le dice que lo necesitan para una reunión y lo lleva en un taxi hasta el barrio La Victoria.

12 de febrero del 2009

12:30 p. m.

Brayan’ hace bajar a Luis del carro, y se va. ‘Pipe’ (conductor de moto), llega con ‘Jonathan’ (sicario) y lo asesinan en el barrio La Victoria.

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La herencia del pescador
que quiso salvar
las ciénagas

Luis Arango lideró a los pescadores del Magdalena Medio por más de una década. Fue asesinado por ‘los Rastrojos’ en febrero de 2009 en Barrancabermeja, Santander.

Óscar Murillo Mojica @OscarMurillom

Enviado especial de EL TIEMPO

Luis Alberto Arango era más ciénaga que persona. Tranquilo y profundo. Aunque andaba con el corazón sedimentado, de tanto lodo, era el mejor lugar para navegar. También recio, cuando tocaba. Alto. Fornido. De sonrisa como río. De piel como el café tostado, de brazos fuertes para lanzar la atarraya lejos de la canoa y de voz firme como para separar las aguas, aunque no le hicieran caso.

Pescador. Compadre. Andariego.

Dary Chacón, su esposa, aún nada en él. Lo mataron hace 12 años, pero todavía lo escucha echando cuentos por ahí. En El Llanito —la tierra y el agua por la que dio su vida—, todos saben quién era, qué hizo y dónde está. Lo enterraron al frente de su casa, porque ahí queda el cementerio, a escasos 10 pasos, y porque, vivo o muerto, no podría estar en otro lugar. De las siete ciénagas que bañan a Barrancabermeja, Santander, la de El Llanito, que se alimenta del río Sogamoso, es una de las que más han sufrido los embates de la guerra.

En el Magdalena Medio santandereano nació el Ejército de Liberación Nacional (Eln) a mediados de los años sesenta, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tuvieron el control en los poblados más alejados en los ochenta y noventa, y a finales de los noventa y principios de los 2000, dos proyectos paramilitares confluyeron: el de Puerto Boyacá, Boyacá, en el sur, y el de la casa de los Castaño del Urabá.

Lucho Arango —Lucho, así le decían— empezó su historia como líder social en 1998, en pleno apogeo paramilitar, ingresando al Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), una corporación de derechos humanos.

Con sus manos amasó la canoa en la que se fue por el Sogamoso y el Magdalena a pescar a 15 líderes de diferentes municipios para proteger el agua y al bocachico, afectados por la industria petrolera, la ganadería, la pesca ilegal y los grupos armados, que encontraron en sus corrientes tranquilas las rutas perfectas para mover droga, muerte, gasolina, armas y lo que se les diera la gana.

En octubre del 2008, dos años después de terminado el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ocurrido entre el 2003 y el 2006, llegó al pueblo un grupo de hombres liderado por Héctor Bedoya —el vecino, amigo de los hijos de Lucho y Dary—, ya convertido en alias el Trinche, de ‘los Rastrojos’.

No hacía mucho era un pelado que jugaba microfútbol en el polideportivo de El Llanito, que corría por las calles de tierra, piedras y polvo del pueblo que no van a pavimentar nunca, y que hasta habrá tomado limonada en la casa de los Arango. Luis ya había sido elegido presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales y Acuicultores de El Llanito (Apall).

“…A mediados de octubre del 2008, Héctor Bedoya, alias Trinche, buscó a Juan Tercero y Luis Arango para que citaran a los presidentes de las JAC y de otras organizaciones para presentarse como el nuevo grupo que tomaría el control de la zona, a lo cual ellos manifestaron que los buscaran ellos mismos”. Este testimonio fue recogido por la Unidad de Apoyo de la Fiscalía Segunda de Barrancabermeja en la comunidad en el 2009, e integrado en el libro Lucho Arango, el defensor de la pesca artesanal, de la Universidad Pontificia Bolivariana y del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Luis era un pescador bonachón, divertido y frentero. Sabía empezar una conversación echando un cuento y se la pasaba con una carcajada en el rostro. Pero era clarito para explicar lo que pasaba y lo que se tenía que hacer para salvar a su ciénaga.

El 17 de enero del 2009, 26 días antes de que lo mataran entrando al barrio La Victoria, de Barrancabermeja, obtuvo su mayor logro como líder ambiental: el acuerdo del Río Sogamoso-Complejo Llanito, que además de la suya, recibió la estampa pública del alcalde de Barranca, del comandante del Puesto Fluvial Avanzado n.° 13 de la Armada Nacional, del comandante de la estación de Policía y del director de la Asociación de Pescadores del Magdalena Medio (Asopesamm).

Este acuerdo fue el resultado de más de una década de liderazgo social, de sacrificar su vida para que la ciénaga viviera, de dejar plantada a Dary con el almuerzo servido —casi siempre bagre, que era su favorito—, por andar en reuniones y recorridos.

Todos los días salía madrugado. Caminaba algunas cuadras rodeando el cementerio, pasaba por la casa de su mamá, por la Junta de Acción Comunal que hoy lleva su nombre, por el tanque de agua elevado que parece la torre de una parroquia, hasta llegar a la carretera de El Llanito, donde lo recogía el bus que lo llevaba en 30 minutos hasta la ciudad.

El acuerdo del río Sogamoso era clarito, como Lucho. Cinco puntos para salvar el agua y sus peces. Uno: no pescar en un kilómetro aguas arriba y un kilómetro aguas abajo de la boca del caño San Silvestre, en las temporadas de bajanza. Dos: en el día se podrá pescar con atarraya, en el área definida anteriormente. Tres: se prohíbe el uso del deslizado o trasmallo de día y de noche, en el área definida anteriormente. Cuatro: se prohíbe la pesca desde las 6 p. m. hasta las 6 a. m., con cualquier clase de arte y método de pesca. Cinco: se acuerda con la Armada y la Policía el acompañamiento del control y la vigilancia de los artes y métodos ilícitos de pesca en el río Sogamoso y el complejo El Llanito.

Panorámica de Barrancabermeja, con el río Magdalena como telón de fondo. En esta ciudad asesinaron al líder pescador Luis Arango, quien luchaba por la preservación de las ciénagas.

Foto: Julián Espinosa. EL TIEMPO

“El trabajo de mi papá era liderar a los pescadores. Siempre estuvo pendiente en la lucha por la ciénaga de El Llanito. Me acuerdo en esos tiempos que pasó lo de su muerte, que él era muy cercano al alcalde en su momento y que tuvieron roces, porque llegaron a unos compromisos para el cuidado de la ciénaga —porque había mucha pesca ilícita— y se organizaron unos patrullajes, y la policía venía y acompañaba a los pescadores para hacer esos recorridos, pero ese apoyo empezó a perderse (…), entonces mi papá estaba sentido con lo público, se sentía abandonado”.

Quien habla es Luis Arango, uno de los hijos del líder pescador. Llevan el mismo nombre. Se parecen, eso dice Dary. La sonrisa —aunque es mucho más tímido y reservado que su padre— es la misma. Es un hombre que calma como la brisa de las cinco de la tarde a orillas de la ciénaga, dueño de una voz pausada y serena. El día que mataron a su papá estaba en el primer día de trabajo en Bogotá. Se había ido a aventurar a la capital. Pero regresó, enterró a su guía y maestro, y echó raíces en su tierra natal.

***

Antes de acabar con las ciénagas de la región, el trasmallo acabó con Luis Arango. Es una red infame, como una prisión de máxima seguridad. Que solo necesita a un hombre para lanzarla y recogerla. Que se queda flotando, matando, agarrando cualquier cosa que nade, por horas y horas. Extensa, como una sábana de cuchillas que corta milimétricamente el agua; no hay espacio para escapar.

Dice Calixto Rivera: pescador, líder, primo hermano de Lucho Arango —mientras teje una atarraya al frente de su casa— que con una red como la que baila entre sus dedos pueden pescarse cientos de bocachicos, pero que con el trasmallo se pueden sacar 2.000 o 3.000 peces en una sola tanda. Eso estaba acabando con la pesca en los tiempos de Luis Arango, y sigue acabándola hoy, 12 años después.

“La muerte de Lucho se da a raíz de unas acciones que estábamos haciendo, que era cuidar la ciénaga. Se estaban quitando trasmallos y la comunidad dijo: ‘al que se vea tirando esto se le quita y se quema, y la canoa se la daña’. Como aquí había unos integrantes de los paramilitares, estaban aquí, los había dejado el comandante ese que para que nos ayudara, y lo que vinieron fue a jodernos, le cogieron bronca a él porque era el presidente de la asociación”, revuelve sus recuerdos Calixto.

El acuerdo que firmó Luis no solo ponía freno a prácticas ilegales de pesca. Debido a los patrullajes de la policía y la armada, salieron a la luz aguas turbias que eran usadas descaradamente por grupos ilegales para moverse. Sin embargo, la razón por la que lo asesinaron fue por una canoa con motor que la policía decomisó la madrugada del 12 de febrero de 2009. Lo culparon de haber llamado a las autoridades para que eso ocurriera.

…Se nos bajó la gana de estar luchando porque uno quiere la vida y a su familia, y si ya pasó con el primero, tememos que nos pase lo mismo.

Ulfran Zambrano

Presidente de la Asociación de Comerciantes del sector La Rampa de Barrancabermeja

El día que mataron a su esposo, Dary soñó que la muerta era ella. Se vio, mientras volaba por la sala de la casa, en un cajón, en su propio velorio. Por la ventana, atrás, el cementerio. Una multitud lloraba y ella consolaba a Luis. Cuando se despertó, pasadas las 5 de la mañana, lo notó inquieto. Entraba y salía del cuarto. Caminaba. Se bañó. Se vistió. No quiso tinto.

“Después se sentó a mi lado, me quedé acostada, me abrazó y me dio un beso impresionante, y le dije: ‘ni que no fuera a venir jamás’. Él se quedó mirándome, me abrazó fuerte otra vez, sonrió y se fue”. Ella se volvió a dormir. Y no soñó más.

Mientras tanto, Lucho caminó por la ruta de siempre, rodeó el cementerio al que volvería al otro día para siempre y llegó hasta la carretera a esperar el bus. Mamó gallo —como se dice jocosamente— con Juan Tercero mientras pasaba la ruta y le contó que ese día tenía una reunión con funcionarios de la Secretaría de Educación y otros colegas líderes en el restaurante Burbuja, en Barranca.

Un par de horas atrás, una mujer, quien estaría relacionada con la canoa que fue decomisada, llamó a alias el Trinche para mentirle. Le dijo que Luis Alberto Arango era el que lo tenía ‘pintado’ con la Armada y la Policía en Barranca y en la ribera del río. Esta información está contenida en el Acta de Audiencia de Continuación de Juicio Oral del 2009. Cuando Luis llegó al restaurante Burbujas para la reunión, el Trinche ya había decidido matarlo. Y llamó a sus compinches para que lo ayudaran.

“A las 9:30 llegamos a Barranca y nos reunimos en el billar La Libertad, que está por los lados del comercio. Hablamos el ‘Trinche’, ‘Bryan’, ‘Íngrid’ y unos manes de Barranca, que son alias Maurici’, alias Isaías y ‘Camila’. El ‘Trinche’ coordinó todo con ‘Mauricio’, se ordenó que ‘Bryan’ sacara a Luis Arango del restaurante Burbujas y lo montara en un taxi hasta el barrio La Victoria, donde lo íbamos a esperar ‘Jonathan’ y yo para terminar el trabajo”, se lee en la misma acta. Quien da este testimonio es alias Pipe, quien conducía la moto en la que silenciaron a Arango.

Panorámica de Barrancabermeja, con el río Magdalena como telón de fondo. En esta ciudad asesinaron al líder pescador Luis Arango, quien luchaba por la preservación de las ciénagas.

Foto: Julián Espinosa. EL TIEMPO

A Lucho se lo llevaron en ese taxi con la excusa de que los jefes de ‘los Rastrojos’ querían reunirse con él para que les hablara sobre el acuerdo del río Sogamoso.

“Un amigo que vive en Barranca, que se llama Pepe, me llamó y me dijo: ‘aló, Dary, ¿dónde está Lucho?’. Y yo le dije: ‘jum, el andariego está pa Barranca’. Me dijo: ‘Es que me acabaron de decir que en la bajada de La Victoria habían matado a uno, y que era de El Llanito, que era Lucho’. Yo le respondí y le dije: ‘sabe qué, con eso no se juega’, y le colgué”. Dary no había hablado sobre el crimen de su esposo en años. Y llora. Aunque tiene la tumba del marido al frente de su casa, y la ve todos los días al salir o llegar, aún le parece mentira que esté muerto.

A Lucho lo velaron en la sala de su casa al otro día del asesinato. También lo llevaron en un multitudinario recorrido por las calles de Barranca y le permitieron navegar por una última vez en la ciénaga. “Lo de Lucho nos quedó en nuestra mente porque él defendía la manera de cómo pescar —con atarraya, no con trasmallo—, pero se nos bajó la gana de estar luchando porque uno quiere la vida y a su familia, y si ya pasó con el primero, tememos que nos pase lo mismo”, lamenta Ulfran Zambrano, presidente de la Asociación de Comerciantes del sector La Rampa de Barrancabermeja.

Este comerciante dice que vivir del bocachico, la doncella, el blanquillo y el bagre ya no es garantía de nada. Hay escasez. Las ciénagas están secas. Los pescados que llegan son de talla baja. Nadie compra y muchos venden lo poco que hay. A orillas de los caños y los humedales se amontonan pescadores que arrojan trasmallos y atarrayas para pescar lo que sea que salga. El panorama es desolador.

Mientras todo esto ocurre, líderes comunitarios y ambientales tratan de preservar sus recursos naturales, siguiendo el legado de Luis Arango. Yuli Velásquez es una de ellas. La quieren asesinar. Ya lo intentaron, este año: el 20 de enero de 2021 le dispararon a su casa y tuvo que tirarse debajo de la cama para esconderse de las balas. Su esposo y su hijo también salieron ilesos.

“Llevamos una lucha protegiendo y conservando el medioambiente: nuestros cuerpos hídricos, flora y fauna. Se volvió una necesidad, no solo ambientalista sino moral, que debemos realizar todos, debido a tantos problemas: contaminación con hidrocarburos, contaminación con lixiviados, con temas de lodos, contaminación por vertimientos de las mismas comunidades con los asentamientos. Y aquí en Barrancabermeja no sucede nada, es la ciudad del silencio”, denuncia Velásquez.

ANTECEDENTES
Y Cronología
del caso

2007



LUIS ALBERTO ARANGO recibió las primeras amenazas por su defensa de la ciénaga de El Llanito.

2008

Octubre

Llegan los ‘Rastrojos’ al corregimiento de El Llanito. Héctor Bedoya, alias ‘Trinche’, buscó a Juan Tercero y Luis Arango para que citaran a los líderes comunitarios para presentarse como el nuevo grupo que tomaría el control de la zona.

2009

12 de febrero

Sicarios asesinan a LUIS ALBERTO ARANGO en el barrio La Victoria.

2009

13 de febrero

La Sijín de la Policía captura a ‘Pipe’, quien decide colaborar con la justicia. "En el trayecto, el señor Felipe Arce manifestó a los policiales de manera informal que sabía por qué lo estaban buscando y que él quería colaborar con la justicia, que ayudaría a esclarecer el homicidio ocurrido el día anterior… continuó manifestando que él fue quien condujo la motocicleta en que emprendieron la huída y que quien disparó fue Jonathan."(Unidad de Apoyo Fiscalía Segunda Barrancabermeja, 2009).

2009

15 de febrero

Capturan a ‘El Trinche’.

2009

18 de febrero

Capturan a ‘Jonathan’.

2009

17 de marzo

‘El Trinche’ acepta los cargos.

2009

13 de agosto

Sentencia contra ‘Pipe’ a 19 años y nueve meses de cárcel.

2009

21 de agosto

Sentencia contra ‘El Trinche’ a 20 años y nueve meses de prisión. (Decisión apelada).

2013

Diciembre

Sentencia contra Wilson Javier Jiménez (Jonathan) a 43 años de cárcel.

Según Jimmy Picón, asesor del Distrito de Barrancabermeja en temas de paz, reconciliación y convivencia, en la región hay activas 96 medidas de protección en todos los liderazgos, y recientemente se han recibido denuncias de amenazas contra líderes principalmente ambientales.

“Las denuncias a líderes ambientales datan del año anterior, una denuncia interpuesta por un grupo de líderes posterior a un panfleto de las Águilas Negras. Cinco organizaciones manifiestan amenazas por parte de personas que están dañando la cuenca de la ciénaga San Silvestre”, sostuvo Picón.

Ramón Abril, integrante de Junta Directiva de Credos —una organización civil y defensora de derechos humanos, con 33 años en el Magdalena Medio—, explica que en esta región el paramilitarismo ganó hace tiempo, y que hoy la disputa no es por la tenencia de la tierra que ya tienen, sino por el uso del suelo. En su opinión, la economía basada en la extracción de petróleo y la minería desplaza la identidad de este territorio que es esencialmente pescador.

“Desde mediados del año pasado hemos registrado riesgos para la integridad física de líderes ambientales. Este riesgo para estas personas se deriva de la necesidad de hacer un cambio del uso del suelo; eso genera una afectación en el medioambiente, y cuando las personas salen a defender eso, se originan las amenazas contra ellas”, explicó Abril.

Aunque nada le quitará a Dary el dolor por el asesinato de su esposo, los tres actores directos fueron capturados y condenados. El primero en ser detenido fue Felipe Arce, alias Pipe, quien conducía la moto en la que Wilson Javier Jaimes, ‘Jonathan’, le disparó a Lucho Arango. También fue capturado Héctor Bedoya, el ‘Trinche’, y Jaime Peñaloza, alias Brayan, quien llevó en un taxi a Luis al lugar donde lo ultimaron con dos disparos en la cabeza. Felipe fue condenado a 19 años de cárcel. Héctor, a 20 años y nueve meses, y Wilson Javier Jaimes, a 43 años de prisión.

Daniela Arango, una de las nietas de Lucho, tenía dos años cuando lo mataron. Hoy tiene 13, escucha mientras se habla de los asesinos, y entiende todo. Leyó el libro del Centro de Memoria, conoce el proceso judicial y por sus venas corre el carisma, la ilusión e indignación por salvar la ciénaga.

“Yo pienso que él era un luchador, un líder, un héroe; pienso en cómo mi papá Lucho salía a patrullar esas canoas, a quemar esos trasmallos, y veo a las personas con la pesca ilegal y pienso: ¿uno qué les puede decir, qué puedo hacer si apenas tengo 13 años? Pero me encantaría ser líder del corregimiento de El Llanito, porque veo que tiene potencial en el turismo, pero las personas no le han sacado ese provecho; tenemos la ciénaga y a veces no la cuidamos”. Las palabras de Daniela, que suelta desde la canoa de Lucho que nunca abandonó estas aguas, dan esperanza de que la ciénaga, su abuelo mismo, no morirá jamás.

5:00 a. m.

Javier Francisco Parra sale en su bicicleta en su habitual recorrido por la zona rural de La Macarena.

6:30 a. m.

Javier se sienta en su escritorio para coordinar las actividades dentro de la estrategia Nacional que se llevaba a cabo esa semana en el país llamada ‘La Toma de la Amazonia’.

7:00 a. m.

Dos personas con tapabocas se acercan en una motocicleta a la sede de Cormacarena. Una de ellas se baja del vehículo y le propina tres disparos a Javier Francisco Parra: uno en la cabeza y dos en el pecho.

Aún con vida es trasladado al Hospital de La Macarena, en donde una enfermera le presta los primeros auxilios. Mientras las autoridades del municipio coordinan una avioneta para trasladar a Parra a Villavicencio, él muere de un paro cardiaco en La Macarena.

1/4

El silencio de
La Macarena

Después del asesinato de Javier Francisco Parra, el guardián de caño Cristales, se conocen documentos que prueban el riesgo en el que estaba. Aunque era muy apreciado en La Macarena, sus habitantes callan por temor a represalias de las disidencias de las Farc. Este es uno de los pocos casos en que en corto tiempo se hallaron los presuntos responsables.

Tatiana Rojas Hernández

Enviado especial de EL TIEMPO

De Javier Francisco Parra se dice que era un gran pajarero. Reconocía las aves solo con escuchar su canto. Que todos los días, solo o acompañado, salía a montar en su bicicleta de ruta por los caminos pedregosos de La Macarena (Meta). Y que no obstante tener múltiples ocupaciones como coordinador de Cormacarena, la autoridad ambiental en la región, se camuflaba entre los visitantes de caño Cristales para asegurarse de que nadie dañara el río de los siete colores.

Muy pocos saben, o dicen no saber, que el 13 de febrero del 2019, Javier Francisco Parra salió atemorizado de La Macarena. Que de la mano de su hija mayor, Tatiana Parra, llegó a Villavicencio a pedir ayuda. Que se dirigió a una pequeña casa donde solo una pancarta identifica una de las sedes de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula). De esa visita solo existe un documento de cinco páginas en las que Parra detalla los rostros y las edades de los hombres que lo amenazaron, de la suma que le exigían, los lugares en donde lo citaron y las armas que usaron para intimidarlo. “Siento temor y miedo por mi integridad y la de mis compañeros, ya que fuimos declarados objetivo militar por alias ‘Boyaco’, del frente séptimo de las disidencias de las Farc”, declaró ese día.

Salió de ahí igual de preocupado, pero con la ilusión de que todo se resolvería, cuenta su hija. Para no correr riesgos, permaneció 20 días en Villavicencio, en la casa de su madre, Rosaura Cubillos. Ella —de un cabello que le cae hasta los hombros, de un color rubio que cubre sus canas, de ojos azules y manos ajadas​​— aseguró que su hijo también fue a Bogotá hasta la Fiscalía a poner la misma denuncia. Sin embargo, esa entidad niega tener registros al respecto. Poco preguntó, dice Cubillos, porque su hijo era muy reservado.

“Solo me dijo que ya todo había pasado y que regresaría a La Macarena. Cada vez que lo llamaba me decía que todo estaba bien, que todo estaba tranquilo. Aunque tengo amigos allá, nadie nunca me dijo que él estaba en peligro”, cuenta Cubillos sentada en su pequeña sala de su casa en Villavicencio. Parra decidió entonces que continuaría con su vida tranquila, y no como la de alguien a quien han amenazado de muerte por no entregar 60’000.000 de pesos.

Sin embargo, pocos saben que en el 2020 tuvo que seguir lidiando con las amenazas que llegaban a su puesto de trabajo en forma de panfleto y que, incluso, semanas cercanas a su muerte lo habían relacionado con una incautación ilegal de madera que había molestado a las disidencias. Pero, según algunos de sus familiares, nunca participó en ese operativo liderado por la corporación. Aunque EL TIEMPO quiso hablar con el director de Cormacarena, Andrés Felipe García, sobre este rumor, desde su oficina de comunicaciones señalaron que no iba a dar declaraciones por recomendación de su abogado.

Pese al riesgo que corría, nadie encendió las luces de alarma. Nadie pensó que el 3 de diciembre del 2020, a las 7 a. m., en su puesto de trabajo mientras se tomaba un café recién preparado, una persona, al parecer encapuchada, se bajaría de una motocicleta, le diría ‘Pacho’, como lo llamaban algunos de sus amigos en La Macarena, y le dispararía en la cara y en el pecho dejándolo gravemente herido.

***

La Macarena (Meta) es normalmente un municipio ruidoso, una característica común de los pueblos turísticos que reciben entre 9.000 y 15.000 visitantes al año, según datos de Cormacarena. En este caso, llegan de gran parte del país, pero también de Alemania, Francia, España e Italia. Todos buscan la maravilla que se develó al mundo cuando las extintas guerrillas de las Farc salieron del Parque Natural Serranía de La Macarena: caño Cristales, un río que ha moldeado durante millones de años una roca, formando enormes agujeros conocidos popularmente como ‘ochos’, y donde crecen plantas acuáticas como la Macarenia clavigera, que le da el particular color rojo al agua cristalina.

La gente no le teme al que viene de afuera e incluso comparten historias de su pasado de cuando el ‘Mono Jojoy’, comandante del Bloque Oriental de las Farc, era el dueño de toda esta zona. Dicen en el pueblo que los martes y miércoles eran considerados días festivos, porque todos estaban obligados a pararse frente a la que en su momento era la alcaldía, a escuchar sus discursos; incluso, los que tenían tiendas y negocios debían cerrar.

Cuando no hay turismo, como sucedió entre diciembre del 2020 y junio del 2021 durante la pandemia, hay menos gente, pero el ruido no desaparece. Las motos, los negocios. Todo es bullicio, excepto cuando alguien pregunta por la muerte de Javier Francisco Parra, conocido como el guardián de caño Cristales.

—¿Usted conoció a Javier Francisco Parra?, le pregunto a uno de los guías turísticos del pueblo con quien estuvimos durante una semana.

—Sí, todo el pueblo lo conocía. Por todo lo que me enseñó él, hoy recojo la basura que algunos turistas sin conciencia ambiental dejan en caño Cristales. Era muy estricto con los operadores turísticos.

—¿Sabe por qué lo mataron?

—No, ni idea.

—¿Cuál es la teoría que tiene la gente en el pueblo?

—No, yo de eso no sé y prefiero no preguntar.

Antes de viajar a La Macarena, algunas instituciones ambientales y líderes en la Amazonia nos recomendaron no ir. Decían que todo era muy difícil en términos de seguridad y nadie podía garantizarnos la entrada y la salida. Y es que, de acuerdo con algunos expertos —que prefieren no ser citados por temor a represalias—, después de la firma del acuerdo de paz, el Estado no ocupó los territorios anteriormente controlados por las Farc y en los últimos años han surgido varios grupos disidentes que operan en la zona de influencia del Parque Natural Serranía de Chiribiquete y en particular en el municipio de La Macarena. En este municipio se encuentra el antiguo frente séptimo de las Farc, también conocido como ‘Jorge Briceño’, comandado por Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, la cabeza del grupo con mayor capacidad de hombres, armas y acciones en la zona.

Este frente, según la Policía Nacional, fue responsable de amenazar a varias organizaciones ambientales que trabajan por la protección de la Amazonia en el Meta y Guaviare. Por medio de un panfleto, firmado el 10 de abril del 2020, declararon que no querían ver a funcionarios públicos, ni ONG. Y dieron la orden a los campesinos de deforestar lo que quisieran sin importar si se trataba de áreas protegidas.

Cinco meses después, tres funcionarios de Cormacarena que se movilizaban en una camioneta de la entidad por la vía que comunica a La Julia con El Diviso, en el Meta, fueron interceptados, al parecer, por miembros del frente Jorge Briceño, quienes les hurtaron sus pertenencias e incendiaron la camioneta. El mensaje era el mismo: no querían verlos.

El peligro estaba advertido, pero aun así decidimos ir el 3 de mayo del 2021 con la excusa de recorrer caño Cristales como turistas, pues sabíamos que pronto se iba a dar su reapertura (fue abierto el 18 de junio luego del cierre por la pandemia) y el pueblo, al igual que las disidencias —que cobran un “impuesto a los operadores”—, necesitan del turista. Quizá alguien —no teníamos nombres, ni teléfonos ni ubicaciones— se atrevería a contar qué había pasado con Parra en sus últimos días, justo cuando el Gobierno adelantaba una campaña contra la deforestación en esa región, y de la que él estaba al frente.

En el restaurante del hotel en donde nos hospedamos, los noticieros anunciaban que el paro nacional iba a continuar, pese a que se había hundido la reforma tributaria que presentó el gobierno de Iván Duque. Los manifestantes, que se replicaron hasta en los pueblos más remotos del país, también recorrían las calles sin pavimentar de La Macarena.

Solo hasta el penúltimo día, un hombre muy importante accedió a hablar con la condición de no ser grabado. “Aquí nadie le va a hablar. Nadie le va a decir que vivimos con miedo, porque mucha gente depende del turista, no quieren que se enteren de la realidad, aunque aquí a los turistas los cuidan mucho. No quieren que sepan que el Estado aquí no tiene control, que los que mandan son los grupos armados y todos debemos aportar a su causa. Hasta el Ejército aporta, cuando compra la gasolina, porque aquí todo tiene el impuesto adicional de las disidencias. Aquí nadie le va a contar por qué mataron a “Pachito”, porque no quieren ser los siguientes”, dijo.

También contó que Parra había sido extorsionado por pertenecer a Cormacarena; él también había sido extorsionado, pero que, en su caso, había accedido a pagar el monto que le exigieron por su vida. Pese a que había denunciado, solo le habían entregado un celular para avisar a las autoridades cuando estuviera en peligro y un chaleco antibalas. “Dígame: ¿para qué sirve un celular y un chaleco antibalas en un pueblo lleno de disidencias?”, dijo.

Caño Cristales, en La Macarena (Meta) es una de las maravillas naturales de Colombia y es el principal atractivo del Parque Nacional Serranía de la Macarena. Javier Parra era uno de sus guardianes.

Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Mientras hablaba nos enseñó en su celular un panfleto que, al parecer, las disidencias de las Farc habían hecho llegar a los habitantes del pueblo. En la imagen se alcanzaba a leer que le ordenaban a la gente cerrar negocios y quedarse en casa desde las 6 p. m. hasta el siguiente día. Que desde ese momento nadie podía salir, excepto para salir a apoyar el paro nacional. Nos preocupamos, pues habíamos planeado salir muy temprano hacia los lugares a los que Parra iba a pajarear. Mientras discutimos qué podíamos hacer, la electricidad dejó de funcionar y por temor acatamos la orden de no estar en la calle y volvimos al hotel. Todos decían que los cortes de energía eran muy frecuentes y que no había por qué preocuparse. Dos horas después, cuando la habitación se iluminó, volvimos a sentirnos a salvo. Más tarde, como si hubiéramos obtenido un permiso especial, el guía dijo que no había problema, que podíamos salir temprano a pajarear.

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El 9 de mayo del 2021, luego de visitar caño Cristales, la cascada de los Cuarzos y caminar por la antigua Trocha Ganadera, una carretera ilegal que abrió la guerrilla de las Farc en 1990 para transportar el ganado que tenían en áreas protegidas y que hoy sigue funcionando para la misma actividad ilícita, logramos reunirnos con uno de los mejores amigos de Parra. Su única condición: no quería hablar de su asesinato.

Ante una cámara y sin temor, Luis Alfonso González, funcionario de la alcaldía de La Macarena y guía de aves, recuerda que conoció Parra en el 2015 cuando él daba charlas y capacitaciones a guías y operadores turísticos. Al principio, solo los unía la fotografía y el estudio de las aves, pero luego, con los años, las conversaciones fueron abarcando temas más personales, confesiones e incluso compartían fines de semana con la familia de Alfonso, pues Parra estaba separado y sus dos hijos no vivían con él.

Ese día, cuando la temperatura marcaba los 30 grados centígrados, Alfonso explicó por qué Parra era conocido como el guardián de caño Cristales. “No permitía que nadie ingresara sin permiso ni que arrojaran basuras. Estaba muy pendiente de que la gente supiera dónde podía pisar, dónde se podían bañar”.

Por ese trabajo, dice que ganó más amigos que enemigos, pues, pese a ser muy estricto, sabía cómo llegarle a la gente, especialmente a los campesinos que viven en el Parque Nacional Serranía de La Macarena, Tinigua y Picachos, en donde muchos de ellos tumban ilegalmente el bosque para sobrevivir.

“Su relación con las comunidades era muy buena. Ayudó a coordinar el proyecto de ecoturismo en el sector del Raudal, que es una comunidad integrada por 10 veredas, para que ellos lograran operar de manera autónoma con el compromiso de que no podían deforestar más. Lo mismo hizo en el sector de la Cachivera. Les hablaba del cambio climático”, contó Alfonso.

Cualquier experto ambiental al que se le pregunte dirá que la deforestación es el principal problema ambiental del país, y que justamente el departamento más afectado en el 2020, según el último informe de deforestación que presentó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) fue Meta: 35.556 hectáreas deforestadas en un solo año. También dirán que detrás de la tala y quema existe un conflicto social de años no resuelto, especialmente en los Parques Nacionales Serranía de La Macarena, Tinigua y Picachos, el primero ubicado a escasos 15 minutos de La Macarena.

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Campesinos y ganaderos alegan ante el Estado que han sido dueños de esas tierras mucho antes de ser declaradas áreas protegidas y están dispuestos a dejar sus vidas allí antes de ser desplazados. Otros aprovechan esta guerra para ingresar a los parques, tumbar el bosque, construir una casa y decir que han estado allí largo tiempo. ¿Por qué? Algunos lo hacen para ampliar sus potreros y alimentar el ganado; otros para acaparar tierra de la Nación que luego podrán vender de manera ilegal; también para construir vías de transporte ilegales con el fin de sacar la producción de la palma de aceite, el ganado y otros productos; y en menor medida lo hacen para sembrar cultivos de uso ilícito.

La Fiscalía ha venido investigando quiénes, además de campesinos y ganaderos, están detrás de este negocio que mueve enormes sumas de dinero, pues solo talar y quemar una hectárea de bosque puede llegar a costar 1’000.000 de pesos, según una investigación del Centro de Alternativas al Desarrollo (Cealdes). Por información que han proporcionado las comunidades y entidades estatales, saben que grandes ganaderos, líderes políticos y grupos armados ilegales promueven y financian esta deforestación. De ahí que para el día en que asesinaron a Parra, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluega, señaló a los grupos de disidencias de las Farc de ser los responsables.

Para él, el trabajo de Parra como conservacionista en la región, especialmente por trabajar contra la deforestación cerca de caño Cristales, los estaba afectando. “Quienes están deforestando en el sur del Meta son las disidencias, quienes extorsionan y entierran minas antipersonal son las disidencias, quienes están reclutando menores de edad son las disidencias. Así que no me cabe duda de que la investigación debería apuntar hacia allá”, declaró en su momento.

En efecto, en el marco de un plan conocido como Plan de Acción Oportuno del Meta, la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía iniciaron una investigación que, para algunos familiares de Parra, no avanzaba, pues era poca la información que obtenían. Sin embargo, siete meses después de su asesinato vieron en un trino del presidente Iván Duque a la medianoche del 12 de junio del 2021 que habían capturado a los presuntos asesinos. “Nuestras Fuerzas Militares, Policia Nacional con apoyo de la Fiscalía capturaron a alias Negro Mina y alias Milton, acusados de asesinar al funcionario de Cormacarena Javier Francisco Parra Cubillos, en diciembre de 2020. Estos sujetos pertenecen al Gaor 7 ‘Jorge Briceño’ y son acusados de homicidio agravado y concierto para delinquir. Con las autoridades garantizaremos cero impunidad”, escribió el Presidente.

Una fuente de alto rango del servicio público en La Macarena le confirmó a EL TIEMPO que los dos hombres no aceptaron los cargos y esperan la primera audiencia de acusación. Lo más preocupante, dijo, es que vivían en el pueblo, por lo que fueron capturados allí. Dice, incluso, que hay más disidentes de las Farc que permanecen en el pueblo vestidos de civil, sin temor alguno. Fue ahí cuando entendí el silencio de La Macarena, el miedo de señalar a quien conoce tu familia, tu casa, tu pasado.

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Antes de Parra, en el sur del Meta vivió y fue asesinado otro líder ambiental. En los periódicos lo llamaron el guardián de La Macarena, aunque realmente protegía a caño Cristales. Un error que solo se notaría tiempo después, pues en 1994, el año de su asesinato, caño Cristales no se mencionaba en Colombia porque pocos sabían de su existencia. Melquisedec Fernández, según recordó Alfonso cuando le pregunté por otros líderes ambientales asesinados, era un artista errante y ecólogo de Villavicencio que había llegado a caño Cristales a vivir del bosque de manera sostenible junto a su familia, su esposa Sara Cortés y sus cinco hijos, dos de ellos nacidos en las aguas de caño Cristales.

Mientras Sara tenía una escuela improvisada para enseñarles a leer y a contar a los niños de otras veredas, Melco —como lo llamaban sus amigos— promovía el ecoturismo internacional en caño Cristales. Para la época, en la que las Farc se movían por el Parque Nacional Serranía de La Macarena, solo los extranjeros aventureros pagaban por bañarse en un río de colores rodeado por hombres y mujeres armados.

“Con Melco y con Sarita también tuve una linda amistad. Él empezó a promover un turismo organizado, porque traía sobre todo extranjeros. Le puso los nombres a algunos de los puntos de caño Cristales como las Tablas de la ley, porque hay una piedra que se parece a las tablas en donde Moisés escribió los 10 mandamientos”, contó Alfonso.

Alfonso no recuerda muchos detalles de la vida de Melquisedec ni qué ocurrió luego de su asesinato, del que hasta ahora no se conocen responsables, pero en el pódcast ‘La Macarena’, un proyecto que construyó Andrea Díaz Cardona y Seluna Fernández Cortés, la segunda hija de Melquisedec, narra, junto a su familia, cómo fue vivir en uno de los lugares más hermosos y a la vez peligrosos de Colombia en la época más cruda de la guerra entre guerrilla y Estado.

En el pódcast cuentan que luego de la muerte de Melco, su esposa Sara recibió amenazas directas de las Farc, porque se oponía a una carretera que el grupo armado quería construir en medio del Parque Nacional Natural Serranía de La Macarena, hoy conocida como la Trocha Ganadera. Un día, sin saber que jamás regresarían, huyeron de caño Cristales y entraron a formar parte de esa larga lista de familias colombianas exiliadas por el conflicto armado. Llegaron a Canadá, en donde han vivido los últimos 17 años. Por muchos años, su historia familiar fue una leyenda que los guías repetían entre los turistas que llegaban a caño Cristales. El pódcast, me contó Seluna en una entrevista en el 2020, sería la forma de reconciliarse con el pasado familiar, sacar el dolor por el asesinato de su padre y volver a Colombia a visitar caño Cristales.

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A Rosaura Cubillos, de 65 años, la noticia de que habían capturado a los presuntos asesinos de su hijo le llegó por WhatsApp: el trino del Presidente, los registros en los diarios, el video de la captura en los medios. Ese día me llamó emocionada: “No sabe el descanso que siento, es como si me hubieran quitado un peso de encima. Yo sé que tenemos que esperar si aceptan los cargos, pero desde ya siento la paz que no sentía hace mucho tiempo, porque yo quería saber quiénes mataron a mi Pachito”.

Dos meses antes, el 8 de mayo del 2021, Rosaura estaba esperándonos en su sala junto a Juanita, una pincher de siete años que no paraba de ladrar. Nos hizo seguir y notamos que no había ninguna fotografía o algún objeto relacionado con su hijo. Más tarde, confesó que no soportaba la tristeza de verlo y decidió guardar todos sus retratos. “A veces me pongo a llorar aquí sola y no paró”, decía.

Rosaura no siempre vivió en Villavicencio. Como muchas familias que llegaron a La Macarena en los 80 y 90, su historia comienza en una ciudad, con un mudanza, y la ilusión de conseguir más dinero. “En 1980 en La Macarena llovía la plata del cielo, eso le dijo un amigo a mi esposo Pedro Parra cuando vivíamos en Bogotá. Le propuso que fuera con él a vender medicamentos, porque mi esposo tenía una droguería. Ese amigo lo llenó de ilusiones, y un día me dijo: ‘Me voy con Gustavo para La Macarena’. Cada uno empacó cajas con purgantes, vitaminas, de todo. Buscaron un local, pusieron una droguería entre los dos y les fue muy bien. Como en junio nos dijo que nos íbamos todos, mis tres hijos y yo. Cuando llegamos, él ya había comprado toda la droguería y una casa”.

ANTECEDENTES
Y Cronología
del caso

1994

10 de septiembre

Fue asesinado MELQUISEDEC FERNÁNDEZ, ecologista y campesino que vivía y protegía Caño Cristales. Nunca se estableció el móvil de su asesinato, según su familia exiliada en Canadá.

2008

12 de febrero

JOSÉ MARTÍN DUARTE ACERO, guardaparques asesinado en una cabaña de la institución en el parque La Macarena. En este caso, según la Fiscalía, en el 2014 se capturaron cuatro personas responsables del crimen.

2018

19 de mayo

Dos hombres incineran el centro de visitantes de Caño Cristales ubicado en la vereda la Cachivera, sector Cajuche, en La Macarena, Meta. No se establecieron quiénes eran los responsables. Hoy, el centro ya fue reconstruido.

2020

10 de abril

Disidencias de las Farc —la unidad Jhon Linares del Frente Comandante Jorge Briceño— envió un panfleto a varias organizaciones ambientales que trabajan en el Meta y Guaviare para conservar el bosque de la Amazonia. Entre las entidades señaladas está Cormacarena.

2020

3 de diciembre

Javier Francisco Parra fue asesinado a tiros en su oficina en Cormacarena (en La Macarena). Ese mismo día fue amenazada la mujer que le brindó primeros auxilios, quien de inmediato salió del pueblo.

2020

4 de diciembre

El exministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo (q.e.p.d) ofreció 300 millones de pesos para quien brinde información sobre los responsables del homicidio del líder ambiental y funcionario de Cormacarena, JAVIER FRANCISCO PARRA.

2021

27 de abril

La Fiscalía, en respuesta a un derecho de petición formulado por EL TIEMPO, aseguró que la investigación por el asesinato de Javier Francisco Parra se encuentra en indagación y que se adelantan todos los actos investigativos que permitan la identificación del autor de los hechos.

2021

12 de junio

El presidente Iván Duque informó en su cuenta de Twitter que la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía capturaron a alias ‘Negro Mina’ y alias ‘Milton’, acusados de asesinar a Javier Francisco Parra. Los hombres, dijo Duque, pertenecen al frente 7 de las Farc ‘Jorge Briceño’ y fueron acusados de homicidio agravado y concierto para delinquir.

Para esa época todas las casas eran de madera, porque no había carreteras para transportar los materiales. El pueblo era comandado por el ‘Mono Jojoy’. Ahí pasó parte de la niñez y adolescencia Javier Francisco Parra. Tenía 6 años cuando entró a la escuela del pueblo Jhon F Kennedy. Luego, pasó a la secundaría en el colegio León XIII. Y como solo podían cursar hasta noveno grado, tuvo que salir de La Macarena y entrar al colegio Inmaculada Concepción en Villavicencio.

Desde ese momento perdió contacto con sus amigos y con caño Cristales. Al terminar el colegio, se matriculó en la Universidad de Los Llanos en una Licenciatura en Agropecuaria. Su madre se burlaría de él después al decirle que había estudiado “para escarbar tierra”. Ingresó en 1998 como practicante a Cormacarena, en donde permaneció 23 años. Trabajó en Villavicencio, en Granada; y en 2016 —con emoción, dice Rosaura— fue enviado como coordinador a La Macarena. “Ya la gente no lo reconocía, pero a los pocos meses se reencontró con los que eran sus compañeros de colegio: uno era ya el rector del colegio, otros estaban en la alcaldía, otros trabajan en el juzgado”, dice Rosaura.

Por eso, el día en que lo asesinaron todo el pueblo lloraba y gritaba, todos cerraron sus negocios. “Ese día me llamó mucha gente a darme aliento y a contarme cómo había ocurrido todo”.

Una persona, que permanecerá en anonimato para no poner su vida en riesgo, la llamó a decirle que ese día su hijo había llegado muy temprano a la oficina. Que se había sentado en su escritorio y había pedido un tinto. Frente a él había una ventana abierta que él mismo había reparado (ahora, completamente sellada). Cuando sonaron los disparos esta persona creyó que eran voladores, pues días antes habían sonado en la misma calle a la misma hora. Un grito de una mujer la alertó. Esta mujer vio el cuerpo de Parra a punto de caer de la silla y aunque intentó darle primeros auxilios, la sangre no paraba de correr. Parra solo decía: “Estoy bien, estoy bien”.

“A él lo llevan al centro de salud de La Macarena, pero la gente que me llamaba me decía que él estaba muy grave, que lo tenían que sacar a Villavicencio. Aunque encontraron un helicóptero, no funcionaba porque no estaba equipado con elementos para mantenerlo con vida. Al final no hicieron nada y mi hijo murió en La Macarena. Solo hasta las 9 de la noche lo trajeron a Medicina Legal en Villavicencio y solo pudimos verlo hasta el siguiente día”, cuenta su madre.

Ese mismo día, Rosaura recibió una llamada escalofriante. La madre de la mujer que había auxiliado a Parra le dijo que a su hija la habían amenazado, que tenía 12 horas para irse de La Macarena, pero que no tenían dinero. Con vergüenza le preguntó si podía enviarle el pasaje para salir del pueblo, pero Rosaura —dice— recién había gastado en un taxi los últimos 20.000 pesos que la acompañaban. “Jamás volví a saber de esa señora”.

Aunque el miedo los hubiera podido dejar inertes, los habitantes de La Macarena organizaron un homenaje el 7 de diciembre del 2020, día de las velitas. Con cirios blancos formaron las palabras “Gracias, Pachito”, frente al atrio de la iglesia; se vistieron de blanco, celebraron su vida y su legado, porque lo que no callaron es que Parra era su líder y su amigo.

Y en efecto, Alfonso, uno de sus amigos, cuenta que los primeros días después de su muerte fueron muy difíciles. “Sin él, nadie quería saber nada de la reapertura de caño Cristales ni de aviturismo, yo abandoné mi cámara y mis binoculares. En esta pandemia más se complica la situación porque ahora no hay quién controle y cuide a caño Cristales. En el gremio de guías y operadores quedó un vacío, fue como si a la cadena turística se le rompiera un eslabón”, dice Alfonso.

Hoy, los funcionarios de Cormacarena trabajan a puerta cerrada en la sede de La Macarena y por su seguridad no se acercan a caño Cristales, custodiado solo por dos militares. Funcionarios de Parques Nacionales, que también salieron del parque desde 2019, tampoco pueden ingresar a la zona. Y, aunque algunos guías turísticos que siguen el legado de Parra, promueven su protección, lo hacen sin exponerse, no necesitan de las cifras de Global Witness —una ONG internacional que registra los casos de líderes ambientales asesinados— para saber que Colombia es el país más peligroso para proteger el medioambiente.

La Macarena (Meta) es uno de los territorios que más han sufrido los rigores del conflicto armado. Durante décadas, el pueblo estuvo al mando de la extinta guerrilla de las Farc.

Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Hasta este punto llegó Edwin Dagua Ipia el 6 de diciembre de 2018 para la clausura del año escolar de la escuela de la vereda El Credo.

Edwin se encontró con su amiga María. Esa noche "recochó" con ella, su esposo y otros amigos. Se quedó a dormir en la casa de su amiga porque ya era tarde para regresar.

En la tarde del viernes 7 de diciembre, el esposo de María llevaba a Edwin a su casa cerca de Caloto. Atrás venía María con su cuñado en otra moto. Edwin y el esposo se adelantaron y en una curva dos hombres armados sin mediar palabra le dispararon a Edwin. Cuatro disparos acabaron con su vida.

A lo largo de toda la carretera que conduce de El Palo a Corinto se ven camionetas de alta gama. Milicianos de la disidencia Dagoberto vigilan esta ruta estratégica.

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Edwin, el nasa que
‘se convirtió
en árbol’

El 7 de diciembre de 2018, en la vía de Caloto a Toribío, milicianos de la disidencia ‘Dagoberto Ramos’ asesinaron a este líder nasa, de 28 años. Su lucha fue por la tierra, por los jóvenes indígenas y por la comunidad. Sus restos descansan mirando el horizonte del norte del Cauca.

Simón Granja Matias @simongrma

Enviado especial de EL TIEMPO

Hasta Dios tiene miedo en Caloto. O por lo menos, uno de sus representantes en la tierra. El sacerdote del pueblo entreabre cautelosamente la puerta de la casa cural.

—¿Qué quieren? —pregunta y mira de lado a lado. Pareciera que la casa de Dios no estuviera abierta.

—Nos vemos en la entrada del templo —dice y cierra la puerta. Una vez adentro, el hombre suda. No quiere hablar.

—Hay mucha zozobra. Estuve hace poco por los lados de El Palo y la gente tiene banderas blancas en sus casas. Me da miedo ir por allá; son solo siete kilómetros, pero es que la realidad cambia tremendamente en ese trecho.

Caloto, históricamente, ha sido un pueblo trashumante. Fue destruido y reconstruido siete veces. Los indígenas rebeldes que ocupaban las vertientes de la cordillera Central desempeñaron un papel decisivo en el devenir y en los traslados de esa ciudad; en gran parte porque opusieron una fuerte resistencia a la conquista de los españoles y asediaron varios asentamientos ocupados por ellos en ese territorio hasta comienzos del siglo XVII. Indígenas que siguen resistiendo y a los que siguen matando. Como Edwin Dagua Ipia, un joven de 28 años, autoridad ancestral de su comunidad y a quien mataron el 7 de diciembre del 2018.

El sacerdote, sudoroso, mira hacia el fondo de la iglesia como si los fieles estuvieran escuchándolo y dice:

—Estos días se me ha pasado por la cabeza si irme o no de acá.

Y repite para sí mismo:

—Es mucha la zozobra, es mucha. Uno no sabe cuándo cae un tatuco en el templo o en la casa cural. Están matando a mucha gente. Es difícil, pero la invitación a la gente es a mantener la esperanza —hace una pausa y sigue—: ¿Mañana van para El Palo? Mucho cuidado por allá.

***

Las curvas son muy cerradas para la velocidad que lleva la camioneta. La sensación es que en cualquier momento se puede volcar y terminar en el río El Palo. Pero el miedo que se siente no es por eso: es el mismo miedo el que impulsa la velocidad.

El Palo es un corregimiento a ocho kilómetros del casco urbano de Caloto, a 15 minutos en carro. El puente que cruza el río está todo marcado con grafitis de las Farc-EP, que específicamente señalan la presencia de la disidencia ‘Dagoberto Ramos’. En este punto, la vía de Caloto se divide en dos rutas: una hacia Corinto y otra hacia Toribío. Ambas controladas casi por completo por milicianos de la ‘Dagoberto Ramos’.

El conductor no desprende la mirada del camino y mientras tanto va contando historias sobre la cantidad de veces que algún retén de las disidencias lo ha detenido en esa vía. “Me apuntaron con los fusiles, pero el blindaje de esta camioneta es suficiente para resistir esas balas. Es acá. Me toca parquear en este punto. Ustedes caminan hasta allá”, nos indica.

“¿Dónde están los demás?, ¿por qué se quedaron atrás?”, dice molesto el guardia nasa que va de copiloto y pregunta por el radio: “¿Dónde están?”. Nadie contesta. “No deberíamos parar acá, no deberíamos”, sigue, angustiado, y nuevamente intenta con el radio: “¿Por dónde van?”. Nada. El punto es entre la vereda de La Chivera y la de Chorros, en la vía que conduce de El Palo hacia Toribío.

“Ahí es, ahí es donde lo asesinaron. Vayan que nosotros estamos pendientes”, nos dicen. En una pared, al costado de la carretera, está pintada la bandera del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), encima está una lápida con la foto de Edwin Dagua Ipia, que tiene un texto ilegible y encima una cruz con su imagen. Es por él que estamos acá. Lo que sí se lee en la lápida son dos fechas:

9 de octubre de 1990. Edwin Dagua Ipia nació en una familia evangélica en la vereda El Poblado, Zona Cinco del resguardo de Huellas, cerca de los límites entre Caloto y Santander de Quilichao, en Cauca. Fue el sexto de siete hijos. Le ayudaba a su familia a cultivar café.

7 de diciembre de 2018. Siendo las 3:45 de la tarde, entre el sector del Palo y la vereda Chorros en la Zona Tres del territorio Ancestral de Huellas, Edwin fue interceptado por dos individuos con armas de fuego, quienes sin mediar palabras le propinaron cuatro impactos de bala en el cuerpo produciendo de manera instantánea su muerte.

¿Por qué lo mataron?: por defender la tierra, por oponerse a la extensión de cultivos ilícitos en el norte del Cauca, en específico, en el resguardo indígena. Y por oponerse al reclutamiento de jóvenes nasa. Por eso lo mataron. “Por defender la vida”, dicen quienes lo conocieron.

Entre 2016 y 2020 fueron asesinados 269 líderes indígenas en todo el país. De estos asesinatos, 242 se dieron luego de la firma del acuerdo de paz (24 de noviembre de 2016). Cauca ha sido el departamento más afectado: 94 líderes y/o defensores de derechos humanos (DD. HH.) indígenas han sido asesinados, muertes de las cuales 28 han ocurrido en lo corrido del 2020, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Por su parte, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) contabilizó —entre enero y mayo de 2021— 30 asesinatos de comuneros en el territorio, 41 hostigamientos, 16 amenazas, 11 atentados, 8 persecuciones, 3 abusos de autoridad, 2 ataques a la comunidad y un intento de masacre. El contador no para y el horror empeora a medida que pasa el tiempo.

“Llegaron. ¡Rápido!”, avisa uno de los guardias y señala la camioneta de la que se bajan más guardias. Entre ellos está Deucaris, una de las cinco nejwexs nasa (autoridad tradicional) del cabildo de Huellas, Caloto. En la curva, donde están parqueadas las camionetas, los miembros de la autoridad discuten. No quieren estar ahí.

Camino buscando a Deucaris y por la curva se pierde la visibilidad de ambos costados en los que están apostados los guardias. Escucho una moto que pasa a mi lado y disminuye la velocidad. El tiempo se detiene. Volteo la cabeza y veo a dos hombres en el vehículo. El parrillero es blanco. Tendrá unos 35 años. Levanta la mano de su cintura y el poncho que lleva lo levanta un poco, me mira fijamente y apuntándome, con su dedo dice: “Cuídese, gonorrea”.

La moto acelera y desaparece en la curva. Deucaris se acerca a paso rápido.

—¿Qué le dijeron esos dos?, iban armados, ¿si vio? Vamos, vamos rápido —dice la mujer. Se acerca a la lápida, mira la foto de Edwin y se calma un poco, estira su mano, la toca, cierra los ojos. De su mochila saca una botella de plástico pequeña y empieza a decir algunas palabras que no se entienden mientras riega chirrinche —bebida alcohólica proveniente del guarapo— en la lápida y el suelo. Brinda con Edwin. Mira al guardia y le hace señas: “Nos tenemos que ir de acá, ¡ya!”.

Corren todos a los vehículos. Se cierran las puertas. Se prende el motor. La velocidad nuevamente reta la fuerza centrífuga. El conductor retoma sus anécdotas. “¿No le parecen sospechosas todas esas camionetas último modelo parqueadas en esas casas tan pobres?”. Y se ríe. “Pues sí, esta vía está plagada de ‘guerrillos’. Calcule cuántos son con la cantidad de camionetas”. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve… “Multiplique, piense que cada una lleva de a cuatro. Así, rápido, ¿cuántos son los que hay solo en este trayecto?”. ¿Esos fueron los que mataron a Edwin?

Artistas pintaron un mural con la imagen de Edwin Dagua Ipia (dcha.) y de Fabio José Alegrías Dagua (izq.), líder indígena asesinado en 2014.

Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

***

“Usted sabe que para dejarme ir feliz me tiene que dar comida”, le dijo Edwin a María, amiga suya desde hace años, en la mañana del 7 de diciembre de 2018, pocas horas antes de que lo asesinaran.

María todavía ve a Edwin riéndose y recochando sentado en esa silla. Desde ahí se tiene la mejor vista. El horizonte de la tierra por la que tanto luchó fue lo último que él vio: montañas agrestes y cortantes de las que caen cualquier cantidad de cascadas naturales.

La vereda El Credo es una de las diez que tiene la Zona 3 del resguardo Huellas. Hasta el momento, se tiene un registro de 2.600 habitantes en esa zona. Y, en particular, en El Credo hay cerca de 256 familias, unas 784 personas. La ladera de la montaña tiene un horizonte que se extiende por el cañón del río El Palo y que termina en el valle. Pero esa vista también es su perdición, pues se convierte en un punto clave para los grupos armados.

Indígenas y campesinos terminan acudiendo a los cultivos ilícitos de marihuana y coca que abundan en estas montañas pues no tienen otra opción. Sin embargo, es tan complicada la situación económica que incluso la coca y la marihuana les dejan ganancias bajas.

“Nosotros somos el último eslabón de la cadena. Somos los que menos ganamos en todo esto. Si nos dieran oportunidades, no nos tendríamos que dedicar a esto. No nos podemos morir de hambre”, dice Albeiro Mestizo (41 años), presidente de la junta de acción comunal de la vereda y coordinador de toda la Zona 3.

Según la más reciente encuesta de producción de coca en Colombia, publicada el 9 de junio de 2021 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Cauca es el cuarto departamento del país con más hectáreas cultivadas con coca: en el 2019 existían 17.356 hectáreas.

Una de las principales luchas que tenía Edwin era en contra de los cultivos ilícitos en su territorio sagrado. “Se paraba duro frente a este tema”, dicen quienes lo conocieron.

“Cuando hacíamos puestos de control y deteníamos cargamentos de marihuana o de coca, Edwin no dudaba en decir: se quema todo eso, ¡ya!”, cuenta uno de los guardias nasa que lo conoció. Además, Edwin promovía la sustitución de cultivos ilícitos por productos de la región como la guayaba, el café y la naranja.

La extensión de cultivos ilícitos es la segunda causa en el país de la deforestación de bosques nativos. Según el Ministerio de Ambiente, la deforestación asociada a cultivos de coca tiene impactos relacionados con la pérdida y migración de la fauna y flora de estos bosques; también con el deterioro de estos suelos, con el aumento de la erosión y desertificación, que dan paso al incremento de deslizamientos, avalanchas y demás desastres en el país.

“Eso no le gusta para nada a los grupos ilícitos”, dice Carlos Alberto García (29 años), amigo de Edwin y quien lo describe así: “Era una persona muy alegre, muy confianzudo, amigable con todos…, pero como autoridad era fuerte a la hora de tomar decisiones, era firme. Creo que por eso los grupos armados decidieron matarlo”.

Soy un pinche comunero y nací y crecí siendo rebelde, me forjé en la dureza de la vida, creo en que se puede cambiar el presente que vivimos por un futuro mejor…

Edwin Dagua Ipia

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“La madre tierra me protege. Cuando salgo de mi casa, brindo pidiendo protección: acompáñame, llévame y tráeme”, dice Albeiro. Se sienta, mira el cielo y explica: “Cuando llegaron, estaba soleado y ahora está nublado. Eso es que algo va a pasar. Pero no se preocupe, es bueno para nosotros. No va a haber problemas hoy”.

Según cuenta este hombre de baja estatura, sonriente y buen conversador, la naturaleza se pronuncia a través de los cantos de los pájaros, el movimiento de las nubes y sus sueños. Y también le anuncia cosas que van a pasar. Entonces, ¿cómo no amarla, cómo no cuidarla, cómo no dar la vida por ella?

Albeiro no recuerda el clima del día que asesinaron a Edwin, pero recuerda que el día anterior estuvieron hablando en la escuela de la vereda.

Todos los años, las instituciones educativas del resguardo invitan a los cinco nejwesx de Huellas a la clausura académica. Aunque ir a El Credo era difícil por la situación de orden público, las autoridades llegaron el 6 de diciembre de 2018 hasta la escuelita. Edwin era uno de ellos.

Desde muy joven, Edwin empezó a participar en las actividades del cabildo. En junio de 2013 ocupó su primer cargo en la estructura de gobierno. Tenía 23 años cuando, según registros de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), los habitantes de El Poblado lo escogieron para ser autoridad veredal, y durante ese año se desempeñó como secretario principal del cabildo. Ese mismo año, el Sistema de Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo identificaba a las Farc como el único actor armado de Caloto, Cauca.

La pasión por la organización indígena lo llevó a que, en 2017, ocupara el cargo de fiscal del cabildo. Y poco tiempo después, el 22 de diciembre de ese año, la comunidad en asamblea decidió cambiar de estructura, pasando de cabildos a autoridades sa’t we’sx. Es decir, ya no tendrían un gobernador de todo el cabildo, sino cinco autoridades con su respectiva chonta —o bastón de mando—. Fue ahí cuando Edwin se convirtió en uno de los 5 sa’t we’sx que ejercen la autoridad ancestral del resguardo indígena de Huellas Caloto.

El día antes de que lo asesinaran, Edwin estuvo en la mañana hablando con Héctor Fabio Casamachín, coordinador de la guardia indígena del resguardo. “Ese día se fue sin su esquema de seguridad, ¿sabía que a él ya lo habían amenazado?”, pregunta.

La amenaza previa a su asesinato ocurrió exactamente el 26 de febrero de 2018. Hacia las cinco y media de la tarde, por el sector de la EPS Norte de Caloto, dos hombres armados, que se desplazaban en un vehículo rojo, abordaron a Edwin. Con las armas le apuntaron a la cabeza y con insultos le gritaron: “Lo venimos siguiendo, cuídese, sabemos quién es, tiene dos días para largarse”.

Pocos meses después, el 21 de agosto, una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo advirtió que eran cuatro los grupos armados que hacían presencia en la zona: Epl, Eln, disidencias de las guerrillas y las denominadas Águilas Negras. El conflicto se venía recrudeciendo en el territorio desde el 2017.

“Solo tuvimos casi dos años de tranquilidad después del acuerdo de paz. Luego la guerra volvió, y peor que antes”, dicen varios líderes.

Edwin llegó a una ceremonia en la escuela en la tarde. Entre los asistentes estaba María, la amiga de Edwin. Se vieron a lo lejos y se saludaron. Esa noche él se fue con ella para su casa, llegaron más amigos y se pusieron a recochar. Al día siguiente, María le dijo a su esposo que lo llevara en la moto hasta su casa. Pero su marido no se quería devolver solo, así que ella le dijo que también los acompañaba. En ese momento se cruzaron con el cuñado y decidieron irse en dos motos: Edwin con el esposo de María, adelante, y ella y su cuñado, atrás.

“Íbamos tan tranquilos cuando sucedió eso…”.

—¿Qué pasó después, María?, ¿quién lo mató? —pregunto.

Como es costumbre en su etnia, a Edwin lo ‘sembraron’ el 9 de diciembre de 2018 en el filo de una montaña. Deucaris, amiga de Edwin, visita su tumba.

Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

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Cuando a un nasa se le entrega su chonta, significa que ahora es una persona importante en el territorio indígena, que tiene la fuerza de su gente. El nombre para los portadores de la chonta es Kiwe Thegnas, que en su idioma, el nasa yuwe, significa ‘guardias de la tierra’.

“Soy un pinche comunero y nací y crecí siendo rebelde, me forjé en la dureza de la vida, creo en que se puede cambiar el presente que vivimos por un futuro mejor. No tengo mucho, pero soy feliz con lo que tengo, no sigo denominaciones ni tintes políticos, no soy de derecha ni de izquierda, soy de abajo, de los que se burlan de los de arriba, soy orgullosamente nasa del resguardo indígena Huellas”, dijo Edwin en una asamblea.

Edwin cargaba con orgullo su bastón de mando.

El día de su muerte, descendió con el profe por las curvas de la montaña hasta llegar a la vía principal, giraron a la derecha hacia El Palo. María y el cuñado venían atrás. Por las curvas hubo un momento en el que perdieron de vista a su esposo y a Edwin. Fue ahí cuando aparecieron dos hombres vestidos de negro, le apuntaron a Edwin y cuatro disparos impactaron en su cuerpo.

El joven líder de 28 años cayó en la vía, su chonta quedó a menos de medio metro de su mano.

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El dolor no debe ser rutina ni costumbre.

Margarita Hilamo Mestizo es una mujer poderosa. En sus ojos carga la sabiduría de la resistencia. Esta mujer de 52 años es una guerrera de la palabra y por la vida, tiene grabada en su memoria la historia de la comunidad nasa en Caloto. Recuerda los nombres de los líderes asesinados, quiénes eran, por qué, cómo y quiénes los mataron y se sabe de memoria las masacres que han ocurrido en la zona.

“Cuando matan a un líder queda un vacío muy grande en la comunidad; sin embargo, no nos quedarnos de brazos cruzados”. Y sentencia: “Seguimos adelante. Los pueblos indígenas lo llevamos en la sangre. Somos guerreros, pero no en armas. Guerreros con la palabra, con la acción, con las exigencias… Cuando matan a un líder, en lugar de restarnos fuerza, nos da mucha”.

Alejandro Casamachín es el coordinador del Plan de Vida del resguardo Huellas del pueblo nasa. Anda siempre con un sombrero que lleva una cinta de colores y una mochila que tejió con su esposa. La mochila lo protege, le salvó la vida una vez que le dispararon. En ella carga la cosmovisión de los nasa. El sombrero y la mochila son símbolos de resistencia, pero él en sí mismo es un símbolo.

Casamachín le ha hecho seguimiento al caso de Edwin muy de cerca y asegura que el detonante para su asesinato fue cuando alias el Indio mató a Janer Ulpiano Ul, hijo de una guardia, en la vereda El Tierrero.

—Apenas la disidencia estaba cogiendo fuerza, así que convocamos a una asamblea en El Credo, 15 días después del asesinato. Juzgamos al ‘Indio’ de manera ausente. Ese día, Edwin hizo la lectura del contexto del resguardo. Fue muy duro y enfático en los actores armados, en el incremento del cultivo ilícito… él dijo: “Tenemos que pararlo y sea quien sea, pues toca o hablar con ellos o cogerlos”.

Cuatro días antes del asesinato de Edwin, el 4 de diciembre, el resguardo publicó un documental en el que Edwin dice: “Aquí el mensaje es claro y contundente: vamos a arreciar contra los que vengan a hacernos daño en el territorio. (…) Ese es el llamado y que no nos dé miedo, siempre ha sido así nuestro lema: ‘Nos matarán a uno, pero nacerán miles’. Sin ningún interés podemos dar la vida por el territorio”.

Entonces empezó la zozobra, llegaron panfletos y las amenazas fueron constantes… Luego mataban a uno y al otro. Aquí y allá. Hasta que le llegó el turno a Edwin.

—No hemos cogido a quien lo asesinó. Sin embargo, en agosto del 2019, se entregó alias Luisca, activo de la disidencia. Él era el que recogía las extorsiones a los cultivadores de marihuana.

El 14 de agosto de 2019, la Gobernación del Cauca publicó el cartel de los líderes de la disidencia de las Farc más buscados y que serían los responsables de la muerte violenta de varios integrantes de la guardia indígena en el norte del Cauca. En la lista estaban: alias el Indio y alias Luisca o Andrés.

A los pocos días, ‘Luisca’ o Luis Carlos Cainas Ul, tercer cabecilla de la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’, se entregó a las autoridades. Confesó ser uno de los responsables del asesinato de Edwin Dagua Ipia.

ANTECEDENTES
Y Cronología
del caso

2018

23 de septiembre

Alias ‘El Indio’ asesina en El Tierrero a Janer Ulpiano, hijo de una guardia, que lo persigue y llega hasta su casa donde encuentran un computador y varios documentos. Entre estos, el acta de compromiso de la JEP para reincorporarse a la vida civil.

2018

21 de agosto

Una Alerta Temprana dice que son cuatro los grupos distintos en la zona: Epl, Eln, disidencias de las guerrillas y las denominadas Águilas Negras.

2018

4 de diciembre

Tres días antes del asesinato de Edwin es publicado el documental ‘La era del posconflicto, la era de sangre’, sobre cómo el pueblo Nasa ha sido históricamente masacrado en el marco del conflicto armado colombiano. Allí, Edwin dice: “Vamos a arreciar contra los que vengan a hacernos daño en nuestro territorio; matarán a uno, pero nacerán miles”.

2018

7 de diciembre

EDWIN DAGUA IPIA es asesinado.

2018

10 de diciembre

La Fiscalía General de la Nación inició la investigación.

2019

14 de agosto

Se publica el cartel de los líderes de la disidencia de las Farc más buscados y que serían los responsables de la muerte violenta de varios integrantes de la guardia indígena en el norte del Cauca. Entre los buscados están: alias ‘El Indio’ y alias ‘Luisca’ o ‘Andrés’.

2019

Agosto

Luis Carlos Cainas Ul, alias ‘Luisca’, tercer cabecilla de Fianzas Grupos Armados Organizados Residuales GAO-r E6 de la Columna Móvil Dagoberto Ramos, se entrega a las autoridades. Es el principal señalado como responsable del asesinato de Edwin.

2019

21 de octubre

El Resguardo indígena Huellas solicitó a la Fiscalía que la investigación por el asesinato de EDWIN DAGUA IPIA saliera a la Jurisdicción Especial Indígena.

2020

23 de junio

Alias ‘El Indio’, Fernando Israel Méndez, fue capturado por la Fuerza Pública en la vereda Guasimo, en Caloto (Cauca). Es señalado de ser el cabecilla del Grupo Armado Residual (GAOr) Dagoberto Ramos Ortiz. Sería el responsable de la masacre de seis integrantes de una comunidad indígena. Fue imputado por siete delitos, entre ellos, secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y terrorismo. Un juez de Popayán lo envió a la cárcel.

2020

5 de diciembre

A las 8:30 p. m. fue asesinado HERNÁN EDUARDO PINO, de 30 años, en Caloto. Y a las 10:30 p. m. se perpetró una masacre de cuatro personas en el sector de Gualanday (Santander de Quilichao).

2021

27 de abril

La Fiscalía confirmó, mediante un derecho de petición de EL TIEMPO, que la investigación de este caso salió a Jurisdicción Especial Indígena el 21 de octubre de 2019. Aún no se conoce sentencia contra alias ‘Luisca’.

El 21 de octubre de ese mismo año, el resguardo indígena Huellas le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que la investigación por el asesinato de Edwin pasara a la Jurisdicción Especial Indígena.

—Qué encarte tan berraco porque al haberse entregado él, le corresponde a uno la responsabilidad de cuidarlo. Es una cosa irónica… estuvimos con él volteando como 15 días…hasta que pedimos un permiso en el búnker de la Fiscalía para que lo cuidaran. Luego conseguimos un cupo en el Inpec y allá está.

Las autoridades indígenas tienen pruebas contundentes la existencia de un plan estratégico por parte de la disidencia de criminalizar, matar y romper el tejido de la organización indígena. El plan incluía varios asesinatos, entre esos el de Edwin.

—Nosotros vamos a condenar a ‘Luisca’. Sin embargo, nos faltan aún varios que están detrás del asesinato —explica Alejandro.

***

—Pienso que Dios lo estaba preparando para irse —dice la hermana de Edwin y la mayor de siete hijos del matrimonio Dagua Ipia.

En la casa donde nació Edwin huele a café. Detrás de la despulpadora, el horizonte se extiende hasta encontrarse con El Muchacho, una montaña sagrada en la cosmovisión nasa de Caloto. Fue con esa vista que María Edilma y Edwin se vieron por última vez un mes antes de que lo asesinaran.

—Él desde pequeño tenía esa iniciativa de liderar. Le gustaba ser personero y presidente estudiantil y así fue creciendo —recuerda la hermana de Edwin.

Su mamá no se detiene a escuchar la conversación. Cada vez que le nombran a su hijo el dolor la invade. No para y sigue echando café en la despulpadora.

El dolor para la familia Dagua Ipia no fue solo por la muerte de Edwin. En la madrugada del 29 de diciembre de 2019, un año después del asesinato del comunero, desconocidos intentaron ingresar a la casa de la madre de Edwin y al día siguiente un hermano encontró un grafiti de una calavera con las siglas “FDA (Fuera de Aquí)”. Otros dos parientes habían tenido que irse una semana antes.

—Nos tuvimos que ir todos de acá por las amenazas que recibimos. Pero mi mamá no soportó Bogotá. Yo me vine con ella para la finca y de acá no nos pensamos ir. Nosotros aprendimos el perdón. Y sea quien sea que haya asesinado a mi hermanito, lo perdonamos. Lo único que pedimos es que nos dejen tranquilos en nuestra tierra —sigue la hermana de Edwin.

Al día siguiente del asesinato, el cuerpo de Edwin llegó hasta la vereda donde nació. Una caravana de miles de personas subió la montaña acompañando el féretro. Esa noche, cientos se quedaron acompañando la velación. Los jóvenes tocaron música, le hablaron a Edwin, se despidieron de él. Lo lloraron y brindaron con chirrinche. Como a él le habría gustado, ese día todos “recocharon”.

El domingo, cuando sacaron el féretro para llevarlo a su siembra, la guardia indígena —la que Edwin tanto quiso— le hizo una calle de honor. Los bastones de mando fueron alzados hacia el cielo para despedirlo. Ese día, todos los nasa cargaron su cuerpo hasta el filo de la montaña.

A Edwin lo sembraron el 9 de diciembre de 2018. A su lado nació una planta de flores amarillas que acompañan el atardecer. Y de vista tiene la montaña sagrada de El Muchacho y el valle que se extiende.

Deucaris pone su mano sobre su tumba.

—No volvía acá desde que lo sembraron —dice, y brinda un chirrinche en tributo a Edwin—. Yo a él lo cargo en este llavero que tiene un poema que le escribió uno de los jóvenes que lo conoció: “Dagua, te fuiste como agua, agua que dejó huella, huella que no morirá”.

Y con lágrimas en los ojos, afirma:

—Él ahora es un árbol y todo lo que vemos es el fruto y las ramitas de lo que él hizo.

10 de enero de 2017

1:00 p. m.

José Yimer Cartagena encabeza una reunión con campesinos de la vereda El Llano de Tierralta, y les informa que partirá hacia el casco urbano de Carepa a recoger una gasolina que, tras varias gestiones, el alcalde de ese municipio se comprometió a dar para la maquinaria con la que le haría mantenimiento a la vía que comunica a esas dos poblaciones.

10 de enero de 2017

3:00 p. m.

Al acabar la reunión, el líder social parte a pie hasta el sector de El Cerro, donde aborda el campero de servicio público que hace la ruta hacia Carepa.

10 de enero de 2017

4:00 p. m.

Aproximadamente a mitad de camino, en el sector de La Petrolera, ya en territorio de Carepa, un retén de paramilitares detiene el vehículo. Hombres armados llaman por su nombre a José Yimer, lo bajan y amenazan a los demás ocupantes. “Hagan de cuenta que nada pasó. Ustedes no vieron nada”, relatarían los pasajeros.

10 de enero de 2017

5:30 p. m.

Los líderes de la asociación Asodecas son alertados por la comunidad sobre el secuestro de José Yimer. Parten desde Tierralta hacia Carepa para iniciar la búsqueda.

11 de enero de 2017

9:00 a. m.

El cuerpo de José Yimer fue hallado en un potrero del sector Acadaná, en la zona periférica de Carepa. Vestía jean, botas pantaneras y una camiseta blanca. Tenía las manos esposadas tras la espalda y la cabeza cubierta por un trapo. “Lo encontraron con más de 30 puñaladas, la lengua cortada y sin uñas, por lo que concluyeron que hubo tortura”, contaron los compañeros del líder en la asociación de campesinos.

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El líder que soñó con
un Alto Sinú
sin coca

José Yimer Cartagena era un campesino, de apenas 30 años, que impulsaba la sustitución de cultivos de uso ilícito. Fue secuestrado, torturado y asesinado en 2017. Su corregimiento en Tierralta, Córdoba, quedó a merced de los grupos ilegales.

Julián Ríos Monroy @julianrios_m

Enviado especial de EL TIEMPO

La peregrinación se extendía bajo un rayo de sol calcinante. Algunos hombres se adelantaban hasta el frente para relevar a sus vecinos y ayudar a cargar el ataúd. Casi todos vestían jean, poncho y botas pantaneras, y no faltaba el que tenía el machete encintado: eran campesinos que se dirigían a enterrar a uno de los suyos.

A uno al que no le tembló la voz para decirles a los hombres armados que se fueran y para convencer a los labriegos de arrancar las matas de coca a ver si por fin, después de décadas viendo correr la sangre por sus campos, empezaban a vivir en paz. Iban a enterrar los restos de José Yimer Cartagena Úsuga, sin advertir que también quedaría sepultado el proceso que él lideraba para que el corregimiento de Saiza, en Tierralta, Córdoba, saliera de la guerra y el abandono.

De ese día ya pasaron cuatro años, pero una de las hermanas de Yimer –que pidió omitir su nombre por razones de seguridad– dice que no supera su pérdida. Que no sabe si algún día lo hará.

“Él sabía los peligros que corría. Ya lo habían amenazado de muerte, pero decía que no podía dejar a las comunidades desamparadas. Y así fue: no las dejó, tomó el riesgo”, dice la mujer –de piel blanca y cuerpo menudo– mientras se le inundan los ojos y hace un esfuerzo por contener las lágrimas. No le gusta llorar.

Desde el paro agrario de 2013, la voz ronca y siempre poderosa de Yimer empezó a tomar fuerza en Tierralta. Sin importar que su corregimiento fuera el más alejado y de difícil acceso, logró que unas 300 personas se movilizaran a las ciudades de concentración de las protestas. Pertenecía al movimiento Marcha Patriótica y se enroló con la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas) –que aglomera a más de 5.000 labriegos–, se convirtió en su vicepresidente y empezó a trabajar en el fortalecimiento político de Saiza y a denunciar las violaciones de derechos humanos que grupos guerrilleros y herederos de estructuras paramilitares cometían en la región.

Cuando él nació, el 15 de julio de 1986, el conflicto ya estaba presente en esas últimas montañas del Nudo de Paramillo, que marcan el fin de la cordillera Occidental. Con los años, la guerra obligó a su familia a desplazarse y le arrebató la vida a su mamá una semana antes de que él cumpliera 15 años. Una mamá muerta en una de las tantas masacres que han ocurrido en este territorio.

Por eso, en 2016, cuando se comenzó a hablar de la firma de un tratado de paz con las Farc, cuando vio que sus tres hijos y los de todos sus vecinos podían tener mejor futuro, le apostó todo a esa meta. Se concentró en hacer pedagogía de lo negociado en La Habana y le puso el foco a una estrategia consignada en el punto 4 del acuerdo: el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), la punta de lanza para acabar con la coca en los territorios de forma concertada con las comunidades.

José Yimer, como cualquier campesino que viva en una región cocalera, sabía que esas siembras son el principal detonante de la violencia, y reemplazarlas por cultivos legales se convirtió en un sueño que los actores armados no le dejaron cumplir.

Es la paradoja de un país de guerras recicladas como Colombia. Tras la salida de las Farc del territorio, la incapacidad del Estado para evitar que otros grupos coparan los espacios abandonados por la antigua guerrilla fue tal que, menos de dos meses después de la firma del acuerdo de paz, el 10 de enero de 2017, hombres del ‘clan del Golfo’ –la estructura que controla desde entonces el Alto Sinú– secuestraron a Yimer.

Sabía que corría peligro porque su labor ponía en riesgo directo las finanzas del clan. Si la coca desaparecía de la región, el principal negocio de esa estructura –el narcotráfico– perdería su materia prima. Córdoba, de acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos de Uso Ilícito (Simci), de Naciones Unidas, es el noveno departamento del país con más hectáreas sembradas de coca: 2.882 de las 154.475 que tenía Colombia para 2019, el conteo más reciente. Y solo en Tierralta estaban 1.140, el 40 por ciento de las cultivadas en todo el departamento. Eso representa una producción de unos 8.500 kilos de cocaína, que según estimaciones de la Policía significan alrededor de 414 millones de dólares.

Y a esa cantidad de plata que los grupos armados no estaban dispuestos a dejar de percibir se sumaba la oposición de Yimer a que entraran al territorio y sus denuncias sobre los vejámenes de estos grupos en su lucha por tener el control.

Un día después de su rapto, el 11 de enero de 2017, su cadáver fue encontrado en un potrero. Llevaba jean, botas pantaneras y una camiseta blanca teñida de sangre por las 30 puñaladas que sus verdugos le propinaron. Le cortaron la lengua. Le arrancaron las uñas. Su cuerpo yacía sobre un pastal con las manos amarradas tras la espalda y la cabeza cubierta por un trapo. Una sevicia sin palabras que la describan. Una sevicia que hay que contar porque a ella se enfrentan quienes viven en estos territorios. Y nadie quiere enterrar más muertos.

***

Cuando su hermana nació, José Yimer tenía 7 años; cuando lo asesinaron tenía 30. A ellos, como a todos los nacidos en Saiza, les dicen que son ‘costeños chiviados’. Su corregimiento pertenece a Córdoba, pero la falta de vías hacia los centros urbanos de ese departamento hace que tengan más cercanía con los municipios del Urabá antioqueño, y la mayoría de saiceños hablan con ese acento tan paisa como el de ella, que también caracterizaba a su hermano.

En las pocas fotografías que se conservan de él, aparece con sombrero vueltiao, carriel y micrófono en mano. A veces se dejaba la barba en forma de candado; otras, solo el bigote. Algunos lo llamaban el Flaco, y calculan que no medía más de 1,70 m. Tenía cejas gruesas y esa piel que se vuelve del color del trigo por la exposición al sol en los campos. Pero más que su físico, en el Alto Sinú lo recuerdan por su entrega. Se mantenía informado de los problemas de las comunidades –sobre todo de las que viven en las 30 veredas que forman el corregimiento de Saiza– y se movía como podía para solucionarlos. Incluso fue uno de los impulsores de la iniciativa de crear una zona de reserva campesina en el Nudo de Paramillo.

“Nosotros no pudimos estudiar porque nos tocó una infancia de mucha violencia, pero él era muy inteligente. Cualquier cosa que leía se le grababa”, dice su hermana, y sentencia: “Por algo manejaba el rol de líder social”.

El paso de la violencia por Córdoba ha marcado a generaciones enteras. Según el Registro Único de Víctimas, 424.548 personas (casi un cuarto de la población total) han sido afectadas por el conflicto armado en este departamento desde 1985. Pero la guerra llegó mucho antes a esta tierra.

En 1967 nació en la región el Ejército Popular de Liberación (Epl), y cuatro años más tarde, el quinto frente de las Farc. Pero hubo una fuerza irregular surgida a finales de los 80 que no permitió, a largo plazo, la consolidación de las guerrillas: las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), conformadas por hombres bajo el mando de Fidel Castaño, hermano del cruelmente célebre Carlos Castaño. Ese grupo paramilitar fue el preámbulo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que en su afán por acabar con la subversión implantaron el terror a su paso.

En Saiza, lo peor del conflicto comenzó a sentirse en 1997. Eso lo recuerda la hermana de Yimer, quien para entonces era una niña. Ella tenía escasos 5 años cuando su familia se vio obligada a desplazarse. Se fueron para Remedios, en el nordeste de Antioquia, a más de 11 horas de distancia. Todo Saiza correría la misma suerte después de la masacre del 14 de junio de 1999. Ese día, paramilitares del bloque Bananero –comandado por Éver Veloza, alias H. H.– asesinaron a 14 personas, quemaron el caserío y forzaron a todos sus habitantes a huir.

La conversación con ella se da en la peluquería que montó en la casa a donde tuvo que huir tras la muerte de Yimer, por miedo a correr su misma suerte. Es un cuarto con tejado de zinc y piso cementado, de cinco tablas de madera de ancho por ocho de fondo, adornadas con un espejo y un almanaque rojo. Queda en una invasión de calles destapadas y sin servicios públicos, en un municipio caluroso que, si por ella fuera, se llamaría ‘No me encuentren’.

Como si no bastara con el dolor de perder a un familiar, tuvo que salir despavorida y con las manos vacías a buscar rumbo lejos de Saiza. Ya perdió la cuenta de todas las veces que la guerra la ha obligado a desplazarse, aunque recuerda bien la primera.

“Nosotros nos fuimos primero a una vereda de Remedios. Allá se quedó mi papá y, huyéndole a la violencia, mi mamá nos llevó al pueblo vecino, Segovia. Ella murió en una masacre a manos de las Auc hace 20 años ya, el 8 de julio de 2001. Estaba embarazada, pero a los paramilitares no les importó eso. Con tal de hacer su matanza y salir con las manos manchadas hasta donde más no podían, no les importó. Quedamos huérfanos”, recuerda con la mirada clavada en la nada.

El río Sinú bordea el casco urbano de Tierralta (Córdoba). Es la tercera fuente hídrica más importante del Caribe y, por décadas, ha sido usado por los grupos paramilitares y guerrilleros en sus acciones criminales.

Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Yimer, un niño en esa época, tuvo que convertirse en adulto y trabajar como tal para responder por sus siete hermanos. Siguió labrando la tierra y, con los años, aprendió a manejar una retroexcavadora y se empleó en las minas de oro de la región.

En Segovia, Yimer conoció a su primera pareja y tuvo dos hijos con ella: el mayor tiene 15 años ahora, y la menor, 12. Tiempo después de que las cosas dejaron de funcionar en su relación, se separaron. Era hora de recorrer –como ya lo habían hecho su padre y algunos hermanos– los más de 500 kilómetros del camino de regreso y volver a su pueblo: a Tierralta, a Saiza, al lugar donde nació y donde luego enterrarían sus restos.

***

El aguacero que cayó en la noche y la falta de alcantarillas tienen la calle hecha un charco. Apenas despunta el amanecer del jueves en el centro de Tierralta y no hay ni un alma caminando por ahí. Frente a una miscelánea está parqueada una camioneta 4 x 4 blanca. En el espaldar de los asientos delanteros hay dos chalecos antibalas: uno para Luis Carlos Herrera, que va de copiloto, y el otro para el escolta que le asignaron por las amenazas que tiene encima, quien conduce el vehículo.

Luis –de pelo corto y piel morena– es un reconocido líder social del sur de Córdoba. Desde 2005 empezó a denunciar la violencia en la región y, entre 2012 y 2018, fue presidente de Asodecas. Durante cuatro de esos seis años, José Yimer fue el vicepresidente de la organización, hasta que lo mataron.

Recorremos en dirección norte las calles, hasta que se acaban las casas y aparece un valle extenso a orillas del río Sinú, atravesado por una carretera que es la salida del municipio y el departamento. Es la misma vía que Yimer recorría cada vez que necesitaba ir desde Saiza hasta el casco urbano de Tierralta, donde está la sede de la asociación.

El río Sinú bordea el casco urbano de Tierralta (Córdoba). Es la tercera fuente hídrica más importante del Caribe y, por décadas, ha sido usado por los grupos paramilitares y guerrilleros en sus acciones criminales.

Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Es un mismo pueblo, pero para ir desde su centro poblado hasta las veredas del sur, la falta de carreteras obliga a atravesar y salir de la subregión del Alto Sinú, a pasar por el Urabá antioqueño hasta llegar a Carepa y, ahí sí, entrar otra vez a Córdoba e internarse por dos horas más hasta el corregimiento. La ruta podría ser de 60 kilómetros, pero hay que recorrer 150 para llegar, y la mayoría del tramo se hace por una vía destapada que desde hace décadas controlan grupos paramilitares o sus herederos y que es clave para sacar la droga a pueblos costeros como Necoclí o Turbo.

Y, de todos modos, lograr entrar a Saiza no es una certeza. La ley y el orden en el territorio los impone el ‘clan del Golfo’, y sin su permiso no es recomendable ingresar. No obstante haber pedido esa autorización con semanas de anticipación, no pudimos llegar hasta allá. Los líderes comunales del corregimiento aseguraron que no podían garantizar nuestra seguridad y, sobre todo, la de ellos. “Ustedes probablemente entren y salgan, pero nosotros nos tenemos que quedar acá y pueden tomar represalias”, dijo uno de ellos, y se negó desde el comienzo a ser entrevistado, incluso en caso de obtener el visto bueno de los actores armados.

Allá, los miembros del clan –cuyo máximo líder, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, es el hombre más buscado del país– andan vestidos de civil. Si se mueve una hoja (o si alguien la mueve), ellos se enteran.

“Yimer era la piedra en el zapato para ellos, porque tenía las comunidades muy alertas a que cuando las Farc salieran del territorio no dejaran meter nuevos grupos armados a sus veredas”, contó una labriega de Saiza.

Con su asesinato, el plan de resistir a la incursión de estructuras ilegales se desmoronó. Si lo que buscaba el clan era intimidar a la comunidad, lo logró. ¿Quién arriesga su pellejo cuando el precio es la tortura y el asesinato? José Yimer Cartagena lo hizo. Miles de líderes lo hacen. Y a cientos les ha costado la vida.

Eso sí, la semilla que plantó para que los campesinos abandonaran la coca se mantuvo. Los últimos meses de su vida se dedicó a recorrer las veredas del corregimiento socializando el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

A esta estrategia, que busca que los cultivadores arranquen sus matas y empiecen un proyecto productivo legal, se vincularon 99.097 familias en 56 municipios de 14 departamentos. Córdoba es el sexto territorio con mayor número de campesinos inscritos al PNIS: 6.374 familias que abandonaron la coca y erradicaron voluntariamente 2.489 hectáreas.

“Yimer había logrado preinscribir casi 700 familias de Saiza al programa, pero cuando lo mataron, a la gente le dio miedo seguir vinculándose”, cuenta el líder Luis Herrera. Al final, según los datos del programa de sustitución, se inscribieron solo 345 familias del corregimiento, que arrancaron 221 hectáreas sembradas con la mata (el 9 por ciento de las que se sustituyeron en todo el departamento).

Pero el asesinato de Yimer y las amenazas en Tierralta no fueron la excepción, sino, más bien, la regla en los territorios donde se intentó acabar con la economía ilegal de la coca.

Allí, el blanco de ataque directo fueron los promotores de la sustitución como Yimer. Desde las primeras amenazas que él recibió –en noviembre de 2016– hasta junio de 2020, en el país asesinaron a 75 líderes que le apostaban a acabar con la coca, según una investigación del Programa Somos Defensores.

“Cuando mataron a Yimer se notó como un silencio. Hubo cambios muy grandes porque notamos que el programa de sustitución iba adelantado y de pronto se cayó, se detuvo. Los líderes sentimos temor de que nos pasara lo mismo por continuar en eso”.

Quien habla es el presidente de la junta de acción comunal de una vereda del corregimiento de Saiza. También pidió omitir su nombre por seguridad. Comunicarse con él o cualquier poblador solo es posible si no están allí: en la zona no hay señal de celular ni internet. Para rematar, físicamente también están aislados. En octubre del año pasado se cayó un puente desvencijado que les permitía a 2.500 habitantes de 12 veredas cruzar el río Verde para llegar al casco urbano de Saiza y surtirse de víveres. El pueblito está formado por 70 casas –algunas, de material; muchas, de madera–, una capilla y una escuela construida por la propia comunidad. No hay estación de policía ni base del Ejército. Tampoco agua potable o centro de salud.

Del caserío de Jaime a Saiza no hay carretera. Se llega después de una hora atravesando un camino de herradura o por el río. Veredas como esa, y otras mucho más apartadas, eran frecuentadas por Yimer. Hasta allá también llegaron los funcionarios del PNIS para firmar los acuerdos y verificar que los cultivos de coca sí se hubieran arrancado, pero –dicen los pobladores– después de eso poco volvieron y empezaron las trabas.

De hecho, los reportes de implementación del PNIS muestran que los retrasos se dan a nivel nacional. Y la situación de Tierralta es de las más preocupantes: este es el tercer municipio con mayor retraso. De sus 19 corregimientos, Saiza es donde más estancado está. Este año, sus pobladores recibieron el primero de seis pagos de ‘Asistencia alimentaria inmediata’, un auxilio económico que, según lo establecido, debía haber llegado hace más de tres años: era inmediato porque sería el único ingreso con el que contarían los campesinos justo después de arrancar las matas de coca que les daban el sustento.

“Acá la situación económica ha sido muy difícil. Al quedar sin el ingreso de los cultivos, la gente ha tenido que rebuscarse estos años”, cuenta el hombre que tampoco quiso revelar su nombre, y dice que él y sus vecinos creen que las cosas serían diferentes si no hubieran asesinado a Yimer: “Él estaba pendiente de todos esos procesos, buscaba reuniones con las entidades. Si siguiera acá, imagínese, se habrían podido adelantar esos tiempos, hubiéramos podido reaccionar para que nos cumplieran, pero todo quedó en veremos”.

La última vez que la lideresa María Arrieta vio a José Yimer Cartagena, una semana antes de su muerte, él le advirtió que la situación no estaba fácil: “Me dijo que había inconvenientes en el territorio, pero que era un trabajo que había que hacer, que era mejor que la gente abandonara la coca y tuviera un proyecto legal. Él nunca se puso negativo”.

Los peligros, para entonces, habían sido detectados por la propia Defensoría del Pueblo, que el 23 de noviembre de 2016 generó una alerta temprana en la que sostuvo que los líderes sociales, indígenas y miembros de Asodecas estaban “en especial condición de riesgo” ante la expansión del ‘clan del Golfo’.

Pero, para los tierraltenses, de nada sirvió que el Estado estuviera al tanto de la situación. “Pensábamos que al salir las Farc del territorio y nosotros dejar de sembrar coca, las cosas iban a cambiar, pero los paramilitares se adueñaron de las tierras productivas. Yo tuve que salir de mi vereda, y allá el clan había tumbado ya 11 hectáreas de bosque para cultivos ilícitos. En las zonas más apartadas les compraron las fincas a los campesinos, les daban 300.000 o 400.000 pesos por hectárea para sembrar todo eso con coca. Ya hasta se ven cristalizaderos por allá”, contó una lideresa que pidió no revelar su identidad.

Su testimonio explica, en parte, el notable aumento de los cultivos de coca en el municipio en esos años de reacomodación de los grupos armados. De 1.290 hectáreas en 2016 –cuando se firmó el acuerdo de paz y la guerrilla salió de la zona– a 1.629 en 2017 y, luego, a 2.201 hectáreas en 2018, según el Simci, de la ONU.

ANTECEDENTES
Y Cronología
del caso

2016

20 de noviembre

Hombres armados –presuntamente del ‘clan del Golfo’– retuvieron a José Yimer, lo violentaron y le advirtieron que su vida estaría en riesgo si seguía impulsando el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

2016

23 de noviembre

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, en su Informe de Riesgo 037-16, alertó del peligro al que estaban expuestos los miembros de Asodecas y la población civil: homicidios, desplazamientos, confinamientos, violencia sexual.

2017

11 de enero

El cuerpo sin vida de JOSÉ YIMER CARTAGENA fue hallado a las afueras de Carepa con signos de tortura.

2017

31 de enero

Por un caso externo, la Policía capturó a Adrián Manco Higuita, alias ‘Camilo’ o ‘Manco’, jefe de sicarios del ‘clan del Golfo’ en el municipio de Carepa. En su poder se halló un celular con las fotos del cadáver del líder asesinado.

2017

1 de febrero

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputa a ‘Manco’ por los delitos de secuestro simple, tortura agravada, homicidio agravado y hurto calificado y agravado. El hombre no acepta los cargos.

2017

6 de febrero

‘Manco’ ingresa a la cárcel El Pedregal, de Medellín, donde sigue recluido en la actualidad y responde por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, homicidio y concierto para delinquir.

2017

6 de noviembre

Sentencian a ‘Manco’ a 18 años de prisión por el homicidio de otra persona, el labriego YEISON DUBÁN CARVAJAL CASTAÑO, quien tenía 26 años de edad cuando fue asesinado.

2018

1 de febrero

Le dictan medida de aseguramiento intramuros a ‘Manco’ como presunto responsable del asesinato de JOSÉ YIMER. “El homicidio fue ordenado por el ‘Clan del Golfo’ y le hurtaron un computador y otras pertenencias para hacer parecer como una muerte producto de un hurto”, informó la Fiscalía.

2018

21 de septiembre

‘Manco’ aceptó haber asesinado al líder JOSÉ YIMER CARTAGENA y se allanó a los cargos inicialmente imputados por el ente acusador.

2018-2019

Fecha de
Actuación
Actuación Anotación Fecha inicia
Término
Fecha finaliza
Término
Fecha
de registro
2018-06-18 Radicación de Proceso Actuación de Radicación de Proceso realizada al 18/06/2018 a las 16:33:23 2018-06-18 2018-06-18 2018-06-18
2018-06-21 Auto evocando conocimiento Se avoca conocimiento, se fija fecha de audiencia de formulación de acisación para el día 27 de julio de 2018 a las 09:30 a.m., JG. 2018-06-26
2019-03-21 Envío Ejecución de Penas Anexo al oficio 420, se remite una carpeta con 9 folios al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad reparto de Medellón. DRP. 2019-03-05
2019-03-05 Audiencia de conocimiento Se emite sentencia condenatoria. C.O. 2019-04-05



***

Segundo martes de 2017. El calendario indicaba que era 10 de enero. Apenas arrancaba el año y José Yimer Cartagena citó a los vecinos de la vereda El Llano para contarles las buenas nuevas: ese día viajaría a Carepa para hablar con el alcalde, quien se había comprometido a aportar la gasolina para las máquinas que arreglarían la carretera. La vía, que comunica el sur de Tierralta con el Urabá, es la única que tienen los saiceños, y en inviernos tan fuertes como el que destruyó el puente del río Verde se vuelve intransitable.

A eso de las 3 de la tarde, cuando se terminó la reunión, el líder subió a pie hasta el sector El Cerro, por donde pasa el campero de servicio público que cubre a diario la ruta entre Saiza y Carepa. Iban pasando por un punto conocido como La Petrolera, ya en tierras antioqueñas, cuando un retén de hombres armados –que luego se sabría que pertenecían al ‘clan del Golfo’– detuvo el vehículo. Llamaron a José Yimer por su nombre completo, lo bajaron y amenazaron a los demás ocupantes. “Hagan de cuenta que nada pasó. Ustedes no vieron nada”, relatarían después los pasajeros.

Estaba por oscurecer cuando Luis Carlos Herrera, presidente de Asodecas para entonces, se enteró de que habían secuestrado a Yimer. Junto al defensor de derechos humanos Andrés Chica, alertó a la Fuerza Pública y arrancó para Carepa.

Esa noche, mientras empezaba la búsqueda, los verdugos de Yimer lo torturaron hasta causarle la muerte. Lo querían silenciar y se encargaron de hacerlo por mano propia y de tajo. Fotografiaron su cadáver. Le robaron su celular y su computador para, según la Fiscalía, hacer pasar el crimen como consecuencia de un hurto.

A la mañana siguiente, el 11 de enero, Luis Carlos y Andrés recibieron la noticia. “Estábamos buscándolo con agentes de policía y Ejército cuando nos llamaron a decirnos que habían encontrado un cuerpo”, recuerda Luis, mientras caminamos por el potrero de Acadaná, el sector a las afueras de Carepa donde dejaron el cadáver.

El primer informe forense sobre el cuerpo, cuentan los líderes, negaba que José Yimer hubiera sido torturado, por lo que su familia y los miembros de Asodecas pidieron que enviaran profesionales externos. Ellos llegaron al día siguiente desde Medellín para adelantar la necropsia.

La lideresa María Arrieta, quien se reunió con José Yimer pocas semanas antes de su asesinato, asegura que no han podido encontrar a una persona que tome las riendas de su lucha.

Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El viernes, el cuerpo de Yimer pasó a un féretro sellado con doble plástico, para que nadie pudiera ver cómo había quedado. Fue necesario un coliseo entero para velarlo. Hasta allá llegaron cientos de defensores de derechos humanos y campesinos del Alto Sinú y el Urabá antioqueño. Al día siguiente, el 14 de enero, lo despidieron en Saiza, donde siguen sus restos, junto a los de un hermano a quien también mataron los armados.

“Yimer estaba convencido de que iba a sacar adelante a su territorio. Creía en el proceso de paz, en que la vida acá iba a cambiar. Tenía el anhelo de que su corregimiento saliera de ese conflicto que había generado tanta sangre”, dice Luis Carlos con la impotencia de quien sigue viendo morir a los suyos. Y sentencia: “Él nació en un territorio de guerra, y lo mató la guerra”.

Apenas dos semanas después del entierro del líder, la Policía capturó por un caso externo al jefe de sicarios del ‘clan del Golfo’ en Carepa, Adrián Manco Higuita, alias Camilo, y en su celular encontraron una foto del cadáver de Yimer. Tuvo que pasar más de un año y medio para que Manco aceptara que había sido el autor del asesinato.

El criminal paga una condena de 18 años de prisión en la cárcel de El Pedregal, en Medellín, pero, para la familia de Yimer, no significa que se haya hecho justicia. Según la Fiscalía, el caso sigue en etapa de investigación.

“El proceso quedó parado. Manco pudo ser el autor material, pero no nos han dicho quién fue el intelectual, quién dio la orden y si hubo más personas involucradas”, cuenta la hermana del líder, mientras se aprieta el pecho con la mano izquierda.

Y dice que desde la muerte de Yimer, su papá sufre de trastornos y se le olvidan las cosas: “Con mis hermanos pensamos que es mejor así, con eso no recuerda tanto dolor”.

7:15 p. m.

Wilton Orrego sale del local de su suegra, al otro lado del río Don Diego, atravesado por un puente de unos 100 metros de extensión.

7:23 p. m.

Se escuchan varios disparos. Una bala impacta el pómulo derecho y se aloja en la garganta. Otra bala le rosa la parte trasera de la cabeza, sin hacer daño.

7:25 p. m.

El hermano de Saida la llama por teléfono y le dice que, al parecer, hay un herido en la entrada de su casa. A los dos minutos, Saida llega y entre el tumulto descubre a su esposo, en un charco de sangre. Wilton está consciente, habla y pide ayuda médica.

7:33 p. m.

Wilton es trasladado en el platón de una camioneta vieja, adaptada para transportar pasajeros hacia Maicao (La Guajira) y es llevado al centro de salud de Guachaca. Lo acompañan su esposa y su padre, Amílcar.

7:48 p. m.

En el centro de salud le dicen que no tienen cómo atenderlo y que deben esperar más de dos horas a que llegue una ambulancia de Santa Marta. Saida firma el retiro voluntario. A Wilton le ponen una bala de oxígeno. Saida le contiene la sangre con prendas de vestir.

8:10 p. m.

Leonidas Rincón, pastor de la iglesia evangélica donde Wilton y Saida se congregaban, los recogió en una camioneta Toyota Hilux. A los pocos minutos, Wilton le pide a Saida que le quite el tanque porque ya no tenía oxígeno y estaba botando agua. Se estaba ahogando.

8:25 p.m.

Por fin llegan a una clínica privada de Santa Marta, donde les dicen que no pueden recibir a Wilton “porque requiere atención especializada que allí no le pueden ofrecer”. Saida se molesta, reclama.

8:43 p.m.

Emprenden camino hacia el Hospital Julio Méndez de Santa Marta y en el camino Wilton pierde el conocimiento. Lo reciben, pero a los pocos minutos les indican que llegó sin signos vitales.

1/8

Wilton y el desangre de
la Sierra Nevada
de Santa Marta

El crimen de Wilton Orrego, guardaparques en la Sierra Nevada de Santa Marta, es el cruel reflejo de la violencia que sufren los defensores de la naturaleza —y la población en general— en un paraíso de biodiversidad donde los paramilitares sostienen su propia monarquía. Y un testimonio del dolor irreparable de la muerte de un ser querido.

José Alberto Mojica Patiño @JoseaMojicaP

Enviado especial de EL TIEMPO

—¡No te vayas a morir, no me vayas a dejar sola! —le suplicaba Saida a su esposo Wilton. Él se estaba desangrando. Le apretaba las manos intentando calmarla y luego la soltaba para pedirle, señalando con los dedos, que le metiera la lengua dentro de ese mazacote de sangre que era su boca. Una lengua que se asomaba —como una culebra— por el hueco que le dejó la bala que una hora antes le había atravesado la cara de un solo fogonazo, a la altura del pómulo derecho. Otro disparo le rozó la parte trasera de la cabeza sin causar más daños, según el reporte de Medicina Legal.

—Tenemos tantos sueños, tantas metas, una hija por la que tenemos que luchar —le respondió él, hablando como si tuviera un trapo entre los dientes; una voz que flotaba en medio de ese río rojo y desbocado por el que se le escapaba la vida.

—¿Te sientes mal? —le preguntó Saida.

—Muy mal —respondió, descolgando la cabeza.

—Me miró, miró al papá, sonrió y cerró los ojos. Y yo sentí que me moría con él—dice Saida García con el alma acuchillada mientras recuerda la noche del 14 de enero del 2019, cuando mataron a su esposo: Wilton Fauder Orrego León, guardaparques del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta desde mayo del 2016. Tenía 38 años.

—Fue una muerte tranquila, serena, como era él: un hombre tranquilo y conciliador. Porque él parecía el abuelito que siempre apaciguaba las aguas —dice la mujer.

Saida y Wilton se conocieron el 13 de julio del 2002. Ella recuerda la fecha porque ese día, apenas se vieron por primera vez, se enamoraron para siempre. Él había llegado meses atrás a trabajar como jornalero en un cultivo de plátanos. Y ella estudiaba secretariado ejecutivo. Siete meses más tarde se casaron en una notaría de Santa Marta y la ceremonia religiosa ocurrió en la iglesia evangélica Cuadrangular, donde se congregaban, y se fueron a vivir juntos en la casa de la familia de Saida. Tenían las manos vacías, ni un solo peso, pero su amor siempre fue abundante. Al poco tiempo nació Sheilis Milena, su hija. La pareja empezó a ganarse la vida vendiendo minutos de celular y montaron una cacharrería donde colgaban chanclas y pantalonetas, y más adelante abrieron una carnicería.

Ambos eran campesinos —pobres como casi todos los campesinos colombianos— y fueron desterrados de sus territorios a causa del conflicto armado: cerca de ocho millones según las estadísticas del Gobierno.

Él nació en el corregimiento de Mingueo, en Dibulla, La Guajira, y los paramilitares los sacaron a patadas de su parcela. Ella y su familia fueron expulsados por la guerrilla y los paramilitares desde San Juan Nepomuceno, Bolívar.

Y se juntaron en Don Diego, una vereda al oriente de Santa Marta, sobre el río que lleva el mismo nombre: un paraíso entre la selva y el mar, sobre la troncal del Caribe, que conduce a Riohacha, a hora y media de la capital del Magdalena. Un corredor cada vez más apetecido por el turismo, en uno de los destinos más bellos, biodiversos y visitados de Colombia.

En el 2019, antes de la pandemia, el país recibió 4’352.086 visitantes, de los cuales más de 2,8 millones eran extranjeros, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y Santa Marta aportó 400.000 viajeros a esa cifra, lo que deja claro que el turismo es una de las industrias con mayor crecimiento y potencial, aunque esté lejos de ser una industria inocente.

“A pesar del potencial económico de la región, una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales, así como de las estructuras criminales, tiene que ver con lo que se ha denominado el oro verde, es decir, la industria del turismo. En Buritaca y Bahía Concha, por poner dos ejemplos, tras la fachada de ser peajes pertenecientes a las comunidades, se está cobrando el ingreso a los turistas; un porcentaje de lo recaudado termina yendo para las arcas de ‘los Pachencas’”, denunció la Defensoría del Pueblo en la alerta temprana 045 del 7 de mayo del 2018. Ya hablaremos de ‘los Pachencas’.

Es un destino reconocido tanto afuera y como dentro de nuestro país como un santuario de naturaleza con playas de arena dorada, bañadas por un mar color turquesa; dos parques nacionales naturales (Tayrona y Sierra Nevada de Santa Marta) y por un parque arqueológico: Teyuna, la ciudad perdida de los tayronas, a la que se llega luego de caminar varios días por entre bosques y ríos, y considerada como el Machu Picchu de los colombianos.

Y ese portafolio turístico se ha venido extendiendo hacia la troncal del Caribe, con una cosecha imparable de hostales y hoteles —baratos y de altísima categoría— que surgieron a propósito del auge de Palomino: un corregimiento vecino —perteneciente a Dibulla, La Guajira— de calles de tierra y sin agua potable ni acueducto que desde hace unos 15 años se convirtió en el destino hippie y mochilero de la región. Palomino queda, precisamente, a 20 minutos del hogar de Wilton y Saida, en una región donde, desde hace varias décadas, no se mueve la hoja de un árbol sin que lo permitan los paramilitares del clan de Hernán Giraldo, conocidos en los últimos años como ‘los Pachencas’ .

Un clan.

Un imperio.

Una monarquía.

Un gobierno paralelo e indestronable.

‘Los Pachencas’ son reductos del desmovilizado frente Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que entregó las armas en el 2006. Giraldo, más conocido como el ‘Patrón’, al igual que otros jefes paras, fue extraditado a Estados Unidos. Pero regresó a Colombia el pasado 25 de enero después de pagar una condena de 12 años. Aunque su futuro judicial es incierto, fue condenado en el 2019 —13 años después de su sometimiento al sistema de Justicia y Paz— por cientos de crímenes: homicidios, desapariciones forzadas, torturas, secuestros. Su expediente reúne 706 hechos criminales de todo tipo, entre ellos, el abuso sexual de decenas de niñas y jovencitas de la Sierra. Por eso, no es nada extraña esa cosecha de adolescentes y jóvenes adultos que llevan su sangre, aunque no necesariamente su apellido.

En estas tierras fecundas —compartidas por seis etnias, por campesinos, colonos y desplazados por la violencia— muchos celebraron su regreso al país, así siga tras las rejas. Aunque fue extraditado, nunca estuvo ausente del todo porque aquí sus hijos mayores se han encargado de perpetuar su legado perverso de coca, miedo y muerte.

Y uno de sus hombres —se sabría después— fue el que mató a Wilton.

Un tal ‘Planchita’.

Ya mi hijo cumplió dos años de muerto y todavía es hora que no se sabe nada. Los que lo mataron no están presos por el caso de él. Es como si hubieran matado a un animal

María Etelvina

Son varios los investigadores y académicos que han denunciado hasta la saciedad, a costa de recibir amenazas contra sus vidas, todos los males que han causado los paramilitares en esta región. Uno de ellos es el estadounidense John Myers, quien estudió Ciencias Políticas y Política Ambiental Internacional en su país. John vino a Colombia por primera vez en 2001 para conocer y explorar las aves de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y desde entonces se convirtió en un estudioso de todo lo que pasa en esa región.

“La Sierra fue el primer sitio del mundo donde se dieron cuenta de que podían exportar marihuana de alta calidad hacia Estados Unidos en los 60, en la bonanza marimbera. También influyó la cercanía con Venezuela. Así que todo este territorio megadiverso se convirtió en un centro de acopio, logístico y de producción de drogas”, advierte el investigador. Y añade que luego llegaron los paramilitares, que siguen mandando y extorsionando, aun después de la desmovilización del 2006.

Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, insiste en que a toda esta violencia de los paramilitares hay que llamarla así: pos-Auc (Autodefensas Unidas de Colombia), pues está clarísimo que nunca han dejado ni piensan dejar su poderío. Y recomienda que esta organización política y militar tan robusta y poderosa debería ser intervenida por el Gobierno si se quiere evitar más derramamiento de sangre.

***

Antes de ponerse la camisa azul que distingue a los funcionarios de Parques Nacionales y de comprometerse a luchar por la preservación de los recursos naturales, Wilton hacía todo lo contrario: conformaba una asociación de aserradores que tumbaba los bosques para comercializar la madera. Ceibas e higuerones centenarios de hasta 40 metros de altura terminaron convertidos en salas, camas y comedores. Y también participó en la iniciativa de la comunidad de Don Diego, que invadió un lote baldío donde funcionaba una platanera. Y allí levantó su casa, a orillas de la carretera. También se hizo con un lote donde construyó la casa para sus papás.

Pero Wilton, al igual que Saida, eran líderes. Y por eso lo contrataron en Parques Nacionales: conocían sus capacidades y sabían que su situación era la misma de su comunidad; los colonos y su eterna disputa por el territorio. Un problema que se le salió de las manos al Estado colombiano hace mucho tiempo y del que no hay información consolidada. Personas que se vieron obligadas a invadir áreas protegidas y cuyo interés no era más ambicioso que conseguir un ranchito para vivir y un lote para cultivar la tierra. Aunque también hay muchos que arrasaron bosques enteros para explotarlos con una industria muy contaminante: la ganadería.

Y todos los colonos —grandes y pequeños— se encontraron con el muro que les puso Parques Nacionales: nadie puede vivir dentro de un área protegida. Ni vivir, ni construir ni sembrar plátano ni maíz ni yuca. Y menos —mucho menos— levantar hoteles y hostales ni infraestructuras turísticas. Pero nadie hace caso y nadie hace nada. Y las alternativas que les han ofrecido, a cambio, siempre han sido insuficientes.

“Nosotros somos víctimas de la guerrilla, de los paramilitares, de Parques Nacionales y de la Unidad de Víctimas”, dirá indignado Amílcar Orrego, el padre de Wilton.

La contratación de Wilton no les cayó bien a todos. No parecía coherente que un aserrador y un invasor de la Sierra, como la mayoría de hombres de la vereda, ahora los invitara a cuidar los bosques y a seguir las instrucciones de Parques.

Esta foto en el Tayrona le hace tributo a la familia de Wilton Orrego: aparecen Sheilis, su hija; Saida García, su esposa, y él, con un sombrero vueltiao.

Foto: Archivo particular

Y ocurrieron sucesos que generaron mayor presión. Seis meses antes de que lo mataran, en julio del 2018, desalojaron a seis familias que invadieron un lote en predios de la Sierra Nevada. Las instituciones del Estado los despojaron de lo poco que tenían y no les plantearon ninguna solución. Y tres meses después, en noviembre, desconocidos quemaron la sede de Parques Nacionales: todos asumieron que fue una retaliación ante el desalojo. “Hay que matar a uno de esos hijue… de Parques para que dejen de ‘chimbiar’ tanto”, se escuchaba por ahí.

Tito Rodríguez era jefe del Parque Sierra Nevada de Santa Marta. Y era el jefe de Wilton. Llevaba 20 años haciendo carrera. Dos meses después del incendio de su sede recibió amenazas de muerte. Tres días antes del homicidio de Wilton le llegó un mensaje en el que le decían que lo iban a matar. Y entre sus colegas rondaba la misma información. La Policía le asignó un escolta, un botón de pánico para que se comunicara ante cualquier señal de peligro y un celular. Más adelante, la Unidad Nacional de Protección le asignó una camioneta blindada, dos escoltas y un chaleco antibalas. Pero solo unos meses, pues esa entidad le notificó —a través de la resolución 0FI19-00420888— que, si bien sabían que su vida corría un riesgo extraordinario, no estaban en capacidad de seguirle brindando esa protección. Le dejaron el chaleco antibalas, el botón de pánico y el celular. Y Tito supo que debía huir si no quería que lo mataran.

Viajó a Estados Unidos junto con su esposa, sus dos hijos, de 9 y 10 años, y con Nala, una perrita criolla que habían adoptado. Su meta: llegar a Canadá. El 12 de noviembre del 2019 llegó a Miami con su familia y emprendió un peregrinaje por Estados Unidos hasta llegar a la frontera con Canadá, donde los esperaba una hermana de su esposa. Él llevaba lista la documentación para pedir asilo político en ese país, donde tuvo que empezar de cero. Tan lejos, ganándose la vida haciendo lo que sea en un lugar extraño, despojado de todo, hasta de la posibilidad de comunicarse porque a sus 50 años escasamente mastica unas palabras en francés. Pero está vivo.

***

El día que mataron a Wilton, el 14 de enero del 2019, Saida sintió mucha angustia. La intuición, tal vez.

Después de hablarlo muchas veces con su esposa, él decidió hacer mejoras en el local donde su suegra tenía un restaurante a orillas de la carretera, al otro lado del río Don Diego. Ellos vivían exactamente al otro lado de ese río de aguas color esmeralda y por donde bajan los turistas flotando en neumáticos de camión mientras contemplan monos aulladores y cientos de pájaros de plumajes fantásticos, de todos los colores, como el paujil de pico azul y el quetzal dorado: un bellísimo ejemplar pintado de verde brillante y rojo escarlata que representa uno de los símbolos de Santa Marta.

Wilton inició las obras en el local de su suegra, Cenaida, tratando de evitar cualquier impacto. Usó guaduas y otros materiales de origen vegetal. Sabía muy bien que estaba prohibido hacer cualquier tipo de construcción en esa área protegida por el Estado a través del sistema de Parques Nacionales Naturales: una entidad fundada en 1960 y encargada de proteger los pulmones naturales de Colombia, sin garras ni dientes y siempre con un precario presupuesto para custodiar más de 14 millones de hectáreas (más del 11 por ciento del territorio continental colombiano) en 59 parques naturales en todo el país y que ha tenido que resistir en medio de la guerra de las últimas seis décadas. Científicos, biólogos, guías y campesinos inermes, como Wilton, deben proteger nuestro patrimonio natural en medio de las balas de los grupos armados ilegales y de las mafias de la droga.

A las 7:15 de la noche del 14 de enero, cansado, Wilton regresó a la casa, al otro lado del río Don Diego. Estaba agotado y al día siguiente tenía un compromiso muy temprano con la iglesia cristiana a la que iba con Saida. Ella y su hija se quedaron en el local de artesanías donde venden mochilas elaboradas por mujeres arhuacas, koguis y wayús: tres de las etnias del territorio. Se despidió sonriendo.

El estruendo seco de dos disparos retumbó en la carretera. “Mi hija me preguntó: ¿esos fueron disparos? Yo le respondí: ‘no sé, toca preguntarle a tu papá’”, dice Saida, y su voz ronca y dulce a la vez empieza a temblar, como una hoguera que se va a apagar. “Mi hermano Harold me llama y me dice: aquí hay un herido”. Harold la recoge en la moto, llegan a la casa en pocos segundos y se encuentran a Wilton tendido en el piso.

—¿Qué pasó? ¿Tú viste quién fue? ¿Discutiste con alguien? —preguntó ella. Y fue cuando le descubrió esa tronera en la boca, producto de la bala que le había perforado el pómulo derecho. Intenta hablar, pero no se le entiende nada. Se levanta, tapándose la cara con un trapo. Un vecino, dueño de una camioneta vieja de platón, se ofrece a llevarlos al centro de salud de Guachaca. Wilton camina como si no le hubieran acabado de pegar dos balazos y entra al carro sin ayuda, no sin antes despedirse de su hija, levantando el pulgar derecho en señal de que todo saldrá bien. Lo acompañan Saida y su padre, Amílcar. A los 15 minutos llegan al centro de salud del corregimiento de Guachaca, que es el fiel reflejo del sistema de salud de este país: no había nada. Y solo le dijeron que Wilton se veía muy mal y que debía ir a una institución de alta complejidad, pero que debía esperar a que llegara una ambulancia desde Santa Marta que podría demorarse más de dos horas.

—¿Más de dos horas? ¡Pero mira que Wilton se está desangrando! —recuerda Saida con una voz que ya no tiembla: se rasga, como si le pasaran una cuchilla por la garganta. La enfermera le advierte que si se lo llevan será bajo su propio riesgo. Saida firma un documento de mala gana y decide aceptar el tanque de oxígeno —el único— que había.

Leonidas Rincón, pastor de la iglesia evangélica donde Wilton y Saida se congregaban, los recogió en una camioneta Toyota Hilux. Y empieza una carrera contra la muerte por la troncal del Caribe.

María Etelvina León y Amílcar Urrego son los padres de Wilton Orrego. Dos campesinos que se ganan la vida vendiendo aguacates y plátanos en la carretera.

Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Saida le tapa el roto de la cara con su propia camisa.

Saida escurre la camisa, empapada de sangre.

Saida lo abraza y le pide que aguante, que él es muy guapo.

Saida le recuerda que es el amor de su vida y el amor de la vida de su hija, Sheilis.

Entre señas, Wilton le pide a su mujer —tan bella, con ese pelo negro en una cola de caballo, con esas caderas anchas— que le arranque el oxígeno: ya no había nada, solo agua. Se estaba ahogando. “Cálmate, cálmate, estoy bien”, les decía a ella y a su padre masticando las palabras, intentando dominar esa lengua —esa culebra— que se le escapaba por semejante hueco. Wilton escupe burbujas de sangre, coágulos que parecen hígados de pollo. Y escupió la bala. Saida sintió un leve alivio y le dijo: “Mi amor: ¡escupiste la bala!”.

A eso de las 8:25 de la noche llegaron a una clínica privada de Santa Marta, la más cercana, pero no lo recibieron porque era eso: una clínica privada y ellos no podían entrar ni tenían con qué pagar. “Pero ¿cómo no lo van a atender? ¿Para qué tienen esta mierda si no pueden salvar a las personas?”, escupió —disparó— Saida. Y retomaron su carrera contra la muerte, rumbo al hospital Julio Méndez. Wilton ora, como buen cristiano y canta alabanzas que tararea pero que no se entienden. Y tienen esa última conversación en la que hablan de ese amor tan infinito, de su hija, de los sueños por cumplir.

—¿Te sientes mal?

—Muy mal.

Y perdió el conocimiento.

Llegan al hospital. Reciben a Wilton. Y a los pocos minutos un médico se acerca a Saida y le informa: “No se pudo hacer nada. Tu esposo llegó sin signos vitales”.

Saida se desmorona.

Saida llena el hospital de alaridos.

Saida le reclama al universo por arrebatarle al amor de su vida.

Saida brama ríos, mares.

Y desde esa noche tiene un cuchillo atravesado entre el cuerpo y el alma. Tiempo después, conversando con una amiga médica, ella le explicó que una atención oportuna y de calidad le hubiera salvado la vida a Wilton. Que esa herida en la cara y la garganta se pudieron haber remendado, pero que no eran necesariamente mortales. Pero a Wilton la vida se le escapó gota a gota. Duró una hora y 20 minutos vivo y consciente desde que un paramilitar de ‘los Pachencas’ irrumpió en su casa y le disparó.

A Wilton no solo le dispararon para matarlo. El nefasto sistema de salud de este país lo dejó morir.

***

“Con mucha tristeza y enorme indignación, damos la noticia de que un miembro del equipo de Parques Nacionales fue asesinado en la zona de Perico Aguao, en el Parque Sierra Nevada de Santa Marta. Un hombre joven, de 38 años, con una familia; con una esposa y una hija de 15 años, que cumplía una labor fundamental para Colombia y el mundo que es la protección de esa riqueza natural extraordinaria que hay en la Sierra Nevada de Santa Marta”, expresó en la cuenta de Twitter de Parques Nacionales Naturales la entonces directora Julia Miranda, quien estuvo al frente de esa entidad durante más de 16 años —tiempo en el que tuvo que enterrar a varios de sus compañeros asesinados y ver que otros tenían que huir para salvar sus vidas— y quien fue removida de su cargo en diciembre del 2020. En su reemplazo nombraron a Orlando Molano, exdirector del Instituto Distrital de Recreación y Deportes de Bogotá (2016-2019).

Miranda añadió: “Estamos dolidos porque en esa zona hay una gran cantidad de amenazas a la integridad del parque nacional, a la seguridad de la gente que vive allí y a la seguridad de los funcionarios”.

Son 13 los mártires de Parques Nacionales que han sido asesinados en los últimos 30 años, según datos de esa institución. Y tres de ellos han ocurrido en territorios de Santa Marta: Héctor Vargas y Martha Hernández, jefes del Tayrona. Al primero lo mataron en septiembre de 1994. Era biólogo marino y tenía 41 años. Lo emboscaron en la carretera, cerca de Santa Marta. Lo mataron dentro del carro. Y a la segunda, zootecnista de 44 años, la mataron el 29 de enero del 2004, en su casa en Santa Marta. Al día siguiente viajaría de vacaciones a Panamá con su esposo, el biólogo Carlos Hernández. El mismo esposo que la llora todos los días y que la recogió masacrada, con seis balazos en el cuerpo. A ambos los mandaron a matar los paramilitares —según ha quedado claro en los expedientes— pues les habían pedido que se salieran del Tayrona, donde eran amos y señores y controlaban las rutas del narcotráfico y el ingreso de los turistas. Y el 14 de enero del 2019, los mismos paramilitares mandaron a matar a Wilton Orrego.

“No soportamos más la indiferencia y la falta de garantías para el desempeño de nuestras labores como guardaparques en Colombia”, expresaron los sindicatos de los trabajadores de Parques, Sintraparques y Sinambiente, a propósito del asesinato de Yamid Silva, funcionario del Parque Nacional El Cocuy, a comienzos de enero del 2020. Dejó una viuda y tres hijos pequeños. Otro caso en la impunidad.

En el caso de Wilton, se sabe que hay un detenido: Fernando Basante Gutiérrez, alias Planchita, jefe de sicarios de ‘los Pachencas’. En su celular encontraron conversaciones del plan para matarlo. ‘Planchita’ está encerrado en la cárcel de Cómbita, Boyacá, por concierto para delinquir, extorsión y homicidio, por otros crímenes ya comprobados, pero no puntualmente por el de Wilton. La investigación no ha avanzado.

ANTECEDENTES
Y Cronología
del caso

2018

7 de mayo

La Defensoría del Pueblo emite la alerta temprana No. 045, sobre el riesgo contra la vida de la gente de Santa Marta y alrededores, entre ellos, los funcionarios de Parques Nacionales, debido al modelo de turismo depredador que ha implementado el grupo paramilitar ‘Los Pachencas’, heredero del clan de Hernán Giraldo.

2019

11 de enero

TITO RODRÍGUEZ (foto), jefe del Parque Sierra Nevada de Santa Marta y de Wilton Orrego, recibe amenazas de muerte.

2019

14 de enero

WILTON ORREGO es atacado a tiros en la entrada de su casa, a las 7:23 de la noche. Es trasladado a Santa Marta, a donde llegó sin signos vitales 1 hora y 20 minutos después.

Tuit de Julia Miranda, ex directora de Parques, lamentando el homicidio.

2019

18 de enero

La Fiscalía y la Policía informan que el presunto autor del crimen de Wilton es Luis Fernando Basante Gutiérrez, alias ‘Planchita’ (foto), jefe de sicarios de la banda ‘Los Pachencas’. En su celular encontraron conversaciones del plan para matarlo.

2019

19 de enero

‘Planchita’ fue llevado a la cárcel Rodrigo Bastidas, de Santa Marta, y hoy está recluido en la cárcel de Cómbita (Boyacá), por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y homicidio. Pero lo encerraron por otros crímenes, no puntualmente por el de Wilton, pues su investigación no ha avanzado pese a las solicitudes que su esposa ha hecho a la Fiscalía.

2019

14 de mayo

Saida García envía un derecho de petición a la Fiscalía 174 de Santa Marta, solicitando información sobre la investigación del crimen de su esposo.

2019

17 de mayo

La Fiscalía 174 responde el derecho de petición a Saida García y le explica que el caso sigue en investigaciones judiciales y le aclara que, de lograr algún hallazgo sobre los responsables del crimen, le informará. No ha pasado nada desde entonces.

2019

30 de octubre

La Defensoría del Pueblo emite una nueva alerta temprana en la que reitera el peligro que siguen corriendo las comunidades aledañas a Santa Marta y a la Sierra Nevada de Santa Marta por cuenta de los grupos paramilitares del clan de Hernán Giraldo.

2021

27 de abril

La Fiscalía, en respuesta a un derecho de petición de EL TIEMPO, aseguró que la investigación por el asesinato de WILTON ORREGO sigue en etapa de indagación, con orden de captura vigente. A preguntas como ¿cuál es el perfil del victimario? o ¿en qué circunstancias ocurrió el homicidio?, la respuesta fue: “Esta información cuenta con reserva legal (…)”

***

El 20 de diciembre del 2020, llegando a Palomino, los recién casados Nathalia Jiménez y su esposo, Rodrigo Monsalve, de 36 y 40 años, fueron raptados en el mirador más espectacular de toda esa región del Caribe: un acantilado desde donde el mar se revela en todos los tonos del verde y el azul. El hecho fue noticia nacional. Había imágenes grabadas de ese día en las que aparecían dentro de su camioneta Ford EcoSport. Ella era una bióloga reconocida por su defensa del territorio y por impulsar la agricultura sostenible. Él era antropólogo, también ambientalista y DJ en las discotecas de Santa Marta. Al día siguiente de la desaparición, la Policía informó que sus cuerpos fueron encontrados, encadenados a un árbol, con las caras cubiertas con capuchas. Les metieron, a cada uno, un balazo en la cabeza, según la Policía, para robarlos.

Ximena Cáceres, la madre de Natalia, no cree en esas versiones. Y asegura que a su hija la mataron por ser una líder ambiental en esa zona del país. “Ella quería a los animalitos, quería a la tierra, quería a sus campesinos, por eso la mataron”, ha dicho la mujer, que ha tenido que cargar con el dolor más grande de una madre —ese que no tiene nombre—: tener que enterrar a un hijo. Y reclama la verdad. El mismo dolor de la mamá de Wilton, que no solo tuvo que enterrarlo a él, también enterró a su hijo menor, Ortinso Rafael. Tenía 13 años y había salido con su papá a arrancar yuca cuando una culebra mapaná, que se topó en el camino, le clavó los colmillos en el brazo derecho, el 23 de diciembre del 2008.

La madre que perdió a sus dos únicos hijos se llama María Etelvina León. Intenta hablar, de pie, en el ranchito donde vive con su esposo, Amílcar. Dos pendones con fotos de sus hijos muertos cuelgan en una pared en obra negra. En el fondo hay varias cajas con canastas de los aguacates y plátanos que venden en la carretera.

“Que hagan tan siquiera justicia. Ya mi hijo cumplió dos años de muerto y todavía es hora que no se sabe nada. Los que lo mataron no están presos por el caso de él. Es como si hubieran matado a un animal. Somos tantas madres buscando a sus hijos y buscando la verdad”, llora María Etelvina.

Saida y su hija caminan por la playa en la que desemboca el río Don Diego: anchísima como una autopista. Y admite que, pese a ese dolor en el alma, no quiere quedarse en el papel de víctima. Eso sí, aclara que más que justicia, espera conocer la verdad.

“He aprendido a salir de las cenizas y con mayor empoderamiento. No quiero dejar nuestros sueños tirados”, dice Saida, tan líder de su comunidad, tan brillante que es, tan inteligente y hasta políglota: habla español y arhuaco y kogui y wayú: tres de las lenguas del territorio donde vive. Saida nos muestra el área del bosque que ha venido reforestando con la asociación de exaserradores de Don Diego, de la que es representante legal, y luego vamos a visitar uno de los viveros donde siembran y cultivan todo tipo de árboles para seguir compensando el daño que causaron en el pasado al ecosistema y con el que se ganan unos pesos.

“No podemos quedarnos llorando a nuestros muertos. Tenemos que seguir luchando en honor a esos hombres que perdieron la vida por nosotros”, dice Saida, y reconoce que, pese al dolor por la ausencia de su marido, se levanta cada día con una nueva ilusión.

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Créditos

Director del especial: Jhon Torres, editor de Mesa Central.

Editor del especial: José Alberto Mojica Patiño.

Textos: Tatiana Rojas, Óscar Murillo Mojica, Simón Granja, Julián Ríos y José Alberto Mojica.

Diseño digital: Sebastián Márquez, Sandra Rojas, Claudia Cuadrado y Juan Sebastián Forero.

Maquetación: Giovany Ariza, Sebastián Márquez y Carlos Bustos.

Fotos y videos: Héctor Fabio Zamora, Julián Espinosa, Juan Pablo Rueda y César Melgarejo.

Animación en videos: Ivan Dario Camero Blanco.

Datos: Rafael Quintero y Yaleni Solano, Unidad de Datos.

Producción de audio: Carlos Solano.

V. O. de promos: Julián Castiblanco.

Editor de fotografía: Jaime García.

Editora de Vida / Medioambiente: Adriana Garzón.

Periodista de Reportajes Multimedia: David Alejandro López Bermúdez.

Un trabajo de la Unidad de Reportajes Multimedia y de Diseño Digital de EL TIEMPO.

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