A raíz del asesinato de Yamid Silva, funcionario del Parque Nacional El Cocuy, los sindicatos de los trabajadores de Parques, Sintraparques y Sinambiente, hicieron un llamado al Gobierno Nacional a proteger sus vidas.
“No soportamos más la indiferencia y la falta de garantías para el desempeño de nuestras labores como guardaparques en Colombia”, resaltaron en un comunicado enviado a la opinión pública.
El gremio exigió al Gobierno Nacional tomar medidas urgentes para que no se aumenten las cifras de asesinados. “Esperamos que no seamos una cifra más de los miles que hasta hoy han caído defendiendo causas que el Estado prefiere ignorar por evitar el compromiso con familias, con comunidades y con los territorios”, se lee en el comunicado.
También demandaron del Gobierno, de la Defensoría del Pueblo y de los organismos internacionales de derechos humanos acompañar a la familia de Yamid Silva y a sus tres hijos menores de edad. Exigieron, además, esclarecer los hechos en los que el funcionario perdió la vida en la vereda La Cueva, zona rural del municipio de Güicán, en Boyacá.
Frente a lo ocurrido, ayer en la tarde, la gobernación de Boyacá y Parques Nacionales tomaron la decisión de cerrar temporalmente el Parque Natural El Cocuy, debido a problemas de orden público. “El parque será abierto nuevamente cuando se recobre la seguridad y se garantice la integridad de nuestros guardaparques”, explicó Parques Nacionales en un comunicado.
Dos guardaparques están amenazados. Uno en el Parque Nacional Natural La Cueva de los Guácharos y otro en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali
Para Carlos Pisba, presidente de Sintraparques, las amenazas que sufren sus compañeros ya hacen parte del paisaje. “Mientras estás con las comunidades o haciendo algún monitoreo, tienes que lidiar con las amenazas de grupos ilegales”, explica Pisba.
Dice no tener muy claro quién está detrás de esto, pero cree que el Estado los ha convertido en carne de cañón: “Muchas de las alternativas que se les ofrecen a las comunidades que viven en los parques son simples promesas, y como somos los únicos representantes del Estado en la Colombia profunda, se ha creado una desconfianza que termina en malas relaciones entre el funcionario y el campesino”, explicó.
En este momento, de acuerdo con Pisba, de sus agremiados, dos guardaparques están amenazados. Uno en el Parque Nacional Natural La Cueva de los Guácharos y otro en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.
Aunque, según Pisba, la entidad tiene un protocolo de riesgo, en la realidad no funciona como se espera. “Las particularidades de cada área hacen que esos protocolos no den respuestas a amenazas que se reciben. Hay algunos compañeros que no tienen esquema de seguridad porque desde Bogotá así se considera”.
Otro de los reclamos del sindicato es que no hay estabilidad económica entre algunos funcionarios, ya que “los operarios de planta solo ganan 1’200.000 de pesos al mes. Eso no es nada en zonas tan alejadas del país. En el caso de los contratistas es peor. Si reciben una amenaza, les suspenden el contrato”, relató Pisba
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