Greepeace denuncia los costos sociales de la extracción de carbón

Greepeace denuncia los costos sociales de la extracción de carbón

En el informe "Las heridas del carbón" presentado hoy en Madrid, menciona el caso de Colombia. 

Cerrejón

Una huelga en Cerrejón afectaría de manera importante las exportaciones del país, al ser el principal productor local y el quinto a nivel mundial.

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Archivo / ELTIEMPO

Por: Redacción Medioambiente
09 de diciembre 2019 , 06:20 p.m.

Desplazamientos forzados, contaminación, restricción del acceso al agua, persecución, criminalización o represión del derecho a la protesta son algunas de las violaciones de derechos humanos que se evidenciaron en los principales países exportadores de carbono en el mundo: Colombia, Indonesia, Rusia y Sudáfrica, según un informe publicado hoy por Greenpeace España. 

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra mañana 10 de diciembre, Greenpeace, en colaboración con el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, ha presentado el informe ‘Las heridas del carbón. Violaciones de derechos humanos en las importaciones españolas’. 

En rueda de prensa en la COP25 la organización denunció que el carbón no solo provoca daños al medio ambiente (su combustión es la principal responsable mundial de cambio climático por sus emisiones de CO2), sino también a las personas.

“La quema de carbón es la principal responsable de cambio climático en el mundo y causa serios impactos en nuestra salud, mientras que la extracción conlleva costes muy elevados en el medio ambiente y los derechos humanos de las personas que habitan en las zonas mineras. La crisis del clima es una crisis de derechos humanos y el carbón provoca directamente ambas”, ha asegurado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace.

En Colombia, por ejemplo, el caso más significativo es el de la minera Cerrejón, la empresa de carbón en La Guajira. Aquí se encuentra la mina abierta más grande del mundo, que ocupa 69.000 hectáreas, extrae 108.000 toneladas de carbón al día para la exportación y, que según Greenpeace, ha desplazado a más de 20.000 personas en todo el territorio.

“Es una mina que gasta al día más de 30 millones de litros de agua mientras la gente se está muriendo de sed”, asegura Diego Alejandro Rojas, del colectivo Arbelaez  en La Guajira.​

Otros países afectados

El informe también destaca que las compañías mineras rusas explotan intencionadamente el carbón cerca de los centros de población existentes, en lugar de en áreas menos pobladas. Esto reduce los costes de infraestructuras y facilita la mano de obra disponible.

Hay casos como el de la localidad de Kiseliovsk, en la que la mina ha entrado en la ciudad, una mina a cielo abierto. En esta localidad ha llegado a nevar nieve negra. Parece difícil de creer, pero la gente vive ahí”, asegura Vladimir Slivyak, de la organización rusa Ecodefense.

En Sudáfrica, donde el carbón es la segunda mayor fuente de ingresos del país, las violaciones de derechos humanos se repiten sistemáticamente. Especialmente en la provincia de Mpumalanga, al noreste de Sudáfrica, una región tradicionalmente rica en carbón de la que se extrae el 83 por ciento del total producido en el país.

Violencia contra las mujeres

En todos los casos, las mujeres suelen sufrir de manera diferenciada los impactos de la extracción. Greenpeace señala que se debe combatir su invisibilización en los procesos de negociación sobre asuntos de tierras y de compensaciones, reconocer su rol como piedra angular para el mantenimiento de los tejidos sociales y garantizar su protección tanto física como psicológica de las dinámicas sociales que perpetúan los abusos contra ellas.

“Yo he tenido varias amenazas. En 2013 me vinieron a buscar a casa, mis perras me alertaron y pude esconderme. Me esperaron toda la noche y mataron a mis perras antes de irse. Recurrentemente me tiran piedras sobre la casa porque quieren que me vaya”, explica María Cristina Figueroa Bouriyu, consejera de la Organización Nacional Indígena de Colombia.

Para Astrid Puentes Riaño, codirectora ejecutiva de AIDA, este informe evidencia la necesidad urgente de Colombia de comenzar a hablar de descarbonización."Buscar el camino hacia la transición energética justa, respetando los derechos humanos y  alternativas económicas", dijo.

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