En la última década, 11 funcionarios de parques han sido asesinados

En la última década, 11 funcionarios de parques han sido asesinados

El escenario de vulnerabilidad en el que están los guardianes de estas áreas protegidas es “grave”.

Sierra Nevada de Santa Marta

Guardaparques denuncian amenazas en Tayrona y Sierra Nevada de Santa Marta.

Foto:

Vaneza Romero- ET.

Por: Tatiana Pardo Ibarra 
22 de enero 2019 , 07:45 a.m.

Entre las múltiples víctimas que deja la violencia a su paso, el medioambiente y las personas que intentan protegerlo —muchas veces bajo condiciones de inseguridad y zozobra— hacen parte de la larga lista de dolientes en Colombia.

El pasado lunes, por ejemplo, Wilton Fauder Orrego León, guardaparques de la Sierra Nevada de Santa Marta, fue asesinado a tiros en el sector conocido como Perico Aguao, zona rural de la capital del Magdalena. Días antes, el mismo director de esta área protegida, Tito Rodríguez, había sido amenazado de muerte.

Según datos de Parques Nacionales Naturales (PNN), en la última década, once funcionarios han perdido la vida, prácticamente uno por año. Y en lo corrido del 2017 y el 2018, 19 personas han sido amenazadas.

De los 59 parques nacionales que hay en el país, Paramillo, Sanquianga, La Macarena, La Paya, Tinigua, Los Picachos, Catatumbo Barí, Tayrona, Sierra Nevada de Santa Marta, Las Orquídeas y Los Farallones de Cali son los más críticos en este tema. Coincide también con que en varios de ellos la pérdida de bosque natural es un fenómeno crudo y hay presencia de cultivos ilícitos.

La situación general de los parques nacionales es muy grave. El año pasado se hicieron 17 denuncias (entre grupales e individuales) en la que los funcionarios reportan amenazas. También nos quemaron una cabaña en Picachos, nos han robado vehículos y ha habido retenciones”, le dice a EL TIEMPO Julia Miranda, directora de Parques.

La gran pregunta es ¿quién está detrás de estos actos? Miranda prefiere no lanzar al agua a nadie y espera que sea la Fiscalía quien adelante las respectivas investigaciones y se pronuncie al respecto. Sin embargo, sí explica que entre las funciones que los guardaparques tienen a su cargo está el control y la vigilancia de delitos ambientales dentro del área, lo que incluye un abanico de actividades: ganadería, cultivos de coca, minería, deforestación, construcción hotelera y de carreteras, incendios y pesca.

Para el caso de Wilton Orrego, la Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana en mayo del año pasado, en la que advertía sobre el “escenario de riesgo” en el que se encuentra la población de Santa Marta, y los municipios de Ciénaga (Magdalena) y Dibulla (La Guajira) por la presencia de los reductos del desmovilizado grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de las Autodefensas Gaitanistas.

En el corregimiento de Guachaca, donde fue ultimado Orrego, el documento dice que “en ese lugar ejerce un férreo control el grupo paramilitar denominado ‘Los Pachencas’. Dicho actor armado surgió en el 2007, un año después de la desmovilización del frente Resistencia Tayrona de las AUC”.

Amenazas de muerte, despojos de predios, desplazamientos forzados, atentados contra la vida y el patrimonio, homicidios, extorsiones y secuestros, hacen parte de su accionar en la región para sembrar terror.

En los últimos dos años, 19 personas de parques nacionales han sido amenazadas. La situación es grave

“Las organizaciones criminales y actores del conflicto armado históricamente han utilizado este vasto territorio para la extracción de rentas ilícitas, almacenamiento de mercancías ilegales, entrenamiento y ocultamiento de combatientes, laboratorios de coca y para el tráfico de armas y personas”, asegura la Defensoría del Pueblo.

Lo que ocurre en Guachaca, continúa la entidad, es una “clara demostración de que ante la ausencia institucional, se dio paso a una forma de control de tipo mafioso”.

Libro Parques Nacionales Naturales de Colombia

Las algas de colores de Caño Cristales, en el parque La Macarena.

Foto:

cortesía Gabriel Eisenband/Villegas Editores

El turismo y la paz en Colombia 

Después de medio siglo de guerra, Colombia empieza a llamar la atención no por los muertos sino por su gran atractivo: la naturaleza. El turismo batió un nuevo récord durante el 2018, con 4’388.815 turistas extranjeros que llegaron al país a disfrutar de sus playas, montañas, desiertos, páramos, ríos y nevados.

Según PNN, el número de visitantes en el año 2017 en estas áreas protegidas fue de 1’653.090, lo que representa un aumento del 14,3 por ciento con respecto al 2016 y del 70,5 por ciento con respecto al 2015.

Los más apetecidos destinos, en orden, fueron: Corales del Rosario y San Bernardo (con 1’037.006 personas), Tayrona (395.250), Nevados (50.896) y Chingaza (28.353).
Sin embargo, no suficiente con poner en riesgo la vida de quienes intentan defender los ecosistemas del segundo país más biodiverso del mundo, ‘Los Pachencas’ –denuncia la Defensoría del Pueblo–, también se ensañan contra el turismo en Santa Marta y se llena los bolsillos extorsionando a las empresas que prestan el servicio, quienes “deben pagarles una suma aproximada de 50.000 pesos por cada turista que ingresa al PNN Tayrona”, dice el informe.

¿Qué tanto afectan al turismo en áreas protegidas estas amenazas, asesinatos y presencia de grupo criminales? EL TIEMPO habló con Sandra Abreu, gerente de Avia Export, y experta en turismo.

¿Casos como el asesinato de Wilton Orrego y la amenaza de muerte al jefe Tito Rodríguez podrían poner a tambalear el turismo en el país?

Cuando se habla de turismo-paz se hace referencia a la necesidad de que exista paz para que haya turismo, pero también del turismo como herramienta para la construcción de paz. La seguridad es uno de los condicionantes más importantes que tienen en cuenta los turistas a la hora de decidir a qué lugar viajar, y eso incluye la integridad física a la que se comprometen los países receptores, independiente de la oferta natural y cultural que tengan. Si se presenta algún elemento establecido como ‘de riesgo’ es claro que desacelera el crecimiento del turismo, especialmente cuando hay terrorismo o inestabilidad política.

Pero aunque este caso de Orrego genera incertidumbre y angustia, y podría repercutir en las decisiones que la gente toma para venir aquí, esto no ocurre de un día para otro. Un episodio no puede condenar a todo el país. Muchos de estos destinos hacen esfuerzos inconmensurables para hacer del turismo una opción de desarrollo.

¿Algunos ejemplos de países que se han visto afectados?

En Egipto, con todo el tema de la Primera Árabe, se redujeron los ingresos por turismo un 30 por ciento; en Grecia, por la inestabilidad económica, decrecieron un 11 por ciento; y en el caso de Ruanda, finalizado el conflicto el turismo empezó a aumentar. De 113.000 que llegaban en 2001 pasaron a 987.000 en el 2015.

Un episodio no puede condenar a todo el país. Muchos destinos hacen esfuerzos inconmensurables para hacer del turismo una opción de desarrollo

¿Cómo se ubica Colombia frente al turismo global?

En 2018, según datos de la OMT, el turismo creció en el mundo un 7 por ciento. En toda América la cifra fue del 5 por ciento y de ahí, Sur América tuvo un aumento del 8 por ciento. Colombia particularmente creció 10,4 por ciento, lo que sugiere que va por encima de la tendencia global. Dentro de ese crecimiento, entre el 40 y el 60 por ciento corresponde a intereses de las personas en temas relacionados con naturaleza, especialmente en países emergentes.

Colombia, el tercer país más peligroso para defender el ambiente

De acuerdo con datos de Global Witness, en el 2017 fueron asesinadas 207 personas en el mundo por defender el medioambiente y el territorio. Se trata del año más mortífero para quienes dedican su vida a la protección de los recursos naturales (en el 2016, fueron 200 las personas que fallecieron).

Brasil es el país más peligroso de todos, con 57 personas, el 80 por ciento de las cuales protegían la Amazonia; seguido de Filipinas (con 48 asesinatos), Colombia (24), México (15) y República Democrática del Congo (13).

Por primera vez, la agroindustria superó a la minería como el sector más peligroso al cual oponerse.

TATIANA PARDO IBARRA
tatpar@eltiempo.com
Twitter: @Tatipardo2

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