Mientras diferentes países de América Latina se unen para impulsar una recuperación económica verde, para evitar una nueva pandemia como lo ha sugerido la ONU, en Colombia se reglamentan los proyectos pilotos de fracking.
(Le puede interesar: Organismos internacionales advierten que pueden surgir más pandemias)
Aunque la ciencia ha advertido de los riesgos de seguir dependiendo de los combustibles fósiles frente a la crisis climática y la vulnerabilidad de las economías que dependen únicamente del petróleo, la extracción de este recurso en yacimientos no convencionales sigue en marcha durante este gobierno.
(También: La Fiscalía de Brasil pide destituir al ministro de Medio Ambiente)
Además de ir en contravía de las advertencias científicas y acuerdos a los que Colombia se suscribió, como el Acuerdo de París, la Alianza Colombia Libre de Fracking y algunos congresistas aseguran que la reglamentación de estos pilotos no cumple con las recomendaciones de la comisión de expertos que el gobierno del presidente Iván Duque contrató.
En un incidente de desacato radicado ante el Consejo de Estado, los congresistas y ambientalistas argumentan las razones por las cuales se deberían suspender los pilotos. Además, afirman que el Gobierno sigue tramitando normas que, debido a la emergencia sanitaria, no cuentan con la participación de las poblaciones que se verían afectadas.
Uno de los puntos del incidente del desacato se refiere a los pasivos ambientales (impactos ambientales no resueltos/no compensados) que ha generado la industria de los hidrocarburos en los yacimientos convencionales.
En este caso, la comisión de expertos recomendó: “Se deben identificar los impactos ambientales no compensados, generados por las actividades relacionadas con la extracción de hidrocarburos y diseñar, en acuerdo con las comunidades, una estrategia de compensación”. Sin embargo, de acuerdo con Juana Hofman, abogada de Aida y asesora jurídica de la alianza, el decreto 328 de 2020, que reglamenta los pilotos, no menciona nada de esto.
Esto es clave, porque según Hofman, el Gobierno tendría que hacer un estudio (que nunca se ha hecho) de las afectaciones que ha generado el sector de hidrocarburos durante años en las poblaciones y zonas afectadas, con el objetivo de identificar esos impactos y compensarlos.(Lea: Conservar 30% de la naturaleza generaría grandes beneficios económicos)
La Alianza Colombia Libre de Fracking convocó,desde Barrancabermeja, a paro nacional por pilotos de fracking a principios de año.
Tatiana Rojas
La Alianza Colombia Libre de Fracking también argumenta que el decreto no contempla un plan de fortalecimiento institucional que recomienda la comisión de expertos para implementar los pilotos. Esto es importante, porque la comisión identificó una debilidad institucional que necesita ser corregida para garantizar la transparencia y efectividad de los pilotos.
Al respecto, el Ministerio de Minas y Energía manifestó que en el decreto se “estipula que es obligación de cada una de la entidades realizar el diagnóstico de su capacidad institucional y proponer un plan de acción para lograr dicho fortalecimiento”.
(Relacionado: La desconfianza reina en el Magdalena Medio por pilotos de 'fracking')
Los ambientalistas también dicen que la reglamentación no crea lineamientos claros para garantizar a las comunidades locales el derecho a conocer y entender la información sobre los pilotos. “El derecho a la información no se resuelve cuando se publica la información en un sitio web, sino cuando se garantiza que esta llegue a las comunidades de forma que puedan entenderla y usarla para la garantía de sus derechos”, dice Hofman.
Pero para el Ministerio de Minas y Energía, esto queda resuelto en el decreto, pues “se impartirán contenidos referidos a la industria de los hidrocarburos, la técnica de fracturamiento hidráulico y sus posibles efectos para la salud humana”.
Quizá uno de los puntos más complejos de la reglamentación de los pilotos de fracking sea la creación de una línea base general en aspectos sociales (pobreza), ambientales (especies de flora y fauna, acuíferos) y de salud pública (enfermedades) en el área de influencia de los pilotos, con el fin de evaluar los impactos a largo plazo que esta técnica pueda generar.
Este punto ha despertado dudas entre los ambientalistas, incluso para algunos integrantes de la comisión de expertos, ya que queda en manos de instituciones estatales.
(También: Así se implementarían los pilotos de ‘fracking)
Por ejemplo, en el caso de la salud, las secretarías de Salud municipales no tienen la rigurosidad científica ni los recursos para determinar qué impacto tuvo en la gente la extracción de hidrocarburos durante los últimos 100 años. Además, dicen los miembros de la alianza, al estar en manos institucionales, no garantiza la independencia e imparcialidad. “Política disfrazada de ciencia”, dicen.
Para Alain Jiménez, médico especialista en gerencia de salud pública y miembro de la Alianza Colombia Libre de Fracking, “es clave contar con las investigaciones que organizaciones de la sociedad civil han adelantado respecto a los impactos que ha generado la extracción de hidrocarburos en el país, pero el decreto 328 no lo admite”.
A eso se suma que la línea de base local, es decir, la información ambiental, social y de salud de las zonas en las que se harán los pozos, estará a cargo de las empresas que harían los pilotos (por ahora, Exxon Mobil y Ecopetrol).
Finalmente, Hofman espera que antes de tres meses ya se tenga una decisión frente al incidente de desacato. En caso de recibir una negativa, las organizaciones y los congresistas acudirán a instancias internacionales para impedir la realización de los pilotos de fracking sin el debido cumplimiento de los requisitos establecidos.(Le podría interesar: Se confiesa la actriz que aparece en video para adultos en bus del MIO)
Es clave contar con las investigaciones que organizaciones de la sociedad civil han adelantado respecto a los impactos que ha generado la extracción de hidrocarburos en el país: Alain Jiménez
Por ahora, el Gobierno Nacional está finalizando el proceso de reglamentación en materia contractual, social y ambiental, procesos en los que ha participado el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Medio Ambiente.
El Gobierno Nacional expidió el decreto marco general para adelantar los pilotos en febrero de 2020, mientras que en materia técnica se expidió la resolución 40185 de 2020 en la que se fijó la reglamentación técnica para los pilotos de fracking.
En este sentido, según la normativa que va a expedir la ANH en esta materia, la convocatoria para las empresas se daría en el transcurso de este año, momento a partir del cual las empresas seleccionadas tendrán que hacer los estudios de impacto ambiental para la solicitud de la licencia.
REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE
leyroj@eltiempo.com@Fanzinerosa