El pasado fin de semana, Pijao, Quindío, y Arbeláez, Cundinamarca, se unieron al grupo de municipios que le están diciendo no a la extracción minera, petrolera y de hidrocarburos en sus territorios.
A través del mecanismo de consultas populares, las comunidades no solo le están haciendo saber al Gobierno Nacional que quieren decidir sobre su subsuelo, sino que están reabriendo el complejo debate sobre el modelo de desarrollo económico que quiere priorizar el país y las nefastas consecuencias ambientales y sociales que podría ocasionar.
En las urnas, el resultado ha sido claro: una rotunda mayoría de la población está en contra del extractivismo desenfrenado y a gran escala. En Piedras y Cajamarca, Tolima, Tauramena, Casanare, Cabrera, Cundinamarca, y Cumaral, Meta, también le han dicho no a la locomotora minero-energética que se ha venido fortaleciendo durante las últimas dos décadas.
Según la Contraloría, los peores lugares para vivir en Colombia son los pueblos mineros, donde la pobreza promedio es del 74 por ciento; por encima de los petroleros (donde es del 65 por ciento); y de aquellos que no realizan actividades extractivas, del 43 %.
Lo que se ha visto hasta ahora es que mucha gente recela de las empresas, que llegan con un portafolio de promesas, y del Estado que avala su presencia. Los habitantes están pidiendo que la minería se concilie con su territorio y la naturaleza, que los beneficios de las regalías les lleguen y no se pierdan en un mar de corrupción, y que se fortalezcan opciones económicas, como la agricultura y el turismo.
Pese a que se vienen cocinando otras consultas, todavía quedan dudas sobre el impacto que tendrían estos resultados. EL TIEMPO habló con Luis Carlos Montenegro, abogado del equipo de derechos colectivos y protección del territorio, del grupo José Alvear Restrepo (Cajar), sobre el escenario que se avecina, el rol que han jugado las empresas y la importancia de estos mecanismos de participación ciudadana. Según el experto, los resultados son vinculantes y de obligatorio cumplimiento para las autoridades gubernamentales.
De acuerdo con las investigaciones del Cajar, ¿cuáles son las consultas populares que se aproximan?
Al menos ya son 15 las consultas populares solicitadas para tratar asuntos relativos a la protección del agua, la vida, el territorio y el ambiente frente a amenazas originadas por el extractivismo que se expandió y profundizó, a través de la política económica conocida como ‘locomotora minero-energética’.
Algunas de las pendientes, que sabemos están en fase de trámite, serían: Ibagué, Tolima; Pasca, Cogua y Fusagasugá, Cundinamarca,; Carmen de Chucurí, Santander; Oporapa, Huila; La Vega, Almaguer y Sucre, Cauca; San Lorenzo, Nariño; Pueblorrico, Antioquia, y más municipios de los departamentos de Cauca, Nariño, Huila, Meta, Caquetá, Cundinamarca, Quindío, Caldas, Risaralda, Tolima, entre otros.
¿Las consultas populares son o no son vinculantes?
Durante los últimos cinco años se ha intensificado el uso de este mecanismo para temas ambientales, con un impacto mediático pero también jurídico. Las consultas populares, además de ser mecanismo de participación legítimos, son vinculantes, lo que significa que generan una orden y obligación para la autoridad municipal correspondiente, de acuerdo con la Ley 134 de 1994. Son la manifestación de la voluntad popular, de la ciudadanía, de la esencia del Estado social de derecho de Colombia.
El pasado 9 de julio, Pijao, en el sur del Quindío, realizó consulta popular contra la minería.
Laura Sepúlveda
Adicionalmente, este es un mecanismo regulado por el mismo Estado, que le ha brindado todas las garantías, desde el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, hasta la misma Corte Constitucional, que a través del fallo T445 del 2016 reafirma que estos mecanismos sí son vinculantes y que las alcaldías se ven obligadas a materializar el resultado de las consultas en un acuerdo municipal, que son instrumentos que responden a una pregunta muy importarte: ¿Cuál es el uso de los suelos y subsuelos que se le quiere dar al territorio?
Hasta el momento la gente ha dicho que no quiere un uso minero, petrolero y/o hidroeléctrico…
Exacto. Pero al decirles no a esas actividades, no significa que le estén diciendo no al desarrollo en general, sino a una visión que quiere imponer el Estado central que va en contravía de lo que realmente quiere la gente.
Por el contrario, le están diciendo sí al agua, a la vida y al territorio. O sea que le están diciendo sí al modelo de desarrollo agrícola justo y equitativo, donde se protege al sujeto colectivo del campesinado por encima de los grandes intereses de las empresas.
Las consultas populares ratifican las posiciones de un pueblo y de un municipio de no profundizar el extractivismo como la única forma de economía, sino, por el contrario, piden que se desarrollen autónoma y comunitariamente otras economías que sean definidas por y con la gente.
En este debate también está la estrategia de las empresas de dilatar los procesos y, al mismo tiempo, asegurar que van a mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Usted cómo ve eso?
Las empresas, independientemente de que sean estatales o transnacionales, tienen una contraestrategia de utilizar de manera irresponsable la acción de tutela para tratar de frenar los mecanismos de consultas populares. Ese fue el caso de Cajamarca, donde se interpusieron más de seis acciones de tutela y en ninguno de esos intentos se le dio la razón a la Anglo Gold Ashanti porque, sencillamente, prima el principio de la participación efectiva de la gente.
Por otro lado, a estas empresas no les corresponde solucionar la problemática del desempleo en estos municipios. Es responsabilidad del Estado llegar a las zonas y garantizarles el derecho.
¿No le parece que las consultas populares son el reflejo de la poca coordinación que hay entre las entidades regionales y nacionales?
En parte sí. No es posible que un alcalde diseñe todo un esquema de ordenamiento territorial en el que prioriza los usos del suelo de su municipio para la actividad agrícola y agropecuaria, para que luego el Estado diga que no, que lo mejor es perforar y explotar el subsuelo porque hay riqueza en él. Parece una ‘potestad omnipresente y sagrada’ del Estado de definir qué se hace y qué no con los subsuelos.
Autonomía es que los alcaldes y concejos municipales sean respetados, porque fueron elegidos por voto popular, y que sus decisiones no sean amenazadas por los directores de la Agencia Nacional Minera o de la Agencia de Hidrocarburos, las cuales deben estar en articulación y coordinación con las autoridades ambientales para proteger el patrimonio natural de Colombia.
¡Porque si vemos el mapa de extractivismo en Colombia, el escenario es terrible! Casi el 90 por ciento del territorio nacional está cubierto de titulaciones y/o solicitudes de exploración de todo tipo. Prácticamente no quedaría dónde vivir.
Con el ‘boom’ de las consultas populares, ¿cuál cree que será la respuesta del Estado?
Sabemos que el Estado está fraguando una estrategia para frenar las consultas, e incluso sabemos de un proyecto de ley que quieren radicar para limitarlo. Sin embargo, al ser un mecanismo de participación ciudadana debe ser regulado por la ley estatutaria y debe pasar por un largo recorrido dentro del Congreso de la República. No es cualquier cosa.
Fue necesario que pasaran 26 años para que la gente tuviera la oportunidad de pronunciarse si quería o no extractivismo en su territorio. A las comunidades de La Guajira nunca les preguntaron si querían o no a Cerrejón, y a las de Rubiales tampoco les preguntaron si estaban interesados en tener pozos petroleros de semejante magnitud como los que hay hoy. Ahora, que por primera vez la gente quiere hacerlo libremente, el Estado entra en shock dizque porque les quieren limitar la economía ¿Cuál economía? ¿Su economía? ¿Cuáles son las verdaderas ventajas de esa que tanto quieren? Y ¿si la gente no la quiere?
TATIANA PARDO IBARRA
Redactora Medioambiente
