El Gobierno español ha dado luz este martes verde a la futura Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que implantará dos nuevos impuestos verdes: uno a los envases de plástico de un solo uso y otro a residuos en vertederos e incineración.
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El objetivo de este proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que será ahora remitido al Parlamento, es reducir en un 15 por ciento la generación de desechos en 2030 respecto a 2010.
El texto incrementa las tasas de reciclado de residuos municipales 5 puntos porcentuales cada 5 años desde 2020 y exige reducir los recipientes alimentarios y los vasos de plástico de un solo uso hasta un 70 por ciento en 2030.
La norma reemplazará la ley vigente desde 2011 y es la "clave" de todo el paquete normativo sobre economía circular y una de las reformas más relevantes incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha señalado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
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De esta manera, se establecerán nuevos impuestos, uno de ellos a los envases de plástico no reutilizables, a razón de 0,45 euros por kilogramo, y otro al depósito en vertedero e incineración, que podrá oscilar entre 1,5 euros y 40 euros por cada tonelada métrica.
Entre los plásticos de un solo uso sujetos a reducción están los vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, y los recipientes alimentarios destinados al consumo inmediato, cuya comercialización ha de reducirse un 50 % entre 2022 y 2026 y un 70 % para 2030.
En cualquier caso, a partir de 2023 se prohíbe su distribución gratuita, debiéndose cobrar un precio por cada uno de los productos de plástico que se entregue al consumidor, diferenciándolo en el ticket de venta.
La ley también incorpora medidas para otros plásticos como artículos monodosis, anillas de plástico y palitos de plástico de sujeción para sustituirlos por otros materiales, y se prohibirán las pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos y cualquier producto hecho con plástico oxodegradable y microesferas plásticas de menos de 5 milímetros.
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Otros impuestos verdes recaerán en la incineración y en el depósito de residuos en vertedero, que deberán incluir la obligación de entidades locales de desarrollar en 2 años, una tasa de carácter pública no tributaria asociada a los servicios que presten.
La nueva ley contempla reducir a la mitad los alimentos desechados en el hogar, en hoteles, restaurantes y cafeterías; rebaja un 20% las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y prohíbe destruir excedentes no vendidos de textiles, juguetes o aparatos eléctricos y la suelta intencionada de globos.
Establece además la obligación de que la hostelería ofrezca a sus clientes la posibilidad de agua del grifo, en lugar de envasada, y para las administraciones públicas, la reducción del agua embotellada en sus dependencias y espacios públicos, salvo en centros sanitarios, donde se permitirán envases de un solo uso.
EFE
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