Frank Rijsberman es sin duda una autoridad en temas ambientales en el mundo. Dirige el Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI, por sus siglas en inglés), una organización intergubernamental dedicada a promover el crecimiento sostenible de los países en desarrollo. GGGI nació en 2012, en el marco de la conferencia de Río + 20 de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, con el propósito de acelerar la transición hacia un paradigma de crecimiento diferente.
Antes de unirse a GGGI, Rijsberman, doctor en gestión de recursos hídricos y planificación de la Universidad Estatal de Colorado, fue director ejecutivo del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) y trabajó en la Fundación Bill y Melinda Gates. Así mismo, Rijsberman fue director de Google.org, el brazo filantrópico de Google, y dirigió el International Water Management Institute.
Rijsberman habló con EL TIEMPO sobre los desafíos que Colombia enfrenta en la implementación del crecimiento verde.
¿En qué consiste este modelo?
El crecimiento verde es un paradigma de crecimiento económico inclusivo y sostenible en las economías emergentes. En contraste con los modelos de desarrollo convencionales, que dependen del agotamiento y la destrucción de los recursos naturales, el crecimiento verde se piensa como un avance coordinado de la economía, la sostenibilidad ambiental, la reducción de la pobreza y la inclusión social. En otras palabras, este paradigma le apuesta a un cambio gradual en los patrones actuales de crecimiento a través de la búsqueda de nuevos motores de crecimiento y la conversión de industrias altamente contaminantes en industrias verdes. Creemos que el camino hacia el desarrollo debe mantener, mejorar y, cuando sea necesario, reconstruir el capital natural como un activo económico fundamental.
¿Qué experiencias internacionales de crecimiento verde en el mundo son un referente para Colombia?
En países como China, Corea del Sur, México y Chile se han creado estrategias para afrontar eficazmente el cambio climático, para crear nuevos motores económicos y gestionar la independencia energética. Actualmente estoy radicado en Corea del Sur y creo que, si bien las características socioeconómicas y ambientales de ese país son diferentes a las de Colombia, su senda de desarrollo sí deja muchas lecciones que los colombianos deberían considerar. Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta que Colombia quiere entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), organismo del que los coreanos hacen parte desde 1996.
¿A qué lecciones se refiere?
Durante casi dos décadas, Corea del Sur tuvo la mayor tasa de crecimiento de emisiones de gases de efecto invernadero en la zona de la Ocde, aumentó su dependencia de importaciones energéticas, su crecimiento económico estaba estancado y sus tasas de desempleo crecieron. En 2009, sin embargo, el Gobierno coreano adoptó una estrategia de crecimiento verde conocida como el Green New Deal y se fijaron unas metas para 2050. Entonces se empezaron a implementar planes quinquenales que rompieron con la tendencia de anteriores administraciones de pasar por alto las problemáticas medioambientales.
¿Qué acciones puso en marcha el Gobierno coreano?
Se adoptó, por ejemplo, un esquema de comercio de emisiones y se fijó un impuesto sobre el carbono en diferentes sectores de la industria. Así mismo, se diseñaron estrategias de promoción del uso eficiente de energías limpias y de fomento de la investigación y de las finanzas verdes. Además, se promovieron los carros ecológicos y la construcción de una red eléctrica inteligente. Son países distintos, pero Colombia, al igual que Corea del Sur, debería saber que para inducir un verdadero cambio de paradigma es preciso cambiar los procesos de producción, los patrones de consumo y las prácticas industriales.
Colombia, al igual que Corea del Sur, debería saber que para inducir un verdadero cambio de paradigma es preciso cambiar los procesos de producción, los patrones de consumo
¿Por qué Colombia debería acogerse al paradigma de crecimiento verde?
Colombia es un país en transición. Muchas zonas que fueron epicentro del conflicto no tienen un futuro atractivo ni ofrecen garantías para las comunidades, que, a falta de oportunidades verdaderamente sostenibles, corren el riesgo de optar por actividades como la minería ilegal o los cultivos ilícitos. El país atraviesa una coyuntura especial para dinamizar y diversificar su economía, y diseñar alternativas legales y sostenibles (como el ecoturismo y la agricultura planeada inteligente), que no generen efectos sociales o ambientales nocivos. El Gobierno, de la mano del sector privado y de las comunidades, debe generar una visión distinta de desarrollo económico en las zonas rurales para producir riqueza a partir de la riqueza natural y social con la que el país ya cuenta. A eso es lo que justamente le apuesta el GGGI.
¿Qué hace el GGGI en Colombia?
El GGGI se ha aliado con los gobiernos regionales, con la Alta Consejería para la Paz y con los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura. En ese trabajo mancomunado estamos identificando iniciativas ciudadanas de desarrollo verde en regiones priorizadas para el posconflicto que corren el riesgo de sufrir un deterioro ambiental. Allí impulsamos proyectos ‘bancables’, es decir, proyectos que, por su potencial, pueden recibir financiación. Queremos que las empresas de las comunidades locales y las asociaciones comunitarias hagan parte de una red de producción que les permita obtener ingresos y proveer empleos de una manera sostenible en el tiempo. Esperamos que la gente presente esos proyectos al Fondo Colombia Sostenible que ha dispuesto el Gobierno en el marco de la implementación de los acuerdos de La Habana.
¿Cree que un país en transición como Colombia debería insistir en la minería como motor de desarrollo?
En la medida en que se realice con los más altos estándares de calidad, la minería seguirá siendo un motor de desarrollo en Colombia, pero no el único. Y esos estándares de calidad van desde la forma como el Gobierno y las empresas mineras interactúan con los pobladores de las zonas que van a intervenir hasta los mecanismos de compensación socioambiental y los planes de limpieza posteriores al ejercicio de la minería. Puede que los estándares de minería limpia no maximicen la rentabilidad de las compañías, pero sí maximizan los beneficios económicos y sociales para el desarrollo del país.
Pero, ¿en verdad se pueden compensar los daños ocasionados por la actividad minera?
Pienso que sí. Yo viví en Países Bajos, en la frontera con Bélgica, una zona de minería de carbón. Después de la actividad minera, el Gobierno de Países Bajos reinvirtió una parte de las ganancias que le dejó la minería en un proceso de limpieza integral y de recuperación de los suelos. Al otro lado de la frontera, el Gobierno belga no hizo lo mismo, y los territorios lo resintieron. Todo depende de los estándares que fijen los gobiernos para esta actividad y de la reinversión en las regiones donde se lleva a cabo.
En aproximadamente 40 municipios colombianos, las comunidades han realizado consultas populares en las que ha triunfado el ‘no a la minería’. ¿Cree que estas decisiones deberían marcar el rumbo económico de los territorios?
La voz de las poblaciones es importante. Normalmente se oponen si no son compensadas. Es deber de los gobiernos y de las compañías sintonizarse con los intereses de las comunidades para asegurar una compensación adecuada. Las comunidades tienen derecho a decidir cómo desarrollar sus territorios, pero también necesitan suficiente información para tomar decisiones acertadas. Algo está fallando si la minería tiene más efectos sociales nocivos que efectos económicos positivos. Igual ocurre con el ‘fracking’: cuando un embalse está mal construido no da réditos en ningún sentido.
La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París suscitó una polémica mundial, ¿qué tan decisiva es esa decisión de Donald Trump para el modelo de crecimiento verde?
Gran parte de la comunidad científica advierte que el cambio climático existe, y el comportamiento del clima así lo reafirma. Negar ese fenómeno (como lo ha hecho Donald Trump) es imposible. La administración de Obama trabajó enormemente para juntar a los países alrededor de este tema. Es una lástima que el actual presidente haya retrocedido en ese sentido, pero el hecho de que Estados Unidos se haya retirado del acuerdo no quiere decir que el resto de naciones no continúen jalonándolo. 58 países en el mundo, e, incluso, muchos estados en Estados Unidos están comprometidos con las energías limpias porque se han dado cuenta de que son económica y socialmente más rentables. Hay muchas fuerzas económicas comprometidas con el paradigma de crecimiento verde. Trump no es indispensable.
En 2012, Colombia adoptó el Crecimiento Verde como un pilar de su desarrollo socioeconómico. Lo hizo a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, el cual acogió este modelo y le dio un carácter envolvente y transversal a todas las estrategias de desarrollo del país. A través de su artículo 170, el PND dio un mandato para la formulación de una “política de crecimiento verde de largo plazo” con unas metas precisas de crecimiento económico sostenible a 2030. La formulación de esa política, que se viene desarrollando desde el año pasado, es dirigida por el Departamento Nacional de Planeación a través de la Misión para el Crecimiento Verde, que se encargará de definir los insumos y lineamientos de política pública para orientar el desarrollo económico en los próximos 12 años.
MARÍA LUNA MENDOZA
EL TIEMPO@m_luna17
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