Le llegó la hora a A. Latina de proteger a los defensores del ambiente

Le llegó la hora a A. Latina de proteger a los defensores del ambiente

Los 33 países de la región, incluyendo el Caribe, podrán firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú. 

Cambio climático en Putumayo

La deforestación de los bosques, en los resguardos, es una amenaza latente para esta comunidad indígena.

Foto:

Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

27 de septiembre 2018 , 09:06 p.m.

América Latina no es una región cualquiera. No solo es altamente biodiversa y con una gran diversidad étnica y cultural, sino que es donde más defensores del medioambiente y el territorio asesinan. En el 2017, según datos de Global Witness, perdieron la vida 207 personas en el mundo; se trata del año más mortífero hasta el momento para quienes dedican su vida a la protección de los recursos naturales. El 60 por ciento de esa cifra se concentró en esta región.

De los diez países más peligrosos para ser un defensor del ambiente, siete están en América Latina, siendo Brasil, Colombia y México los que se llevan la peor tajada. No permitir que un río sea desviado, contaminado con mercurio y cianuro o dragado, aquí se puede pagar con la vida.

Por esa razón, y dada la complejidad del territorio más las altas tasas de desigualdad y violencia, desde hoy y durante los próximos dos años, los 33 países de América Latina y el Caribe podrán firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado que incluye unas reglas específicas para la protección de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

El tratado, que además es vinculante para los Estados, tiene como objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.

Para que el Acuerdo entre en vigor, al menos 11 países deben ratificarlo y, hasta la fecha, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), éstos han confirmado su firma: Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay. “Otros seis países de la región están tramitando su confirmación”, informa.

Según le dijo a EL TIEMPO, Natalia Gómez, de la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (Civicus), el Acuerdo de Escazú “es la primera vez en la que los Estados reconocen el papel de los defensores ambientales y crean un espacio de cooperación para fortalecer las instituciones teniendo en cuenta las realidades de la región”. Además de buscar financiación internacional, con la firma del Acuerdo “los países tendrán que hacer cambios legislativos internos para cumplir con sus compromisos vinculantes”.

“Sabemos que un tratado no cambia nada si no se implementa, pero es un gran paso. La región tiene que hacerle frente a este número creciente de ataques y asesinatos, y Colombia debería ser de los primeros países en dar el paso para cambiar la situación”, afirma.

Efectivamente, Colombia no solo carga con la etiqueta de ser el tercer país más peligroso del mundo para los defensores del ambiente (con 24 personas asesinadas el año pasado), sino el segundo con mayor número de conflictos socioambientales.

De acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental, de los 2.548 casos registrados en todos los continentes, 128 corresponden a Colombia. América Latina está absolutamente cargada de conflictos relacionados con minería, gestión de recursos, biomasa, combustibles fósiles, turismo, agua y uso de la tierra.

El Acuerdo de Escazú también busca reafirmar el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que establece lo siguiente: “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”. Esto significa que todas las personas, en todas las esferas, deben tener acceso adecuado, oportuno y completo a la información que requieran sobre asuntos ambientales, así como la posibilidad de participar en las decisiones y recibir protección judicial y administrativa cuando sea necesario.

La directora de la Asociación Ambiente y Sociedad, Margarita Flórez, sostiene que “por más de 25 años de haberse adoptado la Declaración de Río los ambientalistas estamos esperando que se nos brinde el acceso oportuno a la información, y participación en políticas, proyectos y decisiones que afectan nuestro ambiente y su territorio. Por eso esperamos que el Presidente Iván Duque se sume a la mayoría de los gobiernos de América Latina y firme el Acuerdo de Escazú”.

Según averiguó EL TIEMPO, el "ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra consultando a las distintas entidades del Estado con el fin de evaluar la concordancia de las disposiciones del Acuerdo frente a la Constitución y las leyes nacionales, así como la conveniencia y viabilidad de su suscripción en el periodo convenido". 

Eso plantea un escenario borroso frente a la posición de Colombia para firmar el Acuerdo, que se abrirá a la firma en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en el marco del debate general del 73° período de sesiones de la Asamblea General.

TATIANA PARDO IBARRA
tatpar@eltiempo.com
Twitter: @Tatipardo2

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