El problema ambiental más complejo de Colombia, consideran varios expertos, tiene nombre propio: deforestación. El año pasado, el país arrasó 219.973 hectáreas (ha) de bosque, algo así como 308.000 canchas de fútbol como las del estadio El Campín. El 65,5 por ciento de esa pérdida se concentró en uno de los puntos más biodiversos del planeta: la Amazonia.
Detrás del fenómeno confluyen en un mismo caldero diversos factores que hacen difícil atacar el problema: el acaparamiento de tierras, la praderización, la expansión de la infraestructura vial (legal e ilegal), la ampliación de los cultivos ilícitos, la ganadería extensiva, una disidencia de las Farc que toma fuerza (incluso dentro de áreas protegidas y resguardos indígenas), unas autoridades ambientales que no tienen los recursos económicos ni de personal para vigilar vastas extensiones de tierra, un Estado al que tomaron por sorpresa –o no dimensionó– los efectos del proceso de paz, la falta de coordinación entre distintas entidades y varios otros motores.
Ni el presidente Juan Manuel Santos ni el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, lograron frenar el fenómeno, no obstante la cooperación internacional y un sistema de monitoreo satelital (liderado por el Ideam) con un nivel de precisión que llega a escala municipal. En otras palabras, aquí sabemos dónde está ocurriendo la deforestación y cómo se comporta. La tecnología está.
Pese al reto que esto le significará al próximo gobierno, también quedan importantes avances, un balance que hace Murillo, que espera retirarse en dos semanas. La cartera verde deja 43 millones de hectáreas protegidas en el país (8 millones son áreas marinas), la delimitación de 37 páramos (lo que equivale a 2,8 millones de ha), la designación de 12 humedales Ramsar (que abarcan 2 millones de ha) y programas como Visión Amazonia, Colombia Bío y Bosques de Paz.
Terminamos el año 2016 con 179.000 hectáreas deforestadas y el 2017 con 220.000. ¿Por qué no se le puede hacer frente al fenómeno, especialmente en la Amazonia?
La mayoría de los países, cuando firman acuerdos de paz, tienen un incremento en la deforestación que puede extenderse durante dos, tres o cuatro años. Nosotros aspirábamos a que en Colombia fuera distinto, por las medidas que estábamos implementando, pero no fue así. Se nos incrementó en el 2016 y luego, un 23 por ciento más en el 2017.
Los recursos y los programas están, y por eso pudimos reducir la deforestación en el Pacífico (un 54 %), en el Caribe (un 36 %) y en la región Andina (un 20 %), mientras que se mantuvo relativamente estable en la Orinoquia. El desafío real está en la Amazonia, donde se dobló la deforestación por varias razones: el acaparamiento de tierras y los cultivos ilícitos. En el arco Meta-Caquetá-Guaviare-Putumayo se nos incrementó porque hay redes de la criminalidad muy fuertes, son redes del narcotráfico que ahora, en alianza con la disidencia, están promocionando la tala de bosques. Adicionalmente, están buscando familias para que se instalen ahí y presionen al Estado para que les titulen las tierras, cosa que no vamos a hacer.
Estoy totalmente seguro de que es recomendable que se creen unidades especiales de lucha contra la deforestación
Pero tenemos toda la tecnología para saber, prácticamente en tiempo real, cuáles son esos puntos de deforestación. Con imágenes satelitales se ve todo...
Necesitamos fortalecer las corporaciones autónomas regionales (CAR) y modernizarlas para que puedan responder a la tarea de controlar semejantes ecosistemas, con una extensión territorial tan grande. También hemos denunciado mucho la posible corrupción que fomenta la deforestación en la Amazonia, funcionarios públicos que pueden estar haciéndose los de la vista gorda, pero la Fiscalía es la que tiene que investigar.
Hay un tema cultural que es muy difícil cambiar. En el Pacífico logramos reducir la deforestación porque hay comunidades indígenas, negras y campesinas cuyo propósito principal es la conservación, ellos interactúan con el bosque. En la Amazonia, por el contrario, la mayor parte de estas comunidades son colonas, con una cultura de la tala y el desarrollo agrícola y pecuario muy fuerte, y ahora con redes criminales que hacen presión para que tumben más bosque.
¿El aumento de la deforestación en la Amazonia usted lo relaciona con el proceso de paz o no?
No. Creemos que, igual, iba a pasar. El proceso de paz nos ha dado la oportunidad de abordar el tema de manera más directa. Lo que yo veo es que, igual, esa zona iba a llamar mucho la atención por toda la expectativa a nivel global de Colombia como proveedor de alimentos, como despensa agrícola. El proceso de paz, al contrario, nos da la fortaleza para llegar hasta allá y poder trabajar con excombatientes de las Farc para controlar la deforestación.
El presidente Santos me dijo, a inicios de este año, que reducir la deforestación fue la meta que le faltó por cumplir en su gobierno ¿Usted también siente lo mismo?
Yo creo que ese fue el mayor desafío que nos quedó por concretar, y no resultó como queríamos. Nuestra meta era estar por debajo de las 120.000 o 100.000 hectáreas deforestadas, y, en cambio, se nos presentó un aumento. Dejamos todo el esquema para que se pueda disminuir, pero es de las frustraciones que, al igual que al Presidente, a mí también me quedan.
¿Qué faltó para poder cumplir con ese objetivo?
Subestimamos el hecho de que el éxito en controlar las redes criminales relacionadas con la extracción ilícita de minerales iba a llevar a que estas redes se movieran al sur, se encajaran con disidencias y empezaran a hacer inversiones en el delito de la deforestación. Esa economía ilegal de la extracción ilícita migró rápidamente al sur del país. De parte nuestra, del Ministerio de Ambiente, creo que subestimamos ese efecto bomba de moverse hacia allá.
Usted ha tenido varias reuniones con el Gobierno de Brasil para aprender de sus experiencias. ¿Qué le han aconsejado?
La recomendación que nos hicieron los brasileños es muy sencilla: es zanahoria y garrote, pero lo primero es presencia territorial y control del delito ambiental. Prácticamente, un bloque de búsqueda de los delincuentes de la deforestación, seguir la ruta y desmantelar las redes.
Estoy totalmente seguro de que es recomendable que se creen unidades especiales de lucha contra la deforestación. En Antioquia y Chocó, donde el desafío de deforestación y contaminación por mercurio era asociado a extracción ilícita de minerales, se han hecho 600 operativos y 87 capturas. Se requiere una estructura organizativa, tanto para el Ejército como la Policía, concentrada en el control de la deforestación.
Pero se requiere plata, porque la cooperación que tenemos con Noruega, el Reino Unido y Alemania no tiene en cuenta los costos en la logística del control del delito ambiental. Por ejemplo, cuando fuimos a la frontera del parque Chiribiquete vimos parches de 200 y hasta 400 hectáreas perfectamente delimitadas; eso significa que detrás hay un trabajo técnico y de muchos recursos, no es un campesino solo.
¿Son redes nacionales o transnacionales?
En el mundo de la especulación, yo veo unas redes demasiado poderosas que no son de esas zonas y están detrás del fenómeno en la Amazonia. Es una tarea para la Interpol investigar.
Usted me dice que los países que firman un proceso de paz tienden a aumentar su deforestación. ¿Cree que el Estado realmente está haciendo la efectiva presencia en esos territorios o se le salió de las manos?
Nosotros le estamos dejando al próximo gobierno todas las herramientas institucionales, de política pública, programas y recursos económicos suficientes, pero, obviamente, siempre hay espacios para mejorar, especialmente en lo que tiene que ver con control territorial y los procesos judiciales. Los casos por delitos ambientales deben culminar rápidamente para enviar un mensaje claro a la sociedad, y eso no está ocurriendo todavía.
Es un tema complejo, pero el Gobierno Nacional ha tomado las medidas necesarias. Hoy tenemos una política de Estado, reflejada en la Estrategia Integral de Control de la Deforestación y Gestión de Bosques, programas como Visión Amazonia y Visión Pacífico, una Comisión Intersectorial de Control de la Deforestación (que incluye varios ministerios), cooperación internacional, etc.
¿Cuál es el principal desafío ambiental que le queda al gobierno de Duque?
El reto más importante que tiene el próximo gobierno es que sea capaz de mitigar los efectos del cambio climático y eventos extremos del clima, y que a la vez podamos adaptarnos a ellos, pero no solamente en los sitios que fueron críticos por el fenómeno de la Niña 2010-2011, sino en todo el país. Si no se toman medidas, puede llevar a que Colombia pierda casi el 30 por ciento de su biodiversidad, y los efectos serían aterradores.
¿A qué se va a dedicar ahora? ¿Le suena la gobernación del Chocó?
Yo no estoy abandonando el barco antes de tiempo, como han dicho algunos. Simplemente quiero tomarme un tiempo para pensar qué sigue. Quiero un periodo sabático, tal vez dos años, y estar más con mi familia y mis tres hijos.
Conseguir una universidad que sirva de espacio institucional para procesar las lecciones que me dejaron estos años. Escribir, enseñar y enfocarme en los temas que me gustan: desarrollo regional, cambio climático y el impacto en la desigualdad. La gobernación no la descarto.
TATIANA PARDO IBARRA
Twitter: @Tatipardo2
tatpar@eltiempo.com
