Colombia no es el único país del mundo que se ha visto envuelto en este enorme desafío: la depredación ambiental, voraz, luego de un conflicto armado. En los últimos 60 años, al menos el 40 por ciento de todos los conflictos documentados han estado relacionados de algún modo con los recursos naturales. El petróleo, el oro, los diamantes, el café, el cacao, la madera, la coca, los animales; todos han sufrido los efectos de guerras a lo largo y ancho de los continentes.
Incluso, en una investigación publicada en el 2009, en la que se analizaba la relación entre los hotspots de biodiversidad –aquellas áreas que tienen concentraciones excepcionales de especies nativas- y los conflictos armados, se encontró que el 90 por ciento de estos, ocurridos entre 1950 y el 2000, tuvieron lugar en países que cobijan una riqueza natural abrumadora. Menos de un tercio de los 34 hotspots en el planeta, se escaparon.
Para entender mejor este fenómeno, científicos decidieron analizar cuatro casos particulares –Nepal y Sri Lanka (en Asia), Costa de Marfil (en África) y Perú (en América Latina)– con el fin de ver cómo se comporta la pérdida de cobertura boscosa durante los cinco años posteriores a la firma de un acuerdo de paz. Hallaron que, en promedio, hubo un aumento del 68,08 por ciento en la deforestación, en comparación con la media mundial de 7,20 por ciento registrada entre los años 2001 y 2016.
La expansión de la frontera agrícola, la demanda de madera, el comercio internacional de productos forestales, el débil cumplimiento de las regulaciones ambientales y la tala ilegal fueron algunas actividades que contribuyeron con estas cifras pero, además, con la reducción en los niveles de biodiversidad y, por consiguiente, de los servicios y bienes que prestan estos ecosistemas, como agua, alimento, regulación del clima, captura de dióxido de carbono y recreación.
La protección del medioambiente no es una prioridad para los gobiernos durante el posconflicto, por lo que los servicios forestales no reciben el apoyo económico necesario
De acuerdo con el doctor Nelson Grima, del programa de medioambiente y recursos naturales de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, los efectos negativos se derivan, principalmente, de dos razones: las cuestiones de conservación no son vistas como una prioridad en el posconflicto y existen altos niveles de corrupción.
“Cuando un conflicto armado culmina hay un periodo de transición donde la reorganización es bastante caótica. Lo que hemos analizado es que la protección del medioambiente no es una prioridad para los gobiernos durante el posconflicto, por lo que los servicios forestales no reciben el apoyo económico necesario, ni siquiera los ministerios de ambiente. Aunque tengan buenas intenciones, están limitados financieramente”, le dice Grima a EL TIEMPO.
La otra cuestión tiene que ver con los distintos niveles de corrupción que atraviesan la médula espinal de la gestión de los recursos naturales. “Esto permite que empresas extranjeras entren y exploten la madera que queda o, incluso, desde lo local se entregan permisos sin ninguna lógica detrás”, continúa el experto.
Para filtrar los países que iban a analizar, los investigadores empezaron haciendo una búsqueda con los términos ‘guerra’, ‘conflicto armado’ y ‘conflictos militares’, e hicieron una lista de aquellos que empezaron desde 1945 con la Segunda Guerra Mundial. No se incluyó ninguna manifestación de violencia menor, como tiroteos, manifestaciones o disturbios. Al final, la búsqueda arrojó 386 conflictos en todo el mundo (20 en América, 57 en Europa, 200 en África y 109 en Asia).
Pero, adicionalmente, los países elegidos debían cumplir con los siguientes requisitos: considerarse lugares con altos niveles de biodiversidad (ser hotspot), tenían que estar ubicados en diferentes continentes (para evitar sesgos y comparar distintos contextos), los conflictos armados debían tener una duración de varios años (para medir el efecto sobre los servicios ecosistémicos), haber ocurrido en los últimos 20 años y, además, haber terminado hace al menos 5 años.
Para el caso de Nepal, los datos y las imágenes satelitales, arrojaron un aumento del 7,6 por ciento de la pérdida de cobertura boscosa (no tan alarmante teniendo en cuenta el promedio global de 7,20 por ciento). Sin embargo, las cuencas hidrográficas de este país, que vivió una guerra civil entre 1996 y 2006, son importantes fuentes de agua (por ejemplo, los sistemas de los ríos Kosi, Gandaki y Karnali son tributarios del Ganges, del que millones de personas dependen para sus necesidades diarias). “Por lo tanto, considerando que la reducción de la cobertura forestal afecta negativamente la calidad del agua, el aumento constante de la pérdida anual de bosques en un país bajo este contexto es un motivo de mucha preocupación”, dicen los autores.
En los otros tres casos (Sri Lanka, Costa de Marfil y Perú), la pérdida anual promedio de bosques en los cinco años posteriores a la finalización del conflicto armado fue aproximadamente el doble de la registrada durante los respectivos periodos de conflicto armado, con un aumento del 77,63 por ciento, 100,87 por ciento y 86,64 por ciento respectivamente.
“Los datos muestran la pérdida anual de la cubierta arbórea desde el año 2001 hasta el 2016, entendiendo que se trata de una vegetación más alta de 5 metros. Es importante tener en cuenta que, en este contexto, la pérdida de la cubierta arbórea puede ser causada por eventos naturales e incluye cambios en los bosques naturales, así como en los bosques manejados y / o plantados”, aclara el documento.
Una de las principales conclusiones que arroja la investigación es que durante los periodos de transición que ocurren inmediatamente después del final de un conflicto armado, las estructuras, políticas e instituciones establecidas tienden a fracasar, por lo que se necesita prestar mayor atención a los temas socio-ambientales relacionados con la construcción de paz.
Muchas veces los gobiernos son quienes imponen las políticas, cuando a veces éstas no están
en sintonía con los intereses y las necesidades de las comunidades locales
“No administrar adecuadamente el periodo de transición puede aumentar la probabilidad de sobreexplotación de los recursos naturales y la pérdida de bosques, lo que ocasiona la pérdida de la provisión de servicios ecosistémicos”, afirma Grima. “Pero las soluciones ya existen, no hay que inventarnos nada nuevo. Simplemente se necesita de voluntad política”, continúa.
Grima se refiere al famoso concepto de comanejo, donde las comunidades locales, quienes generalmente han sido las principales víctimas de la violencia, participan de manera protagónica en la gestión de los recursos naturales, con el apoyo del Gobierno Nacional.
“La adaptación es un sistema flexible, capaz de operar en múltiples niveles (por ejemplo, comunidad, regional y nacional) y organizaciones (tanto locales como no locales), proporcionando un enfoque de gobernanza específica al lugar (teniendo en cuenta el contexto y las condiciones) que puede evolucionar de acuerdo con las necesidades. La cogestión adaptativa apoya estrategias de diálogo y de confianza”, comenta el investigador.
El autor insiste en que si estas medidas no llegan a tiempo es muy probable que los ecosistemas se sigan viendo afectados, incluso luego de que se firme un acuerdo de paz.
“Muchas veces los gobiernos son quienes imponen lo que se debe hacer después de un conflicto armado, cuando a veces esas políticas no están en sintonía con los intereses y las necesidades de los locales. Ellos, que son quienes mejor conocen los bosques y las transformaciones que han experimentado, deben establecer sus propios programas de manejo forestal, con el asesoramiento y la ayuda del Gobierno. Es difícil, pero lo ideal sería que todos los actores participaran, incluidos los excombatientes”, explica Grima a este diario.
