En 2017 fueron asesinados 207 defensores del ambiente y el territorio

En 2017 fueron asesinados 207 defensores del ambiente y el territorio

Es el año más peligroso desde que se tienen registros. Colombia ocupó el tercer puesto. 

Los peligros de los defensores del medio ambiente y el territorioLos peligros de los defensores del medio ambiente y el territorio
Líderes ambientales

Thom Pierce | Guardian | Global Witness | UN Environment

Por: Tatiana Pardo Ibarra
24 de julio 2018 , 10:49 p.m.

El 8 de diciembre de 2017, a la 1:15 p. m., Hernán Bedoya, líder afrodescendiente en el departamento de Chocó, iba camino a su casa, montado en un caballo, cuando miembros de las Autodefensas Gaitanistas neoparamilitares de Colombia (AGC) lo interceptaron en un puente y le dispararon 14 veces, arrebatándole la vida de inmediato.

Hernán se había opuesto en reiteradas oportunidades a la ganadería y a las plantaciones ilegales de palma de aceite y plátano en fincas familiares, que hacían parte del territorio colectivo Piedeguita y Mancilla, en el municipio de Riosucio. Luego de ser desplazado por la violencia en 1996, retornó en 2012 y se dio a la tarea de proteger su tierra y la de su comunidad.

Él fue uno de los 207 defensores del medioambiente y el territorio que perdieron la vida en 2017, el año más mortífero para quienes dedican su vida a la protección de los recursos naturales (en 2016, fueron 200 las personas asesinadas). Una vez más, América Latina es el escenario con el mayor número de muertes en el mundo, con cerca del 60 por ciento de los casos registrados por Global Witness.

Brasil registró una mayor cantidad de asesinatos que cualquier otro país, con 57 personas, el 80 por ciento de las cuales fueron matadas mientras protegían la Amazonia; seguido de Filipinas (con 48 asesinatos), Colombia (24), México (15) y República Democrática del Congo (13).

“Los ataques contra personas defensoras de la tierra y del medioambiente se derivan de nuestro apetito voraz. La extracción de los recursos naturales requiere de una mayor cantidad de tierra, convirtiéndola en un producto muy preciado. Las comunidades que han vivido y trabajado allí durante generaciones a menudo son las perdedoras en esta cruzada, que pagan con sus vidas por tener el valor de oponerse a los devastadores proyectos impuestos a sus comunidades”, advierte Global Witness en su más reciente informe.

Líderes ambientales

Marivic 'Tarsila' Danyan, con vista a las plantaciones de café cerca de la aldea de Tabasco, en Filipinas, donde vive. En una masacre le asesinaron a su esposo, papá y dos hermanos.

Foto:

Thom Pierce | Guardian | Global Witness | UN Environment

Para esta oportunidad, por primera vez, la agroindustria superó a la minería como el sector más peligroso al cual oponerse, con 46 personas defensoras asesinadas en 2017. Éstas se manifestaron contra las grandes plantaciones de palma aceitera, café, frutas tropicales, caña de azúcar, ganadería, además de hacerle frente a las operaciones mineras y petroleras, la caza ilegal y la tala.

De las 19 personas defensoras de la tierra y el medioambiente asesinadas en toda África, 17 perdieron la vida defendiendo áreas protegidas contra cazadores y mineros ilegales.

“Los gobiernos y las empresas han fracasado en actuar con responsabilidad, éticamente o, al menos, de acuerdo con la ley, lo que les convierte en un factor generador de la letanía de crímenes contra activistas el año pasado. Su inacción ayudó a que aumentaran los homicidios de personas que se manifestaban contra la agricultura a gran escala, a medida que crecía la fiebre mundial por acaparar la tierra”, continúa el documento.

Un 92 % de impunidad en Colombia
Líderes ambientales

Cuando paramilitares asesinaron a su padre en diciembre, Ramón Bedoya, de 18 años, heredó la finca familiar, una zona biodiversa donde cada vez la lucha es más violenta contra el aceite de palma.

Foto:

Thom Pierce | Guardian | Global Witness | UN Environment

De acuerdo con una nueva investigación realizada entre Global Witness y el Cyrus R. Vance Center for International Justice, la impunidad continúa alimentando la violencia en nuestro país  y los perpetradores de ataques, ocurridos anteriormente, se desplazan libremente dado que la mayoría de los casos no avanzan más allá de la etapa preliminar.

Después de analizar el asesinato de 122 personas colombianas, defensoras de la tierra y el medioambiente, registradas entre julio de 2010 y junio de 2016, el estudio concluye que: en 102 casos se inició una investigación; pero sólo nueve casos dieron lugar a un veredicto y únicamente ocho de éstos terminaron en una condena. Otros diez casos ni siquiera fueron investigados porque la Fiscalía no tenía información para comenzar la labor.

“61 de los 102 casos se encontraban todavía en una etapa preliminar, lo que significa que los fiscales no habían reunido suficiente información siquiera para determinar la existencia de un delito. Esto coloca la tasa de impunidad en un 92 por ciento”, se advierte.

Según la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc produjo un “vacío de poder” en varias zonas del país, donde, además, han surgido nuevas milicias que compiten por el control del territorio, ocupado por pueblos indígenas, afrocolombianos y/o comunidades rurales.

“Miembros de comunidades desplazadas son atacados cuando regresan a sus hogares, mientras que actores rivales compiten para llenar el vacío de poder y controlar los recursos naturales. Los fiscales deben recibir la capacitación y los recursos que necesitan para investigar casos y, quizás más importante, debe abordarse la corrupción endémica que impide que se investigue el asesinato de personas defensoras”, aconseja el Vance Center.

"Todos los ojos están puestos en la tierra de Latinoamérica"

EL TIEMPO Verde habló con Carlos Guevara, coordinador de Somos Defensores, sobre las razones que están detrás de los 24 asesinatos registrados en Colombia y el escenario violento por el que atraviesa el continente. 

¿A qué se debe este aumento significativo de violencia contra los defensores del medioambiente y el territorio en 2017?

Estamos jodidos, esa es la verdad. Estamos hablando de asesinatos en Estados supuestamente democráticos que tienen un esquema donde las garantías a los derechos humanos deberían ser una prioridad, pero no es así.

Que se asesine con esa libertad habla mal de nuestra sociedad. El problema se llama: tierra productiva y territorio, y cualquier persona que la defienda estará en el ojo del huracán. Latinoamérica, particularmente, es una tierra atractiva para cultivar productos de pancoger pero también para monocultivos extensivos. Esa agroindustria tiene los ojos puestos sobre este continente.

En Colombia, particularmente, ya no tenemos los mismos actores armados que antes estaban ocupando esas tierras. Donde las Farc antes eran la ley y el orden pues ya no lo son y ahora esas zonas están en disputa, pero sería mentira decir que solo lo están para meterles coca, sino para los monocultivos –que lo han venido implementando paulatinamente por empresas locales pero ahora son multinacionales–, tráfico ilegal de madera y narcotráfico.

Los carteles brasileros, por ejemplo, ya están en la Amazonia colombiana disputándose territorios con pueblos indígenas. Son mafias poderosas.

Desde que se tienen registro de estos informes Colombia siempre ha estado entre los primeros tres puestos. ¿Cuáles serían esos departamento más afectados?

Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y Cauca. Colombia es un coctel perfecto para el asesinato de líderes y defensores del medioambiente y el territorio: un conflicto inconcluso, un territorio con mayores niveles de conflictividad, narcotráfico, ausencia del Estado…

El primer punto del Acuerdo de Paz tiene que ver precisamente con la tierra y el territorio, y cualquier persona que esté inmiscuida en zonas de conflicto armado saldrá afectada. Ya sabemos, porque así lo dicen los informes de la Fiscalía y la Procuraduría, que hay una sistematicidad contra líderes y defensores de derechos humanos. Una violencia ilegal y una estatal que se evidencian en la falta de protección, seguimiento de los casos, y desatención a las denuncias que muchas veces preceden al acto violento, el cual puede ser la misma muerte.

Ya estamos hablando de un problema desbordado, de Estado…

Es que el Estado mismo lo está diciendo. Esto tiene que ser el punto de partida del gobierno de Iván Duque para atacar el problema. No puede llegar a Presidencia diciendo que no sabe cómo empezar a abordar esta problemática porque tiene análisis hechos por la ONU, la sociedad civil, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la propia Fiscalía. Tiene que sentarse y revisar absolutamente todo lo que ya hemos sacado, porque lo que hay son datos.

Con un índice de homicidio tan alto tiene que hacerse algo ya. Es urgente y hasta el momento Duque no ha mostrado siquiera un suave coqueteo para hablar sobre el tema, que es un problema de Estado.

TATIANA PARDO IBARRA
@Tatipardo2
tatpar@eltiempo.com

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