Veinticinco empresarios de diferentes sectores enviaron una carta al presidente Iván Duque, el pasado 3 de abril, en la que le sugieren tomar ciertas medidas, algunas ambientales, para evitar una crisis económica peor debido a las medidas que se han tomado para disminuir la propagación del nuevo coronavirus.
Entre las que ha causado indignación es la de simplificar trámites como la consulta previa, la licencia ambiental y de regalías, pues, según ellos, frenan el desarrollo del país.
Para varios expertos, la propuesta surge justo en un momento en el que la protección de la naturaleza y la voz de las comunidades cobran mayor relevancia. De ahí que creen que los empresarios aún no han entendido la relación entre medioambiente y estabilidad económica.
Incluso, para Lina Muñoz, directora de especialización y de maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, esto tiene unas implicaciones jurídicas.
“La consulta previa, además de ser un mecanismo de participación de las comunidades afro e indígenas, también es un derecho fundamental, es decir que tienen un peso de protección especial; entonces, simplificar esto es ir atrás en la protección de un derecho”. Muñoz agrega que los Estados no pueden retroceder en los estándares para garantizar la protección de los derechos humanos.
Según Muñoz, estos empresarios estarían buscando disminuir tiempos de la consulta previa. “Por ejemplo, una reunión de una socialización de un proyecto no se haría en el resguardo indígena, sino en la capital del departamento en donde está ubicada esa comunidad”.
En el caso de simplificar el trámite de la licencia ambiental, estarían buscando reducir el tiempo en el que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) toma la decisión de entregar o no una licencia ambiental, algo que ya ha pasado en el país.
Para Rodrigo Negrette, abogado ambientalista, es a través de las licencias que se evita procesos de deterioro y destrucción de la naturaleza; sin embargo, cada vez se simplifican más.
“En 2014 se sacó el decreto 2041 que conocemos como las licencias ambientales exprés, y que demandé porque pierden el rigor y el fin preventivo. Hoy, pasamos de 245 días a 90 días hábiles para otorgar una licencia y quieren simplificar más”.
Para ambos expertos, los empresarios estarían aprovechando un momento en el que el país está concentrado en la pandemia para poner sobre la mesa dos propuestas que siempre han comunicado.
En 2014 se sacó el decreto 2041 que conocemos como las licencias ambientales exprés. Hoy, pasamos de 245 días a 90 días hábiles para otorgar una licencia y quieren simplificar más
De acuerdo con Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, es posible que esta vez la propuesta sí se abra paso. “Un escenario, entre muchos posibles, podría ser una profunda recesión económica que lleve a la declaratoria de emergencia económica y traería este tipo de medidas. Hay que estar atentos y actuar para tratar de impedirlo”, dijo Rodríguez.
Para el exministro de Minas y Energía, Jorge Eduardo Cock, quienes firma la carta no son solo empresarios. “Varios de ellos representan, unos directa y otros indirectamente, empresas que tienen solicitudes de Licencia Ambiental en trámite para proyectos que, si les fueran aprobados, se demorarían años para entrar en funcionamiento, por lo que nada ayudarían a la reactivación de la economía, que es lo importante y urgente en el momento y que bastante bien está buscando y consiguiendo el Gobierno”. Y agrega que estos procedimientos abreviados pueden causar daños y pérdidas ambientales y sociales irreparables y de elevadísimo costo para el país.
A este reclamo se sumó el de Rodrigo Jaramillo, expresidente de Interbolsa.
“En efecto, uno de los que firma la carta es el presidente de la Asociación Colombiana de Minería y vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglogold Ashanti, multinacional sudafricana que ha presentado a la ANLA una solicitud de Licencia Ambiental para la explotación de una mina de cobre en el municipio de Jericó Antioquia. Por lo anterior, es evidente el conflicto de interés en que incurrió el señor Nariño al tratar de presionar al presidente Duque para que modifique los tiempos para la decisión por parte de la ANLA en la aprobación o negativa de la solicitud”.
En efecto, entre los 25 empresarios que firmaron la carta enviada al presidente Iván Duque está Juan Camilo Nariño Alcocer, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien además es director de Asuntos Corporativos de AngloGold Ashanti.
Le sigue Eduardo Pizano de Narváez, quien fue presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural – Naturgas de 2009 a 2016. También fue ministro de Desarrollo Económico, durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana, secretario general de la Presidencia de la República, presidente de Telecom, senador de la República y gerente de Asuntos Públicos de Shell en Colombia.
También firmó el actual presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Jens Mesa Dishington. Para muchos expertos en deforestación, como Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) este monocultivo también ha sido responsable de la deforestación en el país. E incluso la misma Federación ha denunciado este fenómeno, sin embargo, han advertido que es para sembrar palma ilegal.
A esa lista se suma el nombre de Jorge Mario Velásquez, presidente Grupo Argos, la compañía que controla a la segunda mayor productora de cemento de América Latina, Cementos Argos, la generadora de energía Celsia, y la empresa de concesiones viales y aeroportuarias Odinsa.
Juan Carlos Mira Pontón, Vicepresidente de Relaciones Corporativas de la Organización Ardila Lülle. Entre 2017 y 2019 fue presidente de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, Asocaña.
REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE
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