A mediados de julio de 2018 Colombia ratificó su adhesión al Acuerdo de París, establecido en diciembre de 2015 durante la versión 21 de la Conferencia de las Partes –mundialmente conocida como COP21– de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).
El principal compromiso asumido por Colombia y por los otros 194 países firmantes consistió en reducir las emisiones de gases efecto invernadero hacia la atmósfera, principal causante del aumento de las temperaturas en el mundo.
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Para medir los avances, el Gobierno está a punto de poner a disposición de la industria y de otros sectores una plataforma conocida como Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero, RENARE.
De acuerdo con el IDEAM, su propósito es “compilar información de las iniciativas de mitigación y servir de herramienta de consulta pública de las iniciativas de reducción de emisiones”.
Roberto Esmeral, viceministro de Ambiente, señala que el RENARE ya culminó la fase de pruebas y se encuentra plenamente operativa.
“Sin embargo, todavía no hemos habilitado los registros masivos de iniciativas, ya que es necesario tener un proceso intensivo de capacitación a usuarios porque hemos visto que, en la practica, no es tan fácil registrar los proyectos”, sostiene.
La habilitación para el cargue de información por parte de los sectores reportantes –es decir, empresas con programas de reducción de emisiones– se daría en el próximo mes de septiembre.(También: Cultivos de coca siguen avanzando en cinco parques nacionales)
Las cifras oficiales más recientes están dentro del Segundo Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la CMNUCC, documento que recoge los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y las medidas de mitigación adelantadas.
Allí se informa que en el país se emiten, en promedio, 237 millones de toneladas de gases de efecto invernadero cada año.
El 60 % de esas emisiones provienen de las actividades desarrolladas por el sector agropecuario y forestal, el 12 % del transporte –que incluye al terrestre, aéreo y marítimo–, otro 10 % corresponde al sector de energía, un 10 % adicional a la industria, 6% a manufacturas y otro 6 % a residuos.
No obstante, en ese documento solamente aparecen las emisiones del país entre 1990 y 2014. Es decir, la información allí registrada es anterior al Acuerdo de París.
Silvia Gómez, directora de Greenpeace en Colombia, afirma que esto demuestra que “el tema ambiental y de mitigación y adaptación al cambio climático desafortunadamente no tiene la urgencia que amerita”.
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Por su parte, el viceministro Roberto Esmeral señala que es normal tener rezagos de información, debido a que en las mediciones no solo se tienen en cuenta los datos relacionados con el dióxido de carbono equivalente (CO2), sino también los de gases como el metano, el óxido nitroso y el hexafluoruro de azufre, entre otros.
“Nosotros vamos recogiendo la información para los reportes y con base en eso comenzamos a hacer chequeos. Por eso el próximo reporte vendrá con datos más actualizados”, asegura Esmeral.
En el Ministerio de Ambiente dicen que para el próximo año estará listo el nuevo Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la CMNUCC, el cual ya incluiría los datos correspondientes a las emisiones del periodo 2015-2018.
Es tal la preocupación por el impacto que el cambio climático tiene en el país, que algunos movimientos sugieren la necesidad de declarar una emergencia climática.
Dib Hadra, representante de Fridays For Future en Colombia, revela que “antes de la pandemia se hicieron unas comisiones muy importantes que avanzaron en esos temas con el Ministro de Ambiente, Ricardo Lozano”.
Producto de esos acercamientos, sostiene Hadra, “convinimos con el Gobierno la creación de una mesa de emergencia climática, que fue suspendida por el covid-19”. Los líderes de ese colectivo ambiental esperan que los encuentros se retomen en los próximos meses.
Consultado sobre este punto, el viceministro Esmeral señala que más allá de la eventual declaratoria de la emergencia climática, “para mí lo realmente importante es que haya metas y presupuesto para que no se quede simplemente en una declaratoria”.
No obstante, Silvia Gómez, directora de Greenpeace en Colombia, señala que el problema está lejos de resolverse.
“Sigue habiendo muchos incentivos para la extracción y hay muchas deficiencias frente a la transición hacia energías renovables y energías de no combustibles fósiles”, asegura.
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
PERIODISTA MAGISTER EN COMUNICACIÓN
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