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Ideas para vincular regalías, cambio climático y la recuperación verde
Ecologistas en protestas Londres

El cambio climático y las emisiones de carbono son dos preocupaciones de los activistas en el mundo entero, al igual que en Colombia.

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EFE

Ideas para vincular regalías, cambio climático y la recuperación verde

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Colombia se comprometió con reducir, para el 2030, sus emisiones de CO2 en al menos el 20 %.

A medida que Colombia trata de recuperarse de la devastación económica que le ha generado el covid-19, también debe esforzarse en el cumplimiento de sus metas en materia de cambio climático y la creación de un modelo de desarrollo más sostenible.

Los ingresos fiscales procedentes de la producción de minería e hidrocarburos podrían utilizarse para cumplir con esos importantes objetivos.

Dentro del marco del Acuerdo de París, de 2015, Colombia estableció metas ambiciosas para reducir sus emisiones, comprometiéndose con una reducción de, al menos, el 20 % de las emisiones equivalentes de CO2 para el 2030 comparadas con un escenario donde el país siguiera en su trayectoria actual.

Se espera que Colombia intensifique su compromiso este año, como parte del Acuerdo.
Las emisiones colombianas son generadas, en gran parte, por la agricultura, el cambio de uso del suelo y la silvicultura, que en conjunto representaron más del 40 % de las emisiones en 2019. El transporte, la electricidad y la calefacción representaron otro 25 %.

En reconocimiento de estas fuentes de emisiones, las metas climáticas de Colombia incluyen retos ambiciosos, relacionados con la reducción de la deforestación, la incorporación de vehículos eléctricos y la expansión de la energía eólica y solar.

Colombia es, además, un país sumamente vulnerable a los efectos del cambio climático, vulnerabilidad que incluye inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías y otros fenómenos climáticos extremos. Estos factores también suponen riesgos a largo plazo para la economía.

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Dineros de minería y petróleo

Para lograr sacar adelante las tareas que se ha fijado Colombia, en relación con el cambio climático, se necesita contar urgentemente con los fondos necesarios, y los sectores del petróleo y minería podrían proporcionar parte de estos recursos para llevar a cabo proyectos climáticos y de desarrollo sostenible.

Estos dos sectores en conjunto representaron el 5,6 % de la economía colombiana en el 2019. Los ingresos procedentes del petróleo y la minería superaron, en 2018, los 21 billones de pesos colombianos, una cantidad equivalente a cerca del 9 % del presupuesto del Gobierno Nacional.

Sin embargo, nuestro análisis sobre la destinación de los ingresos procedentes de los hidrocarburos y la minería hace evidente que solo una pequeña parte de estos recursos se está destinando a proyectos relacionados con el cambio climático. Estos recursos, administrados por el Sistema General de Regalías, son la fuente más flexible de ingresos fiscales provenientes de las industrias extractivas.

Los gobiernos locales tienen una relativa flexibilidad sobre la forma en que se gastan los fondos, siempre que estén destinados a promover alguno de los objetivos de desarrollo.
Conforme a nuestro análisis, los proyectos relacionados con el cambio climático representaron menos del 3,5 % del gasto total de las regalías en el primer semestre de 2020 (unos 55.000 millones de pesos), proporción que algo ha aumentado pues en 2012 representó solo el 0,5 %.

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Desde 2012 estimamos que poco más de 500.000 millones de pesos de los recursos obtenidos por regalías se han gastado en proyectos relacionados con el cambio climático (menos del 1 % del total de inversiones aprobadas bajo este rubro). En cambio, desde ese año, alrededor del 42 % del gasto de regalías, la mayor parte se ha destinado a infraestructura de transporte.

La mayoría de las regalías invertidas en proyectos relacionados con el cambio climático se han destinado a reducir las emisiones de energía, en particular mediante la generación de energía renovable.

En total, los proyectos relacionados con la reducción de las emisiones de energía han representado el 42 % de los proyectos de cambio climático.

De esto, el 41 % se destinó a la generación de energía renovable, principalmente solar. Más de la mitad de este gasto financió 16 proyectos solares con cargo al fondo Asignación para la Paz, destinado a proyectos que promueven el cumplimiento del proceso de paz, incluyendo la electrificación rural, que es un objetivo clave.

Los proyectos de adaptación al cambio climático, que comprenden la resiliencia a la sequía y el control de riesgos, representan el 20 % del gasto relacionado con el cambio climático.

La reducción de las emisiones del uso del suelo –incluyendo la ganadería sostenible, la reforestación y la conservación de los bosques– representa otro 20 %, y el desarrollo sostenible, que consiste principalmente en proyectos de turismo ecológico, conlleva el 18 % restante.

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Aumento prometedor

El aumento progresivo del gasto de las regalías en proyectos relacionados con el cambio climático en los últimos años es prometedor. También lo es el aumento del promedio de estos proyectos en términos de financiación.

Entre el 2012 y 2018, el monto medio en pesos de los proyectos se multiplicó casi por siete, lo que indica un creciente interés o capacidad para desarrollar proyectos de mayor escala y con mayor impacto que respondan a las necesidades de mitigación y adaptación al cambio climático.

(Lea aquí el informe completo)

Así mismo, la nueva ley de regalías aprobada a finales de 2019 y cuya reglamentación entrará en vigor en 2021 destinará por primera vez una parte de los fondos a proyectos relacionados con el medioambiente. Esta cuota del 5 % consiste en un 1 % de fondos de la categoría ‘medioambiente’, un 2 % de fondos de las designaciones a los gobiernos municipales y un 2 % del Fondo para la Ciencia, Tecnología e Innovación.

Sin embargo, las reglas para la distribución de las regalías significan que, por diversas razones, no está claro que los gobiernos locales vayan a dar mayor prioridad al cambio climático. Por un lado, los funcionarios de los gobiernos locales y departamentales tienen incentivos para centrarse en proyectos de corto plazo con beneficios tangibles para su jurisdicción.

Esto explica el gran número de proyectos viales y pone en desventaja a los proyectos sobre el cambio climático, cuyos beneficios son más complejos de comprender, son menos evidentes y se ven reflejados a largo plazo.

El petróleo y la minería podrían proporcionar parte de los recursos para cumplir con las tareas que se ha fijado Colombia en relación con el cambio climático

Por ejemplo, es posible que los beneficios de un sistema de prevención de inundaciones sean poco evidentes porque solo previenen uno o dos fenómenos catastróficos en un decenio. Los incentivos políticos locales tampoco favorecen los proyectos sobre el cambio climático de gran envergadura, que atraviesan las fronteras políticas, como la protección o la restauración de los bosques.

La covid-19 también puede inducir a que los gobiernos nacionales, departamentales y locales se inclinen por priorizar el gasto, buscando beneficios más palpables que el cambio climático.

El Gobierno podría responder a estos desafíos de diversas formas, aprovechando el potencial de los ingresos de la industria extractiva para combatir el cambio climático, compensar los impactos ambientales de la industria y reducir la demanda de combustibles fósiles en el largo plazo.

El papel del Gobierno

En primer lugar, el Gobierno tendría que desempeñar un papel más significativo en la coordinación de las inversiones locales para la destinación de los recursos a proyectos del cambio climático que se ajusten a los objetivos marco del país; por ejemplo, priorizando el gasto en la protección de los bosques, como quiera que en Colombia la deforestación provoca más emisiones que la generación de electricidad.

Bogotá también debería prestar asistencia técnica a los gobiernos locales, que a menudo carecen de la capacidad para diseñar proyectos relacionados con el cambio climático, y, mediante la difusión de información, sensibilizar sobre el tema a los dirigentes de los gobiernos regionales y a sus ciudadanos. Esto es crucial para asegurar que se conozcan los beneficios de la acción climática.

En el contexto de la nueva reforma de la ley de regalías es posible que el Gobierno tenga que proporcionar directrices claras sobre la forma en que el 5% de los fondos que ahora se destina a proyectos ambientales se puede utilizar para la reducción de las emisiones y la adaptación al cambio climático.

A medida que aumente la capacidad técnica subnacional y la demanda de estos proyectos, este porcentaje podría incluso incrementarse en el futuro.

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Al seleccionar los proyectos que serán financiados por el fondo Asignación para la Paz, el Gobierno podría priorizar aún más la creación de alternativas económicas sostenibles a la agricultura y la ganadería que contribuyen a la deforestación en las zonas de pos-conflicto. Tales alternativas podrían incluir el ecoturismo, la reforestación y la electrificación rural con energía solar para estas áreas.

Por último, las regalías representan un gran potencial para la recuperación económica de covid-19, a fin de transformar el modelo económico de Colombia en uno más sostenible y resiliente a largo plazo.

Los proyectos financiados por las regalías podrían crear puestos de trabajo en el ámbito de la energía renovable, la reforestación, la eficiencia energética, la infraestructura resiliente, entre otras áreas.

Se podrían combinar los ingresos de regalías con recursos del sector privado y de las organizaciones internacionales. Colombia podría trabajar en el cumplimiento de sus objetivos climáticos, al tiempo que sentarían las bases para una economía basada en energía limpia, en empleos ecológicos, resiliente a los cambios en los patrones climáticos y a los desastres, y que valore los bosques.

Colombia es uno de los muchos países de América Latina que necesita invertir más en la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, y que cuenta con grandes sectores petroleros y mineros que podrían aportar los recursos necesarios para ello.
En consecuencia, el país ofrece un ejemplo de cómo los gobiernos pueden promover en el corto plazo una recuperación económica sostenible y abordar el desafío de regalías, cambio climático y la recuperación verde.

LISA VISCIDI Y NATE GRAHAM
Especial para EL TIEMPO

* Lisa Viscidi es directora y Nate Graham es asociado del programa de energía, cambio climático e industrias extractivas del Diálogo Interamericano.

(Lea aquí el informe completo

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