Producto de la extensión progresiva de los cultivos ilícitos, la ganadería extensiva, la conversión de los bosques a pastos, la construcción de infraestructura vial, los incendios forestales y la extracción ilegal de minerales, Colombia perdió el año pasado 178.597 hectáreas de bosque, un 44 por ciento más de lo registrado en 2015, cuando la cifra llegó a 124.035 hectáreas.
El estudio, realizado por el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), junto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, llamó la atención sobre el estado de salud forestal del país, donde 732 municipios registraron al menos una hectárea arrasada.
La noticia, aunque ya se venía advirtiendo desde hace rato, es bastante preocupante. Hace dos años, durante la Cumbre de Cambio Climático, en París, el Gobierno nacional se comprometió a reducir a cero la tasa neta de deforestación en el Amazonas para el 2020. En este escenario, Alemania, Noruega y Reino Unido prometieron desembolsar 100 millones de dólares para cumplir la meta.
Sin embargo, las más de 1.500 imágenes satelitales que analizó el Ideam el año pasado muestran todo lo contrario: la Amazonia continúa siendo la región con la mayor superficie deforestada del país, equivalente al 39 por ciento de la superficie total de bosque arrasada en 2016. Se perdieron 70.074 ha.
Pero las otras áreas del país tampoco están bien. La región Andina perdió 45.606 ha (equivalente al 24% del total nacional); el Pacífico perdió 29.009 ha (equivalente al 16 %); el Caribe, 24.500 ha (equivalente al 14%); y la Orinoquia, 9.398 ha (equivalente al 5%).
Los departamentos más impactados históricamente siguen siendo los mismos: Caquetá, Chocó, Meta, Antioquia, Norte de Santander, Guaviare y Putumayo concentraron el 73 por ciento de la deforestación nacional.
Parece que el posconflicto ya está pasando factura, como muchas veces lo advirtieron los ambientalistas. La mayoría de los municipios que están en alerta roja fueron zonas de violencia, como es el caso de San Vicente del Caguán, Riosucio, Cartagena del Chairá, Unguía, Uribe, Tibú y San José del Guaviare.
Los 27 municipios de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) registraron el 37,7 por ciento de la deforestación total. La mayor problemática está en Riosucio, Tibú y Mesetas.
Según el director del Ideam, Ómar Franco, este aumento significativo de la deforestación tiene que ver con "la flexibilización de las reglas de aprovechamiento forestal, el aumento de la accesibilidad a zonas apartadas, la llegada de actores ilegales, y la tenencia y sustitución de cultivos de uso ilícito".
Como dato adicional, por primera vez en la historia, el informe le pone la lupa a la Ciénaga Grande de Santa Marta, y muestra que aproximadamente 3.000 ha de manglar están degradadas, en áreas con árboles muertos y/o sin follaje. La noticia adquiere más relevancia, luego de que el Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, decidiera incluir a este humedal dentro del Registro de Montreux.
“Se requieren nuevas políticas y mayor coherencia entre los diferentes sectores del Gobierno, reformas institucionales para responder al desafío de la deforestación, liderazgo del más alto nivel, orgullo y conciencia sobre nuestros bosques, y mayores mecanismos financieros, no de asistencialismo sino de mercados”, comentó Murillo.
