Colombia, aún lejos de hacer las paces con el medioambiente

Colombia, aún lejos de hacer las paces con el medioambiente

Expertos de 40 países se reunieron EE. UU. para discutir sobre paz, conflicto y medioambiente.

Deforestación en la Amazonia

El 75 % de la tasa de deforestación nacional se concentra en el norte amazónico.

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Parques Nacionales Naturales

Por: Laura Betancur Alarcón
29 de octubre 2019 , 10:51 a.m.

Irvine, California (EE. UU.).
En 2016, con la firma de los acuerdos de paz, los ojos de cientos de investigadores y ambientalistas estaban en Colombia. Había esperanza. Si este era el primer acuerdo que tenía en consideración al medioambiente, proteger a la naturaleza en tiempos más pacíficos sería posible. Incluso, los mismos recursos naturales potencializarían la construcción de paz. Una paz ‘depredadora’ no se repetiría como en otros lugares del mundo.

Pero esa no ha sido la historia más frecuente en los últimos tres años. La tasa de deforestación en la Amazonia se disparó, la contaminación de mercurio por la minería ilegal impregna ríos y fauna, y más conflictos socioambientales emergen en las áreas rurales. Al mismo tiempo, según la revisión del Instituto Kroc, la implementación de lo acordado avanza muy lentamente.

Este dilema concentró parte del encuentro de cerca de 250 investigadores de 40 países en la primera Conferencia de Construcción de Paz y Medioambiente, la semana pasada en la Universidad de California, Irvine.

“Cuando las Farc se desarmaron, el Estado tenía la responsabilidad de ingresar rápidamente a esos territorios ocupados por ellos. Ese también ha sido el reto de otros gobiernos. Pero en Colombia es más complejo, porque al ser un conflicto tan prolongado, otros actores ilegales estaban más organizados que el mismo Estado. Ese es el reto. Las dinámicas de poder en esos territorios”, explica Carl Bruch, presidente de la organización Environmental Peacebuilding, que reúne a 400 miembros trabajando en este campo.

Pero la degradación ambiental de los últimos años no solo es por el vacío que dejaron las Farc. Para Torsten Krause, investigador en gobernanza forestal de Lund University y quien trabaja en la Amazonia colombiana, es igual de peligroso el doble discurso del Gobierno después de los acuerdos para estos ecosistemas y comunidades. “El Gobierno asegura que quiere frenar la deforestación, pero al mismo tiempo promueve la minería y la ganadería en la Amazonia”, apunta.

La consolidación de los procesos de paz toma décadas y no se puede juzgar solo en tres años

Los motores de devastación en el norte amazónico, donde se concentra el 75 % de la tasa de deforestación nacional según el Ideam, presionan cada vez más el equilibrio de este sistema socio-ecológico, afirma Paloma Vejarano-Álvarez, investigadora de la Universidad Tecnológica de Sídney. “Una manera de afrontar esta situación es a través del conocimiento tradicional de las comunidades indígenas. Lo que saben de biodiversidad puede ser clave para enfrentar las consecuencias de esta nueva realidad política”, sugiere.

Para Julia Gorricho, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés), igual de clave que el conocimiento indígena es el rol de las comunidades étnicas en la conservación de las áreas protegidas de la Amazonia. Para esto, WWF –gracias al apoyo financiero del Gobierno de Alemani– adelanta el proyecto ‘Parques y paz’, que busca la resolución pacífica de los conflictos, a la vez que fortalece el diálogo de las instituciones y habitantes de la región.

Se espera que el impacto de estas iniciativas cambie la tendencia negativa de transformación en la Amazonia en los próximos años. Según Bruch, quien también hace parte del Environmental Law Institute, la consolidación de los procesos de paz toma décadas y no se puede juzgar solo en tres años.

“La historia todavía no se ha escrito para el caso colombiano. El futuro está por construirse. La pregunta es ¿a dónde los líderes están llevando este proceso para construir la paz con la naturaleza?”, insiste Bruch.

"Necesitamos un tribunal ambiental"
Gloria Amparo Rodríguez

Gloria Amparo Rodríguez, magistrada de la Justicia Especial para la Paz (JEP)

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Cortesía

Gloria Amparo Rodríguez, magistrada de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y profesora de la Universidad del Rosario, recibió durante el encuentro en California el Premio a la Construcción de Paz y Medioambiente en la Práctica, por su trabajo legal y académico en favor de la naturaleza y los grupos étnicos. Rodríguez explicó cómo la prioridad en el componente ambiental de la JEP está en las regiones de Tumaco, Urabá y norte del Cauca.

¿Cómo se están revisando estos casos regionales desde lo ambiental?

En general es muy importante que la JEP empiece a ver no solamente la violación de los derechos humanos, sino a establecer cuál es la relación de estos con el manejo y uso de los recursos naturales. Tenemos casos documentados que involucran biodiversidad y la apropiación de esos recursos naturales. Existe una comisión que está haciendo un trabajo exhaustivo de campo con las víctimas, yendo a los territorios. Nosotros tenemos que llegar a las víctimas, no ellas a nosotros.

¿Qué tan lejos estamos de un fallo que involucre lo ambiental?

En este momento estamos evaluando cómo va a ser el tema de las penas propias en temas ambientales. Hay muchos combatientes que tienen que cumplir unas penas. Muchas de estas se relacionan con lo social. Pero también han planteado la necesidad de hacer actividades de reforestación o protección ambiental. La JEP tiene que ser muy creativa para incluir el aspecto ambiental.

Más allá de la JEP, en la justicia ordinaria, ¿qué tanto se está necesitando repensar la justicia ambiental?

Yo veo necesario que el país empiece a consagrar un tribunal ambiental. Son muchos los conflictos ambientales que están llegando a los jueces. Por eso se requiere que ellos se especialicen no solo desde lo jurídico, sino también desde lo ambiental. A veces los jueces toman decisiones sin conocer las verdaderas posibilidades del Estado.

La justicia ambiental no solo va de fallos, también de compromisos internacionales. El Gobierno decidió no firmar el Acuerdo de Escazú, ¿qué piensa al respecto?

Es una lástima. Nosotros durante mucho tiempo hemos trabajado en lo que tiene que ver con este acuerdo: la participación, la información y la justicia. A eso se le une la dificultad que tiene nuestro país en la protección de los líderes ambientales. El Estado colombiano señala que ya hay normas vigentes. Pero, política y éticamente, ese acuerdo era una forma del Gobierno de ratificar su compromiso ambiental con las comunidades.

LAURA BETANCUR ALARCÓN 
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