Colombia volvió a ocupar el deshonroso primer lugar en el mundo en número de líderes ambientales asesinados, según datos del informe anual de la ONG británica Global Witness, que durante 25 años se ha centrado en estudiar el vínculo entre los recursos naturales, los conflictos y la corrupción.
En el informe presentado el año pasado, que recogía los resultados del 2019, el país llegó, por primera vez, a la cabeza de la lista de los lugares más peligrosos para la defensa del ambiente, con el homicidio de 64 líderes, y marcó un récord en número de estas muertes violentas registradas, un preocupante fenómeno que se mantiene.
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Es alarmante cómo Colombia ha subido paulatinamente, pasamos en 2017 de 24 casos al 2018 con 25, en 2019 con 64 y 2020 con 65”.
A pesar de que con un total de 65 personas defensoras asesinadas en 2020 se supera en una muerte los datos del año anterior, las cifras son alarmantes si se considera que representan el 28,6 por ciento de los 227 homicidios que se registraron durante ese periodo en todo el mundo y más del doble de los asesinatos de ambientalistas que ocurrieron en los países que ocupan el segundo y tercer lugar en el listado: México y Filipinas, con 30 y 29 respectivamente.
Para Francisca Stuardo, quien hace parte del equipo de Defensores de la Tierra de Global Witness, estos hallazgos son al menos preocupantes y el hecho de que por segundo año consecutivo siga subiendo el registro de casos de ataques mortales a personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el país es algo que no se puede pasar por alto.
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“Es alarmante cómo Colombia ha subido paulatinamente, pasamos en 2017 de 24 casos al 2018 con 25, en 2019 con 64 y 2020 con 65. Ha habido un aumento sostenido que debe ser considerado al menos como un síntoma”, dice Stuardo. Esto significa que en apenas cuatro años en el país se han incrementado en más del 140 por ciento los ataques contra estos defensores.
Entre los casos incluidos dentro del nuevo informe que da a conocer Global Witness aparece el nombre de Javier Francisco Parra, el guardián de Caño Cristales, funcionario de Cormacarena que fue asesinado el 3 de diciembre de 2020, un crimen por el que el pasado 12 de julio fueron capturados dos hombres que pertenecen al grupo armado organizado residual Farc- 7 ‘Jorge Briceño’, según anunció, en su momento, el mismo presidente Iván Duque.
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Caño Cristales - Javier Francisco Parra, líder ambiental
César Melgarejo / EL TIEMPO
En muchas de las áreas más remotas, los grupos paramilitares y criminales incrementaron su control mediante el ejercicio de la violencia contra las comunidades rurales
De acuerdo con el viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Nicolás Galarza, desde el Gobierno Nacional se están implementando estrategias para proteger a los líderes comunitarios, entre esas iniciativas normativas, de articulación institucional y medidas de protección. “Un dato que no es menor: la Presidencia de la República lidera la Comisión Intersectorial para el Desarrollo del Plan de Acción Oportuna, cuyo propósito es la prevención y la protección individual y colectiva de los derechos a la vida, la libertad, a la integridad y a la seguridad de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas. Es decir, el Gobierno tiene sobre la mesa el tema y le da la importancia que merece”, asegura Galarza.
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Según señala el informe de Global Witness, los asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente en Colombia ocurrieron en el contexto de ataques generalizados en contra de personas defensoras de los derechos humanos y liderazgos comunitarios a largo y ancho del país. Algo que las Naciones Unidas ha clasificado como violencia endémica, a pesar de la esperanza generada por el acuerdo de paz de 2016.
“La sociedad civil colombiana señala como deficiente la implementación de este acuerdo por parte del Gobierno. En muchas de las áreas más remotas, los grupos paramilitares y criminales incrementaron su control mediante el ejercicio de la violencia contra las comunidades rurales, ante la falta de la protección estatal”, afirma la organización británica.
Y, al igual que en el informe del año pasado, los programas de sustitución de cultivos de coca están vinculados a esta problemática, al relacionarse con 17 de los ataques letales que se presentaron en el país en 2020.
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Wilton Orrego fue asesinado el 14 de enero de 2019.
Héctor F. Zamora / EL TIEMPO
“Estos programas resultaron en el aumento de las amenazas por parte de organizaciones criminales y paramilitares dirigidas a las comunidades rurales por su apoyo o participación en programas de sustitución de cultivos ilícitos.
El Programa Somos Defensores de Colombia —que agrupa a organizaciones no gubernamentales como la Asociación Minga, Benposta Nación de Muchachos y la Comisión Colombiana de Juristas— documentó 75 ataques de este tipo contra personas defensoras de derechos humanos entre 2016 y mediados de 2020”, afirma Global Witness.
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Para el alto consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, decir que hay violencias en los territorios que se deban a incumplimiento de los acuerdos es falso. “Cuando se firmaron los acuerdos con las Farc, el Eln ya existía, al igual que el ‘clan del Golfo’, ‘los Caparros’, ‘los Puntilleros’; el problema de tierras en el Chocó y el sur de Córdoba y la minería ilegal”, señala, y añade que siempre fue claro que se tenía que seguir avanzando en la implementación superando esas dificultades.
Luis Arango - Líder ambiental asesinado
Archivo / Cortesía / EL TIEMPO
Respecto al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) asegura que este avanza y que sí se han tomado medidas para proteger a los líderes, como la configuración de la comisión de apoyo y seguimiento a afectaciones en materia de seguridad para liderazgos de sustitución de cultivos ilícitos y el fortalecimiento de las capacidades sociales para la autoprotección de liderazgos del Pnis en los departamentos de Meta, Córdoba, Cauca y Caquetá.
Por otra parte, el informe de la ONG del Reino Unido también señala que un tercio de los ataques presentados el año pasado en el país fueron contra indígenas —que a nivel mundial fueron el objetivo de 5 de los 7 asesinatos en masa contabilizados en 2020— y afrodescendientes, y casi la mitad fueron contra personas dedicadas a la agricultura a pequeña escala.
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Para la directora de la Asociación Ambiente y Sociedad, Margarita Flórez, el informe es una muestra de la impunidad que se vive en el país. “Quienes matan a los defensores ambientales no tienen un castigo evidente y se dan muchísimas explicaciones por parte del Estado. Algunas pueden ser válidas, pero en muchos casos se dice que son cosas personales, que estaba en un lugar que no convenía, que hay asuntos pasionales y rencillas personales, y creo que eso desdibuja y deslegitima la gravedad del hecho”.
Y el panorama para 2021 aún preocupa. De acuerdo con el Programa Somos Defensores de Colombia, que también es una de las fuentes locales tomadas en cuenta por Global Witness para la elaboración de su informe, en el primer trimestre del año se confirmaron 28 casos de asesinatos contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, dos de ellos líderes ambientales.
El líder José Yimer Cartagena tenía 30 años cuando fue asesinado por miembros del 'clan del Golfo'.
Archivo particular
Dentro del informe se pone de nuevo el foco sobre la necesidad de ratificar el Acuerdo de Escazú, tratado regional que establecería compromisos jurídicamente vinculantes, con el fin de proteger a las personas defensoras del medioambiente dentro de la región más afectada. De hecho, es la primera vez que estos compromisos se incluyen en un acuerdo de este tipo.
(Minambiente comenzó proceso de socialización del Acuerdo de Escazú)
Sin embargo, de los 24 países que lo firmaron, solo 12 lo ratificaron a principios de 2021. Entre las naciones que se encuentran rezagadas se incluyen aquellas con altos niveles de ataques contra las personas defensoras, como Colombia, aunque el Gobierno ha manifestado en varias ocasiones su compromiso con hacerlo.
Al momento, desde Minambiente se adelantan encuentros regionales para socializarlo antes de presentarlo de nuevo al Congreso para su ratificación, aunque organizaciones como WWF, que hace parte de la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia, afirman que este proceso debería llevarse al mismo tiempo que el trámite en el Legislativo.
@eltiempo Colombia es el país que más asesina a sus líderes ambientales. #LoCuentoEnTikTok #SabiasQue #Recomendados #culturaindigena
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¿Qué se ha hecho para proteger a los líderes ambientales?
Con el objeto de fortalecer el diálogo y las acciones interinstitucionales asociadas a la protección de los líderes ambientales, se definieron líneas articuladoras con los ministerios de Interior y Defensa, la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía. La UNP desarrolla su eje misional #UNPEnTerritorio desde junio de 2020 hasta la fecha. La Fiscalía capacita a sus funcionarios para darles herramientas para el abordaje de delitos contra defensores del medioambiente. Además, para prevenir conflictos socioambientales se crearon los Centros Regionales de Diálogo Ambiental.
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¿El informe muestra que es urgente la ratificación de Escazú?
En el año 2020, el Presidente presentó el acuerdo para su ratificación al Congreso con mensaje de urgencia. Nuevamente se va a presentar en este periodo legislativo, por eso esta entidad lleva a cabo unos encuentros regionales. El pasado 9 de septiembre hicimos el primero de manera virtual dirigido a la sociedad civil del Guaviare. Los próximos foros, que ya están programados, se harán en modalidad semipresencial.
Este año también se ha registrado un alto número de líderes asesinados, algunos ambientales, ¿se puede parar esta tendencia?
La vida es primero y los asesinatos cometidos son condenables. En ese sentido, las acciones mencionadas buscan proteger la vida. Con la presencia en las regiones que hace de forma permanente el ministerio se ha venido ampliando una red de diálogo que pretende transformar los escenarios de conflicto socioambiental en espacios en los que se toman decisiones concertadas. La entidad tiene claro que el fortalecimiento de los escenarios de participación y de diálogo comunitario y el reconocimiento del rol de los líderes en sus territorios generan confianza y compromisos hacia la protección de la vida y la conservación de recursos naturales.
REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE
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