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Colombia: con ley histórica de delitos ambientales, pero sin Escazú
Acuerdo de Escazú

La organización Exticion Rebelion Colombia realizó un plantón en la Plaza de Bolívar para pedir la ratificación del Acuerdo de Escazú.

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Juan Pablo Sierra

Colombia: con ley histórica de delitos ambientales, pero sin Escazú

Se espera que el proyecto del Acuerdo de Escazú se presente nuevamente en julio. 

Por primera vez, el país podrá enfrentar penalmente la deforestación, el problema ambiental más urgente por resolver, según expertos. Esto, gracias a la aprobación en el Congreso de la ley de delitos ambientales, que incluye la creación de otros delitos como el tráfico de fauna.

(De interés: Aprobada ley que penaliza la deforestación y tráfico de fauna).

El proyecto de ley de delitos ambientales presentado por el representante Juan Carlos Losada, y que tenía concepto favorable del Ministerio de Ambiente, busca responder a las nuevas conductas delictivas que afectan gravemente el ambiente y ante las cuales actualmente existen altas tasas de impunidad.

En efecto, la Fiscalía y los jueces no pueden capturar y judicializar hoy a una persona por quemar y talar el bosque, una actividad que se ha disparado en los últimos años, especialmente en la Amazonia, y que no solo pone en peligro el equilibrio del planeta, sino los compromisos climáticos del Gobierno ante la comunidad internacional.

(Lea también: El impacto de las plantaciones de la palma de aceite).

Pero además, otras de las prácticas más comunes en zonas apartadas, como la apropiación de baldíos de la nación e invasión de áreas de importancia ambiental, tampoco podían ser castigadas porque no existían en el Código Penal. Ya con esta ley, la justicia tendrá las herramientas para capturar, encarcelar o multar a los deforestadores o a quien se apropie de las tierras del Estado.

Sobre las condenas, por ejemplo, por deforestación, serán de entre 5 y 12 años de prisión y una multa de 134 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Por la apropiación ilegal de los baldíos de la nación, será de entre 6 y 12 años de cárcel, y multa, de 140 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por ahora, el proyecto solo está pendiente de la sanción presidencial.

Sin embargo, hay un sinsabor entre organizaciones ambientales y sociedad civil, pues el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional para proteger a líderes y lideresas ambientales, entre otros temas, no fue ratificado por el Congreso en esta legislatura.

Y aunque se esperaba que fuera presentado en las sesiones extraordinarias, el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa informó que lo volverán a presentar en la nueva legislatura. Una buena noticia para la Alianza por el Acuerdo de Escazú, organización que insiste en que sea iniciado su trámite con mensaje de urgencia el 20 de julio.

(Puede leer también: Gobierno Nacional va a restaurar 200 hectáreas de arrecife coralino).

Para los partidarios de este tratado internacional, que no se llegara a discutir fue el resultado de la presión de empresarios que no están de acuerdo con este tratado. “Fue una estrategia de dilación. Una oposición cerrada de los gremios con argumentos falsos. Lo interesante es que la misma narrativa la tiene en otros países como Chile, Costa Rica y Perú. A mí me impresiona cómo hoy se utilizan las fake news a diestra y siniestra”, señaló Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, refiriéndose al asunto.

Rodríguez asegura que los gremios presentaron argumentos falsos para desinformar sobre el tratado; por ejemplo, “que viola la soberanía nacional, cuando las convenciones de biodiversidad y más recientemente el tratado de Minamata tienen la misma arquitectura jurídica”.

Los ambientalistas también criticaron al Ministerio de Ambiente y a la Cancillería, pues, aunque el año pasado presentaron el proyecto ante el Congreso con un mensaje de urgencia, de su parte no hubo acciones para explicar a la ciudadanía las bondades de este acuerdo.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

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