Desde el aire, el Chocó se muestra verde y azul. Un bosque espeso de árboles frondosos, con una vegetación amañada en la zona húmeda y tierra fértil para cultivar maíz, yuca, plátano y arroz. Ríos navegables que sirven como columnas vertebrales para conectar pueblos enteros; montañas imponentes que resplandecen en medio de un atardecer sereno; cascadas, manglares, termales, y animales extraordinarios como tortugas y ballenas jorobadas que llegan allí a desovar y a parir cada año. El lugar, el único de Sur América bañado por dos mares, tiene, entre toda su gente, una comunidad que se levanta con un propósito claro: frenar la deforestación.
Y sin embargo allí, donde un viento cálido y una lluvia fresca lo impregnan todo, en uno de los puntos más biodiversos del planeta, la minería ilegal, la ganadería extensiva, la praderización, los cultivos de uso ilícito, la construcción de infraestructura vial y las quemas han ido, poco a poco, comiéndose a grandes manotadas el paisaje imponente y misterioso.
En el municipio de Acandí, muy cerca a Panamá, sobre el Caribe colombiano, 2.200 personas conformaron en el año 2010 el Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Cuenca del Río Tolo y Zona Costera Sur (Cocomasur), con la intención de conservar 13.400 hectáreas (ha) que les fueron otorgadas como título colectivo, y así reconstruir el tejido social que alguna vez la violencia, el desplazamiento forzado y el narcotráfico les arrebató sin tregua.
Trueno, uno de los caballos que hace la ruta aeropuerto- pueblo.
Tatiana Pardo Ibarra
Son el primer proyecto REDD+ de conservación en el mundo que genera créditos de carbono por proteger el bosque en un territorio colectivo. En 2012 vendieron 104.700 bonos y este año esperan llegar a los 300.000.
En términos prácticos, Cocomasur protege y monitorea vastas extensiones de árboles en pie para que inescrupulosos no los talen, y, con ello, venden a otros (empresas o personas naturales) la capacidad que éstos tienen para capturar dióxido de carbono, lo que contribuye a mitigar los efectos del cambio climático.
Según datos de las Naciones Unidas, aunque los bosques cubren aproximadamente 4.000 millones de hectáreas (cerca del 31 por ciento de la superficie terrestre del planeta), cada año se pierden 13 millones.
Everildys Córdoba, quien lidera la iniciativa Corredor de Conservación Chocó- Darién, recuerda que antes, cuando era niña, el río Tolo era navegable, un medio de transporte fluvial para llevar la comida de una vereda a otra y hacer trueques entre indígenas y negros. “Pero después de la tala impresionante que se empezó a ver aquí, el curso y el caudal de los ríos fueron cambiando, como también cambió el lugar donde sembrábamos. Puro potrero. Así que nos tocaba adentrarnos cada vez más lejos para conseguir un armadillo o una guagua para comer”, cuenta.
La trocha, desde la cabecera municipal de Acandí hasta la vereda Peñaloza, corrobora las palabras de Everildys: un paisaje verde, sí, pero desconectado.
Son las cinco de la mañana de un día de julio. El cantar de los gallos es lo único que suena en la vereda de Peñaloza a esta hora, los murciélagos inquietos del tejado han dejado de volar; el bochorno pegachento, melcochudo como miel, ha desaparecido, y una lluvia discreta se asoma. Es hora de levantarse.
El desayuno consta de huevos revueltos, un trozo grande de queso costeño, yuca, pan y aguapanela caliente. Para el camino, un pedazo de pollo sudado con arroz envuelto en una hoja de plátano y limonada tibia que horas más tarde servirán de combustible para seguir andando después de 15 kilómetros cuesta arriba dentro del bosque húmedo del Darién.
Las mujeres juegan un rol importante en fortalecer el trabajo comunitario en pro del territorio.
Tatiana Pardo Ibarra
El equipo de Cocomasur encargado de monitorear este ecosistema está conformado por seis jóvenes que pertenecen a distintos consejos locales de Acandí. Diariamente caminan entre 8 y 10 horas –bajo un sol abrasador que se vuelve manso entre más los cuerpos se adentren al bosque–, para detectar las amenazas de tala que existen en el territorio. Con unos formatos definidos, los guardianes reportan casos de tala ilegal que ocurran en sus 150 parcelas, las cuales evitan que 90.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono lleguen a la atmósfera cada año.
“Las caminatas significan reconocer el territorio, apropiarnos de él, defenderlo y valorar los recursos naturales que tenemos”, dice Etiel Córdoba, líder del equipo. Cada uno de ellos ha sido capacitado para el manejo de mapas, de GPS, la elaboración del inventario forestal, la identificación de las especies, el manejo de herramientas que les permiten medir el nivel de carbono en árboles, palmas y el suelo, así como en la resolución pacífica de conflictos y el manejo de bases de datos.
Todo esto, al final, no solo le sirve a Cocomasur para saber qué está pasando en su territorio y cómo cambia con el pasar del tiempo, sino al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), encargado de arrojar las alertas tempranas de deforestación y la tasa anual de perdida de cobertura boscosa.
De las 219.973 hectáreas de bosque natural que perdió Colombia el año pasado, 13.474 se concentraron en la región del Pacífico, de las cuales 10.046 corresponden solo al Chocó. En los consejos comunitarios de comunidades afrodescendientes, además, el Ideam identificó 11.852 hectáreas deforestadas en todo el país (el 5,4 por ciento del total nacional).
Estas minorías, aunque son quienes viven y dependen directamente de este ecosistema para subsistir, también suelen ser las menos beneficiadas por el cuidado y la defensa del mismo. En manos de los pueblos afrocolombianos está el 7,5 por ciento del bosque natural del país –cerca de 4’500.000 ha–, lo que significa que son aliados estratégicos en la conservación y gestión de estos ecosistemas; como también lo son los pueblos indígenas, que tienen el 46,1 por ciento de los bosques.
“Hasta que no logremos darle valor al bosque, competir con la coca y demás actividades ilegales será muy difícil. En ese escenario, REDD+ apoya 69 iniciativas de monitoreo comunitario, con el fin de reducir las emisiones de CO2, restaurar los ecosistemas y apoyar la gestión sostenible”, explica Adriana Yepes, coordinadora del programa desde la FAO.
El acceso a la tierra, la defensa de sus derechos, la inversión técnica y el fortalecimiento de las capacidades y arraigo al territorio, contribuyen a que estas comunidades se conviertan en actores activos, aliados, para transitar hacia una senda más sostenible pero al mismo tiempo rentable y justa.
“Gestionamos el territorio para tener nuevas alternativas y mejorar las condiciones de vida de los nuestros. Aquí nadie se muere de hambre porque un vecino siempre va a estar dispuesto a darte comida, entonces no cuidamos el bosque por la plata, sino por amor. Luchamos por la dignidad, la justicia y el ambiente”, continúa Everildys.
Cocomasur no solo cuida juiciosamente los bosques, sino el Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona, y el Distrito de Manejo Integrado (DMI) La Playona y Lomas, donde el turismo empieza a llegar rápidamente.
“A pesar del potencial que tiene nuestro territorio para el turismo, no tenemos afán. Aquí no se hará bajo los modelos nacionales ni internacionales del ‘todo incluido’ que lo único que dejan es basura, sino con criterios locales, sostenibles, donde se respeta la cultura y los lazos comunitarios. Y, no, no nos oponemos al desarrollo, sino a ese tipo de desarrollo”, Aureliano Córdoba, representante legal de Cocomasur.
TATIANA PARDO IBARRA
Twitter: @Tatipardo2
tatpar@eltiempo.com